Empezamos con un aviso: se viene un viernes movidito. Esta mañana, la pareja de Ayuso declara en el Supremo para explicar a cuánta gente envió su confesión: Alberto González Amador comparece por primera vez como testigo, donde ratificará sus acusaciones contra el fiscal general, pero también tendrá que aclarar por qué ocultó durante un año a los tribunales que su abogado envió su propuesta de pacto a la Abogacía del Estado y no solo a la Fiscalía como afirma su querella. Te contaremos qué sale de todo esto.
Pero hay más, claro: ayer, el Juzgado de Badajoz decidió enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez y al presidente de la Diputación de Badajoz. Estas son las claves del otro frente judicial y mediático que cerca al presidente del Gobierno.
Tenemos crónica de Iñigo Sáenz de Ugarte, titulada 'Putas, paradores y sanchismo, la combinación que pone cachondo al Partido Popular', tras la comparecencia de la ministra Pilar Alegría en la comisión de investigación del Senado a la que la convocó el PP.
- Y sobre esto escribe su columna Esther Palomera, que también dice bastante con su título: 'Sobre la infame jauría'
Convocadas por distintos grupos antifascistas, partidos y organizaciones de izquierdas, cientos de personas se han concentrado este viernes a última hora de la tarde en la Plaza de Tirso de Molina de Madrid para hacer frente y mostrar su repulsa ante una marcha de extrema derecha que ha recorrido parte del centro de la capital lanzando consignas xenófobas y contra los migrantes.
Los asistentes a la protesta de Tirso de Molina han coreado consignas como “aquí están los antifascistas” o “no pasarán”. La estación de metro de Sol, cercana a esta céntrica plaza y por donde estaba previsto que cruzara la marcha neonazi permanece cerrada por orden de las autoridades.
Unas 500 personas se manifiestan por el centro de Madrid entre consignas falangistas y contra la inmigración. Organizados bajo la asociación Núcleo Nacional, un nutrido grupo de personas vestidas de negro y portando banderas de España sin el escudo han vitoreado al fundador de la falange José Antonio Primo de Rivera.
“España, cristiana y no musulmana”, “esas lecheras a la frontera” o “arriba España” son algunos de los lemas que corean en su tránsito por el centro de la capital, en una marcha rodeada de un fuerte despliegue policial. Los manifestantes mezclan continuamente cánticos racistas y xenófobos con loas falangistas.
Informa Alberto Ortiz
El diputado y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que cite como testigos al presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, a su exasesor Koldo García y a la empresaria Leonor González Pano, después de que esta afirmara a El Español que el dirigente de la aerolínea habría pagado 500.000 euros al ex mandatario socialista a cambio del rescate a la compañía a través de su entonces asesor.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos pide llamar a estos tres testigos porque “Pano ha afirmado que se produjo el pago de 500.000 euros, así como otros más, como consecuencia de las gestiones para acelerar la concesión del rescate estatal de 475 millones de euros a Air Europa; que sobornaron para conseguirlo a Ábalos; y que al parecer esos 500.000 euros se entregaron a Koldo en una bolsa de deportes” para que se los entregase al entonces ministro.
Las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada del PP, también han pedido la testifical de Pano por las mismas razones, de acuerdo con otro escrito. En su caso alegan que el ministro de Transportes actual, Óscar Puente, afirmó que había indicios de que Ábalos y Koldo “habrían emprendido gestiones” orientadas a que Air Europa pudiera obtener “las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad”.
Con información de Europa Press
El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado en la Conferencia Sectorial de este viernes el nuevo reparto del Plan Corresponsables, que financia proyectos de cuidado a menores de edad. La reunión se anticipaba complicada por el rechazo que habían mostrado los territorios del PP al nuevo modelo, que implica el recorte de un 25% de los fondos aportados por el Gobierno central y que a partir de ahora deberán poner las autonomías.
Sin embargo, el reparto ha salido adelante porque las comunidades gobernadas por los populares se han abstenido, según fuentes presentes en el encuentro. Durante la semana, varias habían denunciado el “tijeretazo” y “gravísimo recorte” que a su juicio supone la decisión y acusaron a Redondo de “poner en riesgo programas de conciliación” ya en marcha. Con el nuevo plan, que entrará en vigor el ejercicio que viene, Igualdad ha pasado de distribuir a las autonomías 190 millones de euros a 142,5.
Igualdad justifica el cambio de modelo en que se ha encontrado “disfuncionalidades” y “duplicidades” al tiempo que insiste en que el dinero se utilizará para otros fines dentro del ministerio. “El ministerio ha aprobado el recorte y no ha querido justificar dónde van esos fondos”, dicen fuentes del PP madrileño. Igualdad, por su parte, celebra el acuerdo y apunta a que el plan “se ha mejorado introduciendo novedades” como la “cogobernanza y corresponsabilidad financiera”, además de “una mayor transparencia”.
Informa Marta Borraz
El Senado ha dado por zanjada este viernes la crisis de seguridad abierta por el acceso irregular de dos de sus trabajadores a equipos informáticos de la propia Cámara y, según se planteó en un primer momento, de algunos senadores. Este viernes se ha reunido la Junta de Portavoces para recibir las explicaciones del “director de TICS” del organismo, bajo cuyas órdenes estaban los dos empleados ya despedidos, y del instructor del expediente sancionador. Según un comunicado del Senado, ambos habrían incidido en el carácter “personal” y no político del acceso a los equipos: “Ni infiltración masiva de datos, ni hackeo, ni espionaje, ni acceso a datos o comunicaciones de los senadores”.
“No ha habido acceso ni a ordenadores ni a equipos ni tampoco se han usado claves de senador alguno”, han apuntado ambos, siempre según la nota oficial del Senado. Según las explicaciones públicas de la Cámara, los dos trabajadores accedieron a equipos oficiales del Senado y de otros empleados para lograr algún tipo de ventaja todavía no explicada en un proceso de consolidación de puestos de trabajo. Los dos eran personal laboral y no funcionarios, lo que aspiraban a lograr.
La crisis ha puesto en duda la reputación interna del Senado y de sus dirigentes. El Senado descubrió la infiltración en octubre de 2024, y no ha informado hasta mayo de este año, pese a presumir de “actuar pronto y con diligencia”. De hecho, la primera propuesta de sanción fue de tres meses de empleo y sueldo, pero al menos uno de los empleados volvió a cometer la misma irregularidad para buscar pruebas para sus alegaciones. Pese a ello, el Senado afirma en su nota de prensa: “El asunto se detectó de manera inmediata y también tras detectarse, se actuó inmediatamente dando respuesta al tema en el sentido de investigar, iniciar un expediente sancionador y cortar el acceso al portafirmas de los trabajadores”. El PSOE ha denunciado no haber sido informados en tiempo y forma, y ha logrado que se dé traslado del caso a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos, mientras desde el PP, que controla la Cámara con mayoría absoluta, se les ha acusado de “lanzar bulos”.
Por Aitor Riveiro
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este viernes desde Pozuelo de Alarcón a la imputación de dos ex altos cargos del Gobierno regional por los protocolos de no derivación en residencias durante la pandemia, señalando que la Fiscalía “ha cambiado de criterio”.
“Es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo”, ha trasladado la dirigente madrileña ante los medios de comunicación tras visitar las obras de un nuevo centro de salud.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes 26 de mayo a las 12.30 horas a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por la demanda de decenas de fallecidos en residencias.
Con información de Europa Press
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha mostrado crítica este viernes con algunas de las medidas que ha presentado el Partido Socialista en una proposición de ley para actuar sobre el mercado de la vivienda, por ejemplo, las que ofrecen bonificaciones fiscales a los propietarios que no suban los precios.
“No estamos en absoluto de acuerdo en que las personas, los rentistas, vean exenta la tributación en el 100% en su IRPF. La justicia empieza por arriba y no son quienes tienen 8 viviendas a quienes hay que hacerles ese regalo fiscal”, ha dicho en unas declaraciones a los medios, en las que ha celebrado por otro lado que el PSOE incorpore algunas de sus medidas, como la tributación para las viviendas vacías.
Díaz ha recordado que el PSOE decía que algunas de esas medidas no eran posibles y ahora las incorpora en su ley. También ha reclamado a los socialistas que impulse la regulación del alquiler de temporada que está ya en marcha en el Congreso y que Sumar desbloqueó con el PP esta semana pese a la negativa del partido de Pedro Sánchez. “Regalos fiscales, no. La urgencia está en intervenir el mercado de la vivienda”, ha resumido la ministra de Trabajo.
Por Alberto Ortiz
La dirigente del PP Ester Muñoz ha criticado este viernes que el PSOE haya incluido salvedades en sus estatutos internos que permiten a sus cargos públicos no dimitir cuando son llamados a juicio oral. Es el caso del presidente de la Diputación de Badajoz y líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, procesado por la jueza que ha investigado el supuesto trato de favor en la contratación pública del hermano de Pedro Sánchez. Mientras, el PP mantiene en el Senado a Manuel Baltar, condenado en firme en la vía penal por el Tribunal Supremo tras ser cazado en 2023 a más de 215 kilómetros por hora con un coche oficial de la Diputación de Ourense que entonces presidía.
“El PSOE reforma sus estatutos para adecuarlos a su corrupción”, ha dicho Muñoz este viernes en declaraciones a los medios en León. “Ahora, cuando te abren juicio oral no tienes que dimitir”, ha lamentado. La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP ha proseguido: “Los partidos en el siglo XXI deberíamos vigilar acabar con los privilegios. Pero Pedro Sánchez garantiza aforamientos, están haciendo una redegenaración política”. Muñoz ha asegurado que “hace años” los partidos decidieron que “un cargo debe dimitir cuando se abre juicio oral. Gallardo no dimite, sino que se ha aforado”. La dirigente ha zanjado: “Es lamentable, inaudito”.
Pero el PP no aplica a los suyos esta máxima, recogida en sus propias normas internas. El senador Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y principal rival político de Alberto Núñez Feijóo, mantiene su acta pese a que ha sido condenado en firme por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. El tribunal le consideró “autor de un delito contra la seguridad vial”. Baltar fue cazado por la Guardia Civil cuando transitaba a esa velocidad con un coche oficial de la Diputación de Ourense. El PP sacó a Baltar de la Diputación y lo aforó en el Senado.
Lo cuenta Aitor Riveiro
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha criticado duramente a la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez durante la Comisión de Justicia del Senado que se celebra este viernes. Gómez Enríquez ha puesto en duda la “imparcialidad” del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, acusándole de anteponer “su interés” a la Carta Magna y de participar en una supuesta “degradadación institucional” que a su juicio promueve el Gobierno. “Este señor y todos aquellos incluido usted que han hecho tanto daño a la Justicia y que le están dando haciendo tanto daño para complacer a [Pedro] Sánchez deberán pagar algún día por ello y asumir las consecuencias de sus decisiones”, ha clamado la portavoz de Vox contra Conde-Pumpido y contra el propio Bolaños.
En su turno de respuesta, Bolaños no ha dejado pasar estos ataques. “Ataca usted, señora Gómez Enríquez, al Tribunal Constitucional y a su presidente. Me parece inaceptable y totalmente fuera de lugar. Me parece que usted se beneficia de la inmunidad parlamentaria porque, si no, habría usted cometido un delito en esta sala”, ha reprochado el ministro de Justicia. “Pero ustedes son un partido ultraderechista y no tienen ningún límite para atacar en lo personal a un jurista de reconocidísimo prestigio, que además fue nombrado en esta cámara con los votos de PP y PSOE por su trayectoria jurídica impecable”, ha remachado Bolaños.
También como réplica a Vox, el ministro de Justicia ha rechazado que “el sanchismo” esté “utilizando la justicia”, como apuntaba Gómez Enríquez. “¿No será que los ultras están utilizando la justicia contra personas progresistas? Piénselo”, ha planteado el ministro a la senadora de Vox. “Me parece que son los ultras los que están pervirtiendo causas judiciales a través de la acusación popular para perseguir a gente honesta progresista, para intentar que ingrese en prisión gente honesta, que es lo que pasaba en la dictadura”, ha lanzado Bolaños. “A ustedes los ultras eso les parecerá bien. Pero en un estado de derecho esto no sucede con gente honesta e inocente”, ha dicho.
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado “las prisas” de la jueza de Badajoz que ha acordado enviar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sin esperar a que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre los recursos de apelación.
“La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir el juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso la Audiencia Provincial”, ha afirmado Bolaños este viernes en declaraciones a los periodistas.
El ministro, que comparece en la Comisión de Justicia del Senado, ha reaccionado así al auto de la jueza que investiga la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz y que también envía a juicio a otras diez personas, incluido el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.
Con información de EFE