La imputación de la directora general de la Guardia Civil en el caso Leire Díez embarra al Gobierno
No habían pasado ni 24 horas desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldara la figura de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en su comparecencia ante el Senado, cuando cayó como un jarro de agua fría la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que fuera imputada en el caso Leire Díez. El juez instructor de esta causa, Santiago Pedraz, ventilaba el asunto con una providencia escueta: el primer cargo público del Gobierno acababa de ser citado a declarar en calidad de investigada por su posible participación o colaboración con la trama capitaneada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la presunta 'fontanera' del partido Leire Díez.
Marlaska ubicaba “fuera del Ministerio del Interior” la trama que buscaba acabar con determinadas investigaciones que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero el informe de las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen que sustenta la imputación tanto de Mercedes González como del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, intenta echar por tierra esta tesis. O al menos la pone en duda al situar el foco de la investigación tanto en la supuesta relación estrecha de González con Leire Díez como en los extraños movimientos que llevó a cabo el DAO para primero retener información relevante sobre la operación en contra de la UCO, y segundo para abrir investigaciones internas -las llamadas informaciones reservadas- en el seno de la Benemérita contra los guardias civiles encargados de las pesquisas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.
Mercedes González no es el primer cargo público al que imputa el juez Pedraz en el marco de esta causa. La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, ya consta como investigada desde el pasado lunes. Pero la directora de la Benemérita sí es el primer cargo de confianza del Gobierno que es citada por esas maniobras que la presunta trama llevó a cabo para entorpecer la actividad policial de la UCO. Escala así a la esfera gubernamental y rompe la barrera simbólica que parecía haber acotado el asunto en el PSOE con la imputación de su gerente Ana Fuentes. Ahora los investigadores no solo creen que la formación socialista financió o sufragó gastos para permitir esa actividad de fontanería que realizaba Leire Díez, sino que consideran posible que esa red hubiera permeado en algunas instituciones públicas tan relevantes como la dirección general de la Guardia Civil.
Las fiscales han visto indicios de que ambos altos cargos pueden haber cometido un delito de prevaricación y un delito contra la administración de Justicia. Ese segundo delito, que está tipificado en el artículo 468 del Código Penal, indica que será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión “el que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento”. Y en esa posible intimidación está la clave, porque el Ministerio Público conecta las reuniones y comunicaciones de Leire Díez y Mercedes González con determinados movimientos en el seno de la Guardia Civil que podrían haberse orquestado para dificultar la labor investigadora de los agentes de la UCO.
La Fiscalía entiende que la organización investigada, que comenzó a operar desde 2021, amplió en un momento dado “su radio de ilícita actuación” más allá de los presuntos amaños en la contratación pública. Se enfocó así en la comisión de diversos delitos relacionados con la corrupción y a otros nuevos contra la administración de justicia o las instituciones del Estado “para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y a ellos mismos”.
Las informaciones reservadas y la nota de despacho
De hecho, consideran que, de lo investigado, se desprende que, tras penetrar en entidades como la SEPI para lograr la celebración de contratos públicos en los que ellos pudieran resultar beneficiados, también buscaron “lograr la connivencia de otras instituciones del Estado para neutralizar o frenar las investigaciones que les pudieran afectar”. Las fiscales consideran que esa utilización de organismos “se habría prolongado en el tiempo más allá de 2023” y que “existen indicios de que podría persistir hasta la actualidad”.
La Fiscalía indica que se ha tenido conocimiento de que Leire Díez tenía una “relación personal” con la actual directora de la Guardia Civil, y que pudo utilizar esa relación “para cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado” en orden a entorpecer las investigaciones de la UCO. Explica que constan diversas comunicaciones telefónicas entre ambas y varios encuentros presenciales, al menos tres, en los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. En ese contacto, tanto personal como por teléfono pudo fraguarse, cree, los movimientos para socavar el trabajo de los investigadores.
En concreto, las fiscales se fijan especialmente en la apertura de hasta tres investigaciones internas -informaciones reservadas- en el seno de la Guardia Civil para indagar en posibles filtraciones que emanaran de la UCO. Consideran que, de acreditarse que esas investigaciones fueron “arbitrarias y manifiestamente injustas en contra del interés público” se estaría ante un delito de prevaricación porque la apertura de esas 'informaciones reservadas' constituye un acto administrativo “y no un mero acto interno” de la Benemérita.
La primera de esas informaciones reservadas se abrió el 4 de diciembre de 2024 para indagar en la filtración a medios que permitió conocer la cuenta de mail de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la investigación abierta en Badajoz al hermano de Pedro Sánchez. Las fiscales consideran que esa resolución se dictó “después de que el DAO conociera la naturaleza accidental del volcado de dicha información al procedimiento”.
La segunda data de 12 de mayo de 2025, y se abrió a raíz de un artículo de El Mundo que recogía conversaciones entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos. Este asunto fue archivado de plano. El Ministerio Público explica que hubo un contacto telefónico entre Mercedes González y Leire Díez un día antes, el 11 de mayo, en el que la 'fontanera' le comunicó que había conocido casi inmediatamente a través del letrado de Ábalos “que la filtración no provenía de la UCO”. El instructor de la investigación interna decidió hablar sobre esa filtración con el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que era quien investigaba a Ábalos, “y fue la contundencia de la respuesta que recibió” de ese juez la que “llevó al dictado del archivo de la información reservada sin la práctica de diligencia alguna”.
La última de las informaciones reservadas partió de la propia Mercedes González el 1 de septiembre de 2025. Se abrió tras la publicación de un artículo en el que se hablaba de que determinadas fuentes de la Guardia Civil cuestionaban la actuación del DAO. Le reprochaban que solicitara de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre el contenido de causas penales en curso que afectaran negativamente al Gobierno. Ese asunto acabó también en archivo y sin sanción alguna, pero derivó en que se permitió identificar a todos los mandos que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno “sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.
Mas allá de esas investigaciones internas, la Fiscalía explica que consta una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil con fecha de 29 de abril de 2025 en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una “agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO”. En esa nota se identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación, se advertía que detrás de esas maniobras podría estar el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, y que tendría conocimiento de esa información la directora general de la Guardia Civil.
La Fiscalía indica que esa información fue “ocultada” por el DAO a la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil (responsable de los agentes de la UCO que participan en investigaciones bajo tutela judicial) durante días, hasta que se entrevistó el 8 de mayo con el general al mando de esa unidad. Esa reunión se producía porque el general quería dar cuenta al DAO de que la UCO le había informado de hechos semejantes a los que recogía la nota de despacho que ya tenía. Fue entonces cuando Llamas le traslado al jefe de la Policía Judicial que “esos hechos eran conocidos por la directora general y le hizo entrega de la nota de despacho de 29 de abril, que hasta entonces no se había hecho llegar a la UCO”.
Sobre estos extremos, González y Llamas, deberán declarar el próximo 16 de julio en calidad de investigados. Por de pronto, el Gobierno mantiene su confianza en la responsable de la Guardia Civil y no se plantea su cese tras la imputación de ayer. Mientras, el principal partido de la oposición no solo pide la destitución de la directora de la Guardia Civil sino también del ministro del Interior. Califican a González como “la Roldán de Pedro Sánchez”.