El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a diferentes organismos públicos que le remitan toda la documentación sobre 23 adjudicaciones concedidas durante la segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar a un constructor que aparece como donante irregular del PP en los 'papeles de Bárcenas'. Estas diligencias se enmarcan en la línea de investigación del cohecho –contratos públicos a cambio de mordidas en dinero negro– que el juez José de la Mata reabrió recientemente en el marco del caso de la caja B y de las que ahora se encarga Pedraz de forma temporal al haber sido su compañero destinado a La Haya.
El auto que firma este viernes el juez, y al que ha tenido acceso elDiario.es, pone bajo el foco adjudicaciones concedidas por el núcleo duro del Gobierno de Aznar desde siete ministerios. Al frente de los departamentos investigados estaban en el momento de las concesiones Mariano Rajoy (Interior), Rodrigo Rato (Economía), Francisco Álvarez-Cascos (Fomento), Federico Trillo-Figueroa (Defensa), Cristóbal Montoro (Hacienda), Pilar del Castillo (Educación) y Elvira Rodríguez (Medio Ambiente).
Las diligencias ordenadas por Pedraz traen de nuevo a la actualidad la revelación que el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, realizó el 13 de octubre de 2016, durante el juicio de la Primera Época de la trama. Aquella tarde en la Audiencia Nacional, Correa aseguró que la gran obra pública licitada por el Consejo de Ministros de José María Aznar incluía una mordida de entre el 2 y el 3% en comisiones para financiar de forma irregular al Partido Popular.
“Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova”, respondió Francisco Correa a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.
La constructora aludida por Pedraz en sus diligencias, Assignia, era propiedad de Alfonso García Pozuelo, un empresario que ya fue condenado a dos años de cárcel tras reconocerse culpable en el primer gran juicio de Gürtel. El magistrado pone ahora el foco en 23 adjudicaciones de obras entre 2002 y 2004 cuyo montante global ronda los 600 millones de euros. Algunos de los contratos se concedieron a Uniones Temporales de Empresas (UTE) en las que Assignia participaba junto a otras sociedades, la mayoría donantes en la contabilidad paralela del PP que durante años fue plasmando en apuntes Luis Bárcenas, caso de Copasa, Copisa, Sando o Azvi.
Los contratos de mayor importe que se investigan corresponden al Ministerio de Fomento en la partida de carreteras, trayectos de vía férrea y aeropuertos. El departamento de Álvarez-Cascos adjudicó a Assignia, Fernández Constructor, Azvi y Copcisa la construcción del tramo de Pajares en la línea del AVE entre León y Asturias por 188.159.485,29 euros en 2003. Se trata de la adjudicación más cuantiosa de las investigadas. Hay otro contratos de este departamento que rondan los 70 millones de euros por un tramo de autovía en Castilla y Léon y varios en torno a los 30 millones. “Carreteras, autopistas, AVE…”, recitó Correa hace cuatro años en su declaración durante el juicio de Gürtel.
Las afirmaciones de líder de la Gürtel en el juicio provocaron que el juez de la caja B entonces, José de la Mata, le llamara a declarar para que se ratificara en esa pieza y ofreciera más detalles. Sin embargo, Correa se echó atrás. Según publicó elDiario.es, antes había recibido la visita en prisión de Javier Iglesias, el abogado al que el comisario Villarejo y sus colaboradores denominan El Largo en las grabaciones incorporadas a la causa Tándem y al que describen como su contacto con Mariano Rajoy cuando este era presidente del Gobierno. Iglesias alegó que la visita respondió al interés de Correa por que se incorporara a su defensa.
Entre los contratos que reclama Pedraz que no pertenecen al Ministerio de Fomento destaca uno de Defensa para la construcción del nuevo acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama. Fue adjudicado en 2002 a la constructora de García Pozuelo en exclusiva y ascendió a 30.658.649, 53 euros. Más allá de carreteras y obras de AENA, también sobresale una adjudicación del Ministerio de Educación para la rehabilitación de la nueva sede del Archivo Histórico y Provincial y Biblioteca Pública del Estado, licitado por el departamento de Pilar del Castillo el 8 de agosto de 2003, y que fue asignado a Assignia y Castilla de CNES por 12.984.749,74 euros. En tiempos de Montoro, la Agencia Tributaria licitó 2,5 millones para la construcción de un nuevo edificio en Avilés.
Rajoy construyó una comisaría en el pueblo de Cotino
El Ministerio del Interior del segundo Gobierno de Aznar licitó el 12 de mayo de 2002, siendo Rajoy titular del departamento, la construcción de la nueva comisaría de Policía en Xirivella, en la provincia de Valencia. Se trata de la localidad de nacimiento de Juan Cotino, por aquel entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía. Cotino falleció el pasado mes de abril cuando estaba siendo juzgado por corrupción en otra pieza del caso Gürtel, la de la visita del Papa a Valencia. La constructora de García Pozuelo fue la adjudicataria de la obra por valor de 1,4 millones de euros.
El Instituto de Turismo de España (Turespaña), dependiente del Ministerio de Economía entonces, adjudicó el nuevo Parador de turismo de Lorca a Assignia por 9.014.727, 50 euros. La licitación es del 30 de mayo de 2003 cuando el titular del Ministerio era Rodrigo Rato y el secretario de Estado de Turismo era Juan Costa.
El inspector jefe Manuel Morocho, instructor policial de los casos Gürtel y caja B, es el impulsor de esta nueva vía de investigación. El agente entregó un informe en noviembre al juez en el que afirmaba: “Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP”. Assignia es la otra constructora de García Pozuelo que tuvo que vender para saldar su deuda de 20 millones con el fisco, derivada del caso Gürtel.
Tras recibir el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sobre la solicitud policial, Pedraz reclama “el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación” de las 23 adjudicaciones citadas. Se trata de la continuación del trabajo que inició en secreto el pasado abril José de la Mata. Con el levantamiento del secreto del sumario en septiembre se conoció que una grabación incautada al empresario Rafael Palencia en el caso Lezo –otra trama de corrupción que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González por las contrataciones del Canal de Isabel II– había servido al inspector jefe Morocho para repasar toda la documentación obrante en el sumario de Gürtel y caja B y encontrar nuevos indicios de que la caja B recibió donaciones a cambio de adjudicaciones concretas, una línea de investigación cerrada en 2015 por falta de indicios después de que una veintena de grandes empresarios de la construcción hubieran estado imputados en el caso.