Ésta es la respuesta que da al portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, y a la socialista madrileña Ángeles Álvarez, quienes pedían saber si Cifuentes iba a asumir o se le iba a exigir alguna responsabilidad “por no haber cumplido” las funciones de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana que la Ley le atribuye.
¿SÓLO EXPEDIENTES SANCIONADORES?
Ambos parlamentarios cuestionaban, además, que la representante del Gobierno en Madrid considerara que su responsabilidad se circunscribía únicamente a acordar la apertura de expedientes sancionadores contra los organizadores de la protesta “por incumplimiento de la ley”.
En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que desde la promulgación de la Constitución se ha tratado de “mantener un equilibrio” entre la libertad y la seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, “incluida la potestad sancionadora”, que permite el cumplimiento de las finalidades de la Ley y de las correspondientes garantías constitucionales.
CON EL MÁXIMO RESPETO A LA LEY
En el marco de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, prosigue el Ejecutivo, se aplican, “como actos debidos de la autoridad competente”, las sanciones a las infracciones tipificadas en el capítulo IV que establece el régimen sancionador, “con el máximo respeto de a la Ley, al Derecho y a la Constitución”.
“Habida cuenta de todo lo anterior --concluye el texto oficial--, el Gobierno considera que la Delegación del Gobierno en Madrid cumplió debidamente con sus obligaciones” antes y después de la manifestación del pasado 22 de marzo.