Diez meses después de que eldiario.es revelara la existencia de las tarjetas ‘black’ en Caja Madrid, el caso ha echado a andar en un juzgado. En las próximas semanas, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá pronunciarse sobre la petición de UPyD, que ejerce la acusación popular, de que comparezcan en calidad de imputados los 86 consejeros que disfrutaron de la prebenda. Al resolver esa petición, el juez se pronunciará sobre si incorpora el uso de las tarjetas al caso Bankia, abre una pieza separada o decide enviarlo a la justicia ordinaria.
UPyD solicitará la declaración como imputados por los delitos que ya menciona la Fiscalía Anticorrupción en el escrito que ha entregado al juez, esto es, apropiación indebida y delito societario. Pero además, según el escrito fiscal, “no consta que los tenedores de esas tarjetas hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes (IRPF, ISOC…)”. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, aseguró este jueves en un comunicado que no será posible atribuir delito fiscal a los directivos porque ha prescrito en la mayoría de los casos o porque la cifra defraudada no supera los 120.000 euros. Sin embargo, Bankia habría dejado de ingresar retenciones que sí superan esa cantidad, por lo que a la entidad sí se le podría atribuir delito fiscal.
A estos posibles delitos a investigar se suma el de administración desleal en el caso de los directivos de la entidad responsables de la creación de la tarjeta y su reparto. El director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, consta en la información entregada al juez como responsable de la mecánica de los presuntos pagos en B a través de las tarjetas opacas. Además, Sánchez Barcoj aparece como el directivo de la entidad que más uso dio al plástico, 575.100 euros en nueve años.
Fuentes de la acusación no descartan que en el transcurso de la investigación aparezcan otros delitos, asociados a la posible utilización de paraísos fiscales en la mecánica de los gastos con dinero negro. En este sentido podrían aparecer indicios de, por ejemplo, blanqueo de capitales.
El 15MpaRato, que también ejerce la acusación popular, ha decidido esperar a que mueva ficha la Fiscalía Anticorrupción, por ser ésta quien tiene hasta ahora en su poder toda la información del caso. El desglose de los gastos con las tarjetas 'black' aparece en un CD que Bankia entregó al FROB y que éste hizo llegar a la Fiscalía Anticorrupción. El juez Andreu ha dictado el secreto sobre esa documentación y la acusación popular no ha tenido aún acceso a él.
Fuentes de UPyD adelantaron este miércoles que una de las diligencias que pedirán al juez será el levantamiento del secreto sobre el contenido del citado CD. En él debe de figurar la documentación que Anticorrupción solicitó el 2 de septiembre al director de la auditoría interna de Bankia: los contratos de apertura de las tarjetas, los gastos efectuados con ellas “con el máximo detalle posible” y la “explicación del concepto de la cuenta 6.669,10. Tratamiento Administrativo Circular 50/99”. Como explicó el martes eldiario.es, a esa cuenta se cargaban todos los pagos de los principales directivos de la caja, los que tenían la tarjeta 'en negro' business oro, un total de 6,2 millones de euros entre 1999 y 2012.
El informe definitivo del caso Bankia
El juez Andreu ha dictado ya una providencia en la que solicita a dos peritos del Banco de España que analicen esa documentación. En manos de esos dos expertos está el futuro del caso Bankia desde noviembre de 2012. Andreu les encargó un análisis pericial sobre los aspectos nucleares de la fusión de las cajas y posterior salida a bolsa de Bankia. Este informe incluirá el análisis de las desmesuradas retribuciones que percibían consejeros y otros miembros de la dirección de la entidad que finalmente tuvo que ser rescatada con 24.000 millones de euros de fondos públicos.
Según fuentes de la Audiencia Nacional, los peritos incluirán el análisis del uso de las tarjetas ‘black’ en su macroinforme. Su entrega ha sufrido ya varios retrasos por su gran volumen, por lo que su redacción final no debería demorarse más allá de las próximas Navidades. Andreu podría esperar a recibirlo para decidir sobre el caso de las tarjetas o responder antes a las peticiones de la acusación, tras conocer la posición de la Fiscalía Anticorrupción.
Varios son los interrogantes que plantea por ahora el caso y que deberá resolver el juez. ¿Puede investigar en el marco del caso Bankia el uso de tarjetas durante la época de Caja Madrid? Varias resoluciones dictadas antes por la Audiencia Nacional delimitan su instrucción al periodo final de la fusión. De aplicar este criterio, Andreu podría abrir una pieza separada dentro del caso Bankia y decidir en cuál de ellas investiga el gasto de Rodrigo Rato y del resto de directivos de Bankia que disfrutaron de partidas en B.
También cabe la posibilidad de que el juez considere que es un caso independiente de Bankia y lo envíe a reparto para que recaiga en otro juzgado. Por último, también podría considerar únicamente perjudicada a Caja Madrid y derivar la causa a un juzgado ordinario de Madrid, por no ser competente en este último caso la Audiencia Nacional.