La Audiencia Nacional sigue tratando de arrojar luz sobre la macroestafa piramidal que el bróker Javier Biosca urdió supuestamente entre marzo de 2019 y el otoño de 2020 con el dinero de casi un millar de inversores en criptomonedas. Biosca se suicidó el pasado noviembre, apenas tres semanas después de salir de la cárcel. Pero las acusaciones siguen tratando de mantener viva una investigación que se dirige contra su viuda, su hijo y algunos de sus presuntos colaboradores.
Todo, con la esperanza de que los clientes puedan recuperar al menos el depósito inicial que, según los casos, asciende a decenas de miles de euros. Algunos invirtieron cantidades modestas, desde mil euros; y otros, muy elevadas, de hasta un millón; con “perfiles de todo tipo”. En total, el dinero estafado superaría los 250 millones de euros, según los investigadores.
Ahora, un reciente informe de la UDEF aportado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso acredita que Biosca utilizó dos cuentas en bancos situados en Alemania y Lituania que se nutrían de fondos de los inversores para cargar “gastos propios y personales” de “elevada cuantía” con los que sustentó su “alto tren de vida”. Al momento de recibir la información, las cuentas analizadas se encuentran sin fondos, aunque los agentes sí han podido analizar los movimientos realizados entre 2019 y 2021.
El documento policial, fechado el 2 de junio, recoge entradas de capital en ambas cuentas que se corresponden “a priori” con los ingresos procedentes de los inversores por valor de 18,1 millones de euros, mientras que las salidas hacia supuestos inversores suman 12,7 millones. En esta cifra están incluidos también los 464.589 euros recibidos por cuatro personas que actúan como intermediarios y contra los que se han querellado los afectados. El resto, fue a parar a Biosca y algunos de sus socios —ya fuera para comprar criptomonedas a su nombre o para sus gastos personales— y a otras personas que “no parecen ser inversores ni intermediarios”.
Biosca se quedó directamente con 577.139,73 euros. Entre las transferencias figuran 194.670 euros dedicados a la adquisición de coches de lujo, 16.502,21 en compras de Amazon, 13.715,59 en restaurantes y 188.612 euros en alquileres, a los que la Policía sospecha que se podrían sumar otros 486.257 euros en transferencias a la empresa Fintax Legal y su administrador que los investigadores relacionan con los pagos de los alquileres de alguna de las viviendas que arrendó Biosca. Aunque inició el negocio cuando vivía en Toledo, el supuesto cabecilla y su familia se trasladaron a Marbella, donde en enero de 2020 alquilaron una mansión en la lujosa Urbanización Marbella Hill Club por la que pagaban 10.500 euros al mes.
Además, los movimientos de ambas cuentas revelan que Biosca también retiró 2,8 millones de euros de esas cuentas para comprar bitcoins a través de las plataformas Binance, Coin Capital, B2C y EU Internet Ventures. En el informe, los agentes subrayan que se “desconoce el destino de los criptoactivos adquiridos”. Este último dato ha servido a la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que ejerce la acusación popular, y a la acusación particular que dirigen los abogados Emilia Zaballos y Francisco Jiménez, para pedir al juzgado que expida órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias a estas casas de compraventa para que se complete “el informe de trazabilidad de las criptomonedas adquiridas”.
Por otro lado, el análisis de las cuentas revela que algunos de los socios de Biosca también se habrían beneficiado del dinero de los inversores, mientras que a nombre de la madre de Biosca constan 10 transferencias por valor de 7.700 euros. Así, otro de los investigados en la trama, el empresario Luis Monje, habría recibido 620.500 euros entre transferencias a su nombre y al de una de sus empresas. Otro de sus colaboradores, Darío Jorge G., y su pareja, Elena B., recibieron transferencias por valor de 507.199 euros. “Son cifras muy superiores a lo invertido, no habiendo justificado sus administradores el fundamento de esta operativa”, dicen los investigadores.
Sospechas de blanqueo
Respecto a las entradas de capital, los agentes han analizado la actividad inversora de 32 particulares y empresas. El informe detalla que son personas físicas y jurídicas que realizaron diferentes ingresos en las cuentas abiertas por Biosca en Alemania y Lituania, que recibieron fondos que “encajan con posibles rendimientos de capital” y de las que en principio no se encuentra vinculación con el entramado urdido por el broker. Además, en todos los casos analizados salvo uno el saldo recibido por los inversores es inferior al aportado o directamente no se observa ningún retorno sobre el capital invertido.
En concreto, en 21 casos de los 32 analizados no existe devolución alguna del capital invertido y en el caso de ocho denunciantes las cantidades recibidas son menores que las aportadas. De estos 32 presuntos inversores, solamente tres recibieron suficientes retornos para recuperar el capital invertido, salvo —advierte el informe— que se hayan podido abonar parte de los retornos a través de cuentas desconocidas.
Pese a ello, sólo 19 se han postulado como querellantes o denunciantes en la causa abierta en la Audiencia Nacional, lo que eleva las sospechas de blanqueo sobre los restantes, según las acusaciones. Entre la operativa de inversión analizada en ambas cuentas, los agentes destacan la llevada a cabo por el grupo Revena Capital, que constituye el principal inversor en las cuentas analizadas, con un 1,9 millones de euros en ingresos con conceptos relacionados con la compraventa de criptomonedas. En contrapartida, solo se observan cinco recepciones de capital por valor de 76.667 euros, lo que supondría un retorno inferior al 4% de lo invertido. Pero ni las empresas ni sus administradores figuran en las denuncias o querellas contra Biosca, advierte el informe.
Auge y caída de la pirámide
El origen de esta trama se remonta a marzo de 2019, cuando Biosca empezó a erigirse como el gurú de las criptomonedas. Se presentaba como un trader con más de cinco años de experiencia que era capaz de asegurar rentabilidades de hasta el 25% a cambio de que se le confiase un depósito inicial que, supuestamente, siempre estaría garantizado. Cada semana, en relación al rédito obtenido, ofrecía tres opciones: recuperar todo, recuperar una parte o reinvertir, lo que daba confianza a los inversores —al permitirles rescatar parte del dinero, especialmente en las primeras semanas de inversión— y favorecía la entrada de nuevas supuestas víctimas que acudían recomendadas por clientes, amigos o familiares.
“Lo habitual es que lo clientes recuperaran lo invertido en las primeras semanas. Era la forma que tenía Biosca de ganarse su confianza con cantidades reales para que, de esa forma, apostaran por reinvertir. Pero más del 80% de los clientes no han recuperado el capital invertido”, aseguró en otro reportaje a elDiario.es la abogada Emilia Zaballos. Según sus datos, los depósitos iniciales iban de los 10.000 a los 200.000 euros, aunque muchos de estos inversores reinvirtieron los supuestos beneficios.
Biosca presumía de que podía asegurar esas rentabilidades gracias a bots y “un algoritmo” que era “capaz de hacer multitud de operaciones por minuto”, si bien la UDEF sospecha de que se trata en realidad de una “defraudación en su modalidad de esquema Ponzi o piramidal”. De hecho, los investigadores afirman que los rendimientos que prometía el supuesto estafador no se correspondían con la revalorización del bitcoin e incluso plantean la posibilidad de que nunca hubiera operado en el mercado de monedas digitales. Su empresa Algorithmics Group también escapó al escrutinio del regulador. La Comisión Nacional del Mercado de Valores alertó el 14 de diciembre de 2020 de que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. Pero el daño ya estaba hecho.
Tras su detención en Málaga en junio de 2021, Biosca se convirtió en el primero de los grandes encausados en estas macroestafas en entrar en prisión provisional. En noviembre de 2022, a las tres semanas de salir de la cárcel, se lanzó desde la quinta planta de un hotel de Estepona. La causa se mantiene abierta contra su pareja, Paloma Gallardo, y su hijo Sergio por su presunto rol de captadores de inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas. Y también contra varios de sus presuntos colaboradores.