Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han apuntado directamente al fiscal general del Estado como máximo sospechoso de la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla. Durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general”, ha dicho el teniente coronel Antonio Balas, autor del informe clave del caso. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han lanzado reproches a estos agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil por omitir hechos relevantes en sus informes.
Balas ha apuntado directamente al fiscal general como el filtrador del correo a la Cadena SER en la noche del 13 de marzo de 2024. Y, aunque no forma parte del procedimiento, ha apuntado incluso a que la denuncia contra el empresario Alberto González Amador y el expediente tributario fueron filtrados a la prensa desde la Fiscalía General del Estado.
“Toda la información que aparece el día 12 [cuando elDiario.es publica la exclusiva sobre el caso] se compadece con lo que tiene la Fiscalía General, no con lo que tiene la Fiscalía Superior ni nada”. Según el teniente coronel, la publicación de esa información es un “precedente” que “muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla y durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general”.
“Las premisas de las que parten sus conclusiones no me parecen correctas”, le ha dicho el fiscal durante el interrogatorio. El representante del Ministerio Público ha buscado evidenciar que en ese informe se omitieron noticias y se omitió también que muchas más personas, además de Álvaro García Ortiz, pudieron tener acceso al correo antes de su publicación en la prensa.
También la abogada del Estado, Consuelo Castro, ha reprochado las “interpretaciones creativas” y las “inferencias” de los agentes. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, ha justificado el teniente coronel de la UCO para tratar de argumentar por qué en ese informe no figura alusión alguna a, por ejemplo, las más de 400 personas que pudieron tener acceso al expediente fiscal del caso.
“Lo que usted marca sí que es una investigación prospectiva e imposible de abarcar. Pero en esto y en cualquier otra investigación que uno pueda acometer”, ha respondido Balas, quien ha recordado a la defensa de García Ortiz que su trayectoria profesional se remonta al año 1999. “Todo lo que se ha filtrado de manera textual estaba previamente en poder de la Fiscalía General del Estado”, ha reiterado el agente. “Y de 600 personas más”, ha apostillado la abogada del Estado.
En un momento posterior, Balas ha reconocido que, en sus informes clave del caso, nunca se tuvo en cuenta que el abogado de González Amador envió su confesión a un correo genérico al que tenían acceso 16 personas. “¿Sabía usted que ese correo fue enviado a una cuenta genérica a la que tenían acceso 16 personas?”, le ha preguntado Castro. “No me consta”, ha respondido.
Del “papel preeminente” al “dominio de la acción”
El teniente coronel ha justificado no incluir en su primer informe varias noticias clave del caso: la de La Sexta a las 22.10 horas de esa noche y la intervención en la Cadena SER a las 23.20 horas, antes de publicar su información en la web. “No hay ningún entrecomillado, ninguna cuestión que se compadezca con el correo”, ha dicho sobre la primera noticia. Lo mismo sobre la segunda: “Cuando el conductor del programa le pregunta por la fecha marca una fecha errónea, ahí todavía no se ha producido la filtración del correo que después reproduce la web de la SER”.
Este mismo agente ha apostillado y apuntado al periodista de la SER: “Nos parece curioso que llame al fiscal general a esa hora cuando es una cuestión de la Fiscalía de Madrid”. La llamada, como ha explicado el propio periodista Miguel Ángel Campos, no fue contestada por el fiscal general y los cuatro segundos registrados se corresponden con el buzón de voz de García Ortiz.
Uno de los agentes ha ratificado que el correo con la confesión de la pareja de Ayuso llegó al email del fiscal general a las 21.59 horas de la noche del 13 de marzo de 2024, pero han apuntado a que podía conocer antes de su existencia: “Se debe conocer que los correos existen para solicitarlos”. Su informe apuntaba al “papel preeminente” del fiscal general en toda la búsqueda de información y este miércoles uno de los agentes ha ratificado: “El dominio de toda la acción corresponde al fiscal general, como es normal, la Fiscalía es una institución jerarquizada”.
Uno de los agentes ha expuesto más deducciones sobre por qué se filtra el correo y se ha deslizado que el contenido de la confesión se filtró a la prensa para que la Fiscalía pudiera hacer el comunicado del 14 de marzo sin miedo a las consecuencias. “Lo que posibilita que pueda ser llevado a cabo es que a las 23:51 horas hay una noticia”, ha dicho el agente sobre la pieza de la Cadena SER que expuso el contenido del email. Cuando, a la mañana siguiente, lo publica El Plural en su integridad poco después de las nueve de la mañana, “ya lo tiene blanqueado”, ha añadido.
Los registros en la Fiscalía: “Es inviable una selección previa”
Además de estos agentes, que se han ratificado en sus informes, una decena de guardias civiles que intervinieron en los registros en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Madrid de octubre de 2024 han justificado haber clonado toda la información del teléfono y el ordenador del fiscal general, y no haberlo hecho de forma selectiva. “Es inviable durante la entrada y registro hacer selección previa, eso se hace en la fase de análisis. Yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando”, ha afirmado uno de los agentes.
“Al teléfono del fiscal general no pudimos acceder, puesto que estaba borrado”, ha explicado otro de los agentes. Si saben que usó la aplicación WhatsApp, han añadido, es “a través del teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez”. El 23 de octubre de 2024, una semana después de la apertura de la causa, el fiscal general cambió “de terminal”, y solo identificaron un formateo desde el verano del año anterior. “Se puede determinar que ha existido un borrado”, ha dicho otro agente, que ha añadido que el borrado se extendió a la cuenta: “Cuando se intenta hacer una recuperación de la copia de seguridad se comprueba que esa cuenta ha sido eliminada recientemente”.
El primer agente de la UCO que ha declarado en el juicio ha explicado que estuvo presente en los registros de octubre del año pasado en la Fiscalía y que en ese momento García Ortiz ya avisó de que había cambiado recientemente de teléfono: “Se nos dijo que había cambiado de teléfono, no recuerdo la fecha exacta, pero llevaba poco tiempo con el teléfono”. Tanto el fiscal general como el personal de la Fiscalía, ha añadido este agente, estuvieron “colaboradores” durante la diligencia.
Las acusaciones consideran que este borrado masivo de datos por parte de García Ortiz –una semana después de que fuera público que el Supremo había abierto una causa contra él y una semana antes del registro de su despacho– es un indicio de ocultación de pruebas y también de culpabilidad.
“Se nos dijo que había cambiado de teléfono”
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía intentan demostrar que los registros ordenados por Ángel Hurtado –avalados por la Sala de Apelaciones– fueron excesivos y recopilaron información de su ordenador, teléfono y correo de forma desproporcionada. Copiaron contenido del teléfono, de sus correos y de un disco duro, donde en días anteriores se había hecho una copia del ordenador de sobremesa. “Existía una copia de ese ordenador, se acababa de cambiar recientemente. Se hizo una copia total del disco duro”.
Esa copia, ha añadido este primer agente, “se devolvió a la Fiscalía”. Uno de sus compañeros ha especificado que es “imposible” hacer volcados de datos de forma selectiva: “El volumen de información es tanta que revisar uno por uno archivos es inviable. Técnicamente, es imposible filtrar por fechas”. “Cuando se realiza el volcado de un móvil no se puede seleccionar un tramo de fechas concreto”, ha apuntado otro.
En ese mismo sentido se han pronunciado los agentes que registraron ese mismo día el despacho de Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid entonces investigada y hoy exonerada de cuyo teléfono salieron los mensajes clave para impulsar la acusación del caso. “En el acta se hizo constar que determinadas descargas tenían que hacerse de todo el periodo que existiese”, ha añadido uno de ellos.
Este miércoles estaba prevista la declaración de hasta 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: la unidad policial a la que el Supremo encomendó investigar este caso a las órdenes del juez Ángel Hurtado. Su firma está en los informes clave del caso y muchos estuvieron en los registros en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, la primera diligencia que el juez puso en marcha y bajo secreto de sumario.
Uno de estos agentes es el citado Balas, instructor del informe sobre los mensajes que encontraron en el teléfono de Pilar Rodríguez y que también al frente de la investigación policial de otros casos como Koldo, Montoro o el supuesto “soborno” del propio González Amador a un directivo de Quirón y cuyo nombre ha aflorado como una de las personas contra las que Leire Díez cargaba en sus grabaciones.
Balas ya compareció en fase de instrucción ante Hurtado. Entonces ratificó sus informes y protagonizó un tenso interrogatorio a preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Reconoció que su primer informe –clave en la instrucción que impulsó Hurtado y que la Abogacía considera nulo– omitió datos relevantes de la tarde del 13 de marzo, por ejemplo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez.