El juez Pedraz cita como investigada a la directora general de la Guardia Civil y a su DAO el 16 de julio
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas en el marco del caso Leire Díez, donde se investiga a una trama que habría trabajado para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Les imputa a ambos delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia, y toma esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que dirige el Partido Popular.
La providencia de Pedraz, consultada por elDiario.es, plasma que el magistrado fija la declaración de ambos para el 16 de julio. Entiende, no obstante, que no procede citar como investigado al antecesor de González en el cargo, Leonardo Marcos, tal y como solicitaba el PP. Considera que la conducta descrita respecto de él 'per se' no integra ningún tipo penal.
Tras conocerse la imputación, fuentes del Gobierno señalan que mantienen su confianza en la responsable de la Guardia Civil y no se plantean su cese tras ser citada como investigada en el marco del caso Leire Díez. Desde el Ministerio del Interior también mantienen su confianza en el director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, citado el mismo día como investigado. “Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera”, señalan fuentes de este departamento. Desde las acusaciones populares indican, sin embargo, que el paso dado por el juez debería suponer la inmediata dimisión de ambos por respeto a la Guardia Civil: “La dimisión no debería ser para ellos una opción sino un deber”.
El informe de la Fiscalía en el que se solicitan estas imputaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que la trama coordinada por la presunta 'fontanera' del PSOE Leire Díez y por Santos Cerdán buscó “la implicación de organismos públicos (la Fiscalía General del Estado, la Dirección general de la Guardia Civil, la Subdirección de Nacionalidades del Ministerio de Justicia, el director del Banco de España…) con la ilícita finalidad de atacar la probidad de la actuación de la UCO de la Guardia Civil (...) en sus investigaciones en estricto cumplimiento de sus funciones como policía judicial”.
Añade que, tras la declaración de hasta seis guardias civiles en calidad de testigos, ahora la imputación de González es necesaria para garantizar sus derechos y para que pueda responder a extremos que ya constan en atestados de la UCO. Así, explica que los mismos acreditan una relación personal entre Díez y González, y que la exmilitante socialista habría utilizado esa confianza para “cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado en orden a neutralizar o entorpecer las investigaciones que la UCO”.
Se apoya, por otro lado, en declaraciones prestadas por, entre otros, el comandante Rubén Villalva -imputado en el caso Koldo- que indicó que Leire Díez le confesó que ella “tenía muy buena relación personal con la Directora General de la Guardia Civil” y que despachaba con ella. La Fiscalía recuerda que se ha tenido constancia de diversas comunicaciones telefónicas entre ambas y de varios encuentros presenciales, al menos tres, en los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de febrero de 2025.