Un contrato “verbal”, informes genéricos y una consultora a medida de Zapatero: las dudas del juez sobre su labor de consultoría
“En esta casa (la Audiencia Nacional) estamos todos los días con temas en los que una de las fuentes de fraude son los contratos vacíos de contenido que luego son una pantalla, se usa mucho a nivel tributario”. No había pasado ni media hora desde que el juez José Luis Calama iniciara su interrogatorio al expresidente José Luis Zapatero y ya le dejaba claro que su comparecencia no iba a ser fácil. Quien fuera líder socialista está imputado ante ese tribunal especial por liderar presuntamente un entramado orientado al tráfico de influencias, y los investigadores sospechan que el canal (o uno de ellos) para cobrar comisiones ilegales era la consultora Análisis Relevante.
Zapatero le había contado al juez que su relación con Julio Martínez había nacido en 2011 y que se había consolidado gracias a una afición común: hacer running por El Pardo. Ya en 2020, su amigo le propuso que trabajara para su compañía recién creada, Análisis Relevante, como consultor. Y él aceptó, pero no firmaron ningún contrato. Calama volvió y volvió sobre esa 'génesis', el pecado original de la relación laboral de dos amigos.
“Lo de no firmar contrato no es normal, en mi opinión, y normalmente en la de la Agencia Tributaria”, le dijo a Zapatero Calama, que le recordó desde un inicio que estaba sentado frente a él porque los investigadores sospechaban que había sido receptor de cantidades canalizadas a través de esa consultora a cambio de ejercer una influencia para que, entre otras cosas, Plus Ultra fuera receptora de un rescate público en 2021.
El juez puso sus cartas sobre la mesa desde el inicio: quería muestras de que realmente había hecho labores de consultor y pedía papeles, mails, informes concretos a clientes con nombre y apellido. Y Zapatero no le pudo satisfacer. “Al tema este formal yo le doy mucha importancia porque además son parámetros que maneja de manera similar la Agencia Tributaria para ver la realidad de los trabajos de consultoría”, insistía el magistrado ante un expresidente que se esforzaba por transmitir que no siempre tiene que haber un registro documental, que los encargos los recibía “verbalmente”, y que no usaba nunca el mail porque para eso estaba su secretaria, Gertrudis Alcázar.
“Es como funcionan buena parte de las consultoras por mi experiencia”, le dijo a un juez que estaba en el 'no'. “Normalmente en el contrato se determinan los honorarios, (…) hay trazabilidad hasta que se recibe informe del consultor. No soy mucho de dar 'bolos' pero desde inicio te dicen lo que se va a cobrar”, le respondió Calama.
Zapatero dijo que su comunicación con Julio Martínez era verbal y “marcada por la confianza” y que desconocía el tipo de relación contractual de Análisis Relevante con los clientes. También explicó que sus trabajos de consultoría consistían en la realización de informes, reuniones, viajes y asesoramiento que facturaba como autónomo: “Yo he dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las tareas de Análisis Relevante en apoyo de sus clientes”, argumentó. Pero Calama quería saber si habían cerrado precio por su labor desde un inicio: “No, no, hay un acuerdo de que año a año se remitiría una cantidad anual global en torno a los 90.000 euros a partir de 2020-21”.
Preguntado por esas dudas contractuales del juez, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica a elDiario.es que, de cara al Código Civil, tienen la misma validez un contrato escrito que otro verbal. “Es perfectamente entendible que sean contrataciones verbales porque Rodríguez Zapatero no tiene una consultora abierta para personas extrañas que vienen a pedirle cosas, sino que hay una relación de confianza donde ninguna de las partes se ata con un contrato escrito, pero las cosas se han hablado: qué importe se va a cobrar por los servicios y el trabajo que quiere que se haga”, valora, en conversación con este periódico.
En ese sentido, lo que sí podría pedir el juez es “una transcripción de los términos” de ese contrato verbal, para hacer las comprobaciones oportunas en el caso de que sospechara que las facturas presentadas estuvieran falseadas, bien en cuanto a importes, fechas o su contenido. “Lo que él habla es de su experiencia, me imagino que profesional en el ejercicio de su función de juez, que tiene muchas incompatibilidades. Pero cualquier funcionario de la Agencia Tributaria, igual que el juez, sabe que los contratos pueden ser verbales o escritos”, opina Mollinedo.
El consultor principal o el único
Avanzaba el interrogatorio y Calama hacía recopilación de lo que estaba escuchando por voz del expresidente: no había contrato por escrito para los trabajos de Zapatero para Análisis Relevante, los encargos de Julio Martínez eran de viva voz, quien se lleva “la parte de león” en cuanto a los cobros era el expresidente y sus hijas, y parecía el único consultor de la compañía. A eso sumaba que los informes que preparó eran “genéricos” y que tenían por objetivo, entre otras cosas, “promocionar” la marca Análisis Relevante como consultora experta entre gente tan variopinta como filósofos o responsables de delegaciones extranjeras en España.
Así, el juez, en momento dado, le dijo a las claras a Zapatero que todo parecía indicar que esa empresa había sido creada para que él fuera consultor. Pero Zapatero negaba la mayor, su amigo “es empresario” y es quien se lo propone. Y añadía que en esa compañía “por supuesto que ha habido” otras personas en esas mismas tareas, aunque reconocía que él había sido “el principal”. Pero Calama volvía a exponerle que su tesis era que Análisis Relevante “se utilizó para canalizar comisiones por tráfico de influencias en los que él pudo haber intervenido”. “El dinero que entra en Análisis Relevante va a usted y a sus hijas, ¿lo ha visto?”, le llegó a indicar, para luego en otro momento deslizar que sin su labor esa compañía habría podido quebrar.
Zapatero, que negó por activa y por pasiva cualquier irregularidad (“no he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad”), le explicó que si había cobrado casi medio millón de esa consultora en cuatro años era por el “trabajo intenso desarrollado” y que tenía “derecho a percibir” esos honorarios.
Pero el juez quería 'papeles', una “huella documental”, y Zapatero poco a poco perdía la paciencia: “Ya le he explicado que la relación era de quedar para reuniones, tengo la huella de las reuniones, puedo aproximar el contenido de las mismas, tengo los viajes, las fechas, lo que es una actividad de consultoría”. Calama le decía que no le valía que le contara su agenda: “Por hacer flashback no tenemos ni contratos escritos, ni hojas de encargo escritas, ni trasiego de correos electrónicos”.
Zapatero llegó a decirle que ha tenido consultorías “que consistían en un almuerzo al mes”, y que eso lo sabe “quien está en el sector y ve cómo funciona con muchos exmandatarios, expresidentes, diplomáticos y exgenerales”.
Whathefav, la propuesta de Zapatero
Otro asunto en el que no se pusieron de acuerdo fue en el papel de Whathefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según el juez, la empresa de ambas habría sido otra de las vías para canalizar fondos hacia el entorno de Zapatero. La UDEF cree que en realidad en esa empresa no se hacía ningún trabajo de valor.
Zapatero concedió que fue él quien le propuso a Julio Martínez que fuera la empresa de sus hijas la que prestara “una colaboración formal con Análisis Relevante” para realizar trabajos que incluirían labores de marketing, comunicación digital y apoyo. “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son -sus hijas- nunca contrataron con la Administración Pública”, dijo.
Las explicaciones no bastaron. Un día después, Calama acordó que las hijas debían constar como investigadas en la causa al entender que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.
Según la investigación, la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.
En cuanto a esa última sociedad, Inteligencia Prospectiva, el juez se interesó por los flujos dinerarios que destinó esa compañía de los hermanos Amaro Chacón hacia el entorno del expresidente. Calama puso el foco en que le parecía extraño que esa sociedad no tuviera sede y, por tanto, no se explicaba qué tipo de informes podía hacer él para esa compañía.
Zapatero explicó que dado que esa familia de origen venezolano tiene un grupo empresarial muy importante, Inteligencia Prospectiva era una suerte de “apoyo” para sus intereses. Comentó que él llevó a cabo “una intensa tarea de consultoría” con ellos para orientar en la vertiente política y económica. “Obviamente, el conocimiento que les aportaba podía servir”, indicó. Calama, una vez más, mostró sus dudas: “Pero es una sociedad rara, ¿no?, ha desaparecido”.
Pero Calama regresó a la tesis de los investigadores y le citó los pagos de Inteligencia Prospectiva hacia Whathefav, y él dijo que no tuvo nada que ver con eso, que sus hijas les conocían porque eran de su edad y “ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav”.
Sí que explicó que los hermanos Amaro Chacón conocían que él participaba con Análisis Relevante y que por eso, posiblemente, contrataron con esa consultora. Con todo, se desvinculó de cualquier negocio relacionado con el petróleo en el que estuviera implicada esa familia y una empresa china.