Un miembro de Movimiento Sumar que acusó a Lara Hernández de acoso la denunció ante la Inspección de Trabajo
Las acusaciones de acoso laboral contra la ya excoordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, serán investigadas por la Inspección de Trabajo. Una de las seis personas pertenecientes al partido que denunciaron a Hernández ante los órganos internos de la formación —y que, hace unos días, decidieron retirar esos expedientes— registró el pasado junio una denuncia ante este organismo autónomo, adscrito al Ministerio que lidera Yolanda Díaz, para que inicie pesquisas en relación a este supuesto maltrato laboral, que Hernández niega que se haya producido.
Fuentes conocedoras del contenido de estas denuncias aseguran que Inspección de Trabajo ha iniciado ya la investigación sobre los supuestos episodios de acoso laboral. Según obra en la documentación a la que ha accedido elDiario.es, técnicamente el denunciado es el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, en el que se integra Movimiento Sumar, el partido que coordinaba Hernández hasta que dimitiera el miércoles pasado, después de que se sobreseyeran los expedientes internos contra ella. Fuentes de la Inspección, no obstante, explican que este es el procedimiento habitual, puesto que las competencias del organismo se circunscriben a exigir responsabilidades a los empleadores en el caso de que las acusaciones se demuestren ciertas, y no al causante de la infracción.
Contactada por este periódico para valorar la existencia de esta denuncia, Hernández asegura tener “la conciencia muy tranquila” y afirma que no tiene “miedo” porque la Inspección de Trabajo es “el lugar correcto” para poder defenderse. Además, la excoordinadora de Movimiento Sumar sostiene que “la filtración de este expediente una señal más de que estamos ante una operación política que no se ha detenido” con su dimisión.
Asimismo, Hernández explica que no ha recibido ninguna notificación del organismo informándole de la apertura de este procedimiento, y confirma que tampoco se ha puesto en contacto con ella para requerir su versión de los hechos. Fuentes de la Inspección, de nuevo, aclaran que esto no es inusual: el ente tiene deber de mantener el secreto de sus actuaciones para proteger al denunciante, y no tiene obligación de notificar sus pesquisas ni a la empresa —en este caso, al grupo parlamentario de Sumar, liderado por la portavoz Verónica Martínez— ni a quienes se acuse en las denuncias.
Las fuentes del grupo de trabajadores a los que Hernández supuestamente acosó laboralmente rechazan ofrecer detalles sobre los hechos denunciados. Los únicos pormenores sobre el presunto maltrato que habría ejercido la excoordinadora durante su etapa al frente de Movimiento Sumar los dio la ex secretaria de Organización del partido, Laura Moreno, en la carta en la que anunció su dimisión hace unas semanas. En dicha misiva, la exdirigente acusaba a Hernández de haberla “apartado progresivamente” de sus responsabilidades y de haberla dejado “aislada de las estructuras de Movimiento Sumar”, informaba de la existencia del procedimiento interno contra la entonces coordinadora por “comportamientos preocupantes hacia algunos trabajadores” y aseguraba haber “sufrido un deterioro” en su “salud mental” que había conllevado “ansiedad crónica, medicación y tratamiento”.
Durante su comparecencia del miércoles pasado, en la que anunció su dimisión como coordinadora de Movimiento Sumar y el cese de su militancia en el partido fundado por Yolanda Díaz, Hernández se proclamó “inocente”, aseguró que “jamás” ha “acosado a nadie” y afirmó haber sido víctima de una “campaña de desprestigio”. “Todos los bulos, injurias y calumnias contra mí se han demostrado falsas”, sostuvo la dirigente.
Esa afirmación, no obstante, no es precisa: como las seis personas del partido que la habían denunciado ante la comisión antiacoso de la organización decidieron retirar sus acusaciones, dicho órgano no entró a valorar el fondo de las mismas y se limitó a archivar el caso al no haber ya lugar a seguir investigándolo.
Fuentes de la Inspección de Trabajo explican que, de manera ordinaria, el organismo tiene un plazo de nueve meses para realizar sus actuaciones. Como la denuncia se presentó a principios del mes de junio, la investigación puede dilatarse hasta marzo del año que viene.
Por tanto, Movimiento Sumar celebrará el próximo sábado su asamblea extraordinaria con un proceso contra su exlíder aún abierto. La portavoz parlamentaria Verónica Martínez y la secretaria de Estado Rosa Martínez serán elegidas nuevas co-coordinadoras del partido en dicha cita, que la nueva dirección quiere que suponga el cierre de la guerra interna desatada hace meses y que se dio a conocer a la opinión pública tras la sonora dimisión de Laura Moreno como secretaria de Organización.