El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), el jesuita José María Tojeira, dijo hoy que las ejecuciones extrajudiciales, supuestamente perpetradas por la Policía y el Ejército, “no frenan la violencia en El Salvador”.
“Las ejecuciones extrajudiciales que se están dando en el país no frenan la violencia, sino que la exacerban, la aceleran y la vuelven más compleja y difícil de erradicar”, manifestó Tojeira en una conferencia de prensa.
Ante está situación, el jesuita aseguró que el Idhuca insiste en que debe de haber un trabajo gubernamental “muy fuerte y disciplinario en contra de estas prácticas y una investigación a fondo de parte de la autoridades competentes para erradicar estas acciones”.
Señaló que a esta entidad le “preocupa la ejecución de estas acciones, porque la continuación de ejecuciones extrajudiciales amenaza con desnaturalizar a la Policía, lo que sería un atentado muy grave a los acuerdos de paz”.
El jesuita instó a las autoridades de seguridad salvadoreñas que “tomen medidas de control internas más eficaces” y abordar el tema de la violencia de una forma integral y respetando los derechos humanos de la población.
El Idhuca, en la actualidad, atiende más de 10 casos de ejecuciones extrajudiciales, a los que brinda su acompañamiento y asesoramiento.
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, dijo recientemente que investiga al menos 40 ejecuciones extrajudiciales supuestamente perpetradas por miembros de la Policía y el Ejército en 2017.
Estas se suman a las al menos 119 supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad en diversas reyertas con presuntos miembros de pandillas entre 2013 y 2016, cuyas indagaciones en la PDDH inició el antecesor de Caballero, David Morales.
Una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana dada a conocer el pasado 24 de julio da cuenta de que más del 30 % de los salvadoreños aprueban la utilización de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes o pandilleros.
El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que poseen más de 600 células en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los homicidios, que en 2015 y 2016 alcanzaron los 103 y 81,7 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.