La Audiencia Nacional impone una fianza de un millón de euros a un encarcelado por una gran estafa con criptomonedas

La Audiencia Nacional ha impuesto a Javier Biosca una fianza de un millón de euros para salir de prisión, donde permanece desde el pasado mes de junio investigado en la primera macroquerella por un presunto delito de estafa con criptomonedas en España. 

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estiman parcialmente un recurso de Biosca contra los autos del Juzgado Central de Instrucción 1, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza, y modifican la medida por la prisión eludible con fianza de un millón de euros, como pedía la Fiscalía. 

El auto señala que “existen indicios de la participación del recurrente en hechos calificables como delito continuado de estafa” y que es “indudable que los contratos celebrados con los inversores no excluyen la existencia del engaño característico del delito de estafa”.

Sin embargo, indica que ha habido “un cambio de circunstancias respeto a la situación existente en junio de 2021, cuando se acordó la prisión provisional”. En concreto, señala “el efecto atenuador del tiempo transcurrido” en el riesgo de fuga de Biosca y el avance de la instrucción en el peligro de destrucción o alteración de fuentes de prueba, que “es menor también, o casi inexistente”. 

Además, el escrito recoge que “no hay elementos suficientes para concluir que una eventual puesta en libertad pudiera poner en peligro bienes jurídicos de la víctimas, ni siquiera en cuanto a las inversiones en criptomonedas” porque “la existencia de movimientos de estos activos durante la permanencia en prisión provisional” de Biosca “determinan la escasa o nula repercusión en este aspecto de aquella medida privativa”. 

Biosca fue detenido el pasado 7 de junio, investigado por un presunto delito de estafa, blanqueo y organización criminal. En 2019 había empezado a operar a través de un negocio financiero que prometía altas rentabilidades semanales gracias a la inversión en criptomonedas y que no estaba controlado por ningún organismo. Los querellantes apuntan a un supuesto esquema Ponzi, en el que el investigado cumplía con los pagos a los inversores gracias a los fondos de los nuevos, que captaba gracias al boca a boca. 

Según la defensa, algunos de los reclamantes no son perjudicados, al reconocer que se beneficiaron, por lo que se trataría de una cuestión civil y no penal. Además, afirman que en caso de tener consideración delictiva, “en virtud del informe de la UDER y de la documentación aportada por los presuntos perjudicados, no se puede determinar la cuantía, pero podría ascender a 8 millones” y no 800, como cifran los querellantes.

Informa David Noriega.