¿A quién le importan las 400 víctimas de abusos policiales?

Suelen decir que dos no discuten si uno no quiere. Lo que en política se puede traducir -en referencia a la relación amor-odio que preside las relaciones entre los Gobiernos central y vasco en cuanto a su producción legislativa- en que las leyes no se recurren si hay voluntad política y capacidad negociadora entre ambas partes. Es claro que en el caso del reciente recurso de la Abogacía del Estado a la Ley de Víctimas de Abusos Policiales (1978-1999) pactada entre PNV y PSE-EE no ha habido ni negociación real, ni voluntad de llegar a acuerdos.

Cuando los socialistas vascos acordaron en el verano del pasado año con el PNV esta ley 'in extremis' en la recta final de la legislatura anterior, Idoia Mendia se subió a la tribuna para advertir al entonces Ejecutivo monocolor y al lehendakari Urkullu que su tarea no había terminado. Y que había que ponerse a trabajar con Madrid para que los reconocimientos previstos en la ley tuvieran la máxima seguridad jurídica. Porque lo importante era no frustrar las expectativas de una víctimas completamente olvidadas hasta que el Gobierno de Patxi López las reconoció y reparó a través del decreto aprobado en junio de 2012 por el entonces Ejecutivo socialista. “En quien hay que pensar es en los beneficiarios de la Ley. En que sea útil a las víctimas”, dijo entonces Mendia. 

“Por es pedimos de nuevo al lehendakari que los siguientes pasos sean seguros”, señaló en la tribuna de la Cámara vasca la líder de los socialistas vascos el pasado 28 de julio. “Pedimos que llame a quien tenga que llamar para trabajar desde mañana con los pies en el suelo en el decreto pendiente. Nosotros conseguimos hacerlo, también con el Gobierno de Rajoy, y cuando ese Gobierno también nos recurría otras normas. Se puede hacer, lehendakari, lo sé de primera mano”, le recordaba en la tribuna de oradores la líder de los socialistas vascos. 

Era verdad. La negociación del primer decreto de víctimas de abusos policiales -con el rimbombante título de Declaración y Reparación integral de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política (sic)- no estuvo exenta de dificultades. El tira y afloja con el Ejecutivo del PP -cuando los populares apoyaban a los socialistas en Euskadi- y el intercambio epistolar entre el Ministerio de Administraciones Públicas y su Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y la entonces consejera de Justicia y portavoz del Ejecutivo vasco, ahora al frente del socialismo vasco, duró meses.

Hubo negociación, se incluyeron salvaguardas en el articulado para conseguir seguridad jurídica. Hubo voluntad política, pese a que ni el líder del PP vasco de esa época, Antonio Basagoiti, ni el Gobierno de los populares en Madrid echaran cohetes ante un decreto inédito que suponía, por primera vez en la historia de la democracia, el reconocimiento de unas víctimas cuyas historias interpelan directamente al Estado por sus excesos policiales y en sus atajos (básicamente la tortura) en la lucha contra el terrorismo de ETA justo antes de los años de plomo, entre 1960 y 1978.

Y pese a todo, y a las dudas de inconstitucionalidad que tenían las autoridades españolas sobre la normativa, el decreto no fue recurrido. Dudas como el hecho de la norma atribuía a “un órgano administrativo como la Comisión de Valoración” “competencias que se corresponderían con una función netamente jurisdiccional y que conforme establece el artículo 117 de la Constitución española, corresponden en exclusiva a juzgados y tribunales, de ilícitos penales, y de competencias sancionadoras que corresponderían a la Administración competente en cada caso, respecto de ilícitos administrativos”, según apuntaba en una de las últimas cartas remitidas en mayo de 2016 desde el Ministerio de Administraciones Públicas.

Nunca se llegó a convocar la comisión bilateral donde las administraciones discuten sobre las leyes antes de formalizarse los recursos ante el Constitucional. No hizo falta. El decreto vio la luz, finalmente, el 28 de julio de 2016 y se publicó en el BOE el 10 de septiembre de 2016 sin que mediera impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del PP y de los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado.

Al calor de ese primer decreto y del que posteriormente hizo el gobierno de Urkullu, ya con Jonan Fernández al frente de la Secretaría de Paz y Convivencia -tumbado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia vasco por las atribuciones que se daban a la comisión de valoración, se han reconocido más de 200 víctimas de abusos policiales. Y la Comisión de valoración -el caballo de batalla de la legalidad para el Gobierno central en todos los decretos y ahora también en la ley- no ha sido un coladero en estos años. De hecho, un informe sobre su actividad de enero de 2016 revelaba que de las 239 solicitudes, habían pasado un 78% (187 de las 239 recibidas). Un total de 52 víctimas habían quedado fuera, básicamente por cuestiones formales, como haberse presentado fuera de plazo o referirse a hechos fuera del periodo de la ley 1960-1978.

¿Pero a quién le importa el futuro de las más de 400 víctimas que, según diversas estimaciones, podrían beneficiarse de la aplicación de la ley ahora recurrida? Esa es la cuestión. Porque las auténticas paganas de toda esta historia, cuyo penúltimo episodio ha sido el recurso interpuesto esta semana por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, desvelado por eldiarionorte.es. son ellas, las víctimas de esos abusos policiales, de las torturas, de los tratos degradantes, de la transgresión de la ley por funcionarios del Estado. 

El Gobierno vasco creía que sería suficiente para salvar el recurso con colocar en el preámbulo de la ley una apostilla en la que se afirma que la comisión excluía “entrar en al consideración penal” de los hechos y la promesa, repetida en la mesa de negociación, de que el decreto que regularía posteriormente la ley dejaría claro el cometido y los límite reales de la comisión de valoración . O su último movimiento en plena negociación con el Estado: presentar un informe elaborado por el exjurista de la ONU Fabián Salvioli, que entendía que la normativa autonómica se ajustaba al derecho internacional. Se confundió.

Al tumbar parte del decreto elaborado en la etapa de Jonan Fernández y del lehendakari Urkullu, el alto tribunal vasco ya dejó claro la tacha que veía en la comision de verificacion: La Sala consideró en abril de 2015 que las referencias “absolutamente genéricas al Derecho Internacional” y “aquellas otras que la comisión considere oportunas” carecen de “un grado de definición suficiente como para ser considerado un baremo” y choca con el principio constitucional de seguridad jurídica. Ahora, con la ley, la Abogacía del Estado, cree que la norma, además, vulnera hasta 11 artículos de la Constitución. Y aunque la ve “loable”, considera inviable atribuir a una comisión del Gobierno “averiguar una ‘verdad’ que al parecer no ha sido capaz de reconocer ni proteger la Administración de Justicia”, que es la competente. 

Más allá de toda discusión jurídica que ahora se ventilará en el Constitucional -que con toda seguridad admitirá el recurso de la Abogacía del Estado y suspenderá la ley por espacio de cinco meses- queda la política. El Gobierno vasco ha sido incapaz de blindar la Ley de Víctimas, negociándola con Rajoy, y eso va a paralizar de hecho el reconocimiento de nuevas víctimas de abusos policiales. Pero hay otra realidad que no se puede soslayar: que el PP no quiere ceder ni un milímetro en política de convivencia, de final ordenado la violencia de ETA y política penitenciaria. Y el PNV, al optar por una negociación centrada en inversiones, dinero y Cupo, ha sacrificado todo lo relacionado con la política de convivencia, donde claramente se incluye el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales. Sin duda el lehendakari Urkullu pondrá todos estos temas encima de la mesa cuando se reúna con el presidente Rajoy. Ya se están cruzando agendas para cerrar la cita.