Cinco magistrados estudian la decisión del juez Peinado de mandar a Begoña Gómez al banquillo con un jurado popular
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puede acabar ante un jurado conformado por nueve españoles mayores de edad que tengan su residencia en la provincia de Madrid. Ese es el empeño del juez Juan Carlos Peinado, que tomó la decisión de que tanto ella como los otros dos encausados —su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— fueran sometidos al veredicto de un jurado popular. Pero el auto por el que acordaba seguir el procedimiento por ese cauce será revisado desde este lunes por los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.
Los magistrados de esa Sección ya tiraron por tierra esa misma decisión en febrero de 2026, pero al entender que no fundamentó de manera suficiente su resolución. Subrayaron entonces que Peinado únicamente mencionaba a las personas contra las que se dirigía, pero no hacía un relato que comprendiera los “indicios verosímiles” que les atribuía. Y eso, lógicamente, generaba indefensión. Peinado asumió que debía escribir más y mejor, y volvió a la carga el 20 de marzo con un nuevo auto en el que pedía lo mismo pero en más páginas (47).
En él, Peinado volvía a acusar a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.
Asimismo, volvía a insistir en que el jurado popular debía conocer de manera conjunta de todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”. En total, se les envía a juicio por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales. Pero solo dos de ellos, el tráfico y la malversación, entran dentro del abanico de asuntos que juzga un jurado popular.
Esa decisión fue recurrida por la defensa de Gómez, que dirige el exministro Antonio Camacho. En su escrito, al que tuvo acceso elDiario.es, pedía anular esa decisión al entender que el magistrado faltaba “plenamente a la realidad” en un auto “plagado de conjeturas” y “falaz”. Le acusaba de investigarla “con una voluntad inquebrantable” a pesar de no existir indicios, y sólo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. La Fiscalía a lo largo de toda la causa ha sostenido que tampoco ve indicios.
Camacho, que atacaba cada uno de los delitos imputados, indicaba sobre el supuesto tráfico de influencias que el juez yerra cuando argumenta que hubo un cambio “inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de la investigada tras la llegada de su cónyuge a La Moncloa. Recordaba al juez que ese dato es “absolutamente incorrecto” porque su defendida ya dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid desde 2014, cuando Sánchez no era presidente del Gobierno y ni siquiera secretario general del PSOE. “Es falso que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”, abundaba.
La composición de la Sección 23
Ahora, la Audiencia Provincial ha decidido que no solo sean tres magistrados sino el pleno de la Sección 23, es decir, los cinco miembros, quienes vean y deliberen desde este lunes sobre las alegaciones presentadas por las defensas. Que sea el pleno al completo y no solo tres jueces no es lo habitual, indican fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que añaden que suelen juntarse todos para ver determinados recursos, pero generalmente cuando son asuntos relacionados con narcotráfico o con trata de personas.
A pesar de que deliberan desde el lunes, las fuentes señalan que no se conocerá la decisión ese mismo día sino que “habrá que esperar”. Indican que verán, además, otros dos recursos de apelación de menor importancia, y que en esta tanda no entran otros cinco recursos pendientes, entre los que están los interpuestos por las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez contra las medidas cautelares de retirada del pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional.
Los magistrados que se sentarán para deliberar sobre el futuro judicial de la esposa del líder del Ejecutivo serán la presidenta de la Sección 23 Rosario Esteban Meilán, y los magistrados Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés de Ramón. Estos tres son los que hasta la fecha han resuelto los recursos de la causa contra Begoña Gómez y que han validado una parte importante de la instrucción de Peinado, aunque también han corregido algunos de sus excesos. A ellos se sumarán otros dos: Carlos Prat Westerlindh y José Sierra Fernández. Prat Westerlindh, curiosamente, es autor del libro 'Relaciones entre el poder judicial y los medios de comunicación: Los juicios paralelos'. Y Sierra Fernández llegó a ser de manera temporal promotor de la Acción Disciplinaria allá por 2017. Peinado tiene asuntos pendientes con ese órgano derivados de su polémica instrucción.
Lo que decidan será clave de cara a un eventual juicio. Si sigue adelante, esos nueve miembros del jurado serán elegidos entre los vecinos de Madrid y permanecerán incomunicados del exterior durante de la deliberación, aunque en un caso tan mediático nada evita que ya conozcan cómo ha transcurrido el procedimiento. La mayoría de las sentencias emitidas por un jurado popular (el 92%) son condenatorias, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que datan de hace una década.
Mientras, el juez Juan Carlos Peinado esperará de vacaciones la decisión de la Audiencia Provincial y a punto de disfrutar a sus 71 años de su jubilación. Se espera su retirada forzosa para el 27 de septiembre, cuando sople 72 velas. Se irá dejando tarea a quien le sustituya: hace escasos días acordaba abrir una nueva pieza separada en la que investiga a Juan Carlos Barrabés por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público de Red.es.