Francia entrega la prueba que acorrala a los guardias civiles del 8M por usar métodos ilegales en un caso de narcos

Los seis guardias civiles del grupo que atribuyó falsamente al Gobierno la propagación de la Covid-19 han dado un paso más hacia el banquillo de los acusados por otra actuación irregular: la colocación de dispositivos de seguimiento sin autorización judicial en un caso de presunto narcotráfico. Las autoridades francesas han remitido al juzgado de Madrid que investiga a los agentes la información recabada a la empresa fabricante de una de las balizas empleadas por los guardias civiles y, con ello, la confirmación de que el dispositivo ilegal estuvo en la Comandancia del instituto armado en Tres Cantos (Madrid) y en el domicilio de uno de los imputados.

elDiario.es ha accedido a la respuesta de Francia a la Orden Europea de Investigación (OEI). En la misma, la Policía Judicial francesa remite la información recabada de la compañía Invoxia. Según los datos facilitados, un cliente apodado “Paulaner” activó el dispositivo el 4 de febrero de 2023 a las 21.21.56. La información contiene todo el uso de la baliza, colocada en “una motocicleta” y cuya señal de ubicación se actualizaba “cada 5 minutos”.

Los datos aportados por Francia incluyen el momento y lugar de la activación de la baliza, coincidente con el domicilio de guardia civil que actuó secretario de las actuaciones en el caso de narcotráfico investigado. Con posterioridad, el dispositivo se geolocaliza en la Comandancia de la Guardia Civil, sede del Grupo de Delitos Económicos al que pertenecen los imputados, según ha constatado la defensa del denunciante. En esta sede de la Guardia Civil, la baliza tuvo 54 posicionamientos, 43 de ellas dentro de las parcelas de la propia Comandancia. Todo ello en 14 fechas que van del 6 de febrero al 28 de marzo de 2023, coincidente con el periodo de los hechos investigados.

En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados estamparon su firma y su número de carnet profesional en los dos atestados de otro caso, el que sirvió para imputar al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y también para apuntar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, que actuó como portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que todo el Equipo de Delitos Económicos participó en aquella investigación, bautizada como Operación Sanitario.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel había escogido a este grupo de la Guardia Civil de Madrid para que actuara como policía judicial. Antes, la magistrada había admitido a trámite la querella de un abogado abonado a las tesis conspiranoicas y que dos años después ingresaría en prisión por estafar a clientes.

Los guardias civiles trufaron sus atestados de bulos, opiniones sesgadas y mantras de la extrema derecha para atribuir al Gobierno la responsabilidad de la expansión del Covid por autorizar la manifestación feminista del 8M. El contenido de aquellos informes policiales supuso un terremoto político sobre la gestión de la tragedia. Su escasa fiabilidad provocó a la postre que la causa fuera archivada por la jueza. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó cesar al coronel jefe de la Comandancia, Diego Pérez de los Cobos, por no haber informado a la cadena de mando de los avances de la investigación del caso 8M. Pérez de los Cobos siempre defendió que sus agentes solo reportaban a la jueza por orden expresa de esta. La justicia terminó por restituirle en su puesto.

Sin embargo, los guardias civiles que firmaban los atestados y su jefe no tuvieron que asumir ninguna responsabilidad. La investigación abierta por la propia Guardia Civil por la filtración de los informes a un medio sensacionalista de la derecha acabó sin ningún sancionado.

Los mismos guardias civiles del 8M actuaron después a las órdenes del juez Santiago Pedraz en el caso denominado 'Águila-Frozen' contra una red de narcotraficantes. En el transcurso de la causa, la defensa de uno de los investigados presentó el testimonio de una mujer que había grabado a uno de los guardias civiles confesando los métodos ilegales que utilizaba el grupo. Pedraz abrió una pieza separada e imputó al brigada. El magistrado también ordenó un informe a la Policía Nacional, que motivó que la investigación se ampliara a otros cinco guardias civiles en el juzgado de Madrid, que pasó a ser el competente para investigar.

Los policías nacionales pusieron en marcha la Operación Bali 23. En poco tiempo identificaron el locutorio donde se habían comprado, con un DNI perdido por su dueño, dos tarjetas telefónicas utilizadas en los seguimientos ilegales. El presunto narcotraficante encontró esas balizas en su Audi A3 y una moto Kawasaki Ninja.

Los policías detallaban en su atestado el contacto de los guardias civiles con la baliza hallada en el coche, a través del posicionamiento de los móviles de los agentes. A la investigación le faltaba la información de la otra baliza, que solo podía entregar Francia. En la motocicleta había oculto un pequeño dispositivo perteneciente a la marca Invoxia, con sede en Francia, la misma que ha facilitado los datos al Juzgado de Madrid que investiga a los agentes.

Investigados desde hace dos años, los agentes prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número 54 asistidos de un letrado particular, después de que la Abogacía del Estado, siguiendo la recomendación de la Dirección General de la Guardia Civil, renunciara a ejercer la defensa, como los guardias civiles pretendían. Fuentes del caso sitúan la investigación en su tramo final antes de que la magistrada dicte el auto del fin de la instrucción y proponga juzgar a los agentes por un delito contra la intimidad.