El PSOE murciano ha respondido hoy al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, que tres de los cuatro delitos por los que será investigado por el TSJ provincial en el caso Auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras son considerados de corrupción según la ley regional de Transparencia.
En un comunicado, el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, precisa que se trata de los de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude contra la administración pública, por lo que solo quedaría fuera de esa consideración el de falsedad en documento público.
Todos ellos están específicamente contemplados como de corrupción en el artículo 54 de esa ley, aprobada en mayo de 2016 por unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos).
El artículo dice que cuando un cargo público electo sea imputado por “la presunta comisión de los delitos de los artículos del 404 al 444 y del 472 al 509 del Código Penal, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y la obligación de preservar el prestigio de las instituciones”.
“El empecinamiento de Sánchez en no asumir su responsabilidad política en este caso es perjudicial para la economía y degrada la imagen que se da de los murcianos en el resto de España”, ha señalado González Tovar sobre la situación procesal del jefe del Ejecutivo regional, a quien ve “cada vez más cercado”, en “una situación insoportable para la Comunidad y de agonía para él”.
Para el también portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento murciano, “el PP está tan acostumbrado a defender a los implicados en la trama Gurtel y a Luis Bárcenas que esta situación no les parece rara, porque para ellos la corrupción está normalizada”.
Pedro Antonio Sánchez ha negado hoy que se le investigue por corrupción y ha afirmado que el caso Auditorio, que desde ayer ha asumido el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) por su condición de aforado, es una “cuestión absolutamente administrativa”.