El Gobierno endurece el discurso sobre la inmigración asediado por la crisis de Ceuta
Devoluciones para que no quede en España ni una sola de las personas que cruzaron la frontera de Ceuta entre el 30 y 31 de julio. Ni siquiera los niños. Ese es el mensaje lanzado por varios ministros del Gobierno esta última semana, en un evidente endurecimiento del tono contra la inmigración irregular tras la crisis fronteriza que mantiene bloqueada la ciudad autónoma. Y también tras la inédita presión de sus socios europeos.
El Ejecutivo, en la diana de la derecha y la ultraderecha nacional e internacional por su política migratoria y la regularización, intenta trasladar ahora un mensaje de firmeza tras el inédito colapso de Ceuta, cuyas escenas se han convertido en una oportunidad perfecta para la ola antinmigración que recorre Europa y buena parte del mundo.
Decenas de miles de personas cruzando la frontera sin control durante las primeras horas de la crisis, y cientos de migrantes durmiendo en las calles en condiciones de insalubridad los días posteriores, son ya imágenes virales que alimentan los mensajes xenófobos y conforman un caldo de cultivo propicio para la política del odio. Una espiral que el Gobierno, asediado por el reproche de la UE, por la ofensiva de la oposición y por el descontento de los ceutíes aspira a paliar con un discurso más contundente hacia las personas que deciden jugarse la vida en busca de un futuro.
“Estamos comprometidos a que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos”, dijo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en su visita a Ceuta esta semana. La frase sonó especialmente dura en el contexto actual de la ciudad autónoma, donde gran parte de las personas migrantes que permanecen desde el 30 de julio son solicitantes de asilo o menores de edad. O lo que es lo mismo, amparadas por la legalidad nacional e internacional para permanecer en España hasta que sus situaciones de acogida sean resueltas.
Pero no fue un desliz. También esta semana, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dejó claro que la intención del Ejecutivo es que esos niños y niñas que han entrado solos en España sean devueltos a sus familias. “Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos”, dijo Bolaños desde Almería.
Esa es, en realidad, la petición expresa lanzada también por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que asiste al desborde de su ciudad autónoma y a la incapacidad real de dar respuesta a la crisis fronteriza documentada más grave de la historia reciente. “Para nosotros la única salida es el retorno de todas las personas a Marruecos que llegaron con motivo de la invasión. Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península”.
El problema de esa respuesta a la crisis migratoria es que se topa con la ley. Hace unos días, en unas imágenes difundidas por la Cadena Ser, un niño de doce años suplicaba entre lágrimas a un soldado español de la legión que no lo devolviera a Marruecos. “¡A Marruecos, no! ¡A Marruecos, no!”, le imploraba en mitad del llanto mientras lo conducía de vuelta a la frontera. Un superior se acercó al soldado y lo corrigió. “Es menor y no está acompañado, no puede volver”. El Ministerio de Infancia asegura que ese menor ya está filiado y forma parte del sistema de acogida al que están obligados los países de llegada.
Porque la legislación es clara y coincidente en todos sus ámbitos de aplicación. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas consagra “el interés superior del menor” como norma primordial y obliga explícitamente a los Estados a proporcionar “protección especial” y asistencia alternativa a todo niño privado de su entorno familiar. En el Marco Jurídico de la Unión Europea se refuerza incluso esa protección, obligando a los Estados miembros a dar acogida inmediata tanto en las fronteras como dentro del territorio continental. Y en España la normativa interna asume por completo esas directrices internacionales y convierte la desatención de un menor en un delito de desamparo, según la Ley Orgánica de Extranjería, que en su Artículo 35 determina que el Estado, a través de las entidades públicas, debe asumir la tutela obligatoria del menor no acompañado que se encuentre en suelo nacional.
La situación para los demandantes de asilo es similar. En Ceuta se han documentado, por ejemplo, personas que cruzaron la frontera el 30 de julio y que proceden de Gaza, de donde huyeron del genocidio israelí contra el que España, por cierto, hace bandera de su política exterior. En el artículo 33 de la Convención de Ginebra, integrado en la normativa nacional española, se impide expulsar o retornar a una persona a un territorio donde su vida o libertad peligren. Y España tiene obligaciones específicas durante el proceso.
Al admitirse a trámite la solicitud de protección, la persona solicitante ha de recibir un documento provisional que autoriza su estancia legal temporal en España mientras se estudia el expediente. Y la ley le garantiza la asistencia sanitaria, el acceso a los servicios sociales públicos y la posibilidad de obtener autorización para trabajar transcurrido el plazo legal establecido. Y, en cualquier caso, la legislación sobre su salida del país es nítida: no se puede ejecutar ninguna orden de devolución o expulsión derivada de la situación administrativa irregular mientras el procedimiento de asilo o protección subsidiaria esté en curso.
Dada la variedad de casuísticas que convergen en Ceuta, donde la inmensa mayoría de ciudadanos marroquíes mayores de edad que cruzaron Castillejos sí han retornado a su país, el proceso de normalización de la ciudad autónoma será largo. Las oficinas de Policía y las administraciones públicas aceleran los trámites de filiación e identificación de todos los menores para poder dar respuesta a su situación, que en muchos casos España espera que sea volver con sus familias, algo que también reclama Marruecos.
El Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 regula específicamente el retorno concertado de la inmigración irregular de menores. Aunque se trata de un procedimiento complejo y garantista. La ley establece que se debe incoar un expediente administrativo individual para cada menor, ya que las devoluciones en bloque o colectivas están estrictamente prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Es la Delegación o Subdelegación del Gobierno en España quien debe solicitar a Marruecos, a través de la Embajada, datos sobre el entorno familiar del menor. Y el retorno solo se autoriza si se garantiza la reagrupación familiar efectiva o la puesta a disposición de los servicios de protección de menores de Marruecos con plenas garantías de seguridad. En cualquier caso, no da igual la voluntad del menor, que tiene el derecho fundamental a ser escuchado durante el proceso.
De hecho, es obligatorio solicitar un informe perceptivo a la Fiscalía, que vela por el cumplimiento de las garantías constitucionales del menor. Y la Delegación del Gobierno debe emitir una resolución formal motivada. En 2024, el Tribunal Supremo determinó que el Acuerdo bilateral con Marruecos no exime al Gobierno de cumplir de forma estricta con la Ley de Extranjería española y sentenció que cualquier intento de devolución exprés o colectiva, omitiendo estos pasos administrativos y la evaluación del interés del menor, constituye una actuación ilegal. Por ello, dictó sentencia firme determinando que la devolución de menores no acompañados desde Ceuta a Marruecos de agosto de 2021 que impulsó el Ministerio del Interior de Marlaska incumplió completamente la ley.