“La ley no se ha aprobado. Se devuelve al Congreso. Enhorabuena, Irene…”. Así se jactaba el pasado 19 de julio el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, por la votación que aceptaba una enmienda (ya votada en el Congreso) a la conocida como ley del solo sí es sí, lo que ha retrasado su entrada en vigor. Apenas dos semanas después, la oleada de ataques a mujeres que denuncian haber sufrido pinchazos con jeringuillas por parte de desconocidos en lugares de ocio ha empujado al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo a “exigir un protocolo de actuación y seguridad” por la “por la alarma social” y que “la sumisión química” sea incluida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya renovación está prevista para este mismo año. Pero precisamente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que el PP rechaza ya contempla un endurecimiento de las penas en estos casos.
La coordinadora de Políticas Sociales del PP en el Congreso, Marta González, ha comparecido este miércoles ante los periodistas para anticipar que su partido registrará una proposición no de ley para “actualizar” el pacto de Estado, algo que ya acordaron todos los grupos parlamentarios (excepto la ultraderecha) en noviembre de 2021 y que, por calendario, toca hacer cuando se reactive la actividad parlamentaria en septiembre. El pasado 22 de julio, hace dos semanas, todas las comunidades autónomas del PP apoyaron el nuevo pacto en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
González ha asegurado que el PP está dispuesto a incluir en dicha iniciativa medidas concretas sobre la sumisión química ante la “gran preocupación” que se ha generado “en toda la geografía española” por “los ataques que reciben algunas mujeres con jeringuillas”. Eso sí, la dirigente del PP ha asegurado que “existe cierta duda” de que sea “un nuevo método de sumisión quimia o simplemente una terrible manera de infundir miedo y temor en las mujeres”.
Sin embargo, la ley del solo sí es sí que su partido rechaza califica como “agresión sexual” la “denominada 'sumisión química' o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima”. Algo hasta ahora no contemplado de forma expresa. Además, “se introduce la circunstancia cualificatoria agravante específica de género en estos delitos”.
Así, el artículo 180 de la norma, que será ratificada definitivamente por el Congreso este mes de septiembre, determina una pena de hasta 15 años en caso de agresión con penetración y “cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto”. Para una agresión sexual sin penetración, la pena será de hasta ocho años.
La norma también establece que el uso de “fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química” para la sumisión de menores de 16 años implicará que la pena (otra vez, de hasta 15 años según las circunstancias) se aplique en su mitad superior.
Marta González ha señalado además que “no ha habido respuesta por parte de los ministerios implicados” tras la cadena de denuncias de los últimos días. “Solo un tuit de la ministra de Igualdad”, Irene Montero, ha dicho. Y ha añadido: “No hay respuesta de Interior ni de Sanidad, que tendría que establecer un protocolo de actuación que dé una respuesta uniforme y devuelva la seguridad a las jóvenes”.
El “tuit” al que se refiere González es en realidad un hilo de mensajes en los que Montero explica que Igualdad ha firmado con la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos un protocolo precisamente para intentar evitar hechos así y que se puedan poner en marcha los protocolos de actuación ante una agresión en el mismo lugar.
También la semana pasada se firmó un acuerdo con el Ministerio de Transportes para que los llamados puntos violetas lleguen “a las estaciones, trenes, aeropuertos y puertos del Estado”.
El ahorro energético, un peligro para la “seguridad de las mujeres”
Marta González ha aprovechado para ahondar en las críticas del PP al real decreto ley de ahorro energético aprobado por el Gobierno el pasado lunes y ha asegurado que su contenido puede suponer “problemas” relacionados con “la violencia de género y en concreto con la violencia sexual”.
Para González, hay “una derivada” del decreto “y que implicaría que las ciudades, los comercios y las calles estuviesen apagadas prácticamente de manera completa llegada una determinada hora”. “Esta medida”, ha concluido la dirigente gallega, muy próxima a Feijóo, “puede tener consecuencias positivas desde el punto de vista del ahorro energético, pero las puede tener muy negativas en relación a la seguridad de las mujeres”. “Al Gobierno no le preocupa, no le hemos visto mencionarlo”, ha zanjado.
González se suma así a la tesis de Isabel Díaz Ayuso, quien ha arremetido contra la propuesta del Ejecutivo por generar, supuestamente, “inseguridad”. Pero el real decreto ley en ningún caso menciona la necesidad de apagar el alumbrado viario público, sino los escaparates de las tiendas que están cerradas o las luces de los edificios públicos también cuando los trabajadores hayan abandonado las instituciones.
Quien sí pidió limitar el alumbrado público por la noche fue Alberto Núñez Feijóo. Otro ejemplo de los equilibrios que está haciendo el PP para criticar al Gobierno a la vez que defiende las medidas de ahorro impulsadas por la Comisión Europea, que preside una aliada política, Ursula Von der Leyen, y para no desautorizar a Ayuso, quien abogó en un primer momento por la insumisión a la ley de las administraciones controladas por la derecha.