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El informe del delegado del Gobierno en Ceuta a Interior: “Urgen decisiones ante la previsión de intentos de entrada masiva”

El delegado del Gobierno en Ceuta remitió un informe al Ministerio del Interior antes de la histórica crisis fronteriza del 30 de julio por la “previsión de serio desborde en las próximas semanas” y para demandar ayuda urgente del Gobierno de España a la ciudad autónoma. “Urge tomar decisiones de calado ante la previsión de intentos masivos de entrada irregular que desborden por completo las capacidades de acogida y gestión”, reza el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es y que fue enviado a la Secretaría de Estado de Seguridad los días previos a la emergencia del Tarajal.

Ese informe, que no figura entre los documentos desclasificados por el Gobierno y que fue remitido entre los días 25 y 28 de julio según admite también Interior, plantea el complejo escenario migratorio al que se enfrenta la ciudad autónoma como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, “que anula la posibilidad de realizar rechazos fronterizos por mar”. Una situación de excepcional complejidad para la frontera sur de Europa. “La sentencia está provocando un severo efecto llamada que están empezando a multiplicar los intentos de cruce irregular. No solo no es descartable que, pese a la colaboración de las autoridades marroquíes, ocurran repetidos episodios de intentos de entrada masiva, sino que el escenario es altamente probable una vez se den contextos de niebla”.

La delegación del Gobierno en Ceuta refiere además que no se trata solo de un flujo migratorio procedente del África subsahariana, como resultó habitual en anteriores contextos, sino también “un altísimo porcentaje de ciudadanos de origen marroquí”. En concreto, “en torno al 80% de la capacidad del CETI lo conforman migrantes de nacionalidad marroquí”. Además, el escrito pone el foco también en el significativo aumento de entrada de menores de edad, algunos de ellos de muy poca edad.

“El incremento (...) está siendo muy preocupante. En tres días han llegado 70, una cifra que va en aumento y que se repite como viene siendo habitual con la llegada de la época estival. Y eso añade complejidad al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya de por sí ingente (...). Conlleva que el triaje de adultos se ralentice, (la Policía nos comunica que tienen capacidad para hacer 30 triajes al día siempre que no existan entradas de menores)”.

Por todo ello, la Delegación del Gobierno ceutí urge al Ministerio del Interior a tomar esas “decisiones de calado” por la previsión de “intentos masivos”. Y pide priorizar en concreto seis actuaciones: “Instalación de infraestructura urgente por parte del Ministerio del Interior para poder dar cumplimiento al sistema de triaje; espacios alternativos para la instalación de literas ante la sobreocupación del CETI; agilización de los traslados a la península de personas solicitantes de asilo; refuerzo de Policía y Guardia Civil y refuerzo de medios para el servicio marítimo”.

La respuesta de Interior

Lo que sostiene el ministerio del Interior, que admite que los informes de la Delegación del Gobierno llegaron a la Secretaría de Estado de Seguridad, es que en ningún caso esos avisos previos calibraron la magnitud de lo que acabaría ocurriendo el 30 de julio. Y que, además, la situación derivada de la sentencia del Supremo sí implicó el despliegue de nuevos esfuerzos en la frontera de Ceuta.

En concreto, el departamento de Fernando Grande-Marlaska apunta que la Guardia Civil reforzó su despliegue con 70 efectivos para hacer frente a un hipotético incremento de inmigrantes irregulares: 60 agentes dedicados a funciones de seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 dedicados al control fronterizo marítimo, justo donde ponía el foco el informe de la Delegación del Gobierno y el punto crítico que dejaba al descubierto la sentencia del Supremo.

Además, Interior revela que la Guardia Civil contó con 7 embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, con sus correspondientes tripulaciones: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y 5 embarcaciones semirrígidas. Y el 20 de julio la Policía Nacional amplió su despliegue con un grupo operativo de la UIP de 35 efectivos para reforzar la gestión de la seguridad ciudadana. El 25 de julio se decidió la creación de un Centro de Atención temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta para atender el incremento de entradas que se venía produciendo desde el 8 de julio.

La crisis de Ceuta tiene, además, una vertiente judicial. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha citado esta semana como testigos tanto al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como al ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en esa ciudad los días 30 y 31 de julio. Un paso que podría seguir con el propio Miguel Ángel Pérez Triano.

La magistrada ha solicitado a diferentes organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido en relación con los hechos, los destinatarios de los mismos y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. “Resulta de particular relevancia la diligencia que tiene como finalidad reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado”, explica en un auto.

Entre esos organismos incluye a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior: quiere que aporten “todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva” y que detallen que respuesta se dio.

El delegado del Gobierno en Ceuta confirmó este lunes su dimisión y su decisión también de abandonar la política. “Lo fácil hubiera sido irme el 30 de julio. Se me ha criticado por gran parte de asuntos en los que no tengo competencias”, dijo en una comparecencia sin preguntas en la que defendió su trabajo y el de su equipo en base, precisamente, a los informes previos remitidos.