El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado enviar a prisión provisional a Javier Biosca Rodríguez, detenido en Torrox (Málaga) este lunes al mediodía, según ha podido saber elDiario.es. Sobre Biosca pesaba desde el pasado 5 de junio una orden de busca y captura de la Audiencia Nacional, que le investiga por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
El abogado que lleva una de las querellas, Juan Carlos Gómez León de Gran Vía Advocats, explica a este periódico que hay cientos de afectados en toda España. Él representa a veinte. Algunos metieron poco dinero (desde mil euros); otros, elevadas cantidades (hasta un millón). “Hay afectados por todo el territorio y perfiles de todo tipo”, dice. Una vez la querella fue admitida a trámite, otros que habían puesto denuncias individuales se sumaron a la causa. La de este supuesto bróker es la primera macroquerella por presunta estafa con criptomonedas que llega a la Audiencia Nacional.
Javier Biosca y su familia, residentes en Torrijos (Toledo), tenían un negocio financiero dedicado a la inversión en criptomonedas que carecía de autorización de la CNMV y no estaba supervisado por ningún otro organismo. Empezaron a operar en 2019 y garantizaban rentabilidades del 20% semanal (aunque más tarde lo rebajaron al 10% semanal). La captación de inversores se hacía de boca a oreja y Biosca operaba principalmente a través de WhatsApp.
“Respondía al clásico esquema Ponzi”, explica Gómez. En los esquemas Ponzi, como indica la querella, “no hay claridad sobre lo que se hace con el dinero invertido”. Son “fraudes de inversión que pagan a los inversores existentes con los fondos recaudados de nuevos inversores” y no mediante un producto real. En octubre de 2020, el negocio dejó de abonar las cantidades prometidas y poco después Biosca dejó de contestar a los mensajes. “Desapareció”, dice el abogado.
¿Cuál era el producto que conseguía esos altos retornos? Aunque toda la comunicación se hacía por WhatsApp y no hay plataforma online, la operativa era muy similar a la de Arbistar, cuyo líder Santiago Fuentes fue detenido y puesto en libertad con cargos el verano pasado. Según consta en la querella, Biosca se presentaba como “un bróker especialista en criptomonedas” y aseguraba disponer de “un sofisticado sistema de algoritmos que permitía realizar miles de operaciones por minuto de compra y venta de distintas criptomonedas”. Como las criptomonedas fluctúan, los algoritmos eran capaces de comprarlas, venderlas y generar ganancias. También mencionaba el minado de bitcoins como fórmula para conseguir rendimientos.
Este bróker toledano afirmaba tener informáticos trabajando para él, programando “bots” que realizaban estas operaciones. Como decíamos, muy parecido al Community Bot de Arbistar. El propio Biosca informaba a través de mensajes de los retornos de la inversión (por ejemplo: “tu inversión de 103.375 euros ha producido 10.337 euros euros”) y preguntaba al inversor qué quería hacer (“¿Qué deseas hacer, reinvertir, recuperar beneficios o recuperar parte?”). Al ver las altas rentabilidades, la gente decidía reinvertir en la mayoría de los casos. Las aportaciones se hacían tanto en dinero normal, a través de transferencia bancaria o en mano, como en criptomonedas.
Además de operar por Whatsapp, Biosca fundó una mercantil en Reino Unido —Algorithms Group Ltd— que fue advertida por la CNMV en diciembre de 2020.
Antes de promocionarse como bróker, Biosca fundó una empresa de ferretería junto a su mujer en otro pueblo de Toledo, Fuensalida. Aquello fue en 2001, según consta en el Registro Mercantil. No se le conoce mucha más actividad. “Al parecer era alguien sin oficio ni beneficio. Se mete en este mundo y empieza a generar inversores de confianza. Se corre la voz de que es un cumplidor”, dice Gómez. “Por lo que cuentan, es una persona con buenas dotes de convicción”.
El perjuicio sufrido por los representados por Gómez León asciende a más de un millón y medio de euros. Por otro lado, la Fundación Zaballos (liderada por Emilia Zaballos, una de las abogadas que representa a víctimas del COVID que demandan al Gobierno) calcula que el perjuicio de sus representados en esta causa podría sobrepasar los cuatro millones de euros.