Dichas intervenciones, realizadas bajo autorización judicial, “no presuponen, por supuesto, la existencia de un incumplimiento de la ley que pudiera imputarse a las empresas involucradas en las presuntas prácticas”, indicó la agencia gala, que no ha precisado la identidad de las empresas objeto de los registros.
“La Autoridad no hará comentarios sobre la identidad de las empresas ni sobre las prácticas implementadas”, informó.