El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente y por unanimidad la consulta soberanista alternativa convocada por la Generalitat para el 9N al admitir a trámite el recurso que el Gobierno presentó contra esta convocatoria, han informado a Efe fuentes del tribunal.
La suspensión es provisional, no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto y el tribunal deberá decidir próximamente si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta.
La suspensión de la consulta informal y de otras acciones de la Generalitat catalana, como la solicitud de colaboración a funcionarios o la disposición de locales, se produce a solicitud del Gobierno, que considera que todas estas iniciativas del Ejecutivo catalán desarrollan la convocatoria original, que ya fue suspendida por el Tribunal el 29 de septiembre.
La admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión de la convocatoria, así como la de sus actos de preparación en cumplimiento del artículo 161.2 al igual que ocurrió a finales de septiembre con el decreto de convocatoria que se amparaba en la Ley de Consultas de Cataluña.
El Ejecutivo aportaba como pruebas de incumplimiento de la Constitución la web 'participa2014.cat', las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
Proceso participativo
El 14 de octubre, Mas anunció que la consulta se celebraría el 9N pero en otros términos, no de acuerdo con el decreto de convocatoria que firmó, puesto que está suspendido por el Constitucional. “Habrá locales para que la gente pueda votar, habrá urnas y papeletas”, prometió Mas, quien afirmó que se llevaría a cabo de acuerdo “con un marco legal preexistente” que ya era competencia de la Generalitat, como es el caso de los procesos de participación ciudadana. La jornada de votación contaría con la colaboración de 20.000 voluntarios, entidades y ayuntamientos para poder gestionar las mesas y hacerse responsables de los locales.
Otra de las características de esta consulta alternativa era el registro a pie de urna. “El registro se realizará el mismo 9N en los locales, a los que habrá que acudir con el DNI”, detalló Mas. De esta forma sólo quedarían registrados aquellos que estén de acuerdo con la consulta –no habrá que elaborar un censo–, con lo que Mas aseguraba que se evitarían “problemas con la Ley de Protección de Datos” y no expondría a los funcionarios a posibles sanciones.