Segarra, un mandato marcado por la independencia

María José Segarra ha sido fiscal general del Estado en buena medida por la confianza que depositó en ella Dolores Delgado, que ahora la sustituirá en un cargo del que sale con el reconocimiento mayoritario por la defensa que ha hecho de la independencia y autonomía de la Fiscalía.

El mandato de Segarra (Madrid, 1963) ha estado marcado desde el origen por la causa del “procés”, en la que ha defendido el criterio de los cuatro fiscales del Supremo, la calificación jurídica de los hechos que hicieron y su desempeño durante la vista oral.

Exquisita en el trato, renuente a los medios de comunicación y firme en sus mensajes en defensa de esa independencia de la Fiscalía, Segarra vuelve a la Fiscalía de Sevilla con el aprobado mayoritario del sector, incluido el de parte de los que cuestionaron su nombramiento.

Hubo quien lo hizo por su amistad con Delgado y por su pertenencia a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y otros, en clave interna, lo hicieron por su currículo, al no ser fiscal de Sala, la máxima categoría de la carrera.

De hecho, hay quien plantea que si no ha impuesto un cambio de criterio a los fiscales del Supremo en la causa del procés ha sido por esa falta de autoridad. Pero lo cierto es que ella llegó al cargo con la promesa de que la independencia sería “la clave de bóveda” de su mandato y se va del cargo con ese reconocimiento.

Porque Segarra asumió la dirección de la Fiscalía en junio de 2018, a pocos meses de que comenzara el juicio del procés, y desde los sectores críticos se dio por hecho que intentaría cambiar el criterio de los fiscales.

Y la realidad es que ese criterio no ha cambiado: los fiscales han apostado en todo momento por la tesis que defendieron desde el comienzo, la rebelión, e, incluso conocida la sentencia del Supremo que descarta que se cometiera ese delito, la Fiscalía ha mantenido esa acusación para el juicio que comienza la próxima semana en la Audiencia Nacional al mayor Josep Lluís Trapero.

“Absoluta autonomía” y “plena independencia”, porque “al fiscal general del Estado no se le pueden dar órdenes de ningún tipo”. Son palabras extraídas de la primera comparecencia parlamentaria de María José Segarra, quien se vio obligada a recordarlas tiempo después.

Lo hizo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugirió en una entrevista en la última campaña electoral que la Fiscalía depende del Ejecutivo, palabras que él mismo tuvo que rectificar y ante las que Segarra recalcó que el ministerio público funciona desde el principio de imparcialidad.

El día que se conoció la sentencia del procés, prometió que la Fiscalía velaría por que las penas de cárcel impuestas se cumplan de acuerdo al reglamento penitenciario, algo que hará “de forma siempre individualizada”. Ese reto pasa ahora a Delgado, pues desde mañana mismo los Jordis pueden solicitar permisos penitenciarios.

Durante su mandato, también defendió firmemente la lucha contra la violencia machista, en la que “la implicación del Estado debe hacerse visible” para mejorar el acceso de las víctimas a la Justicia.

En materia de delitos de odio, impulsó una circular que los acotó a aquellas conductas que puedan “generar un riesgo o peligro” en los derechos fundamentales de personas vulnerables, en un ejercicio de ponderación con la libertad de expresión.

Un asunto polémico, dado que se incluyó entre las posibles víctimas de delitos de odio a una persona de ideología nazi y entre los delitos la incitación al odio hacia ese colectivo.

Como fue polémica su defensa de que la Fiscalía apoyara que un juez de Palma requisara teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que habían informado sobre el caso Cursach.

Por Raúl Bellerín