Ábalos critica la “impostura permanente” de Aldama e insinúa que Jésica Rodríguez pactó con él su declaración en el Supremo
El exministro José Luis Ábalos declara este lunes en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo y en el que se expone a una condena de hasta treinta años de cárcel. En el primer tramo de su comparecencia, el que fuera secretario de Organización del PSOE, ha cargado contra el empresario Víctor de Aldama, al que ha acusado de moverse en la “impostura permanente”. Asimismo, ha sostenido que tiene la creencia de que su expareja Jésica Rodríguez fue coaccionada cuando declaró en este mismo órgano que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar y de que el comisionista ha “arreglado algo” con ella.
A su vez, ha lamentado que su condena está “clara” porque el caso, muy mediatizado, está “juzgado desde hace tiempo” a pesar de que la Guardia Civil ha podido localizar únicamente 95.000 euros sin rastro bancario en cinco años. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, ha sostenido a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Aun así, ha tratado de atacar la credibilidad de Aldama, que trasladó a sede judicial las acusaciones sin pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE que llevaba meses lanzando en los medios de comunicación y aseguró que les había pagado “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones al exministro y a su asesor Koldo García. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos ha sugerido que Aldama manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al empresario como “enlace”.
Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos ha sostenido que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, ha rebatido que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”.
Por otro lado, Ábalos ha rebajado el papel de Aldama en el viaje a México de diciembre de 2018 que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia del empresario sobre el exministro y su asesor. Así, ha explicado que el empresario “no organizó el viaje” y participó únicamente en una visita protocolaria al Senado que gestionó un amigo suyo que era senador y en una reunión en el Estado de Oaxaca. “En lo demás no estuvo”, ha sostenido.
Además, ha dicho que ese viaje tuvo como objetivo completar una visita que había realizado el presidente del Gobierno para restablecer relaciones con el nuevo presidente de México, “que tenía actitud reacia a los intereses españoles”; y el proyecto de un nuevo aeropuerto que gestionaba la empresa pública Ineco.
Respecto a su expareja Jésica Rodríguez, Ábalos ha afirmado que fue coaccionada para declarar en su comparecencia ante el tribunal que nunca trabajó para Ineco y Tragsatec a pesar de haber sido contratada. “Dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara eso, y que había elegido el apartamento [que supuestamente le pagó la trama]. Lo dijo motu proprio y dijo que no conocía a Aldama cuando yo la conocí por él”, ha explicado. “Ella no dice eso si no se le ha coaccionado”, ha añadido.
Además, tras afirmar que se ha convertido en “carne de meme” por esa relación, ha enfatizado que nadie se autoinculpa de algo “si previamente no le han dicho que no le va a pasar nada”. Ha recordado que ella se preocupó de fichar todos los días en esas empresas y por eso no puede entender que ahora diga que no trabajó si no es porque tras una campaña de desgaste contra ella fue coaccionada. “Les aseguro que no hay motivo ninguno para decir que no conoce a Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado”, ha subrayado.
Los inmuebles que acorralan al exministro
A preguntas del fiscal, Ábalos también ha tratado de debilitar los indicios que apuntan a que se benefició directa o indirectamente de tres inmuebles a cambio de su intercesión en contratos y que tienen como denominador común la presencia de Aldama.
Sobre el pago del alquiler del apartamento de lujo de Jésica Rodríguez, el exdirigente socialista ha defendido que fue Luis Alberto Escolano, un socio del comisionista, quien lo abonó dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Los mensajes intervenidos a los investigados evidencian que fue ese empresario quien pagó ese alquiler, si bien la Fiscalía considera que se trata de un soborno de Aldama para conseguir un trato preferente del ministro.
Ábalos también ha sido preguntado por el contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, una de las principales arterias de la capital, por un precio de venta de 750.000 euros que firmó con Aldama. El exministro ha defendido que fue una “estafa”, que nunca le dieron las llaves y que fue “engañado” porque el inmueble estaba tenía inquilinos y nunca lo pudo ocupar.
El fiscal le ha preguntado si ese contrato encubría una fiducia de garantía de un crédito por el cobro de comisiones ilegales, tal y como ha sostenido Aldama y han aceptado como cierto las acusaciones. “Lo de la fiducia me parece de necesidad desesperada de colaborar con la Justicia (...). Que se me digan qué comisiones y qué acciones permitieron liberar esta fantasiosa fiducia…”, ha respondido Ábalos. “Hay otro procedimiento en el que está investigado en el cobro de comisiones ilegales”, ha contestado el fiscal. Y Ábalos le ha reprochado entonces que estos hechos no deberían ir en este procedimiento. “Todo conectado, sí”, ha tratado de zanjar el representante de la Fiscalía Anticorrupción.
Respecto al disfrute de un chalet en Cádiz en 2021 comprado por otro socio de Aldama, el fiscal ha evidenciado la contradicción de por qué encargó a Koldo García que buscara chalets en compraventa si su pretensión era únicamente alquilar una vivienda. Ábalos ha explicado que su intención era alquilar y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, ha mantenido que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades debidas y se produjo un desahucio.
Los contratos de mascarillas
En cuanto a su papel en la adquisición de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif en plena pandemia con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, el exministro ha señalado ante el Tribunal Supremo que cuando surgió la necesidad de adquirir material sanitario en marzo de 2020 él lo transmitió a su equipo y que lo habló con Koldo García, su asesor.
Así, ha negado que lo hablara directamente con el empresario Víctor de Aldama. Si bien ha matizado que dado que siempre estaba en el Ministerio es probable “que supiera de esa necesidad” o que escuchara su conversación con su asesor. Además, ha enfatizado que en ese momento “se necesitaba ayuda de todo el mundo” y que no conoció ninguna oferta de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, con anterioridad a la orden que firmó para la adquisición de mascarillas. De hecho, entendía por lo que le aseguró su asesor que había varias ofertas presentadas y que la elegida se ajustaba a la condición impuesta de pago a la entrega del material.
Por otro lado, ha indicado que se pasó de aprobar la compra de cuatro a ocho millones de mascarillas a Soluciones de Gestión con Puertos del Estado porque era la idea que él tenía desde el inicio y no por imposición de Aldama, y ha recordado que él siempre tuvo en mente comprar no solo para 15 días, que era lo que se extendía el Estado de Alarma, sino para más. Y por eso cambió la orden de cuatro a ocho, habida cuenta que cuando firmó la primera no fue consciente de que sólo se preveía para quince días.
Petición de hasta 30 años de cárcel
Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE, comparece como principal acusado después de que Koldo García rechazara haber cobrado 10.000 euros mensuales de Víctor de Aldama y afirmara que pagó mensualidades del alquiler de Jésica Rodríguez porque ella amenazó a Ábalos con contar a la prensa su relación extramatrimonial. También reconoce que en ocasiones actuaba sin conocimiento del ministro.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, reclama el pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.