El Gobierno ha descartado este lunes el cese de la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, tras su imputación junto a otra veintena de personas en el caso Leire. La Fiscalía la relaciona con el rescate público de Tubos Reunidos en 2021 y que se cifró en 115 millones de euros. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la integridad de Gualda no está cuestionada y asumen con “normalidad” la imputación para que pueda dar explicaciones y que se garanticen sus derechos de defensa. También defienden la “pulcritud” del expediente de Tubos Reunidos y la “honestidad” del resto de trabajadores investigados.
La Fiscalía explica en un informe que, durante la investigación, se habían detectado pagos efectuados por la acerera a favor de la mercantil Mediaciones Martínez SL —vinculada a la trama— por importe total de 114.950 euros. Esos pagos responderían, indiciariamente, “a las gestiones realizadas por los integrantes del autodenominado grupo Hirurok en beneficio de aquella entidad, orientadas a la obtención de financiación procedente del denominado rescate articulado a través de la SEPI”.