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El Gobierno tantea a ERC y Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda pero chocan en los precios del alquiler

Partido a partido. Es la filosofía del Gobierno de coalición que, ley a ley y a pesar del ruido, ha sacado adelante 166 cambios legislativos en lo que lleva de legislatura. Y es el espíritu que trata de mantener, una vez los Presupuestos de 2023 han visto la luz en el seno del Ejecutivo, con la Ley de Vivienda, que se ha convertido en el gran dolor de cabeza de PSOE y Unidas Podemos. El ala socialista se negó en esta ocasión a que esa norma fuera la moneda de cambio en la negociación interna de las cuentas públicas como ya ocurrió en los dos Presupuestos anteriores, pero es consciente de que es una exigencia del resto de aliados parlamentarios de izquierdas y por eso ha retomado los contactos con ERC y EH Bildu para intentar allanar el camino. Sin embargo, todas las partes admiten que no hay ningún avance en el que se ha convertido el principal escollo: la limitación de los precios del alquiler.

Sánchez presume de aumentar un 35% del gasto social y el PP le acusa de "comprar voluntades"

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24 horas después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a los Presupuestos, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, se reunía con los diputados de ERC y EH Bildu, Pilar Vallugera y Oskar Matute, respectivamente, para sondear las posiciones respecto a la Ley de Vivienda. Los aliados parlamentarios de la coalición se han quedado con mal sabor de boca ante la negativa de los socialistas a imponer precios máximos a los alquileres en zonas tensionadas a todos los propietarios, que es una reivindicación también de Unidas Podemos. 

Los de Pedro Sánchez rechazan esa idea porque sostienen que hay que proteger a los pequeños propietarios y ven razonable la propuesta que recogió la ley tras la ardua negociación del pasado año y que pasa por que solo los grandes tenedores (los que tienen a partir de diez inmuebles) estén obligados a poner un precio máximo. Fuentes del Ministerio sostienen que para los pequeños tenedores hay un sistema de incentivos fiscales que consideran que repercutirá en una bajada de facto de los precios, además de que en las zonas tensionadas los nuevos contratos están referenciados y solo se pueden subir un 10% respecto al anterior. 

En todo caso, los socialistas creen que hay margen para la negociación. “Se pueden buscar puntos intermedios”, señalan fuentes gubernamentales, que ven posibilidades entre la posiciones de máximos que mantienen las partes en la actualidad. El ala socialista del Gobierno se declara “optimista” respecto a la negociación y asegura que tiene “voluntad de diálogo y acuerdo”. Como prueba, se remite a las cerca de 400 enmiendas que se han transaccionado ya con los grupos de las más de 800 que se registraron. 

También explican que han cedido en asuntos como los desahucios con una propuesta a medio camino entre la prohibición (excepcional desde la pandemia) y la situación anterior: que se tenga que informar a la comunidad autónoma, que es la administración competente, para que busque una alternativa habitacional o se usen los fondos de vivienda. “De manera que no se prohíbe pero hay más garantías para que no se quede nadie en la calle. Un sistema de doble garantía para aumentar la protección”, explican en el Ministerio que dirige Raquel Sánchez. 

Ante el temor que se ha instalado en los aliados de la coalición por la posibilidad de que el Gobierno pretenda sortear la aprobación de la Ley de Vivienda extendiendo las medidas temporales como la prohibición de los desahucios o el límite de subida de los alquileres del 2% mediante decreto ley, en el ala socialista del Ejecutivo sostienen que su pretensión es que la norma esté en vigor a partir del 1 de enero. “Podemos prorrogar esas medidas más allá del 31 de diciembre llegado el caso, pero se necesitan medidas estructurales”, afirman las fuentes consultadas. 

EH Bildu y ERC exigen control de precios

Frente al optimismo del socio mayoritario de la coalición, sus aliados ven totalmente bloqueada la norma y algunos de ellos tratan de vincular los avances a la aprobación de los Presupuestos, que es clave para que Sánchez culmine el mandato a finales del próximo año. “Empiezan mal”, dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, nada más saber que el acuerdo en el seno de la coalición no contemplaba novedades respecto a la vivienda. “La negociación empieza ahora”, contestó al ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en referencia a las conversaciones con el resto de partidos que facilitan la gobernabilidad. 

Fuentes presentes en la reunión mantenida este miércoles en el Congreso, aseguran que ERC y EH Bildu coinciden en señalar que el actual texto de la ley está “muy lejos” de un acuerdo, entre otras cosas porque la mayoría de iniciativas que han presentado han sido rechazadas. “Nosotros hemos presentado 84 enmiendas, muchas de ellas haciéndonos eco de las reivindicaciones de los sindicatos de inquilinos y las plataformas. Nos han trazado 26 transaccionales y las demás las descartan”, explican fuentes de EH Bildu. 

Los aliados parlamentarios del Ejecutivo señalan como prioridades el alquiler social obligatorio, impedir desahucios sin alternativa habitacional y limitar el precio de todos los alquileres, no solo el de los grandes tenedores. Desde EH Bildu subrayan que el 95% de las viviendas de alquiler en Euskadi son de pequeños propietarios. “Si no se actúa ahí, ¿de qué sirve la ley?”, se preguntan. Aunque en la reunión no se han concretado avances todas las partes se han emplazado a seguir negociando. La mayoría de socios del Gobierno, aún así, se muestra especialmente pesimista con el futuro de la Ley y aseguran, como también afirmó Unidas Podemos, que el paso dado por el PSOE en el Congreso para permitir los desalojos exprés de viviendas ocupadas van “en dirección contraria” a un posible entendimiento. 

Partido a partido. Es la filosofía del Gobierno de coalición que, ley a ley y a pesar del ruido, ha sacado adelante 166 cambios legislativos en lo que lleva de legislatura. Y es el espíritu que trata de mantener, una vez los Presupuestos de 2023 han visto la luz en el seno del Ejecutivo, con la Ley de Vivienda, que se ha convertido en el gran dolor de cabeza de PSOE y Unidas Podemos. El ala socialista se negó en esta ocasión a que esa norma fuera la moneda de cambio en la negociación interna de las cuentas públicas como ya ocurrió en los dos Presupuestos anteriores, pero es consciente de que es una exigencia del resto de aliados parlamentarios de izquierdas y por eso ha retomado los contactos con ERC y EH Bildu para intentar allanar el camino. Sin embargo, todas las partes admiten que no hay ningún avance en el que se ha convertido el principal escollo: la limitación de los precios del alquiler.

Sánchez presume de aumentar un 35% del gasto social y el PP le acusa de "comprar voluntades"

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24 horas después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a los Presupuestos, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, se reunía con los diputados de ERC y EH Bildu, Pilar Vallugera y Oskar Matute, respectivamente, para sondear las posiciones respecto a la Ley de Vivienda. Los aliados parlamentarios de la coalición se han quedado con mal sabor de boca ante la negativa de los socialistas a imponer precios máximos a los alquileres en zonas tensionadas a todos los propietarios, que es una reivindicación también de Unidas Podemos. 

Los de Pedro Sánchez rechazan esa idea porque sostienen que hay que proteger a los pequeños propietarios y ven razonable la propuesta que recogió la ley tras la ardua negociación del pasado año y que pasa por que solo los grandes tenedores (los que tienen a partir de diez inmuebles) estén obligados a poner un precio máximo. Fuentes del Ministerio sostienen que para los pequeños tenedores hay un sistema de incentivos fiscales que consideran que repercutirá en una bajada de facto de los precios, además de que en las zonas tensionadas los nuevos contratos están referenciados y solo se pueden subir un 10% respecto al anterior. 

En todo caso, los socialistas creen que hay margen para la negociación. “Se pueden buscar puntos intermedios”, señalan fuentes gubernamentales, que ven posibilidades entre la posiciones de máximos que mantienen las partes en la actualidad. El ala socialista del Gobierno se declara “optimista” respecto a la negociación y asegura que tiene “voluntad de diálogo y acuerdo”. Como prueba, se remite a las cerca de 400 enmiendas que se han transaccionado ya con los grupos de las más de 800 que se registraron. 

También explican que han cedido en asuntos como los desahucios con una propuesta a medio camino entre la prohibición (excepcional desde la pandemia) y la situación anterior: que se tenga que informar a la comunidad autónoma, que es la administración competente, para que busque una alternativa habitacional o se usen los fondos de vivienda. “De manera que no se prohíbe pero hay más garantías para que no se quede nadie en la calle. Un sistema de doble garantía para aumentar la protección”, explican en el Ministerio que dirige Raquel Sánchez. 

Ante el temor que se ha instalado en los aliados de la coalición por la posibilidad de que el Gobierno pretenda sortear la aprobación de la Ley de Vivienda extendiendo las medidas temporales como la prohibición de los desahucios o el límite de subida de los alquileres del 2% mediante decreto ley, en el ala socialista del Ejecutivo sostienen que su pretensión es que la norma esté en vigor a partir del 1 de enero. “Podemos prorrogar esas medidas más allá del 31 de diciembre llegado el caso, pero se necesitan medidas estructurales”, afirman las fuentes consultadas. 

EH Bildu y ERC exigen control de precios

Frente al optimismo del socio mayoritario de la coalición, sus aliados ven totalmente bloqueada la norma y algunos de ellos tratan de vincular los avances a la aprobación de los Presupuestos, que es clave para que Sánchez culmine el mandato a finales del próximo año. “Empiezan mal”, dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, nada más saber que el acuerdo en el seno de la coalición no contemplaba novedades respecto a la vivienda. “La negociación empieza ahora”, contestó al ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en referencia a las conversaciones con el resto de partidos que facilitan la gobernabilidad. 

Fuentes presentes en la reunión mantenida este miércoles en el Congreso, aseguran que ERC y EH Bildu coinciden en señalar que el actual texto de la ley está “muy lejos” de un acuerdo, entre otras cosas porque la mayoría de iniciativas que han presentado han sido rechazadas. “Nosotros hemos presentado 84 enmiendas, muchas de ellas haciéndonos eco de las reivindicaciones de los sindicatos de inquilinos y las plataformas. Nos han trazado 26 transaccionales y las demás las descartan”, explican fuentes de EH Bildu. 

Los aliados parlamentarios del Ejecutivo señalan como prioridades el alquiler social obligatorio, impedir desahucios sin alternativa habitacional y limitar el precio de todos los alquileres, no solo el de los grandes tenedores. Desde EH Bildu subrayan que el 95% de las viviendas de alquiler en Euskadi son de pequeños propietarios. “Si no se actúa ahí, ¿de qué sirve la ley?”, se preguntan. Aunque en la reunión no se han concretado avances todas las partes se han emplazado a seguir negociando. La mayoría de socios del Gobierno, aún así, se muestra especialmente pesimista con el futuro de la Ley y aseguran, como también afirmó Unidas Podemos, que el paso dado por el PSOE en el Congreso para permitir los desalojos exprés de viviendas ocupadas van “en dirección contraria” a un posible entendimiento. 

Partido a partido. Es la filosofía del Gobierno de coalición que, ley a ley y a pesar del ruido, ha sacado adelante 166 cambios legislativos en lo que lleva de legislatura. Y es el espíritu que trata de mantener, una vez los Presupuestos de 2023 han visto la luz en el seno del Ejecutivo, con la Ley de Vivienda, que se ha convertido en el gran dolor de cabeza de PSOE y Unidas Podemos. El ala socialista se negó en esta ocasión a que esa norma fuera la moneda de cambio en la negociación interna de las cuentas públicas como ya ocurrió en los dos Presupuestos anteriores, pero es consciente de que es una exigencia del resto de aliados parlamentarios de izquierdas y por eso ha retomado los contactos con ERC y EH Bildu para intentar allanar el camino. Sin embargo, todas las partes admiten que no hay ningún avance en el que se ha convertido el principal escollo: la limitación de los precios del alquiler.

Sánchez presume de aumentar un 35% del gasto social y el PP le acusa de "comprar voluntades"

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24 horas después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a los Presupuestos, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, se reunía con los diputados de ERC y EH Bildu, Pilar Vallugera y Oskar Matute, respectivamente, para sondear las posiciones respecto a la Ley de Vivienda. Los aliados parlamentarios de la coalición se han quedado con mal sabor de boca ante la negativa de los socialistas a imponer precios máximos a los alquileres en zonas tensionadas a todos los propietarios, que es una reivindicación también de Unidas Podemos.