El fiscal general venezolano nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente tras destituir a su antecesora, crítica con el Gobierno chavista, anunció hoy la creación de una comisión para depurar esta institución acusada de traición desde el oficialismo y acabar con la “corrupción” en la institución.
“Vamos a conformar (...) una comisión de reestructuración de la Fiscalía General de la República”, dijo en rueda de prensa el nuevo titular del Ministerio Público, Tarek Saab, que explicó que se han nombrado sustitutos a todos los altos cargos destituidos y ya hay designados nuevos fiscales en 4 de las 24 entidades federales.
Saab aseguró haber detectado “indicios” de la existencia de una “red mafiosa de chantaje y extorsión” en la Fiscalía dedicada a “tasar en dólares” la posibilidad de imputar o no, sobreseer causas o “distribuir un expediente”.
“Vamos a revisar la pertinencia, por ejemplo, de nada más y nada menos que 250 cargos directivos y de jefaturas de distintos niveles”, detalló el fiscal, que agregó: “Los vamos a poner a la orden de los tribunales competentes, y vamos a colocar su nombre y sus apellidos para que todo el pueblo y la nación venezolana lo sepa”.
Saab fue designado fiscal el pasado sábado por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano plenipotenciario instaurado por el presidente Nicolás Maduro para refundar el Estado y depurar todas sus instituciones cuya legitimidad no reconoce la antigua fiscal, que advirtió que podría llevar a un “sistema totalitario”.
El nombramiento de Saab se produjo justo después del cese por parte de la Constituyente de su predecesora en el Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, que ha recriminado repetidamente a Maduro y al Tribunal Supremo de Justicia haber roto el “hilo constitucional” en Venezuela.
Ortega ha sido acusada por Maduro de traición y “complicidad” con la “insurgencia armada” que, según él, ha llevado a cabo la oposición en los últimos meses, y tiene abierto un proceso por parte de un Supremo que le ha congelado sus bienes y prohibido salir del país como medidas cautelares.
La exfiscal cuenta con el apoyo del Parlamento y de numerosos Gobiernos de la región y del mundo, y ha advertido que teme por su vida ante las amenazas recibidas.
Saab era Defensor del Pueblo hasta su nombramiento como fiscal y ha sido señalado por la oposición y los críticos de Maduro por su supuesta sumisión al Gobierno, y fue condecorado antes de su designación por el presidente junto al presidente del Supremo y otros cargos públicos.