Gobernar en solitario. Fue la promesa que hizo Alberto Núñez Feijóo a los suyos para ser reelegido presidente del PP en julio de 2025. 15 meses después, a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre, Feijóo no solo reconoce que solo podrá gobernar en coalición con la ultraderecha, sino que abre la puerta de sus propias listas electorales a Vox. Del “no habrá coalición, es un compromiso” de 2025 al “si Vox está a la altura, el PP también estará a la altura” de 2026.
“Estamos hablando y vamos a seguir hablando”, reconoció Feijóo este martes en una entrevista. Se refería a Vox y al “acuerdo” que unas horas antes había avanzado en público el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal. Como la coalición ya no es posible por los plazos legales, el PP se plantea dos opciones (o la combinación de ambas): que Vox se retire en algunas provincias y/o que se integre en las listas del PP. Así lo ha hecho el PP en Navarra con UPN y en Asturias con Foro, según expuso Feijóo, quien comparó expresamente a Vox con estos dos partidos autonómicos minoritarios.
Feijóo explicó que “hace falta una mayoría muy sólida que debe respaldar al [próximo] presidente del Gobierno”. “Esa mayoría hay que completarla”, añadió, lo que implica que el líder del PP reconoce la imposibilidad de que su partido gobierne en solitario tras el 29N.
Pero el PP y Vox van más allá y tienen un objetivo claro: dominar las tres quintas partes del Senado para controlar el Tribunal Constitucional durante la próxima década. Así lo expuso el propio Feijóo: “Tenemos el compromiso de no entregar el Senado al 'sanchismo', no solo para optar a la mayoría absoluta, sino para poder conseguir los 3/5” del Senado. “Trabajaré para ello y que la otra parte esté a la altura”, zanjó.
Las palabras de Feijóo fueron inmediatamente ratificadas por sus portavoces. Incluido Borja Sémper, quien en 2020 abandonó la política y se pasó a la empresa privada tras renegar de la estrategia de su entonces jefe de filas, Pablo Casado. “Si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás a las trincheras yo no pinto nada en política. No me sentiré útil”, dijo entonces. “Hay que hacer cosas para garantizar el cambio en España”, sostiene ahora para justificar el giro de su líder, y el suyo propio.
Aquel PP de Casado del que renegaban quienes hoy lideran el partido optó también por una portavoz muy dura en el Congreso. Cayetana Álvarez de Toledo lideró un reducido grupo parlamentario durante unos meses, hasta que cayó en desgracia y fue sustituida por Cuca Gamarra.
La diputada hispanoargentina pasó al ostracismo y se sacudió el rencor en unas memorias vengativas. Pero hoy está de regreso y su nombre suena con fuerza para ser la ‘número dos’ de Feijóo en Madrid. Aunque no lo fuera, es portavoz adjunta en el Congreso y cuenta con el máximo respaldo del todopoderoso Miguel Tellado, el secretario general del PP. Su rol es claro y lo dijo ella misma: que Vox “deje de existir”.
Pero el PP no solo quiere controlar el Constitucional. También quiere sacar del censo electoral a un número indeterminado de españoles que han logrado la nacionalidad gracias a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La conocida como ‘ley de nietos’ se ha convertido en uno de los caballos de batalla del PP. El Tribunal Supremo ha ordenado detener la inscripción de los nacionalizados hasta verificar si cumplen unos requisitos que hasta ahora nunca se habían reclamado. “Una cosa es tener un pasaporte y otra cosa es tener derecho a voto”, dijo Feijóo en su entrevista, muy en consonancia con las posiciones que mantiene Vox, que también rechaza la norma.
Según el PP, no tiene sentido que voten personas que nunca han residido en España. Pero ninguno de ellos se quejó cuando el Gobierno de Mariano Rajoy dio la nacionalidad (y el derecho al voto) a los descendientes de los judíos expulsados de España por Isabel la Católica hace más de medio milenio.
La “experiencia” de las comunidades autónomas
El auge de las figuras más derechizadas del PP ha ido acompañado de la reedición de los gobiernos autonómicos de coalición con Vox. Y Feijóo se ha parapetado tras ellos para justificar su giro estratégico.
El líder del PP dijo el martes que su partido tiene “experiencia” y un “marco de negociación con Vox” que ya funciona “en cuatro comunidades autónomas”: Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. “Tenemos ya una experiencia de lo que ha funcionado y una de la que no ha funcionado”, aseguró, en referencia a los gobiernos fallidos del bienio 2023-2024. “Tenemos un marco de mayor confianza, de mayor lealtad y de mayor responsabilidad. Aquí todo el mundo tiene responsabilidad. Tiene la responsabilidad de la lealtad y de la firmeza en el gobierno”, remachó.
Este mismo martes, el PP y Vox anunciaron su intención de mutilar la Ley de la Cámara de Cuentas andaluza para retener el control del órgano que fiscaliza los fondos públicos. En Aragón se han eliminado ayudas a menores migrantes por valor de 17 euros semanales y ha limitado las asistencias postparto a las mujeres extranjeras. En la Comunitat Valenciana (donde el acuerdo es parlamentario) la “prioridad nacional” se ha extendido el doble de lo permitido por la UE. En Castilla y León se ha impuesto la censura previa ideológica. En Extremadura, el Gobierno de María Guardiola ha bajado los impuestos a la empresa dueña de Almaraz.
Son solo algunos ejemplos de medidas que ya son reales y que las derechas planean extender al resto de España si logran sumar 176 diputados en las elecciones del 29 de noviembre.