«Inmigración legal sí, ilegal no», más un discurso político que una realidad
El lema de los líderes conservadores en materia de política de inmigración cobra hoy más relevancia que nunca con la famosa prioridad nacional que se impone en sus gobiernos de coalición. Nadie quiere inmigración ilegal, es obvio, pero la pregunta que me viene a la mente siempre que lo escucho es: ¿cómo llega un inmigrante a ser legal sin pasar antes un tiempo siendo ilegal?
Nuestra propia legislación prevé mecanismos para regularizar a personas que se encuentran en situación irregular en el país. Así, el tiempo mínimo de permanencia para solicitar la regularización por arraigo es de dos años por vía ordinaria. Es decir, la ley asume que el paso entre inmigración irregular y regular forma parte del sistema. Pero ¿qué proponen realmente los políticos para que este paso sea lo más rápido posible? ¿Cómo evitar la inmigración irregular?
Impedir la entrada a inmigrantes sin contrato es difícilmente asumible mientras nuestra economía demande una mano de obra de baja cualificación, que no le brinda el mercado nacional. ¿O acaso pretenden estos líderes que, desde aquí, las familias españolas contratemos en sus países de origen a mujeres africanas, europeas o sudamericanas para limpiar nuestras casas o cuidar de nuestros mayores? ¿O que los agricultores, constructores y hosteleros españoles seleccionen la mano de obra que necesitan desde sus oficinas mediante entrevistas a distancia por videoconferencia y trámites administrativos? Esta vía de contratación en origen existe, pero dista mucho de cubrir la demanda de estos puestos. Por lo tanto, salvo que se acepte como vía de entrada la concesión a quien lo solicite de visados temporales para vivir en el país el tiempo necesario mientras encuentra trabajo —nada más lejos del discurso político de la derecha—, en la práctica, parece inevitable este periodo inicial de irregularidad.
Por otro lado, si aceptamos que es poco realista creer que estos inmigrantes puedan llegar al país con un contrato bajo el brazo, y necesitan dos años para poder regularizarse, ¿cómo esperamos que se mantengan y vivan durante esos dos años? No pueden trabajar, al menos de manera legal, precisamente porque carecen de la autorización de residencia y trabajo. El salto a la economía sumergida es casi una necesidad para ellos, alimentándose así la persistente idiosincrasia nacional de ofrecer muchos de estos empleos sin hacer contrato.
En cuanto a las medidas propuestas en los acuerdos de prioridad nacional de PP-Vox, más bien parecen medidas destinadas a limitar el número y perjudicar a los inmigrantes que a solucionar el problema estructural de la inmigración en nuestro país, que se refleja en las más de un millón de solicitudes presentadas en la última regularización, muchas de ellas de personas trabajando y viviendo aquí desde hace tiempo. ¿Limitar el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y vivienda a los inmigrantes? Independientemente del problema moral que pueda implicar, privar de sanidad y educación a gente que trabaja puede llevarnos a medio y largo plazo —si fuese aplicable en nuestro marco legal— a perder esta gente. Como es lógico. Quien aplauda este efecto debería quizás tener en cuenta la opinión de los empresarios suizos, que han pedido votar «no» a la propuesta de limitar la población en su país en un reciente referéndum, al considerar que perder inmigrantes perjudicaría a su próspera economía. Y otra medida de la prioridad nacional, la de recortar ayudas y subvenciones a ONG que participen en el sostenimiento de la inmigración irregular —es decir, las que dan asistencia a estas personas mientras buscan trabajo...— fomentará sin duda la economía sumergida y los empleos sin contrato.
Es posible que el cambio de legislación europea en materia de expulsiones reduzca algo la inmigración ilegal, siempre y cuando mejoren otros factores que no dependen solo de Europa, como por ejemplo la colaboración de los países de origen. Si no... Aunque me parece que el sentimiento antiinmigración que se expande hoy en buena parte de nuestra sociedad no va a desaparecer con unos cuantos inmigrantes más que se logren expulsar con este cambio. Para muchos, el problema no es el inmigrante que se deporta, sino aquel que se queda, aun de forma legal. Mientras subsista la necesidad de mano de obra extranjera, reforzar las expulsiones y limitar los derechos de los inmigrantes no van a facilitar la regularización de la inmigración ilegal.