Amnistía Internacional (AI) ha avalado la ley vasca de víctimas de abusos policiales, recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, y ha pedido al Ejecutivo que reconozca que hubo casos de torturas generalizadas en determinadas épocas y cumpla con su “obligación” de investigar y reparar a los afectados.
El director de AI de España, Esteban Beltrán, se ha reunido en Vitoria con el lehendakari, Iñigo Urkullu, para entregarle un documento que ha elaborado esta organización con el título “País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura”.
Este informe ha sido redactado a raíz del recurso ante el TC que presentó el Gobierno contra la 'Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999', que ha supuesto la suspensión temporal de varios de sus artículos.
El documento también ha sido remitido mismo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, con quien los responsables de Amnistía Internacional quieren mantener una reunión para transmitirle la obligación que tiene el Estado, según el derecho internacional, de investigar los casos de tortura y reparar a las víctimas.
Beltrán ha culpado al Gobierno de no acometer una investigación exhaustiva sobre estos casos, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según ha recordado, ha condenado a España en siete ocasiones por su falta de investigación en estos casos.
También ha reclamado al Gobierno que no obstaculice iniciativas autonómicas, como la citada ley vasca, que intente reparar a las víctimas.
Ha exigido además a los gobiernos central y vasco que hagan un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA y que de manera unitaria recojan y publiquen datos oficiales detallados sobre estos casos.
Beltrán ha expuesto que entre 1960 y 2015 únicamente ha habido 19 sentencias sobre torturas, que afectaban a 31 personas, contra 62 agentes, de los que 27 han sido indultados.
Ha señalado que apenas hay datos oficiales sobre casos de tortura lo que demuestra la “invisibilización” de estas víctimas y ha insistido en que el derecho internacional europeo permite que cualquier parte del Estado pueda emprender la reparación a estas personas como contempla la ley vasca de abusos policiales recurrida.