Las elecciones catalanas del pasado domingo han puesto fin a la primera etapa del Gobierno de coalición. Un año marcado por la pandemia y la necesidad de asentar el complicado proyecto armado tras los comicios del 10N con una mayoría justa y no necesariamente estable, a priori. Esa mayoría se consolidó y aumentó con los Presupuestos tras haber tenido que recurrir a Ciudadanos para aprobar las últimas prórrogas del Estado de alarma, visto el desmarque de ERC. El resultado del 14F blinda la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ante la ausencia de alternativas viables, con el PP sumido en una grave crisis y el partido de Arrimadas en caída libre. Paradójicamente, en ese escenario ideal para socialistas y Unidas Podemos se han producido algunos de los choques más estruendosos dentro de la coalición. Con los titulares aún frescos de Pablo Casado poniendo a la venta la sede del PP en Madrid, el símbolo de la corrupción que representa un edificio reformado con la caja B, las dos alas del Gobierno colisionaron en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos lo atribuye a una deslealtad del PSOE por presentar de forma unilateral una ley de igualdad de trato, la denominada ley Zerolo, que según los de Pablo Iglesias pretende boicotear la normativa que protege a los colectivos trans que prepara Igualdad. El PSOE se escandaliza por lo que considera que es una “agresión”: que su socio de gobierno haya buscado ayuda en otros grupos parlamentarios (entre ellos el de Íñigo Errejón) para tratar de tumbar la tramitación de la ley de igualdad de trato y alega que se ha inaugurado un peligroso precedente. Dentro, los ánimos están muy caldeados, en una y otra ala de la coalición, si bien Unidas Podemos siempre ha abogado por normalizar el conflicto. Las fuentes consultadas dan por hecho que se abre un nuevo tiempo –las próximas elecciones, salvo sorpresas, serán las andaluzas y si no se adelanta el calendario están fijadas para finales de 2022– en el que los socios van a hacer más evidentes sus diferencias y van a confrontar mucho más en el Congreso.
Y eso que las pugnas dentro del Gabinete han sido habituales desde el inicio de la legislatura. Algunas no son diferentes a las vividas por anteriores gobiernos monocolor, con rifirrafes entre ministerios por el control de una ley o de determinadas partidas presupuestarias. Pero la negociación de los Presupuestos Generales marcó un primer giro en las relaciones internas del Ejecutivo. Tras el verano de 2020 Podemos se plantó y rechazó el acercamiento a Ciudadanos que buscaba Moncloa. El presidente y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acordaron cómo afrontar la negociación interna y con los demás grupos, pero cada uno buscaría la mayoría que prefería. Dentro del PSOE también había quien prefería optar por los aliados de la investidura que son, al fin y al cabo, los que acompañan parlamentariamente a la coalición. Dirigentes de Unidas Podemos se dedicaron indisimuladamente a hacer descarrilar cualquier vía de entendimiento con Ciudadanos y a frenar cualquier intento de giro a la derecha en el Gobierno.
Aquella partida la ganó Pablo Iglesias, quien vio cómo se imponía en la coalición la apuesta por las fuerzas de la investidura. No fue la única: la subida del SMI en 2020, los ERTE, la aprobación del ingreso mínimo vital, la ayuda por el cese de actividad de los autónomos o algunos aspectos del llamado “escudo social” de la pandemia, como la prohibición de desahucios durante el estado de alarma.
Pero la aprobación de los Presupuestos encendió algunas alarmas en Unidas Podemos, que veía cómo su capacidad de presión disminuía, a la vez que aumentaba la del PSOE para no dejarse presionar, una vez que tiene unas cuentas aprobadas que en el peor de los casos puede prorrogar para posteriores ejercicios. Para los socialistas, los Presupuestos de 2021, que dan estabilidad al Ejecutivo, les permiten cambiar la relación con el socio minoritario: tras su aprobación se revolvieron contra la presión pública que ejerce periódicamente Unidas Podemos y Sánchez dio un primer golpe en la mesa al negarse a subir el Salario Mínimo Interprofesional a principios de año, una decisión que se ha aplazado sine die. Ahora en el PSOE avisan de que no van a “aguantar más presiones”.
Advertencias cruzadas
Sea por que ya hay Presupuestos, porque no se ven elecciones en el horizonte o por la crisis que viven los partidos de la derecha, fundamentalmente PP y Ciudadanos, la relación entre los socios está ahora más enquistada que nunca y ambas partes se preparan para nuevas batallas. Los de Sánchez creen que el intento de Iglesias para tumbar la 'ley Zerolo' –presentada por el PSOE en solitario y sin consensuar ni con el socio parlamentario ni con el Ministerio de Igualdad, aunque sí se incluyeron algunas de sus aportaciones– así como la ruptura de la unidad de voto sientan un precedente peligroso. La parte socialista del Gobierno advierte a su socio minoritario de que “ha abierto la puerta” a que a partir de ahora sus 120 diputados se desmarquen de iniciativas del grupo confederal o presenten enmiendas a los proyectos legislativos que lleguen de sus ministerios, que es lo que han hecho los de Iglesias recientemente con el Ingreso Mínimo Vital.
El vaso se ha ido llenando en los últimos meses para los socialistas hasta estar a punto de colmarse con el choque por la ley de igualdad de trato, que se ha convertido en una de las batallas entre el PSOE y el Ministerio de Igualdad. Unidas Podemos acusa a Carmen Calvo de bloquear la tramitación de las leyes trans y LGTBI mientras la vicepresidencia primera asegura que se llevará a cabo, como con el resto de anteproyectos, cuando tengan el “rigor” suficiente, sin especificar qué fallos tiene el borrador que le hizo llegar Igualdad.
En Unidas Podemos defienden que son los socialistas los que se han saltado el acuerdo de gobierno en todas las medidas que son competencia de Igualdad, el ministerio que dirige Irene Montero y que ya fue objeto de disputa con la vicepresidenta Carmen Calvo durante las infructuosas negociaciones del verano de 2019 que llevaron a la repetición electoral.
Las leyes de Igualdad, la gran batalla
La bronca amenaza con atascarse a la espera de que el PSOE plantee una alternativa a la libre autodeterminación de género –Calvo quiere que las personas transexuales puedan cambiar su sexo en el Registro Civil sin necesidad de informes médicos o psicológicos, pero sí con alguna “certificación”– mientras en Unidas Podemos advierten de que conseguirán sacar adelante las leyes “por la vía de los hechos”. Si la línea roja para los socialistas ha sido la operación para intentar que el Congreso tumbara la ley Zerolo recurriendo a socios externos, para los de Iglesias lo es el “bloqueo” de las leyes de Igualdad y lo que consideran una invasión de sus competencias. Y ahí estará una de las grandes pugnas de las próximas semanas, que esconde una dura batalla por dominar un espacio político en disputa y en el que hasta ahora nadie competía con los socialistas.
En Unidas Podemos creen que con la legislatura más o menos estabilizada y sin comicios a la vista, salvo adelantos no previstos ahora mismo, deben pelear por sacar adelante al menos los acuerdos firmados que sean de su competencia. Y no rehuirán el enfrentamiento con el PSOE, ya que eso les puede diferenciar, marcar su propio perfil y no aparecer como un socio subalterno del PSOE, el gran miedo para aceptar el Gobierno de coalición.
En aquellas cuestiones que se escapen de las competencias de los ministerios de Unidas Podemos, serán las alianzas parlamentarias las que decidan qué se aprueba y qué no. En UP creen que, pese a la capacidad de interlocución que el PSOE tiene con el resto de fuerzas parlamentarias, solo existen dos vías: la mayoría de la investidura o buscar al PP. Sin embargo, fuentes socialistas recuerdan que tienen más vías aritméticas para sacar adelante iniciativas (abstención del PP o apoyo de Ciudadanos, por ejemplo) mientras que Unidas Podemos necesita siempre a los socialistas. “Tienen 35 escaños y nosotros 120”, insisten los socialistas. Unidas Podemos sostiene que, si se desmarca del acuerdo programático, el PSOE lo tendrá complicado con partidos como ERC o EH Bildu, que están a su izquierda, en asuntos como la vivienda, por ejemplo. No obstante, en la cúpula socialista no lo tienen tan claro y recuerdan que en la ley de igualdad de trato ERC se mantuvo en el 'sí', pese al intento de los de Iglesias.
Conflicto importante en vivienda
En todo caso, Igualdad ya no es el único campo de batalla. La ley de vivienda que negocian la Vicepresidencia de Pablo Iglesias y el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos no avanza. De hecho, ya se han incumplido los plazos autoimpuestos por ambas partes para llevar la propuesta al Congreso en febrero y las posiciones están cada vez más alejadas.
Unidas Podemos amenaza con descolgarse de la ley si no recoge la regulación de los precios del alquiler en los términos establecidos en el acuerdo programático suscrito por Sánchez e Iglesias. “Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”, recoge el documento. La idea es dotar a comunidades y ayuntamientos, que son las que tienen las competencias, de un marco jurídico para que puedan establecer precios máximos a partir de un índice de referencia.
Pero la propuesta que Ábalos tiene sobre la mesa dista de ese planteamiento: ofrecer beneficios fiscales para propietarios que limiten el precio del alquiler como fórmula para moderar los precios. Los de Iglesias sostienen que no apoyarán una ley que no recoja lo pactado y se quejan de que a las puertas de llevar la ley al Consejo de Ministros Transportes no les haya presentado ni un borrador.
Esta es una de las materias más sensibles para Unidas Podemos y la que ha provocado hasta ahora más choques. El gabinete de Ábalos se queja de “presiones intolerables” por parte de su socio, al que acusa de promover movilizaciones a las puertas del Ministerio de Transportes. El hartazgo de Ábalos, que ha sido uno de los ministros que mejor relación ha mantenido hasta ahora con Unidas Podemos, ha ido en aumento y, al igual que otros socialistas, en su equipo censuran que Pablo Iglesias y otros ministros aireen las discrepancias en público como fórmula de presión.
Enmiendas en solitario al Ingreso Mínimo Vital
Otro de los encontronazos ha llegado con el Ingreso Mínimo Vital, una iniciativa que Iglesias anunció hace unos meses como inminente mientras el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, pedía más tiempo. Finalmente Sánchez e Iglesias pactaron su puesta en marcha y se han tenido que hacer varios cambios legislativos desde entonces para completarla. El decreto ley que creó esa renta mínima se está tramitando en el Congreso para que puedan hacerse cambios. Unidas Podemos ha presentado enmiendas en solitario.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, otra de las dirigentes que mejor relación tenía con Unidas Podemos, ya dejó entrever su malestar: “Nos sorprendía un poco el anuncio de Unidas Podemos porque se estaba trabajando en esas enmiendas en el seno del Gobierno. En muchas de esas enmiendas hay acuerdo”. Según los socialistas, se estaban negociando entre los socios las mejoras y Unidas Podemos se adelantó. Fuentes gubernamentales advierten al socio minoritario de que, a partir de ahora, los socialistas podrán registrar enmiendas a proyectos impulsados por los ministerios de los de Iglesias.
La reforma laboral, un nuevo frente
El compromiso de la coalición es derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy, un asunto que durante años enfrentó a Sánchez e Iglesias por el calado y el ritmo que habían de tener los cambios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acabó asumiendo los plazos que siempre habían defendido los socialistas: primero acabar con los aspectos más lesivos y luego abordar unas nuevas relaciones laborales en el marco del diálogo social. Díaz, que es la ministra de Unidas Podemos con mejor relación con los socialistas aunque se ha enfriado en los últimos tiempos, pretende abordar la reforma laboral para que esté lista antes de que acabe el año. Fue precisamente con la negativa de Sánchez a subir el Salario Mínimo Interprofesional para 2021 cuando se vio el giro en las relaciones entre los socios: los socialistas aguantaron la presión sin ceder. Unidas Podemos no ha renunciado a que el incremento se produzca en los próximos meses. La parte socialista del Gobierno se mostró dispuesta a analizarlo de cara al segundo semestre en función de la marcha de la economía.
El temor de los de Iglesias son las resistencias que puedan encontrar en la parte socialista, especialmente de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aunque advierten de que no se moverán respecto a lo firmado en el acuerdo programático. No obstante, los ministerios de Trabajo y Economía se pusieron de acuerdo tras una densa negociación en las fichas que enviaron a Bruselas en materia laboral y de pensiones fundamentales para los 140.000 millones de los fondos europeos.
Las pensiones son otro frente dentro de la coalición. El cambio del sistema que prepara el Ministerio de Seguridad Social a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo en el Congreso será un nuevo foco de discusión tras el enfrentamiento que se produjo en las últimas semanas por la intención de Moncloa de ampliar el cómputo de cálculo a 35 años. La propuesta finalmente desapareció del plan enviado a Bruselas.
Renovación del CGPJ y delitos de expresión
Más allá de las pugnas en materia económica, PSOE y Unidas Podemos han evidenciado su visión distinta respecto a las mejoras que se deben introducir en defensa de la democracia. Iglesias ha cuestionado la plenitud del sistema en España y primero varios ministros y este viernes el propio presidente, Pedro Sánchez, trataron de corregir esas palabras del líder de Unidas Podemos.
“España es una democracia plena y resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia”, expresó el presidente este viernes aprovechando para desautorizar la posición que algunos dirigentes del grupo confederal han mantenido respecto a los altercados en las manifestaciones de apoyo a Pablo Hasel.
La encarcelación del rapero llevó al Gobierno a plantear una reforma del Código Penal para eliminar las penas de prisión por los llamados delitos de expresión. Unidas Podemos retomó, por su parte, una iniciativa parlamentaria para derogarlos. La forma para llevar a cabo la modificación así como su alcance será otro de los asuntos que tendrá que abordar la coalición, que en los últimos meses se ha saltado sus propios protocolos de funcionamiento.
En Unidas Podemos también están pendientes de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Sánchez necesita pactar con Pablo Casado, con quien tuvo un acercamiento esta semana en esa dirección. Los de Iglesias son más proclives que los socialistas a reformar la ley para cambiar las mayorías necesarias y sortear así el veto del PP sobre el órgano de gobierno de los jueces que sigue operando con un mandato caducado desde hace dos años y con la configuración que emanó de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011. En Moncloa confían en que el PP acabe aceptando renovar el Consejo del Poder Judicial. Una de las condiciones de Casado es que Unidas Podemos se quede fuera y los de Iglesias no están por la labor. La intención es que el CGPJ tenga vocales propuestos por el socio minoritario de forma proporcional y saltarse ese acuerdo es la línea roja que los populares vienen imponiendo desde hace meses.