La Fiscalía Anticorrupción solicita que se condene a ocho años de cárcel al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del faraónico proyecto del Campus de la Justicia, que no llegó a culminarse. En su escrito de acusación, el Ministerio Público también solicita penas de seis años de cárcel para otras cinco personas relacionadas con el proyecto. Entre ellas, el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009, y que es un policía en ejercicio muy vinculado al Partido Popular. A todos les atribuye delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.
La misma condena a seis años de cárcel solicita Anticorrupción para Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; Alicio de las Heras, director del área financiera; y Felix José García de Castro, letrado asesor. La Fiscalía les acusa de “concertar” contrataciones con “deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación”. “De este modo se produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo”, dice el escrito. Durante la instrucción, el juez José de la Mata detectó casos en los que las compañías adjudicatarias habían redactado los propios pliegos del concurso.
El proyecto se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Alfredo Prada, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto, del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, “aunque inacabadas y en la actualidad en situación de abandono, al menos parcialmente”.
Prada es uno de los padrinos políticos de Pablo Casado y fue su primera elección para presidir la oficina del Cargo Popular, un órgano que creó Mariano Rajoy dentro de la estrategia de aplicar más transparencia interna tras los escándalos de Gürtel y cuyo primer presidente fue Manuel Cobo. Prada fue nombrado para ese puesto en el verano de 2018, cuando Casado resultó elegido presidente del partido, y destituido menos de un año después, en marzo de 2019, tras trascender su imputación en este caso.
Gómez Gordo, por su parte, trabajó como encargado de la seguridad de este proyecto por su vinculación con Francisco Granados. Después fue nombrado director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha cuando María Dolores de Cospedal era presidenta regional, entre 2011 y 2015. Y a partir de ese año regresó al servicio activo y se dedicó a controlar de cerca al chófer Sergio Ríos, el topo de la brigada política en el entorno de Luis Bárcenas que había conocido años atrás, cuando ambos trabajaban para Granados. Gómez Gordo está siendo investigado en la operación Kitchen, también en la Audiencia Nacional.
La Cámara de Cuentas de Madrid ya alertó del despilfarro y la corrupción en torno a este proyecto en un informe de 2018 que ha servido al juez De la Mata de base para su instrucción. Aquel prolijo documento destapó que se habían gastado 355 millones en un proyecto del que solo se había conseguido levantar un edificio que permanecía medio abandonado. La mayoría, en contratos formalizados pero también en modificaciones, prórrogas, indemnizaciones o gastos sin que haya contrato de por medio.