La negociación 'in extremis' entre PSOE y Sumar se tensa por el alquiler indefinido mientras Junts amenaza con romper

La redacción final del decreto de vivienda que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros se encuentra aún abierta. A unas horas de que el paquete reciba luz verde, las conversaciones con los grupos parlamentarios han pasado a un segundo plano y, durante todo el lunes, fueron PSOE y Sumar quienes negociaron en el seno del Gobierno bajo la presión de la acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol, que cumplió su tercera jornada sin signos de desgaste. Sus organizadores han insistido en que el decreto debe contener sus cinco reivindicaciones y, muy particularmente, la principal de ellas: la renovación automática de todos los contratos de alquiler para que pasen a ser indefinidos.

Pero el último borrador elaborado por el Ministerio de Vivienda, al que tuvo acceso elDiario.es y que era la base sobre la que estaban negociando PSOE y Sumar a última hora del lunes, no incluye la puesta en marcha de estos contratos indefinidos de alquiler reclamados por el Sindicato. Se limita a ofrecer la posibilidad a los arrendatarios de solicitar prórrogas de sus contratos por dos años por la misma renta si estos vencen antes de 2029. No obstante, Sumar se ha alineado con la principal reivindicación del colectivo que se encuentra acampado en la Puerta del Sol (Madrid) y exige que los inquilinos puedan serlo por tiempo indeterminado mientras el casero no necesite la vivienda para sí o sus familiares, un extremo que el PSOE rechaza.

Parece muy complicado, admiten algunas fuentes del ala minoritaria de la coalición, que el PSOE asuma al 100% la exigencia del Sindicato de Inquilinas: que, por defecto, los contratos de alquiler pasen a no tener fecha de fin mientras el propietario no necesite el piso para vivir, lo cual, argumentan, ayudaría a controlar los precios y daría estabilidad a los arrendatarios. Junts, cuyos votos serán imprescindibles dentro de unas semanas para convalidar el decreto en el Congreso, también se encuentra muy lejos de estas posturas. Pero Sumar quiere lograr, al menos, ir algo más allá de la legislación actual y ganar cierta estabilidad para los inquilinos.

No es la única discrepancia que ha expresado el ala minoritaria del Gobierno a pocas horas de que el paquete reciba luz verde: Sumar también critica que la protección antidesahucios que contiene el borrador del decreto se queda corta. Ese borrador limita la protección tan solo hasta finales de 2028, y establece que solo se suspenderían los desalojos en el caso de que el casero fuera una empresa o bien una persona física con tres o más viviendas. Los propietarios con dos pisos o menos podrían desahuciar sin cortapisas. La suspensión no sería permanente: se revisaría cada 12 meses y decaería, como máximo, a los tres años. A partir de ese periodo, si las administraciones no han logrado encontrar una alternativa habitacional al inquilino vulnerable, el desalojo se reactivaría.

Discrepancia en los desahucios

Al contrario que Sumar, Junts cree que el decreto va demasiado lejos y que el escudo antidesahucios debería dejar fuera a los pequeños propietarios que desahucian. Los independentistas denuncian que, a su juicio, el texto “da por buenas las ocupaciones” y deja “sin protección a los pequeños propietarios, dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre”, a pesar de que recoge una de sus exigencias: que las administraciones estarían obligadas a cubrir los impagos de las cuotas del alquiler de los inquilinos que no las puedan pagar cuando se suspenda su desahucio, o en su defecto los gastos que acuerde con el casero, siempre y cuando no sea una empresa.

En un comunicado lanzado al filo de las 21.00 horas del lunes, Junts sostuvo que, en esos términos, no podría apoyar el decreto. La formación independentista, no obstante, asegura que quiere que “haya pacto” y que es “el Gobierno español” quien “se aleja del acuerdo trabajado en los últimos días y vuelve a poner en riesgo las soluciones en materia de vivienda”. “Por nosotros no quedará, estamos dispuestos a seguir hablando y trabajando hasta el final para encontrar un texto que dé respuesta a los problemas reales de vivienda”, asegura la formación.

El alquiler por habitaciones, fuera

También generaba discrepancias a última hora del lunes la decisión del PSOE de eliminar de su borrador de decreto la regulación del alquiler de habitaciones, que en la negociación del pasado julio sí que puso sobre la mesa. Fuentes del Ministerio de Vivienda justifican esta decisión asegurando que la medida podría perjudicar a los más vulnerables, pero Sumar asegura que está intentando revertirla porque, dice, “constituye una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler”.

El borrador sí incluye una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer que el alquiler de temporada esté sujeto a las mismas restricciones para caseros y ofrezca los mismos derechos a los inquilinos que el arrendamiento ordinario.

También se encuentra en el borrador que se negocia contra reloj en el seno del Gobierno la posibilidad de solicitar una prórroga al mismo precio tan solo de los contratos de alquiler que venzan, como tarde, en 2028, como reclamaba Sumar. Para conseguir esta extensión del alquiler durante dos años el inquilino tendrá que solicitarla dos veces: una primera cuando venza su contrato y una segunda cuando vaya a vencer el primer año de extensión. El casero tan solo podrá negarse a esta prórroga si ofrece al arrendatario la renovación de su contrato o la firma de uno nuevo con un precio rebajado al menos un 5%.

Más incentivos fiscales para caseros e inquilinos

En cuanto a la pata fiscal del decreto, el Gobierno plantea ampliar las deducciones en el IRPF para los caseros, que podrán reducirse hasta el 100% de lo que ingresan por los alquileres en algunos supuestos (ahora es hasta el 90%). En concreto, la ampliación hasta eximir de tributación todas estas rentas es si rebajan más de un 5% el precio del alquiler a sus inquilinos una vez finalizado su contrato previo; o si firman un acuerdo con otro arrendatario y la renta inicial es inferior al máximo fijado por el índice de referencia que elabora el Ministerio de Vivienda.

Este porcentaje se recorta al 95% si se alquila en una zona tensionada a menores de 35 años, o del 90% si solo se cumple el primero de estos requisitos. La deducción actual se amplía al 85% para aquellos alquileres a jóvenes de hasta 35 años.

El alivio fiscal si el casero mantiene el precio del alquiler a un nuevo inquilino, en relación con el contrato previo, será del 50%, en una escala progresiva que se recorta hasta el 15% cuando el incremento de precio sea 'solo' del 20%.

Para los inquilinos, el borrador plantea una deducción solo para aquellos jóvenes que residan en zonas tensionadas con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros. En concreto, podrán deducirse hasta el 10% de lo que han pagado por el alquiler de su vivienda habitual, hasta un tope máximo de 11.630 euros anuales, en el caso de que los ingresos se sitúen por debajo de 23.007,20 euros al año.