Aplausos, emoción, y mucho “esto no se para”. Es el grito de unión y de lucha de las asambleas de trabajadores y trabajadoras de Airbus en España, donde pesan ya los 34 días de huelga, unas cinco semanas, pero que mantienen todavía un gran descontento con la multinacional y la “fuerza” para seguir intentando “una negociación y acuerdo justos”, dicen varios trabajadores. La empresa asegura su apertura al diálogo, pero cerró la mesa con el comité de huelga y trata de ubicar un acuerdo en otro foro con todos los sindicatos. Algo interpretado en los paros como “ilegal” y “mala fe” de la dirección.

Este jueves, en las asambleas de trabajadores de Airbus en Getafe (Madrid) y en San Pablo (Sevilla), los dos mayores centros de la multinacional en España, se agrupan varios cientos de empleados de muchos perfiles. Sobre todo, de oficinas, muchos ingenieros e ingenieras de distintas especialidades, los que iniciaron este conflicto, aunque también hay personal más técnico y de taller.

En Sevilla, donde comienzan la asamblea al grito de “un aplauso a la resistencia”, se esperan máximas de 42 grados, así que los veladores colocados en la glorieta bajo el avión CN-235 no son mero decorado. Un camión pita para animar a los trabajadores, alimentando el estruendo de los altavoces que avivan el ambiente mientras que tres furgones de la Policía Nacional vigilan el acceso a la planta de San Pablo.

“Algunos peinamos canas, pero hay mucha gente joven y eso es novedoso”, explica un ingeniero de Getafe con larga trayectoria en la compañía, de los que mencionan a la anterior CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.). En Sevilla, para muchos jóvenes esta es la primera vez que se movilizan.

En un momento de beneficios récord de la multinacional –5.221 millones de euros el año pasado, un 23% más que en 2024–, y con el auge de ramas estratégicas de negocio como el área de Defensa, la plantilla reclama mejoras salariales que pongan fin a la pérdida continuada de poder adquisitivo de los últimos años, entre otras reivindicaciones.

Varios de esos trabajadores más jóvenes denuncian una empresa “poco flexible” y que no se adapta a las demandas de la plantilla. “Hay gente de subcontratas que está mejor en su empresa que en Airbus, porque le dejan teletrabajar más y con el mismo salario”, dice un ingeniero de hardware y software. También critica una reacción “autoritaria” por parte de la dirección ante las quejas de los trabajadores. “A compañeros les han dicho que, si no están contentos, que se larguen”, sostiene.

“Los compañeros de Madrid son los que han tirado. El precio de la vivienda es mucho más alto y las condiciones ya no son tan buenas como años atrás”, apunta Ramón (nombre ficticio) en Sevilla. Ese conato se contagió rápidamente a las plantas sevillanas, confiadas gracias a que cuentan con proyectos tecnológicos difíciles de reemplazar y reubicar. “Por un mismo trabajo están pagando un salario mucho más alto en Alemania, por ejemplo, cuando ya no hay tantas diferencias en los niveles de vida”, añade.

Fuentes de Airbus han insistido este jueves en que la multinacional “continuará trabajando para buscar una solución para todos los empleados, la empresa y el futuro de la compañía en España”. Tras desatarse en julio esta huelga masiva, la empresa de aviación se sentó a negociar con los sindicatos y ha planteado varias mejoras a las que se negaba solo hace unos meses (como volver a vincular las subidas salariales al IPC).

Sin embargo, en las últimas semanas Airbus ha endurecido el tono y exigido a la plantilla que levante los paros para cerrar un acuerdo. Sin éxito.

Los últimos movimientos de la multinacional están tratando de ubicar la negociación de un acuerdo fuera de la mesa con el comité de huelga (con los sindicatos minoritarios UGT, CGT y ÚTIL), en un foro más amplio con todos los sindicatos. La mayoría sindical de CCOO, ATP y SIPA no respalda la huelga indefinida iniciada en agosto. “Seguiremos trabajando para alcanzar una salida que mejore nuestro presente sin poner en riesgo nuestro futuro”, sostienen desde CCOO en un comunicado lanzado este jueves.

El despertar de una movilización y unidad “históricas”

En las asambleas de trabajadores explican la transversalidad del descontento de la plantilla con la dirección de Airbus, que ha derivado en esta prolongada huelga que tildan de “histórica”. Por el número de días, pero también por la unidad de los trabajadores entre departamentos, centros de trabajo e, incluso, a nivel generacional.

“Esto viene gestándose desde hace años”, sostiene una técnica de calidad de Getafe, que critica una devaluación de condiciones laborales en materia salarial y de derechos (como el comedor y el transporte colectivo), a la vez que han aumentado las decisiones unilaterales por parte de la multinacional. Como la reducción del teletrabajo, la “gota que colmó el vaso” e hizo estallar la movilización.

Alberto, con 43 años en Airbus en Sevilla, entró siendo apenas un chaval, con 14 años, impresionado por la magnitud y la envergadura de las aves metálicas. “Entrar aquí era un sueño. La gente tenía un sentimiento de pertenencia muy fuerte y, debido a que hay un producto tecnológicamente elevado y evidentemente caro, los sueldos y ese proceso de sindicalización iban acordes. Pero la política buscada por parte de la empresa es generar una individualización: aislar más para imponer sus políticas”.

La protesta ha derribado todas las barreras: generacionales, ideológicas, e incluso de puestos de mando, asegura Ramón.

“Hay un despertar de la gente más joven. Antes, había cierta sensación de los ingenieros como de clase superior, respecto por ejemplo al personal de taller, y eso no está en la gente más joven. Saben que son trabajadores y que tienen que pelear por lo suyo”, dice también otro ingeniero con más de dos décadas en la compañía en Getafe.

Por un lado, los trabajadores más experimentados y sénior, y por otro los más jóvenes, retratan como principal problema esa “pérdida de derechos” en medio de una sensación de injusticia. Porque su empresa no es que esté pasando apuros, es que le va mejor que nunca, advierten.

“En Airbus hemos estado en buena posición, había buenas condiciones, pero se han ido perdiendo. Poco a poco, jugando con que se está peor fuera, nos han ido devaluando salarios y derechos. Queremos que empresas que son buenas en España, como esta, no se pierdan”, dice un técnico aeronáutico del área de Defensa.

A eso se añade el “tono” y “trato” de la dirección a la plantilla, una queja muy repetida entre los trabajadores en huelga. Especialmente, señalan a Recursos Humanos, departamento que indican que han ido ganando poder sobre los manager de los equipos, explican.

La bronca por la negociación: “Esto no se puede cerrar en falso”

El conflicto se encuentra ahora en un punto complejo. Adela, que prefiere mantener el anonimato, se compró un piso a principios de este año y está tirando de ahorros para pagar la hipoteca. El mes pasado cobró 700 euros. Aun así, confía en esta lucha: “Yo quiero entrar con la cabeza alta”, afirma esta trabajadora de oficina del centro de San Pablo (Sevilla).

Así, en la plantilla pesan los días de huelga e insisten en que quieren volver a trabajar, “pero no de cualquier manera”, sino tras una negociación “real” con los sindicatos del comité de huelga que pueda desembocar en un acuerdo.

Sin embargo, Airbus cerró la mediación con UGT, CGT y ÚTIL en el SIMA y pretendía negociar en una mesa paralela que creó con todos los sindicatos. Ante la negativa de los convocantes de la huelga a debatir en ese foro (respaldados por las asambleas de trabajadores), y también la retirada de SIPA de esta mesa, este jueves la multinacional ha comunicado que cerraba también este segundo espacio de mediación en el SIMA.

Con una desconfianza creciente entre las partes, la multinacional emplaza a negociar a “todos los sindicatos”, algo que en CGT creen que se ubicará en la mesa de negociación del convenio colectivo. Fuentes de CGT, UGT y ÚTIL explican que están valorando acciones legales contra Airbus por vulneración del derecho de huelga, al negarse a negociar con los convocantes del paro.

Varios trabajadores piden a la empresa evitar un “cierre en falso” con un acuerdo solo con la mayoría sindical, pero que mantenga vivo el descontento de gran parte de la plantilla. En ese caso, Adela tiene claro que votaría 'no' al texto pactado. “Lo que busca este marketing empresarial es decir que no ha pasado nada, por eso tiene que haber un número importante de ‘noes’ en la votación: que la empresa sepa que no hay paz social”. Un joven ingeniero en el centro madrileño afirma que buscaría otro trabajo. “Aunque fuera en Mercadona”, sostiene.

En Getafe, muchos advierten de que, aunque los paros se desactivaran por agotamiento y sin un acuerdo satisfactorio, la semilla de la movilización iniciada este verano en Airbus ya tiene raíces profundas, y perdurará. Los trabajadores señalan en concreto a las próximas elecciones sindicales de 2027 y a la negociación del próximo convenio colectivo.

“Ahora somos un volcán en erupción”, dice una trabajadora en Getafe a sus compañeros, a los que recuerda que los volcanes, aunque estén inactivos, “no significa que estén muertos”. “Llegará un momento en que recuperaremos toda la energía. Estemos dentro o fuera, seguimos activos”, sostiene entre aplausos.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 ha sobreseído la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) contra el posible uso de armas extensibles durante los incidentes ocurridos durante un acto de Vox en las inmediaciones de la Catedral de Granada en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La instructora del caso argumenta que no se había notificado de forma oficial y de manera previa esta protesta, aunque la organización se haya desmarcado de cualquier responsabilidad en la convocatoria, y sin entrar a valorar la presencia de estos instrumentos.

En el auto, fechado el pasado 25 de agosto y adelantado por Público, señala que los hechos “no son constitutivos de infracción penal, habiendo quedado acreditada la falta de autorización administrativa previa para la concentración de la APDHA”. Una vez conocida la resolución, la asociación anuncia que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Granada el sobreseimiento y critica que resulta “difícilmente comprensible” las razones esgrimidas por la jueza, ya que, como han reiterado en diferentes instancias, la entidad “no había comunicado ninguna concentración”. Por tanto, cuestionan que “esa circunstancia termine sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos”.

Además, en declaraciones a este medio, la APDHA insiste en que la protesta “no era ilegal, como parece dar a entender el auto”, en el que se describe que el juzgado requirió a la Subdelegación del Gobierno información sobre si la asociación requirió alguna autorización, una cuestión a que el organismo gubernamental responde negativamente.

“Reclamamos que se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas con el mismo rigor”, subraya la APDHA con relación a la investigación a seis activistas, a los que se les imputaron delitos por desórdenes públicos y atentado a la autoridad aunque sostuvieron que mantuvieron una “actitud pacífica” y que los episodios violentos se dieron cuando los simpatizantes de la ultraderecha, junto a los miembros del equipo de seguridad que acompañaban a Santiago Abascal, avanzaron hacia la concentración que fue convocada de “manera informal” contra “los discursos de odio”.

“Hasta que se vayan”

Las imágenes grabadas durante la tarde del 16 de abril muestran cómo una serie de personas portan, presumiblemente, unas porras extensibles cuyo uso está prohibido entre la población civil. En el visionado, se observa cómo intentan golpear a los manifestantes que se encontraban en primera línea y que, seguidamente, fueron dispersados en una carga policial a causa del enfrentamiento entre los colectivos antifascistas y los votantes de Vox, que fueron arengados por Santiago Abascal para que los echaran del espacio público, pese a que ya había una valla separando a los dos grupos por motivos de seguridad.

“El Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento”, gritaba el dirigente a los asistentes, “y este acto no va a compenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad”. A lo que siguió el ultraderechista, “y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo el primero, hasta que se vayan”. Momentos después, Abascal bajaba de la tribuna y se dirigía a la calle Pie de la Torre, saltándose el cordón policial para acercarse a la zona en la que estaban los protestantes antifascistas y, seguidamente, se retiró ante la escalada violenta del enfrentamiento.

Tras examinar el material audiovisual, la APDHA presentó una denuncia el 21 de abril en la que defendían que la manifestación se realizó de forma pacífica antes de que las declaraciones de Abascal “provocaran la alteración del orden y pertubaran el ejercicio del derecho de reunión”. Asimismo, reclamaban que se identificara a las personas que portaban las armas extensibles y, también, exigían que Vox identificara a la empresa y al personal de seguridad contratados para el mitin.

A raíz de lo ocurrido, la organización insiste en que la naturaleza de la convocatoria “no puede determinar si debe investigarse a una persona que aparece portando o utilizando una defensa extensible contra terceros”. Por ello, subrayan en que se requiere “una investigación efectiva antes de cerrar definitivamente la causa”.

Por otra parte, la Fiscalía de Granada archivó en julio la denuncia presentada por Podemos por el presunto uso de armas extensibles tras considerar que los hechos estaban siendo investigados judicialmente por las detenciones y diligencias hechas por la Policía. El partido presentó primero a la Junta Electoral de Zona otra denuncia, a la que Vox alegó que “desconocía quiénes son las personas que portaban las porras extensibles” y presumía que se trataba “de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, vestidos de paisano y en uso legítimo de la fuerza, cumplían con su deber”.

La previsión de un reparto de menores tras la crisis humanitaria de Ceuta plantea un escenario complejo para la alianza entre PP y Vox en Andalucía. Una cuestión para la que el vicepresidente segundo de la comunidad, Manuel Gavira, ya ha mostrado su rechazo y por la que, en el caso de Juanma Moreno, ha pasado de puntillas. “Hay un acuerdo suscrito con el grupo Vox que es la acogida de menores con respecto a la ley, como dice la cláusula”, ha manifestado a medios dada en su visita a la ciudad autónoma. Una línea roja que ha esquivado apuntando a la gestión del Gobierno central: “Todas las personas que entraron de manera ilegal a Ceuta tienen que volver a Marruecos”.

“Más allá de eso [del acuerdo], sería un flaco favor”, ha aseverado, “estaríamos haciendo un efecto llamada con efectos imprevisibles a futuro”. Por tanto, se ha escudado en lo manifestado por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comisión Europea para añadir que “todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen en el plazo más breve”, exigiendo que se pongan “todos los recursos” para que se alcance esta finalidad. Sin embargo, el anuncio del Gobierno para impulsar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dedicados a la atención de los niños y adolescentes que se encuentran solos en Ceuta podría menoscabar el pacto que mantiene con la ultraderecha, ya que, como mostró el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, esperaba que se respetara la legalidad.

Horas antes, el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ya había afirmado desde el puerto de Algeciras que se opondría “por tierra, por mar y por aire” a este reparto de menores. “La Junta de Andalucía está en contra de cualquier reparto”, ha zanjado aludiendo al documento de 150 puntos con el que logró entrar en el Gobierno andaluz. El pacto decreta en el segundo apartado referido a la Inmigración un “rechazo frontal” al reparto de menores, que sería, textualmente, la siguiente línea: “La Junta de Andalucía rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Proyección turística

Con la visita institucional, Moreno se ha convertido en el primer presidente de una comunidad autónoma que visita Ceuta tras la crisis humanitaria acaecida los días 30 y 31 de julio que atrajo a la frontera a unas 80.000 personas. El líder andaluz ha calificado la actuación del Gobierno central de inoperante e incompetente, uniéndose así a la línea marcada por el PP de Alberto Núñez Feijóo, al mismo tiempo que anunciaba una serie de medidas para la colaboración entre las dos comunidades en apoyo de la economía ceutí.

“El Gobierno de la nación no ha estado a la altura”, ha reiterado Vivas por su parte, “no lo estuvo cuando se produjo la vulneración de nuestra integridad territorial y no lo está ahora cuando requerimos de una manera inaplazable la vuelta a la normalidad, garantizando la debida protección de los ceutíes y atendiendo, por supuesto, las emergencias humanitarias que surjan, pero sin olvidar nunca que la vuelta a la normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas que participaron en una entrada masiva, organizada e ilegal”.

Con un ritmo de entre 25 y 30 expedientes de expulsión, ha detallado Vivas, se lograría concluir con estos trámites “en un año”. Un punto al que ha añadido que “la seguridad de nuestra frontera no puede ni debe estar encomendada al país vecino”, en referencia a Marruecos, “dicha seguridad tiene que estar encomendada a España y a Europa: tenemos un vecino que no es fiable”. Para “superar este trance” confían en su alianza con Andalucía, ha subrayado.

Las colaboraciones se fijan, según ha indicado, en un programa de comercialización turística conjunta que incorpore a Ceuta como extensión de la Costa de Sol, Cádiz y Gibraltar, al igual que apoyo en la conexión marítima con Málaga y una serie de encuentros para proyectar a la ciudad como destino empresarial con el fin de buscar inversores y cooperaciones. Asimismo, la creación de un servicio de acompañamiento a las empresas andaluzas interesadas en invertir en la capital y el acceso de las pymes andaluzas al Centro de Computación, al igual que la creación de un fondo común de capital riesgo y la intensificación de la ciudad ceutí en Canal Sur, entre otras cuestiones.

“Sensación de abandono”

Por su parte, el presidente andaluz ha calificado como “invasión” los hechos ocurridos hace 21 días y ha correspondido a las palabras de Vivas con el compromiso para apoyar la economía ceutí, “Andalucía será una de las grandes aliadas constante y permanentemente para volver a la normalidad ansiada”.

Tres semanas después, Moreno ha criticado que “en pleno siglo XXI no sea capaces de tener las cifras”, en referencia al número total de personas migrantes habiendo “tiempo más que suficiente”. Unas circunstancias “intolerables” que ha puesto de relieve al reiterar que “han agredido una parte fundamental de Andalucía y España”. “Llevamos todo este mes viendo la sensación de abandono y la impotencia de los ciudadanos de Ceuta que sobrepasa cualquier capacidad de respuesta, como hubiera sido en cualquiera de las ciudades de España, y a pesar de eso, con los recursos y las limitaciones, se da una respuesta contundente”, ha afirmado.

Moreno ha pedido la coordinación e implicación de “todos los gobiernos y administraciones” a raíz de la crisis humanitaria que aconteció en la frontera de El Tarajal. “Lamentablemente, y no me gustaría hacer esta afirmación, el Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias y ha dado una imagen de inoperancia e incompetencia que se ha comprobado desde el resto de España y Europa”, ha apuntado el popular, inquiriéndo por qué no se ha activado el mecanismo de Frontex.

En referencia a la frontera sur, compartida por Melilla y Canarias, ha apostillado Moreno, posee “unos problemas de gran intensidad donde echamos de menos un apoyo más contundente del Gobierno de la nación”. Como vicepresidente del Comité de las Regiones, ha reclamado “una mirada más seria al sur de Europa y a las regiones fronterizas”, ofreciendo su compromiso a dar “todo el apoyo” a la ciudad autónoma una vez y que asuma el cargo como presidente a partir de septiembre. Motivo por el que, ha indicado, se llevará “este asunto para tener el respaldo una de las cuatro instituciones más importante que hay en Europa, porque hoy todas las ciudades de Europa se sienten atacadas”, rechazando la imagen “de debilidad” frente a la inmigración irregular.

Cuando era niña, Sara Rebollo-Bueno descubrió el poder asombroso del miedo. El mundo cambiaba de forma rápida y vertiginosa y ella lo contemplaba temerosa, pero, ¿qué había tras esa emoción? Estaba en la carrera de Publicidad y Relaciones Institucionales cuando tomó un camino alejado de lo previsible: quería saber qué efectos tenía el miedo sobre la propaganda y cómo lo usaban los partidos políticos a la hora de dirigirse hacia la ciudadanía.

La investigadora y profesora del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola Andalucía profundizó a lo largo de su tesis en cómo se efectúan estos mecanismos de control y cómo, finalmente, afecta a la democracia, a la que contempla con pesar por la extrema polarización que se vive en la actualidad. Entre sus manos está Miedo y propaganda. Subordinación a cambio de seguridad, un libro en el que toma ejemplos de la manera en que este miedo ha dado pie a los discursos de odio, imperantes en una España donde, una vez superado el bipartidismo, los partidos tienen que buscar la forma de enganchar y fidelizar, sí, fidelizar, a sus votantes.

“Las personas no saben identificar qué les genera el miedo, sino que simplemente saben que lo sienten”, comenta en su libro. ¿Cómo lo aprovecha la propaganda?

A día de hoy tenemos tantos inputs sobre tantas cosas que son amenaza que ya no sabemos ni a qué tenemos miedo. Si ponemos la televisión un ratito, vemos que, por un lado, están los ocupas, por otro lado, la inmigración, incluso, las feministas, la crisis climática, es decir, una serie de cuestiones que crean una atmósfera de amenaza constante. De hecho, de ahí sale el término de la “cultura del miedo” que vivimos en Occidente: un concepto que abarca por qué sentimos constantemente miedo.

Hay tantísimas amenazas que ya no sabemos muy bien a qué temerle. Escogemos uno o dos, pero realmente no sabemos discernir todo lo que nos rodea. Por tanto, una de las principales conclusiones es que los partidos políticos, en sus discursos electorales y en sus discursos propagandísticos, se benefician de esa nube omnipresente de amenazas que no sabemos muy bien cómo funciona, pero afecta al estado social e individual de las personas.

En un contexto marcado por las guerras mundiales, donde la propaganda tiene su origen como tal, el enemigo estaba claramente identificado. Pero, ahora que atravesamos tantas crisis y de diversas índoles, ¿cómo funciona la incertidumbre?

La incertidumbre es uno de los valores asociados a ese miedo. Si existen tantísimas amenazas por las que uno ha vivido, lo primero que uno se pregunta es qué va a ser lo siguiente: porque ya no sé vivir en otra atmósfera. Hay varias generaciones que nos hemos criado en base a la posibilidad de que ocurran o no ciertos escenarios, hechos futuribles. Esto es lo que alimenta los discursos propagandísticos: ¿qué es lo que va a pasar si yo no gobierno?, o, ¿qué va a pasar si gobierna el contrario? Yo te lo voy a contar qué sucederá en esos hechos futuribles para que tú sigas alimentando esa atmósfera terrorífica en la que vives.

¿Cómo ha evolucionado la propaganda?

En términos de agresividad, seguimos en los mismos estándares, recordemos, por ejemplo, el spot de la niña Daisy [en las elecciones estadounidenses de 1964, la campaña de Lyndon B. Johson lanza este anuncio en el que se asocia a su rival con la guerra nuclear, el cual marcó un punto de inflexión en la historia propagandística]. Era brutal, igual que ahora existen esos discursos. Lo que más ha cambiado es el contenido emocional, hay muchísimo más, que pasa por la evolución de la publicidad comercial y, también, alimentamos mucho la polarización. Estamos en un contexto social y político en el que ya hay de por sí una polarización importante y la propaganda lo alimenta, porque eso es lo que interesa. Interesa que haya dos grupos, nosotros contra ellos, para que haya un conflicto.

Ya sea de derecha a izquierda o viceversa, ¿no?

Mis investigaciones se centran en la ruptura del bipartidismo a partir de 2014, con relación a las elecciones generales y alguna autonómica andaluza, y se concluye que los partidos que pertenecen a lo que llamamos el ala derecha hacen un uso mayor del miedo. Vox estaría en primer lugar, y Partido Popular y Ciudadanos, en segundo y tercero, respectivamente. Eso sí, la izquierda también lo utiliza, pero en menor medida.

¿Qué es lo que cambia en los discursos propagandísticos? La amenaza. La derecha se concentra en cuestiones como, en 2019, el independentismo catalán, que era un chivo expiatorio superfuerte y lo convirtieron en la amenaza principal, “va a destrozar el país, va a suponer la ruptura de España”, o la inmigración, un tema muy común. En partidos más extremistas, como Vox, se utiliza la figura del golpe de Estado o a las feministas y el colectivo LGTBI, como se veía en un montaje con El señor de los anillos para hacer ver que “luchaban” contra los comunistas o los anarquistas.

En cambio, la izquierda se centra, por ejemplo, en la destrucción del Estado de Bienestar o en el tema de la vivienda, que se utiliza mucho ahora. Desde mi punto de vista personal, hay amenazas más legítimas que otras, como las respaldadas por los datos, como la crisis habitacional, pero desde el punto de vista académico, los dos grandes grupos utilizan el miedo difiriendo en el tipo de amenaza y en si es más medido o no.

Los partidos que pertenecen a lo que llamamos el ala derecha hacen mayor uso del miedo. Vox estaría en primer lugar, y Partido Popular y Ciudadanos, en segundo y tercero, respectivamente. La izquierda también lo utiliza, pero en menor medida

Llama la atención que hablemos de dos grupos polarizados cuando el bipartidismo ha dado paso a un reguero de formaciones, ¿no cree?

A pesar de que haya tanta pluralidad, se tienen que reubicar en esos dos espacios. Esto sigue siendo uno contra otro, la cuestión es quién es mi compañero de batalla. La izquierda tiende a tener más disputas internas y en la derecha parece ser más fácil hacer piña, pero, realmente, ¿quiénes pueden ser mis socios de gobierno? Con eso se juega. En el libro, pongo, por así decirlo, en el mismo saco a Vox, Ciudadanos y el PP, aunque sus programas electorales difieran, pero son socios de gobierno. Por tanto, su propaganda se retroalimenta, aunque necesitan distinguirse para luchar por ciertos votantes que continúan indecisos entre estas opciones. Lo mismo ocurre en el otro bando: Unidas Podemos, Sumar, Izquierda Unida, PSOE, que se equilibran entre la diferenciación por el caladero de votos y los puntos comunes.

Me recuerda al momento en el que se le gritaba a Pedro Sánchez que "con Rivera, no”.

Ya había fallado el intento de socio de gobierno y el voto de confianza que se le había dado a Sánchez era claramente para que fuese más a la izquierda, una cuestión que, estoy segura, el PSOE ya sabía. Es más, recordemos todo ese recorrido épico, a lo Campbell, de Pedro Sánchez en su Peugeot recorriendo toda España como si fuera una ruta épica del héroe, enfrentándose a Susana Díaz o a Felipe González. Una pista más de lo que iba a suceder.

En todo este engranaje de la propaganda y el miedo, los medios de comunicación no son inocuos. Es más, los define como constructores de relatos en vez de meros difusores. ¿Qué formato ves más proclive para ello?

Es complicado, porque depende mucho del o de la periodista. En todo caso, creo que ya hemos pasado de esta fase en la que pensamos que los periodistas sois totalmente transparentes y que los hechos son objetivos. Es imposible ser objetivo en el momento en el que nosotros mismos ya no lo somos. Ni siquiera yo, o los académicos cuando intentamos ser neutros. Tienes unos datos empíricos, pero en la forma ya de redactarlo hay un deje que te lleva a un sitio a otro.

¿Dónde es más proclive? Se ve más en las tertulias en según a quién invites. Es más, ahí está el concepto de politainment, cómo llevar la política al entretenimiento. Todos recordamos a Soraya Sáenz de Santamaría bailando en El Hormiguero y ya vemos que todos los candidatos pasan de igual forma por una entrevista en un informativo como por un formato de entretenimiento, lo cual, diría, deriva mucho del márquetin político: creas una marca a partir del líder político. Ejemplo perfecto: no es el PSOE, es Pedro Sánchez; no es Vox, es Abascal.

Con el PP no lo tengo tan claro.

Porque también depende de la fuerza que tenga el líder político. Alberto Núñez Feijóo ha sido un intento. Mira, Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo maravilloso, aunque está generalizada en Madrid.

Como Juanma Moreno en Andalucía.

Por supuesto. Además, Ayuso y Moreno difieren, o así lo quieren hacer ver. Moreno va en la línea de esa política “andalucista”, de reivindicación de la bandera, con la foto en la que deja el ramo a Blas Infante sin la presencia de sus socios de gobierno, de Vox. Mientras, Ayuso tiene ese espíritu madrileño que está relacionado con el entretenimiento y con la construcción de la persona más que del partido.

Entre los partidos se utiliza mucho más las emociones ligadas a la ira y el desprecio, sobre todo los partidos centrales y de extrema derecha, como Vox

¿Ese personalismo va en contra o a favor del partido?

No te puedo dar una respuesta clara en términos académicos, pero sí te puedo decir que los personalismos funcionan. Esa idea de que la persona está por encima de las siglas del partido la traemos de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona se va y no hay relevo? Hay problemas. Cierto es que si pones al partido por delante del líder, podría ser una buena solución a esa sucesión.

No obstante, tiene que ver con la construcción del político a través de las redes sociales, en todo lo que alimenta el márquetin político y esa política del entretenimiento. Recordemos las fotos de Abascal sentado en el campo durante la jornada de reflexión en las generales de 2019. O sus fotos con la familia. Todos los valores del partido se concentran en él. Además, los jóvenes, ¿dónde están? En esas redes sociales, y cada vez hay más adultos. Entonces, construir las siglas del partido por encima del líder puede ser más complicado, según cómo se consume ahora la información.

¿Y cómo se conjuga la emoción en todo esto, una de las características que resaltaba de la propaganda actual?

En el libro hablo del miedo, pero, realmente, en estudios cuantitativos no tiene un peso tan grande, aunque es muy potente porque funciona como un controlador social nato. En cambio, la ira y el desprecio tienen unos índices altísimos. Entre los partidos se utiliza mucho más estas emociones, sobre todo los centrales y de extrema derecha, como Vox. Con dos compañeras, analizamos el término de “violencia de género” que utiliza Vox, cómo se refiere a eso en redes sociales y los comentarios que recibe de sus seguidores. El desprecio gana, indudablemente. Hemos rebasado la barrera del miedo a que “nos arrebaten” y hemos pasado a la siguiente fase, el odio.

¿Acción, reacción?

Funcionan como un binomio. Por ejemplo, pasamos del miedo a las feministas que van en contra de la familia tradicional y, como ya se han planteado leyes, como la trans o en materia de igualdad, ya no le tengo miedo, sino que ahora hay que ir contra ellas. Sé qué me puedo esperar, así que ahora hay que despreciar, generar ira.

¿Y el humor?

Ayuda a que el mensaje cale mejor. Acerca del meme de Vox que comenté antes, se sigue describiendo una amenaza contra la que hay que luchar desde ese mismo humor. Hay muchas investigaciones en marcha y la cuestión es que esos memes definen a través de un mensaje propagandístico condensado en una sola imagen quién es el enemigo y quién es el salvador, dos estrategias superimportantes. Encima, tienes una difusión gratuita a través de tus votantes.

Los delitos de odio aumentaron en 2025.

Sí, y la impunidad. Cuatro mujeres han sido asesinadas en unos días, y todo ello, con un discurso institucional que lo respalda, ya que no se habla de violencia de género, sino intrafamiliar. Todo esto ayuda a ese cultivo a emociones con miedo, ira, odio. Y la alegría también tiene su hueco, porque si todo fuera malo y la gente no encontrara una forma de canalizar ese miedo o ira, daría todo igual. La gente saldría a quemar las calles porque no habría nada que perder. Por lo que ese odio y estrés hay que administrarlo con dosis de alegría y esperanza.

¿Cuál es la esperanza? El líder político. En propaganda se utiliza “la estrategia del salvador”: esto es todo lo malo que sucederá si el otro está en el gobierno y yo soy la única alternativa. De ahí también los ataques, más bien mini, que le hace Vox al PP, como cuando les llamaba “la derechita cobarde”. Vox necesita seguir recolectando votantes y, tras lograr los de Ciudadanos, intenta captar los del PP, posicionándose como la alternativa ante las feministas, los comunistas, los socialistas, la Agenda 2030, todo ello.

Vox ha intentado rebajar el tono con respecto a las mujeres y al colectivo LGTBI.

Recordemos que el caladero de Vox son los hombres jóvenes y heteros. Algo limitado, en función de la diversidad social. Necesitan ampliar el espectro y, por eso, vemos que utilizan mucho un término, que es la “mujer española”, sobre todo a partir de 2023. La mujer contraria a otros ideales feministas, como una mujer de bien que comparta los valores nacionales que promueven, o los que ellos consideran que son positivos. Un fenómeno que también se puede vincular a la ola trade wife, las jóvenes religiosas, por mencionar, aunque todo esto eso daría para otro libro.

¿Cuál es la esperanza? El líder político. En propaganda se utiliza "la estrategia del salvador": esto es todo lo malo que sucederá si el otro está en el gobierno y yo soy la única alternativa

Sobre la esperanza, Adelante Andalucía hacía bandera de la alegría en estas elecciones.

Considero que está siendo muy personalista, aunque aún le falta recorrido al partido. Veremos en unos años. Pero, también, se antepone “a algo”: a la política más a la derecha. Si vemos las intervenciones o discursos de José Ignacio García en el Parlamento, empieza diciendo “frente a esto, nosotros”, así que sigue siendo el binomio miedo-esperanza.

¿Diría que la propaganda se ha simplificado o complejizado?

Seguimos utilizando las mismas estrategias que en la I Guerra Mundial, pero se adaptan al contexto y a las vías de comunicación que tenemos, como ocurre con el vocabulario o el lenguaje, es una cuestión generacional. En cuanto a las técnicas, las principales siguen siendo el maniqueísmo, donde se retroalimenta la polarización con el nosotros versus el otro; la creación del enemigo, cómo señalo y caracterizo al otro a través de la deshumanización, como cuando en la II Guerra Mundial se comparaban a los judíos con ratas y que, por el contrario, ahora lo vemos en la propaganda israelí para describir al pueblo palestino. También, la técnica del apocalipsis: elegir entre el camino del bien y del mal en función del futuro que quieras y, finalmente, la estrategia del salvador.

En España, esta adaptación se ha hecho en períodos muy cortos. Hace diez años no estaban normalizados términos como “socialcomunistas”, “fachas” o referirse al presidente como “perro”.

Llevamos a la polarización a unos límites en que predomina por encima de cualquier cosa. Entonces, ese tipo de lenguaje encaja con un contexto polarizado que se sigue retroalimentando y para el que ha sido fundamental el concepto de lo “políticamente incorrecto”. La incorrección, por así decirlo, lo que no está dentro de los estándares. Una excusa para ser tremendamente machista, xenófobo u homófobo. Ese vocabulario, por ambas partes, es también una apropiación, porque, remontándonos a los orígenes de la propaganda, era de los anarquistas. Ahora, en cambio, se utiliza para la creación del enemigo llevado al extremo a través de su demonización.

Haría falta una toma de conciencia generalizada en donde primase la construcción del otro como humano por encima del mensaje

Como investigadora en la materia, ¿cree que haría falta algún tipo de identificación para marcar este tipo de estrategias?

Haría falta una asignatura de alfabetización mediática en los colegios e institutos. Nuestros niños, nuestros adolescentes, están con un móvil en la mano prácticamente desde que nacen y con un acceso absoluto a la información. Sin embargo, no existen unas herramientas para analizarla. Desde las universidades, llevamos tiempo luchando para que haya una forma de educar sobre cómo se utiliza esa información y cómo se queda en el imaginario. Qué estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo, utilizar la verificación..., aunque reconozco que es muy complicado. Estaría muy bien que nos parásemos a pensar que los otros también son personas.

Estoy en un estudio sobre la propaganda desarrollada en Irán o la forma en la que Israel construye al enemigo palestino, y es absolutamente abrumador, porque se parece a la II Guerra Mundial. ¿No habíamos pasado esto ya? Deshumanizar para que la persona no sienta empatía por el otro. Parte de la culpa lo tiene el acceso a la tecnología, que quita la sensación de colectivo. Una cuestión que veo en las clases, los estudiantes antes se organizaban y se movían en conjunto, en vez de eso, ahora se juntan en grupos de dos o tres personas. No necesitan leer otras cosas, la empatía, da igual que lo que me estén diciendo tenga sentido o no.

¿Qué es lo que viene?

Hay un debate abierto sobre si el uso del miedo es democrático o no. Hay autores que dicen que sí, porque fomenta el voto del ciudadano, pero otros que piensan que no, ya que es una emoción vinculada a la supervivencia y no se le dan más opciones al votante. En la última parte del libro, me posiciono, algo que nunca había hecho. Considero que no es democrático.

¿Qué viene? Creo que aumentará la polarización, la guerra entre “tú eres fascista, tú eres comunista”, y la empatía seguirá faltando: viene una época en la que la democracia se resentirá bastante. Ojalá me equivoque. Haría falta una toma de conciencia generalizada en donde primase la construcción del otro como humano por encima del mensaje. Todo ello, en una lucha contra la desinformación en la que tendríamos que tomar partidos todos, futuros profesores, futuros políticos, futuros periodistas, con tal de informar bien y mantener la ética y la deontología hasta el final.

Granada ha registrado un enjambre de terremotos en la mañana de este martes, siendo el pico un seísmo de magnitud 4.8, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con epicentro en Gójar y a ras del suelo después de que se registrara un primer movimiento de 4.6 en Alhendín. El primer seísmo se ha producido a las 10.37 horas y ha durado apenas unos segundos, habiendo en los minutos consecutivos varias réplicas. El temblor ha sido sentido en localidades de Granada, Málaga, Jaén, Almería y Córdoba.

El fuerte seísmo se ha dejado sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía ha visto el temblor de las paredes y techos de los inmuebles. Además, los vecinos han salido de sus viviendas y se han concentrado en las calles, atemorizados por el suceso. Por seguridad, se ha procedido al cierre de de la Alhambra, al igual que los edificios públicos del Ayuntamiento de Granada, a suspender la actividad diurna no esencial del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, también, de la Catedral.

Según los datos revisados del IGN, ha habido una cadena de seísmos por encima de la magnitud 4.0, como a las 10.53 en Churriana de la Vega (4.0), otro a las 11.34 horas en Alhendín (4.2); así como en Armilla (4.0). Junto a ello, ha habido otros de menor proporción, como en Las Gabias (magnitud 2.6) o en Padul (2.9). Tras una hora de gran intensidad y con una breve pausa de por medio, el último registrado ha sido en Alhendín fue a las 12.41 horas, esta vez de 4.0 y con una profundidad de cinco kilómetros.

Emergencia

La Junta de Andalucía mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 4.8 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín. Además, la alcaldesa de Granada ha elevado la situación de emergencia a fase 1 en vista de la imprevisibilidad de estas sacudidas terrestres.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, se trasladará a Granada, donde se desarrollará una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia. “Vamos a visitar diferentes zonas y vamos a evaluar daños, en este caso en determinadas calles, tanto de zonas de Granada capital como de municipios del área metropolitana”, ha expuesto. Por el momento, hay tres heridos, uno de ellos hospitalizados, y una docena de casos atendidos por los sanitarios, aparte de unas 500 llamadas atendidas en el servicio de emergencias 112.

Córdoba y Málaga

Según la actualización del IGN, el movimiento sísmico ha alcanzado una intensidad máxima de V en la escala macrosísmica europea (EMS) en varios puntos de la provincia de Granada. La mayor intensidad, V EMS, se ha registrado en Anzola (Pinos Puente), Armilla, Barrio de la Vega (Monachil), Churriana de la Vega, El Lance (Rubite) y Santa Juliana (Armilla). En otros municipios del área metropolitana granadina, como Cájar, Cúllar Vega, Gójar, La Zubia, Pinos Puente o Las Gabias, la intensidad se sitúa entre IV y V EMS.

En Córdoba capital, el IGN sitúa la intensidad en II EMS. También se ha registrado intensidad II en Cabra. En la provincia de Jaén, el movimiento ha sido percibido en localidades como Jaén capital, Linares, Úbeda, Andújar, Bailén, Jódar, Quesada, Sabiote, Mengíbar o Alcalá la Real, entre otras.

Por su parte, en la provincia de Málaga, el terremoto se ha sentido, entre otros puntos, en Málaga capital, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Nerja, Torrox y Cártama. En Almería, el listado incluye la capital y municipios como Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Alcolea, Canjáyar o Vícar.

Un total de 432 seísmos desde el día 14

El episodio sísmico de Granada y su área metropolitana, que incluye desde el día 14 de agosto los dos terremotos de magnitud 4.8 Mw -el del sábado 15 y el de este martes- y 432 eventos en total, recoge 45 seísmos sentidos por la población. Estos temblores se han llegado a notar en 500 localidades tanto en Granada y Andalucía central y oriental, como en Región de Murcia, Castilla La Mancha y sur de la comunidad de Madrid.

Así lo recoge el informe actualizado este martes del Instituto Geográfico (IGN), que describe que desde el pasado viernes 14 de agosto se está registrando una serie de terremotos superficiales en el entorno de las localidades de Alhendín, Gójar, La Zubia al sur de la ciudad de Granada.

En cuanto a las réplicas, el IGN señala que las mayores registradas hasta el momento son tres terremotos de magnitudes 3,9, 4,2 y 4 este martes entre 15 minutos y dos horas después del terremoto de 4,8 y localizados al sur de Churriana de la Vega, norte de Alhendín y noreste de Gójar, respectivamente.

Una entra y aspira profundamente el olor. Hoy hay puchero, albóndigas y macarrones a la carbonara, también, un salmorejo para rebajar los sudores, y mucho fundamento, de ese que no se puede fingir, sino que se aprende frente a los calderos y con la mano removiendo el cucharón sobre el fuego. Esto pide más sal o un poquito de tomillo, prueba, que esto es una ciencia inexacta que aprecia el paladar. Y ese sabor, esa ternura que entra cuando le da un bocado a la comida de casa, es la que aprecian los vecinos que llaman para reservar los menús de La cocina de Águeda porque, estén donde estén, estas recetas sirven para tejer una comunidad que crece paso a paso desde hace una década.

Águeda Peinado le pide a Antonio Almansa, su marido, que se quede un momento al tanto por si entra algún cliente. En el local conviven las dos empresas, por una parte, la insigne Cárnicas Almansa, presente en el barrio desde 1960, mientras que en el piso superior están los fogones del negocio que dirige su mujer. La plaza de la Alfalfa va despertando con los primeros humores de la mañana y saluda a los vecinos que se encuentra mientras señala a los comercios que todavía no han sido presa de la gentrificación. “Antes, a esta hora, te podías tomar un café en cualquiera de las mesas, pero ahora esperan a mediodía o a la noche para abrir”, que es cuando hay más jaleo, sobre todo en el verano sevillano con la llegada de los turistas. La farmacia, el bar Casa Diego, el florista a su lado y Persianas Alfalfa en frente, va nombrándolos como viejos conocidos que resisten al paso del tiempo.

¿Cómo empezó todo? Como las buenas historias, desde la niñez. Águeda todavía recuerda los veranos en casa de sus abuelos en Jaén, que tenían el estanco y tienda de ultramarinos y donde le fue cogiendo el gusto a despachar a los clientes y, también, a la cocina. Ya en Sevilla y, recién casada, entró a trabajar en Cárnicas Almansa hasta que, con la ayuda de su cuñada Magdalena, decidió emprender. La idea surgió cuando varios vecinos, que entraban a la tienda y olían los guisos que preparaba, le sugirieron que lo intentara, que seguro que tendría éxito. Así empezó todo en 2008, en plena crisis económica, con pocos pedidos, a cuentagotas, hasta llegar a los 150 envíos diarios que le llegan a través de siete grupos de WhatsApp durante el estío, cuando baja un poco el ritmo.

“Tengo la gran suerte de hacer un trabajo que me encanta”

A su vera, tiene a un equipo de cinco personas entregadas, asiente. Magdalena, Asunción y María, encargadas de la cocina, y Carlos y Águeda, dedicados exclusivamente al reparto. “Tienen ya tanta confianza con algunos clientes que hasta le piden que le pongan una bombilla o hay quien deja la llave si les cuesta mucho moverse”, comenta, sobre todo cuando se trata de personas mayores que viven solas o han ido perdiendo movilidad.

Ahí es cuando entra ese tejido social, cercano, en el que se apoyan unos a otros: “Hay hijos que me piden la comida diaria de sus padres y, también, hay veces que te llaman, pero tú sabes que es para charlar, porque lo necesitan, y yo los atiendo”. Incluso, la alarma salta cuando el silencio se prolonga varios días sin razón. “Si no me llaman en dos días, yo les llamo: 'Oye, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa?'”, y ya se queda tranquila, y con algunos lleva tantos años que hasta sabe qué ingredientes no le gustan.

Es más, Águeda se ríe, porque hasta irse de vacaciones se ha convertido en un problema: “Me preguntan, ¿y ahora qué hago?”. No se hable más. La dueña del negocio lo tiene todo planificado: con un par de semanas de antelación va preparando unos menús congelados para los vecinos con mayor dependencia y deja a encargo de sus hijos el reparto durante esos días. Un respiro veraniego que, realmente, empezó a tomarse hará unos escasos tres años, reflexiona, “al final me di cuenta de que lo necesitaba”, aunque nunca apaga el móvil, por lo que pudiera pasar.

“Tengo la gran suerte de hacer un trabajo que me encanta. Eso es importantísimo. Se lo digo siempre a mis hijos, que cuando un trabajo te apasiona, la hora de salida ya ni la ves”, mantiene. Una peculiaridad que tiene el negocio es que no cobra por el reparto a domicilio: el precio del menú es fijo, cambia los siete primeros y los siete segundos los siete días a la semana, “para que nadie se canse”, pero no cobra ningún extra. ¿Por qué? “Al principio, estaba dedicado solo a personas mayores y, aunque se ha ido uniendo muchísima gente, es un gasto que asumimos. También nos diferenciamos con ello”, indica, “eso sí, a los jóvenes se los decimos, que tienen preferencia las personas mayores o con algún tipo de tratamiento”. Tanto se ha extendido el círculo que, una vez a la semana, reparten por el Aljarafe.

Relevo generacional y revitalizar el centro

Hablando de los jóvenes o de la incursión de los supermercados en las comidas preparadas, comparte las preocupaciones que tuvo al principio: “Cuando me fui de vacaciones la primera vez tenía miedo porque pensaba... La gente se me irá a otro lado. Pero cuando volvía, me decían: 'Oye, chapó, porque os echo de menos'”. Huyendo de los congelados de la producción en masa, La cocina de Águeda ha encontrado su propio sello, y se nota. “Porque me dicen, tu comida hay días que está salada, un día está a lo mejor más pegadita, pero tú sabes siempre que es comida casera”, resalta. Las espinacas con garbanzo, las papas con carne, las lentejas, un sabor distintivo.

Hasta tienen una aplicación: Too Good To Go. Una plataforma digital cuya misión es evitar el desperdicio de alimentos y mediante la cual ha dado con los más jóvenes. “Hacen un pedido, en el que priman más la calidad que la cantidad, he de decir, y cuando llegan, me preguntan qué piezas de carne les he dejado y les explico qué recetas pueden hacer”, da pasos sencillos, pero esenciales, “esto es muy fácil, echas la carne, hay que espumarlo y una vez que espume, lo dejas un rato y, les digo, el puchero tiene que llorar”, alguno ha llamado a su madre en Zaragoza para decirle que le ha salido igual al que hacen en sus casas.

¿Ve relevo generacional? Cavila dos segundos y lanza: “Yo creo que sí”. Dos de sus tres hijos ya trabajan en el negocio familiar en la parte de Cárnicas Almansa, aunque, a todo aquel que empieza siempre le dice: “No hay que cansarse al principio ni tirar la toalla, porque cuesta muchísimo trabajo dar los primeros pasos”. Poco a poco, “vas recogiendo los frutos, y aunque muchas veces me desanimaba, yo seguía ahí”. Incluso, hace autocrítica en el sector y subraya que para distinguirse de las grandes superficies comerciales deben hacer un esfuerzo extra en la atención al cliente, “mi horario del mediodía es hasta las cuatro, pero si yo estoy y alguien lo necesita, estaré hasta las cinco disponible”.

Pero también tiene algunas exigencias para con la administración: pide un mayor apoyo para los autónomos que aguantan el tejido del barrio, así como planes que revitalicen el centro y que unan a los comerciantes, al igual que servicios públicos básicos para incrementar la interconectividad con los demás barrios, como que repongan las paradas de la guagua que había al costado de la plaza de la Alfalfa. “Tengo clientes que han dejado de venir por lo costoso que resulta llegar”, explica.

Hay ilusión, ganas, incluso, nuevos proyectos. En un par de semanas renovarán la vitrina de la carnicería mientras Águeda sueña con poner una freiduría. Sería cosa de brujería o malabarismo, porque le faltan manos, pero hay tantas cosas por hacer que no pierde el ánimo. Eso sí, ¿cuál es el plato estrella de La cocina de Águeda? “Una olla de 25 pucheros. Me sale en el día, en el día, te digo, aunque sea verano”.

Andalucía acumula desde hace semanas sucesivas olas de calor de hasta 45 grados, mientras los paseantes buscan la sombra, beben agua y extreman las precauciones tras registrarse seis fallecidos por golpes de calor y una incidencia mayor en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que registra 110 muertes atribuibles al calor según datos recientes.

¿Dónde se atenúa la asfixia? El aire acondicionado o las aspas del ventilador en los hogares, en el trabajo o el paseo por los centros comerciales son algunas de las alternativas ante una red de refugios climáticos raquítica en las capitales de provincia: Cádiz, Huelva y Granada carecen hasta la fecha del servicio, mientras que en Almería, Jaén, Córdoba, Málaga y Sevilla tienen una infraestructura escasa.

La creación de refugios en el sur peninsular es todavía “muy incipiente”, como demuestran los investigadores Germán Pablo Miñón, de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Francisco Sortino, de la Universidad de Almería, y Jesús Vargas, de la Universidad de Málaga. En el artículo Refugios climáticos: diseño, cobertura y transferencia. Los casos de Sevilla y Málaga, un estudio publicado en la revista Investigaciones Geográficas, en la que abordan las redes de dos de las capitales más pobladas con unos termómetros que rompen récord cada año.

“En Andalucía, y en España, existe una gran deficiencia e identificamos que, a nivel oficial, no hay prácticamente nada hecho. Eso sí, se está trabajando, pero falta determinación política y administrativa para que esa red exista”, subraya Miñón en declaraciones a esta medio. Toma como ejemplo Barcelona, donde hay 401 puntos identificados, o Bilbao, con 130 espacios, con información pública facilitada por los ayuntamientos acerca de los espacios habilitados, que se distribuyen en grandes superficies y que se sitúan a escasos minutos de donde viva cada uno.

Más de 350 refugios identificados en Sevilla y Málaga

Pero, ¿qué es un refugio climático? Se trata de un espacio accesible y gratuito, con condiciones térmicas confortables y seguras durante episodios de calor extremo, que pueden ser tanto interiores climatizados o exteriores sombreados. El quid es que no son infraestructuras nuevas, sino que se aprovechan los espacios habidos en la ciudad, como bibliotecas, museos, centros cívicos y religiosos o piscinas y parques frondosos en los que, lo deseable, es que haya fuentes de agua. Para ello, el grupo de investigación ha creado dos visores cartográficos con más de un centenar de infraestructuras tanto en Málaga como en Sevilla.

“En Sevilla hay más de 200 refugios, mientras que en Málaga unos 150, pero hay que destacar que, a nivel de accesibilidad, el 55% de la población sevillana se queda fuera de esta cobertura”, poniendo que se llegue en menos de cinco minutos al espacio aclimatado. En el caso de la ciudad hispalense, “desde el centro a la periferia hay un menor número de refugios y, si se cruzan estos datos con las rentas, lo contemplamos como un factor de vulnerabilidad”.

El visor, resultado de un exhaustivo trabajo de campo, da varios puntos al instante y con información relativa al horario y la ubicación: si nos situamos en la calle Sierpes, en pleno casco histórico, hay 13 resultados, entre ellos, el convento de Santo Ángel, la iglesia de la Anunciación y del Salvador, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla o plaza Nueva, que cuenta con dos fuentes de agua potable (aunque ahora esté en obras). En cambio, si nos vamos a la avenida de Hytasa, en el Polígono Sur, no hay ninguno disponible.

Brechas de vulnerabilidad

La pobreza y la exclusión social son hándicaps contra el calor, ya sea para afrontar la factura de la electricidad o contar con servicios públicos en los alrededores que sirvan como refugios climáticos. Una brecha a la que se añade la cobertura nocturna: “Las noches tórridas son otro tipo de indicador de vulnerabilidad, por cómo afecta a las personas mayores y a la soledad no deseada, e, incluso, a las personas enfermas”.

Por tanto, el reto está en “afinar” todo lo posible el mapa de las metrópolis para identificar “esos focos deficientes, en donde no existen cobertura” para que las administraciones lo gestionen. Al respecto, adelanta que estos análisis y visores webs están en manos de los ayuntamientos, ya que el fin último del proyecto es que este conocimiento se transfiera a la ciudadanía y mejore sus condiciones. Además, trabajarán para extrapolar este modelo a otras localidades andaluzas y del resto peninsular.

A tenor del negacionismo climático que asoma en las comparecencias de los políticos en plena emergencia nacional, como ocurre con Vox, que cogobierna en el Gobierno andaluz, se muestra tajante: “Si no tienen un fundamento de base, no todas las opiniones son respetables”. “Da igual que sea Vox u otro partido, aquí lo que interesa es no politizar el tema, aunque entiendo que lo hagan. Pero la ciencia nos dice que esto ya es una problemática de salud pública. Nuestras condiciones climáticas han cambiado y, también, nuestras condiciones urbanísticas y sociales, por tanto, estamos obligados a adaptarnos. Esto debería prevalecer sobre cualquier discurso político”.

Redes de la Junta y el Ministerio

Una reflexión que se da cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado recientemente una Guía para la Red de Refugios Climáticos en todo el país. En Andalucía, hay señalados un total de 22 refugios, pero se trata de aquellos que son del Estado y con horario de 8.30 a 14.30 horas y, en principio, no ampliable durante los episodios de calor extremo. Por provincias, se distribuirían de la siguiente manera: Sevilla (7); Granada (5); Málaga (3); Almería y Huelva, cada una, con dos; y en Córdoba, Jaén, Cádiz, solo hay uno, respectivamente.

En cuanto a la Junta de Andalucía, hay una página web publicada de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, sin embargo, no hay más información al respecto. Preguntado por este medio sobre la continuidad o no del proyecto, la Consejería de Salud no ha facilitado más detalles. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de las capitales de provincia andaluzas?

El informe Ciudades al rojo vivo, publicado por Greenpeace en el verano de 2025, alertaba de que España “suspende” con una red de refugios climáticos “insuficiente”: solo una de cada tres capitales de provincia ofrecían esta medida. En un año, el diagnóstico apenas ha cambiado, ya que, como analizaban, en Cádiz, Granada y Huelva no hay tales mecanismos o, en todo caso, se habilitan centros ciudadanos o deportivo en los episodios más extremos. Luis Berraquero, coordinador territorial de la asociación en Andalucía, insiste en que se trata de “una cuestión de salud pública”. “El calor es el asesino silencioso, sobre todo por las muertes que hay asociadas a él y en un momento en el que hay máximos históricos”, apunta, “el derecho a refrescarse no debe pasar por una estrategia individual, sino que reclamamos a las entidades públicas que tengan un mecanismo de salvaguarda para la población”.

Ante la pasividad de las administraciones, sacarán en Granada una red de microrrefugios climáticos con el apoyo de comercios de proximidad para que, por lo menos, haya espacios habilitados en su interior, como una silla. “Algo modesto, pero importante, para tejer la sociabilidad en los barrios y que se hace desde el voluntariado ante la carencia institucional”, resalta, ya que, lo que le pide a la Junta de Andalucía es aplicar la ley de bioclimatización en su totalidad para que haya zonas de refresco en los centros educativos que se ven sometidos al calor extenuante. Una iniciativa similar a la de la Peña Cultural Mi Barrio, que pide que la estación de Santa Justa se convierta en un refugio climático.

Los casos de Córdoba, Jaén, Málaga y Almería

En Córdoba, la oposición ha planteado ampliar los ocho refugios climáticos que hay a nivel oficial a un total de 50, como informa Cordópolis, ya que la oferta actual alcanza a que haya uno por cada 40.750 habitantes. Un aumento que conllevaría combatir contra la pobreza energética, como en el caso de Noelia que reflejaba el medio, que vive con sus dos hijos en el barrio de Fuentesanta en una vivienda de alquiler sin climatización y con apenas 400 euros al mes. Para ella, y tantas otras personas, la instalación conlleva un gasto que no puede permitirse. Es más, el 33,6% de las familias pasa el verano sin una temperatura adecuada en sus hogares.

En cuanto a Jaén, hay diez instalaciones disponibles cuando se activa la alerta por el calor, como reseñó el Ayuntamiento a principios de junio. Sin embargo, como reseñan en el informe de Greenpeace, la mayoría cierran tras el mediodía y algunos no cuentan con fuentes de agua.

Por su parte, Málaga posee un mapa interactivo con las áreas de confort climático, como lo denominan, disponibles con una señalización específica y que cuenta con un total de 85 puntos disponibles que distan de los 150 alcanzados por el estudio de los investigadores andaluces. Mientras, en Almería, solo dispone de cinco dispositivos, reza el informe, y ya este julio se ha aprobado una subvención de 482.903 euros para crear un refugio climático urbano en el Paseo Marítimo.

Sin red en Cádiz, Huelva y Granada

En Cádiz no existe una red como tal, para lo que los partidos de izquierda han pedido el cumplimiento del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES), y, donde también existe esta carencia es en Granada y Huelva. En la primera, se ha lanzado el Plan Granada Cohesión Conexión 2030 para adecuar los patios de 38 colegios de la capital, crear espacios verdes en tres plazas públicas y habilitar 45 islas urbanas que den sombra. Una inversión de 4,2 millones de euros, informa Granada Hoy, que tardará unos cuantos veranos más en ver la luz.

Al trasladarnos a la capital onubense, hay otro vacío. Para ello, el partido Con Andalucía ha reclamado al Gobierno municipal una red climática, una cuestión que también es primordial para Rafael Gavilán, portavoz de Mesa de la Ría, que estuvo ocho años como concejal y ahora presiona como agente social. “Aumentar la cubierta verde es una denuncia histórica, para lo que pedimos, por ejemplo, jardines verdes y adecuar el diseño de la ciudad. Tampoco los planes de emergencia de la ciudad contemplan los episodios extremos de calor por cómo afectan a la salud o las personas vulnerables. Y hay que recordar que tenemos un polo químico que con el calor y la contaminación industrial y de tráfico provoca unos picos en la calidad del aire que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud”, subraya.

El caso de Sevilla

Una vez en Sevilla, el Ayuntamiento no tiene disponible un mapa específico y público, al estilo de Málaga. Desde el Consistorio, a preguntas de este medio, resaltan que en junio se puso en marcha la Campaña de Calor con más de un centenar de plazas habilitadas para las personas sin hogar y, a su vez, se ha adelantado y ampliado el horario de apertura de las ocho piscinas municipales. Además, se abren los centros deportivos y cívicos, aunque la oposición critica que se cierren en las horas centrales del día o los fines de semana y cabría destacar que muchos de ellos se concentran en el casco histórico o están fuera del ratio de 5 minutos que proponía la investigación de Pablo Miñón.

Mientras, una cuestión que reclama la Asociación Vecinal Pulmón Verde de Arrayán es que crezca y afloren caminos continuos y sombreados que mitiguen el calor, como ocurrió con las illes de l'Exaimple de Barcelona o como demostró la Universidad de Sevilla a través de un estudio en el que destaca que los naranjos reducen hasta 12 grados la temperatura del pavimento. Un paso que impulsaría a que la ciudad, en sí, se convirtiera en un refugio climático. “Aquí no hay donde refugiarse, salvo los comercios, los bares o si tienes la suerte de que tu casa esté aclimatada. El pulmón sería un corredor verde que debería unir cada parque para moverte por una ciudad en la que podemos alcanzar los 45 grados”, sostiene Sandra Campos, presidenta de la plataforma.

“Tenemos un casco que podría convertirse en un pequeño bosque, con fuentes, que hay muy pocas, que se convirtiera en un espacio lúdico para todas las edades, pero no deja de ser una lucha tremenda”, para lo que la asociación sigue reclamando reunirse con el Gobierno municipal de José Luis Sanz, “estamos cansados de utilizar todos los medios administrativos y por la vía de la conversación sin conseguir nada”.

En la calle Arrayán consiguieron habilitar un pequeño pulmón en el que también hay restricción de horarios y colectivos, aunque la idea es llevarlo a su máximo esplendor. El Ayuntamiento, por su parte, defiende que ha plantado más de 15.000 árboles en tres años, además de otros 50.000 arbustos y ha consolidado 2.641 nuevas posiciones de sombra en todos los distritos de Sevilla, donde antes no existían. Pero Campos espera a que los reciban y haya un compromiso público y eficaz.

El foco mediático está en el centro de Sevilla. Vox da su rueda de prensa desde el Ayuntamiento, en plaza Nueva, y el alcalde José Luis Sanz responde con un ejemplar de la Constitución en mano desde el norte, en Pino Montano. Al sureste, en Polígono Sur, el día transcurre su curso. Es el último martes de julio y los coches salen y entran de la rotonda, el calor aprieta hasta alcanzar los 36 grados y a la sombra de la marquesina esperan los vecinos a que pase la próxima guagua. Frente a ellos hay un triángulo que ha incendiado la política andaluza durante unas horas: la parcela en la que se construirá un centro cultural islámico donde estará la futura mezquita. “A mí no me molesta”, sonríe Pablo Rodríguez, “¡mientras no me quiten el dinero en el banco!”.

En la muñeca derecha lleva una bandera de España y, en la izquierda, la de Andalucía. Coge una de las bicicletas que hay en la estación del parque José Celestino, que en unas horas comienza su turno. No sabía de la existencia del proyecto urbanístico y, tras encogerse de hombros, comienza a hablar: “Tengo amigos musulmanes y marroquíes, se apartan un poco cuando hacen el Ramadán, porque nosotros seguimos comiendo y bebiendo lo mismo, pero me da igual. Tengo un amigo que va a entrar en la empresa porque le recomendé”. Casi se le olvida: “Y voto a Vox”. Se queda mirando el espacio, que está rodeado de una red metálica para evitar los actos vandálicos, como el que ocurrió hace unos días cuando tiraron restos de cerdo en el interior, y dice, “se podría construir un parque”. Al comentarle que es una parcela privada, asiente, y vuelve a repetir, “no me molesta”.

A los minutos, Vanessa y Liset, madre e hija, pasan con un carrito de bebé. Llegaron desde Perú hace cuatro años y están al tanto de lo que pasa en el barrio a través de las redes sociales. El reguero de noticias ha recorrido las comidas familiares, el encuentro con vecinos, un boca-boca que las lleva a hablar de “choque cultural”. “No estamos en contra de ellos y respetamos todas las religiones y creencias, sencillamente, puede haber un conflicto el día de mañana horroroso”, explica la recién estrenada abuela. Como creyentes evangélicos, han celebrado durante años sus cantos en un templo que tienen en los Pajaritos sin queja alguna, sin embargo, tuvieron que insonorizar el espacio después de que llegaran las primeras protestas hace unos meses.

Toman ese cambio de parecer como un ejemplo de lo que le podría ocurrir a los futuros integrantes de la comunidad musulmana. “No creo que la paz y la tranquilidad que ellos quieren la vayan a encontrar aquí, y menos con los gitanos”, alude, “veremos las reacciones y la cosa es que podrían irse a otro sitio, una nave más apartada”, si bien ya han transcurrido 20 años desde que la Fundación Mezquita busca el lugar idóneo para construir. “Estamos a la expectativa, porque hay culturas que van a los extremos, ¿no?”, mientras, viven “tranquilas” en los bloques rojizos que se divisan tras la rotonda. “Aquí falta un centro comercial, más tiendas, comercios, una cosa que dé vida al barrio, ¿sabes?”.

“Tenemos problemas más gordos”

¿Qué otra cosa falta? Una vecina, que prefiere no dar su nombre, espera a la línea 2 para ir al centro sanitario en el que arreglar los papeles de su nieto, que tiene con 29 años un grado alto de dependencia. “Llevo nueve meses para que me arreglen el ascensor y él no puede salir de la casa, solo cuando lo lleva y trae la ambulancia, ¿a mí que me va a importar eso?”, se pregunta señalando al terreno baldío. “Tuve que caminar a la parada del 30 y hacer trasbordo porque las paradas siguen eliminadas”, y saca una hoja del folio con varias pegatinas desvaídas en las que se lee El transporte también es un derecho. Las da cada vez que se ofrece la ocasión y, a punto de cumplir los 78 años, espera recuperar fuerzas antes de subir a pie al séptimo piso en el que vive desde hace más de cuatro décadas, una vez y que abandonó Triana. “Ahora paseo por allí y no la reconozco”.

Una voz que se une a la de Carmen Picón, presidenta de la plataforma Barrios Ignorados, que atiende a este medio por teléfono. “Convivimos perfectamente con personas de otras etnias y creencias, y si hay que construir templos, adelante”, subrayando que “tenemos unos problemas muy gordos como para entrar en esta cuestión política que le interesan ahora a unos señores”. Es más, señala a los dos principales objetivos a combatir: “La pobreza y la marginación”. “Estamos sin metro, sin autobuses, tenemos una comisaría de policía que no está dentro del barrio, es más, en el Polígono Sur meten todo lo que en Sevilla no quieren”, así que, zanja, “no vamos a entrar en una guerra política que no nos ayuda para nada”.

“No firmé la hoja que trajeron”

De vuelta al paseo en los alrededores del triángulo de la mezquita, aparece Víctor. Aterrizó en el Polígono Sur hace una década procedente de Nigeria y, desde entonces, su familia ha crecido. “No sé qué decir sobre la mezquita, yo soy inmigrante y cristiano”, aunque añade, “pero los gobiernos tienen que tener cuidado con todo lo que está pasando en el mundo, como en Irán, Afganistán... Si ellos no buscan problema, estoy tranquilo”. Lo único que le perturba es cada vez que sus hijas salen a jugar a la calle, que la más pequeña acaba de cumplir seis años. La alusión a la radicalización islamista, como había mencionado minutos antes la familia peruana, y la relación que se establece entre migración y seguridad termina por ser una muestra de cómo el discurso de la ultraderecha, que desembarcó por primera vez en el Parlamento andaluz en la legislatura de 2019, ha ido calando.

La polémica estalló el pasado 10 de julio, momento en el que Vox presionó para que se paralizara la aprobación de la licencia de obras para construir en el terreno que albergará el Centro Cultural Islámico promovido por la Fundación Mezquita, en donde se prevé una inversión de 10 millones de euros para la edificación de dos espacios, uno de ellos dedicados al rezo y el otro a las actividades socioculturales.

La ultraderecha ha jaleado la controversia creando una campaña de firmas o escalando el conflicto a nivel autonómico y nacional, llegando a pronunciarse Santiago Abascal o asumiendo el discurso “contra la islamización” el vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, mientras el PP resiste el embate. Es más, el alcalde José Luis Sanz, que ya ha defendido la legalidad de la construcción y en la prevaricación que supondría rechazarla, quiso zanjar el tema este martes: “Sevilla es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos”, a lo que sumó, “no cruzaré la línea de violar la ley”.

A unos pasos de la rotonda hay una farmacia, un kebab y una cafetería, tres negocios que dan servicio a un enclave que está a las puertas de uno de los barrios más pobres de Sevilla. El aire acondicionado de la farmacia da un respiro en los prolegómenos de la cuarta ola de calor y, dentro, sus trabajadores comentan lo ocurrido estos días, “yo no firmé la hoja que trajeron en contra de la construcción de la mezquita”, dice uno, “vi el intento de manifestación que hubo y, excepto lo de ayer, apenas he visto, como mucho, a 10 personas en alguna intentona”.

Sin embargo, también apunta, escuchando lo que dice la clientela en las colas de media mañana y media tarde, que “no quieren que esto se convierta en la Macarena, eso es lo que ha traído más revuelo”. El lunes por la tarde hubo medio centenar de personas que protestaron bajo el lema No a la mezquita, entre las que había un grupo de neonazis de Núcleo Nacional. A su lado, la compañera admite que “cada uno es libre de manifestarse y expresarse como quiera”, pero no deja escapar la ocasión para reiterar: “Estamos en un Estado laico, ¿no?”.

Un trabajador del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento ya veía desde hace unos días a los miembros de Núcleo Nacional organizarse por las inmediaciones. “Pegaban en árboles esas pegatinas”, comenta quien prefiere mantener el anonimato. “Yo soy ateo, pero creo en un país libre en el que todo el mundo pueda tener sus propias religiones, ya sea una mezquita, una sinagoga, una iglesia, y haya libertad de expresión”, recalca.

Se describe a sí mismo como un observador pasajero, al fin y al cabo, pueden cambiar su turno y ubicación en cualquier momento, pero no deja de removerle el tirar las pertenencias de las personas sin hogar que duermen en el parque por ordenanza municipal. “Eso sí me da muchísima pena, porque hay mucha gente abandonada”, sostiene. En todo caso, habla de la deriva que podría tomar el discurso de la ultraderecha: “¿No querríamos derechos para los homosexuales, para las mujeres? ¿No tienen el mismo derecho para rezar?”, y lo une con su propia experiencia vital, como hijo de una mujer maltratada que tuvo que sacar adelante a la familia sin más apoyo que su propio tesón.

“La policía no viene los fines de semana”

El Polígono Sur, que contiene las Tres Mil Viviendas, está dividido en las zonas de Martínez Montañés, Murillo, Paz y Amistad, Letanías, Antonio Machado y la Oliva, separados por la ciudad a través de tres obstáculos físicos, como el muro de Hytasa, la carretera de Su Eminencia y las vías del tren. Con una de las rentas per cápita más bajas del país, el barrio vive en sus carnes la persistencia de las desigualdades desde que aquellas familias desahuciadas en la década de los 60 y 70 fueron reubicadas en una explanada inmensa en la que conviven hoy unas 29.000 personas.

Rubén pasea a Niko, que a estas horas prefiere que nadie le acaricie. No vota a ningún partido, porque cree que “todos son lo mismo” y, aunque reconoce sus contradicciones, las muestra: “A mí, de verdad, que me da igual, pero también hubiera venido a la manifestación de ayer si no me hubiera pillado trabajando”.

¿Qué razones le traían entonces, si no era la mezquita? “Tengo dos hijos, de 11 y 12 años, y a mí me da miedo es que tengan algún problema o que esto provoque algún problema”, dice señalando el camino que recorren para visitarlo. A lo largo de sus 52 años, ha observado el crecimiento y el estancamiento del Polígono, y se exaspera cuando habla de la policía: “Los fines de semana no viene, y eso que hay carreras ilegales al lado de mi casa con motos y coches derrapando. O los conflictos que se montan en el ambulatorio con la gente que pone sus colchones ahí, están parados, hay peleas... No soy racista, solo temo que pase lo mismo aquí”.

A unos pasos, erguido sobre un banco y con actitud vigilante, está Ángel. “Si a mí no me molestan, yo no los molestaré a ellos”, resume sorbiendo un poco de su lata de cerveza. En estos días que aprieta el calor, se levanta, viene, echa un paseo, se toma el refrigerio, y vuelve a casa cuando está a punto de dar la hora de comer. Con todo un pasado en la construcción, sonríe con la ocurrencia que se le viene a la mente, “yo ahí montaría una casita con mi piscina y mis cosas con un muro de hormigón hasta arriba para que nadie se asome”. Pudo salir del Polígono e irse a Candelaria, donde los Tres Barrios, pero a la hora de la verdad, se quedó y aquí lleva 75 años: “Tenía el colegio para mis dos niños, está la residencia allí atrás, los centros comerciales, el médico... Y tampoco tengo malos vecinos”. El quehacer diario lo llena: hacer barrio, conocer al que hay al lado, encontrar los puntos de unión.

La Policía Nacional detuvo este viernes a un hombre en los corralones de Castellar, en Sevilla, tal y como ha podido confirmar este medio, tras agredir a uno de los acompañantes de la inquilina que está siendo vigilada y acosada por parte de la propiedad de los números 48, 50 y 52. El varón que atacó a uno de los individuos sería el dueño de la empresa de Desocupación García Seguridad Integral, Miguel Ángel García, según consta en la denuncia presentada.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes cuando Estefi Yeah, la gestora cultural y artesana que aún permanece en el edificio con un contrato de alquiler, recibió las amenazas e improperios de dos trabajadores de la empresa de desokupación. Estos gritaron “os vamos a quemar la casa” y “os vamos a moler a palos”, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio. Posteriormente, al volver de pasear a su perro en compañía de una conocida, Miguel Ángel, aseguran, escupe en la cara a esta persona.

Una vez comentado este episodio, A., la persona que sería posteriormente agredida, decide acompañar a la activista cultural más tarde en una salida que hace del domicilio. A la vuelta, uno de los trabajadores llama a A. para mantener una conversación con él, pero se niega y le exige que suba hasta la puerta de la casa para que haya testigos de cualquier intercambio que pudieran mantener. Por su parte, Miguel Ángel comienza a insultar a Estefi Yeah, llamándola “puta” y “guarra”, por lo que A. responde a las provocaciones diciéndole que es “un maltratador”.

Cuatro detenciones en un mes

Aquí comienza la reyerta, ya que Miguel Ángel sube “violentamente” las escaleras que dan a la casa y “le da un cabezazo en la cara a modo de advertencia”. A. vuelve a repetir que es un “maltratador” y el detenido le da un bofetón y comienza a propinarle puñetazos en la cara, además de fracturar unas gafas de vista y la pantalla de un teléfono móvil. En la calle, varios testigos contemplaron el aspecto sangrante de la víctima. Ante el daño sufrido, A., el afectado, tuvo que acudir a los servicios de urgencia del Hospital Virgen Macarena para curar las lesiones.

Esta se convierte en la cuarta detención en menos de un mes en los corralones de Castellar. La Policía Nacional también tuvo que actuar el 7 de julio después de que seis trabajadores de la empresa de desokupación allanaran la morada de Estefi Yeah para echarla de su casa, siendo tres de ellos llevados a la comisaría. Una situación que se agrava por momentos ante la operación de compraventa que planea sobre los edificios, ya que la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. ofreció 12 millones de euros, como adelantó este medio, para adquirir las tres fincas y, así, construir un hotel de cuatro estrellas y 29 viviendas libres, reza el Plan de Reforma Interior.

Organización

Esta nueva denuncia se suma a la que ya presentó Estefi Yeah el pasado 8 de julio, donde acusó a la propiedad, Garajes Santa Inés S.L. y a varios miembros de la empresa de desokupación de un delito de allanamiento de morada, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas. En el escrito, se relataba las amenazas que ha tenido que enfrentar la inquilina, como que llegaran a decirle “te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”, así como intimidaciones de agresión sexual, “Te voy a clavá toa mi polla, te la voy a meter ahí en la boca apestosa esa”.

El colectivo Defiende Los Corralones continúa organizando actos reivindicativos. El próximo será el miércoles 29 de julio durante el encuentro La Velá de los Corralones, donde, a partir de las 18.30 horas. Se hará una asamblea informativa abierta para actualizar sobre el trabajo que realizan los activistas y trasladar lo que ha ocurrido en los últimos días. Después, habrá conciertos y diversas actividades para terminar la noche y organizar futuras acciones.

Castellar es una sombra de lo que fue. Las denuncias contra la propiedad son varias por el trato y la clausura de negocios de manera arbitraria, creándose un clima de conflicto que abarca las dos últimas décadas. Arenas de la Bellida S.L. ya es dueña de alrededor de un 66% del inmueble, según consta en la documentación consultada, pero la compra total de los edificios solo se hará efectiva si el proyecto propuesto es económicamente viable.

Es decir, si la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla da el visto bueno a la operación inmobiliaria y a la reforma interior de los patios, que conllevaría a su vez la eliminación del mapa del colegio Calderón de la Barca. Una idea que también apunta a la Fábrica de Sombreros y que, como puede apreciarse en el casco histórico, ya ha sucedido en los antiguos corralones de Pasaje Mallol 8 y Bustos Tavera 26, convertidos hoy en viviendas de lujo.

Jaime Bretón lleva al frente del Comisionado para el Polígono Sur siete años. Un periodo atravesado tanto por una pandemia como, luego, por el florecimiento de una Sevilla que es escenario de eventos internacionales. Una ciudad con dos caras y que va a dos velocidades, como él mismo observa: mientras se fulminan los récords de visitantes, también se constata cada año la pobreza y precariedad crónica que vive el Distrito Sur. Envuelto en la polémica sobre la construcción de una mezquita, zanja la controversia generada por Vox: si cumple la legalidad, la licencia se concederá. La cuestión es dar nuevos servicios en esos terrenos vacíos que logren revitalizar la comunidad.

Bretón dejará pronto la cartera del Comisionado y le pide a las administraciones un esfuerzo conjunto para sacar adelante los proyectos retrasados, ya sea la eliminación del muro de Hytasa, como la adecuación de Su Eminencia o la construcción de edificios administrativos o de un centro de mayores, a cargo del Gobierno central y de la Junta, respectivamente, para que cualquiera pueda proyectar su desarrollo personal en el Polígono Sur y no emprender el vuelo a otra localidad sevillana, lo que, para el político del PP, es una más de las derrotas del sistema.

El Ayuntamiento dará la licencia de obras de la mezquita, después de que se paralizara la concesión a raíz de la controversia generada por Vox. ¿Cuál es la valoración que hace sobre esta decisión?

Evidentemente, si el Ayuntamiento otorga la licencia es porque cumple con la normativa, por lo que respetamos la legalidad. Yo ya me he pronunciado públicamente y nuestra prioridad siempre ha sido que el Polígono Sur se ponga en valor y que, en los otros solares que hay, también haya actividad, sea deportiva, educativa, residencial, religiosa, al final, eso es lo que da vida a un barrio.

A lo largo del año, los solares son utilizados como aparcamientos indiscriminados, se llenan de matorrales, y conlleva problemas para la convivencia vecinal. La mayoría de las parcelas son del Ayuntamiento, al igual que hay uno del Gobierno de la nación frente a la Fundación Don Bosco y las innumerables peticiones de la oficina han ido en ponerlas en valor. Me es indiferente que sea un edificio administrativo, un supermercado, o un centro cultural islámico.

Es más, en la avenida Victoria Domínguez Serrato hay un terreno cedido a la Universidad de Sevilla porque se iba a construir la Facultad de Farmacia. Hace siete años, cuando llegué al Comisionado, me puse en contacto con el director general de Infraestructura y me comentó que no había dinero para afrontar el proyecto. Ahora menos. Bien, le dije, 'que revierta de nuevo en el Ayuntamiento', y ahora está cerrado porque había problemas.

En concreto, en el tema de la mezquita, ni estamos a favor ni en contra, solo que se cumpla la legalidad. No tenemos que decir nada si cumplen con todos los requisitos y la normativa.

¿Así se lo trasladó a Vox en la reunión que tuvieron la semana pasada?

Así es. Me dijeron que el barrio estaba en contra. Entonces, les dije que a mí no me había venido nadie a protestar por la mezquita. La gente viene a protestar por otras cosas. Por ejemplo, semanalmente vienen por las plantaciones de marihuana, que generan mucho conflicto vecinal, y que provoca que vaya la luz. O porque hay olores que son insoportables las 24 horas del día o que no se pueden ir tres días a Chipiona a veranear a la casa de su hija por temor a que les ocupen la vivienda, o que les coja de por medio un tiroteo entre clanes. Además, un 99% de las personas que vienen a reclamar son mujeres, mujeres con miedo, que no quieren exponerse.

No dudo en lo que Vox me dijo, pero, mire usted, nadie se me ha presentado con tal problema sobre la mezquita. Independientemente, estamos en un país donde hay libertad de culto y, considero, que todo el mundo tiene derecho a ejercer esa libertad religiosa. En el Polígono Sur hay tres iglesias católicas y varias más evangelistas, y se convive perfectamente. No hay ningún conflicto.

En cambio, los temas prioritarios son dos: la seguridad, que te permite desarrollar libremente tu actividad, y la limpieza, que te da dignidad. Sobre esto, siempre pongo en valor el esfuerzo titánico que realiza el Lipasam, para mí, dentro de todos los servicios que prestan las administraciones públicas, el mejor. La gente me dice, “hombre, es que está sucio”, pero el esfuerzo que hacen en el Polígono Sur es solo comparable con el que hacen en Semana Santa y en Feria. Recogen los restos de marihuana, de obras, de pintura, y trabajan en la carretera de Su Eminencia los lunes, miércoles y viernes con ingentes cantidades de basura.

Quisiera preguntarle por el mensaje de rechazo y señalamiento a la comunidad musulmana que realiza Vox. ¿Cree que podrían enturbiarse las relaciones en el barrio de llegarse a construir la mezquita?

Creo que no. Si el barrio se destaca por algo es porque hay integración. Todos lo sabemos. Hay un porcentaje de gente de etnia gitana que convive con los payos sin ningún problema, también, aunque en menor número, hay gente subsahariana, al igual que sudamericanos, y también conviven en los centros educativos.

Por ejemplo, en las escuelas de verano participan alrededor de 1.000 niños y, mediante la Fundación Telefónica, donamos una serie de tablets a una serie de niños para gente estudiosa, que no tiene recursos económicos, y cada año se lo damos a un colectivo. El año pasado fue a un grupo de estudiantes ucranianos y, este, lo concedimos a través de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo a los alumnos de cuarto de la ESO que están en el proyecto Azarías. Es gente que utiliza bien los recursos, e incluso muchas veces mejor que la gente local.

La gente viene a protestar por otras cosas, y lo prioritario es la seguridad y la limpieza

A pesar de la incursión de la prioridad nacional en el Gobierno andaluz.

Yo me atengo a lo que veo. Es más, me retrotraigo al tema de la limpieza: no sé lo que el Lipasam hace en el resto de la ciudad, en El Cerezo, por ejemplo, pero sé lo que pasa aquí porque llevo siete años como comisionado, desde septiembre de 2019, y la oficina se encuentra en el Polígono Sur, donde trabajo junto a un equipo de 17 personas que llevan desde su origen, hace 22 años. Así que me pronuncio sobre lo que veo en el día a día.

¿Qué me puede decir de la parcela que compró la Fundación Mezquita?

El solar está cerca de las vías del tren, [de la estación Virgen del Rocío], y pertenecía a la iglesia de los mormones. Cuando llegué, desecharon la idea de construir y, entonces, hablé, en aquel momento, con Antonio Muñoz, que en aquel entonces no era alcalde, sino delegado de Urbanismo y Turismo. Le dije que por qué no se compraba el solar y que, de esa forma, revirtiera otra vez en el Ayuntamiento y se intentara sacar una licitación pública para poner un hostel para la gente joven. Era un buen sitio, tienes el Cercanías y los autobuses cerca.

¿Y el Gobierno de Sanz no pudo retomar la operación?

Los mormones ya lo habían vendido a la nueva propiedad, la Fundación. Pero, de igual manera, hay otro solar muy importante, frente a la Fundación Dos Bosco, y para ello he hablado con el Ayuntamiento, pero no mueven ficha. También, se lo comenté al Gobierno central en varias ocasiones, porque sería muy interesante meter el centro administrativo que está en Plaza de España aprovechando la reordenación de la Avenida de las Razas.

A mí lo que me interesa es que en estos solares se hagan cosas, que vengan funcionarios, que vayan a desayunar, que se le dé vida al barrio. Al igual que sucede con el que hay en Campos de Castilla, para el que le he pedido a la Junta de Andalucía que haga un centro de día para personas mayores, porque estamos hablando de que son 144 hectáreas y 29.000 personas, y solo hay uno pequeñito en La Oliva. Considero que haría falta.

Cuando llegó en 2019, apostaba por la eliminación del muro de Hytasa y el acondicionamiento de la carretera de Su Eminencia. Con la reactivación del Plan Especial de Hytasa, ¿cómo beneficiará al Polígono Sur y cuándo cree que se verán estos resultados?

El Polígono Sur está encerrado en tres zonas. Una, el muro de la vía del tren que, dada su envergadura, es mucho más complejo de resolver. En cuanto a la carretera de Su Eminencia, el Ayuntamiento ha arreglado el firme, se ha puesto un carril bici y ya se han licitado las obras para construir pistas deportivas, de petanca y baloncesto. La idea es regenerar el barrio y hacer un bulevar al estilo de Bellavista. En cuanto al muro de Hytasa, no es más que la oportunidad del barrio para integrarse en la zona del Cerro del Águila. Cogería aire y se regeneraría todo lo que viene siendo la zona de Paz y Amistad.

¿Pero se aventura a poner una fecha?

No depende de mí. Dependerá del acuerdo al que llegue el Gobierno central con el Ayuntamiento, donde ha habido sus más y sus menos. El Comisionado no tiene esas competencias y nuestro trabajo se centra en hacer un diagnóstico de la situación y decirle a las administraciones lo que consideramos, tanto al Gobierno central, como a la Junta y al Ayuntamiento, a la vez que intentamos mediar entre ellas y coordinar esfuerzos. Otro esfuerzo importante, titánico, es el de las entidades sociales, dado que la mayoría de ellas están financiadas con fondos públicos a través de las subvenciones y la concurrencia competitiva.

Los vecinos de la barriada de Martínez Montañés se quejaban de que no contaran con ellos para rehabilitar la zona. ¿Sucede con el nuevo planeamiento sobre las Tres Mil Viviendas?

Hay quien se queja de una falta de diálogo, pero hay personas que, con todos mis respetos, se arrogan una representación que no tienen. Hay asociaciones, como Entre Amigos, la Fundación Alalá, Atenea o Don Bosco, que atienden a través de proyectos sociales de todo tipo, educativos, medioambientales, formativos, de inserción laboral, y también contratan a gente, ya que estos programas están subvencionados tanto por la administración como, por ejemplo, la Fundación La Caixa. Ellos sí tienen peso y representatividad, ya que mueven a muchas familias.

En cuanto a los edificios, todo lo contrario. Antes de yo llegar al Comisionado, había una división entre las entidades sobre si había que tirar o no algunos. Luego ha habido unanimidad, porque, al final, estos edificios se convierten en plantaciones de marihuana y, a lo mejor, hay una o dos personas normalizadas. La idea es regenerar esta zona. Coges a las familias más normalizadas, le haces un seguimiento y se quitan las edificaciones más deterioradas. En estos solares lo que está previsto son aparatos de gimnasio, campos de deportes, zonas verdes.

Le he pedido al alcalde y al gerente de Tussam la reposición de las paradas, incluso, hemos dado una alternativa en caso de que hubiera más problemas para evitar la zona más conflictiva

Estamos en verano y hay tres cuestiones acuciantes. Por una parte, no hay refugios climáticos, tampoco piscinas y los cortes de luz se multiplican. ¿Cómo se revierte esta situación?

Los cortes de luz son motivados por las plantaciones de marihuana. ¿Cómo se puede revertir? Entrando en los pisos, quitando las plantaciones de marihuana y endureciendo las penas, que es asunto del Congreso de los Diputados. No es un fenómeno exclusivo del Polígono Sur, sino que se está extendiendo a todos los barrios con características similares por toda España. Lo que no puede ser es que la policía desmantele el cultivo, te coja, te caigan seis meses y, como no tienes antecedentes penales, no pase nada. El enganche ilegal se produce cuando las mafias plantan marihuana.

Acerca de la piscina, la más cercana está en el Tiro de Línea y está prevista otra en lo que era el asentamiento de infraviviendas que el Ayuntamiento del PSOE empezó a desmantelar y ya el Partido Popular ha culminado. A toda esta gente se le ha realojado y se le ha hecho un seguimiento a través de los servicios sociales municipales. Por el momento, esa zona está ocupada por el Lipasam, ya que el parque público del que disponían para los vehículos era muy chico, y ahora el Ayuntamiento decidirá si se ampliará la instalación deportiva con la piscina. Y sobre los refugios climáticos, no me parece mal que haya en determinadas zonas, aunque los centros cívicos reciben a la gente.

¿Cuándo se restituirán las paradas eliminadas de Tussam?

Yo le he pedido al alcalde y al gerente de Tussam en varias ocasiones su reposición, incluso, le hemos dado una alternativa en caso de que hubiera más problemas para evitar la zona más conflictiva, sobre todo en el tramo que hay desde la Factoría Cultural a Maese Pérez. Pero no me han hecho caso, ese es mi sino.

¿Cómo ha vivido las protestas por el cierre de la residencia Flora Tristán?

Confío en que la Universidad Pablo de Olavide sea capaz de solucionar este tema. Si hay un informe técnico, tendrán que tomar parte y cerrar por los problemas ocasiones. Lo comprendo, ya que nadie quiere asumir la responsabilidad si ocurre algo. Ahora bien, creo que la solución que ahora han ofrecido me parece acertada, porque, de una forma u otra, el objetivo es el proyecto que se mantenga. Nació como una apuesta de la Universidad en un sitio donde nadie quería venir, lo que encontraba un poco con mi reivindicación, como los edificios que proponía en los solares. Es positivo que la gente venga, al igual que vino la Esperanza de Triana, porque había quien no había pisado el Polígono Sur en su vida.

La gente me pregunta si llevo guardaespaldas. Nada de eso. Pero la gente se cree que esto es peor de lo que es. No negamos ni ocultamos lo que hay, tanto lo bueno como lo malo. Sabemos que no es lo mismo ir por el Polígono Sur de día que de noche, pero también hacemos una feria de empleo muy potente en la Factoría Cultural e invitamos a grandes empresas y a los ayuntamientos, como el de Carmona, para que traigan a sus chicos. Hacemos publicidad y, como ocurre con la mezquita, si exponen la obra de Ben Yessef Sordo y atrae a gente, bienvenido sea.

La gente, en cuanto puede, se va del barrio. A mí me gustaría que se quedaran y fueran referentes, que lideraran a su comunidad y tutorizaran en ciertas cosas

¿Cuál es su impresión cuando Sevilla bate récord en número de turistas, atrae grandes eventos, y a la vez tiene a los barrios más pobres del país?

Se lo dije tanto al alcalde anterior como a este: Sevilla no puede ser una ciudad que es capaz de organizar los Goya, los Grammy latinos, la Feria, la Semana Santa, que reúna a los ministros de Defensa de la OTAN y, aun así, tener los seis barrios más pobres de España. Hay que revertirlo, y me consta que el alcalde es consciente de ello. No puede haber dos Sevilla a dos velocidades.

Comprendo que aquí hay un esfuerzo que hacer por parte de las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta y Gobierno central, porque son muchos temas y hablamos de inserción laboral, educación, seguridad o el tema de la droga. Y vuelvo a sacarlo dado que es difícil concienciar a la gente de que se forme cuando puedes ganar 3.000 euros vendiendo marihuana.

Después de siete años, ¿se ha ido a mejor, peor, se ha estancado el Polígono Sur?

Hay gente que va mejor y que utiliza los recursos, tanto públicos como privados. Eso no es noticia en los periódicos. No se ve la rehabilitación, que se tire un edificio, que alguien se forme... Eso sí es un problema. La gente, en cuanto puede, se va del barrio. A mí me gustaría que se quedaran y fueran referentes, que lideraran a su comunidad y tutorizaran en ciertas cosas.

Podría diseñarse un plan para retener el talento.

Es difícil. Todo el mundo tiene la libertad de elegir y no puedo obligar a nadie a que se quede. Conozco muchos casos, como algún trabajador del Comisionado, que salieron del barrio y ahora viven en el Cerro del Águila. Merece la pena el esfuerzo, ya sea por este porcentaje que mejora. El objetivo es normalizar la zona, como trayendo aquí la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que la Junta construya un centro para la tercera edad, convencer a Mercadona para que instale un supermercado cerca, mejorar la carretera de Su Eminencia: darle vida a esto.

Aquí hay 16 centros educativos, ocho colegios, cuatro institutos, cuatro escuelas infantiles y un centro de adultos. A mí, hay directores que me dicen, 'bueno, es una pena ver a alumnos con potencial y que los padres los quiten de los estudios para que ayuden en casa o en la venta ambulante', o lo que fuera. ¿Cómo convences a esos padres? El gran cambio también tiene que venir de la propia gente, que den un paso adelante, y cada vez hay más gente que estudia, va a la universidad.

Tras siete años al frente del Comisionado para el Polígono Sur, ¿cuál será su próximo destino?

Es algo sabido: hablé con el presidente de la Junta de Andalucía con el objetivo para cambiar. Como decía, no gestiono nada ni tengo presupuesto, entonces, llega un momento en que yo me canso y se cansan a los que les pido el decirles lo que hay que hacer. Así que, veo positivo que venga otra persona que pueda convencer de otra manera. Ahora bien, mi trayectoria ha sido política: estuve 14 años en el Defensor del Pueblo Andaluz, también en el Consejo Audiovisual, en la Diputación, y me pongo a disposición de lo que venga.

Queda la sensación de que el Comisionado debería estar más presente en el día a día de la población, ya sea por redes sociales, de alguna manera.

Intento utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para lanzar mensajes, aunque, ya sabes, hay gente que te metes en el Facebook y ya critica las fotos que te haces en algún acto. Desde que llegué, mi objetivo fue poner en la agenda pública de la ciudad al Polígono Sur. Nos olvidamos que hay 29.000 personas, que son 144 hectáreas, que están tan solo a cuatro kilómetros de La Campana, el kilómetro cero de la ciudad. Hay que intentar traer aquí a las autoridades, por ejemplo, a los portavoces del Ayuntamiento, a los consejeros de la Junta, al subdelegado del Gobierno, al presidente de la Diputación, es decir, que vean la realidad del barrio. Asociaciones, entidades, hermandades, Ateneo... La cuestión es que participen, vean esto, y que vean la proyección del Polígono Sur.

El Ayuntamiento de Sevilla otorgará la licencia de la mezquita proyectada en el Polígono Sur una vez que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han finalizado los informes técnicos y jurídicos que se solicitaron, que han concluido que, por un lado, “el uso es compatible con la calificación de la parcela” y, por otro, “no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana”, como había pedido Vox, que ya ha anunciado que votará en contra.

Por tanto, la licencia de obra volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, 28 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales. “Estamos ante un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que cumple la normativa urbanística vigente”.

En este sentido, “negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica”, subrayan las fuentes consultadas. “Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado”, añaden.

“Ejercicio de democracia”

Una vez publicada la noticia, los promotores del proyecto resaltan que “estamos muy agradecidos por que el proceso haya salido adelante y, dentro también de esta contención, celebramos que haya hecho un ejercicio de democracia poniendo la ley por encima de cualquier ideología”, resalta Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, en declaraciones a este medio.

“Supone cumplir una etapa de muchísimo trabajo y esfuerzo tanto para la Fundación como para las personas que han colaborado en este proyecto”, subraya, “y, como entidad cultural de carácter islámico, estamos abiertos a hablar con todos los agentes sociales para explicar el proyecto y sus objetivos, con el fin de disipar cualquier duda y acaloramiento que pudiera surgir a nivel social”.

Ante el rechazo de Vox, la Fundación anunció la semana pasada que pediría una reunión con el partido político. Una petición que, asegura Nieto, ya han trasladado. “No hemos obtenido respuesta a día de hoy”, confirma, “pero como vecinos y ciudadanos andaluces tenemos abierto el diálogo con todas las asociaciones”. A su vez, adelanta que en septiembre recibirán la visita de una asociación de personas mayores que están interesadas en conocer en qué consistirá la construcción del Centro Cultural Islámico en el Polígono Sur.

Vox votará en contra

Vox consiguió la semana pasada que se retirara del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo el punto concerniente a la licencia de obras para levantar este espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, que incluye un minarete. Con una inversión de 10 millones de euros, el futuro Centro Cultural Islámico se levantará en una parcela privada en el Polígono Sur y contará con dos edificaciones, una dedicada a la mezquita y otra para las actividades socioculturales, anunciaron sus promotores.

En total, unos 6.300 metros cuadrados que, una vez conseguida la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de este año. Una vez iniciados los trabajos, la Fundación estimaba que se tardarían entre 18 y 24 meses en construir la instalación que estará ubicada entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva.

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla acaba de anunciar que votará en contra del proyecto urbanístico durante la sesión plenaria en la que el asunto sea sometido a consideración. El concejal Javier Navarro, a través de un comunicado, ha reiterado que no han tendi acceso al expediente de la Comisión de Urbanismo del próximo martes “no contiene ningún informe jurídico que resuelva los motivos argumentados por este grupo municipal que propiciaron la retirada del punto del orden del día de la pasada comisión”.

Tras la intervención del ya vicepresidente Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Gonzalo García de Polavieja, reclamaba hace unos días al Comisionado para el Polígono Sur que centrara todos sus esfuerzos en “resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos”, en lugar de “amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio”. No obstante, cabe recordar que el suelo fue comprado a la comunidad mormónica y que, según aseveran desde la Fundación, la compra no ha requerido financiación pública.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de enero de 2026 los requisitos y las condiciones mínimas que requerían las personas beneficiarias del grado III+ de dependencia, una línea creada para los pacientes de la ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Dos meses más tarde, en marzo, la Consejería de Inclusión Social anunciaba que Andalucía abría el trámite para pedir estas ayudas, y fue entonces cuando Teresa, pseudónimo, vio los cielos abiertos: por fin podía pedir la subvención para su padre, J. Con 68 años, vive postrado en la cama y conectado a un respirador que le ayuda a resistir. Sin embargo, necesita atención las 24 horas del día y, aunque su hija ha removido cielo y tierra para lograr la financiación, el plazo de tres meses máximo ha expirado sin una respuesta de la administración.

“Iniciamos el proceso para la dependencia e incapacidad desde 2021 y ya en 2024 teníamos el diagnóstico neurodegenerativo en firme”, relata Teresa desde Granada a través de una videollamada tras haber lanzado un comunicado a través de varios correos electrónicos pidiendo que se dieran eco de su caso. “Tenemos un poco de ayuda, pero todo ha sido por las reclamaciones constantes y, además, se nos niega un fisioterapeuta a domicilio cuando la ley lo contempla”, motivo por el que acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de apoyo.

La solicitud para que su padre recibiera el reconocimiento del grado III+ fue firmada el 17 de marzo, según ha constatado este medio. En el caso de J., los especialistas en neurología del Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, certificaron que padecía una atrofia multisistémica variante parkisoniana (AMSp), con origen en el año 2016, y en un estudio realizado en junio de este año, se indica que el paciente “se halla en situación de gravedad y gran dependencia” con síntomas propios de un estadio avanzado. “Se trata de una enfermedad neurodegenerativa grave que da lugar de manera progresiva a la alteración grave de la movilidad, disautonomía, alteración mental, problemas respiratorios, problemas del sueño, dolor y disfagia”, describe el facultativo.

En otro de los informes a los que ha podido acceder este medio, la neuróloga asevera que la intervención del fisioterapeuta “constituye un pilar crítico y necesario en el abordaje integral de la AMS”, ya que la evidencia científica demuestra “que mejora significativamente la función motora”. En función de las limitaciones de movilidad del paciente, la especialista solicita “facilitar la fisioterapia en el entorno domicilio” y, añade, “este es un derecho reconocido bajo el marco de la Ley ELA, que ampara de forma explícita a pacientes con enfermedades neurodegenerativas complejas como la AMS, garantizando así la continuidad asistencial y la dignidad en el tratamiento”.

“El día a día es traumático”

En la actualidad, J. tiene asignada 20 horas semanales, dos por la mañana y otras dos por la tarde de lunes a viernes, y el resto lo acompaña su esposa, A., que con 65 años apenas puede hacerse cargo del paciente, tanto por la falta de fuerza para manipularlo con soltura como por la carga mental que supone ver su paulatino e imparable deterioro físico. A partir de la pandemia, A. ha desarrollado varias dolencias en el ojo que le están haciendo perder la visión, además de que está sufriendo inflamaciones tanto en las caderas como en los hombros.

Intentando adelantarse a los tiempos de la Consejería, cuya respuesta es de 496 días —por encima de los 180 establecidos por ley—, ya le está empezando a tramitar la ayuda en dependencia. Pero, quien centra ahora sus preocupaciones es su padre, una persona vital, describe su entorno, que trajaba como comercial y formó una familia junto a A. y sus dos hijos. “Desde hace 15 años veo la evolución y J. ha pasado de ser una persona súper activa, que ha trabajado más de 35 años y lo ha dado todo por su familia y entorno, a no poder salir de una habitación, a pesar de que tu cerebro quiera. El día a día es absolutamente traumático”, relata Iván, la pareja de Teresa.

“Ve cómo esto afecta a la vida de los demás”

“Hay que asearle, darle de comer, desplazarlo, cortarle todo, se cae cada diez segundos. Cualquier ser humano merece una dignidad y él no la está recibiendo del Estado ni su entorno, y es lo que más me crispa: que el Gobierno alardee de leyes aprobadas y al final no lleguen al ciudadano”, comparte. Mientras Teresa lo escucha emocionada, su marido habla del sufrimiento de J. cuando contempla a quienes lo cuidan: “Ve cómo esto afecta a la vida de los demás. Esto no deja de ser una onda expansiva... La vida de mi suegro está sentenciada, lo que nos jugamos ahora es la vida de mi suegra, el trauma emocional de mi mujer, todo lo que está generando alrededor”.

El matrimonio, que vive a unas calles, está pendiente de los cuidados que necesite J., pero las cargas familiares y laborales impiden una entrega absoluta, aunque Teresa responde al teléfono cada vez que suena. “Mi padre ya apenas puede hablar. El otro día llamó y al contestar escuché los gritos y los llantos de mi madre de fondo. Colgué y fui”. Al entrar en la casa, la encontró desvanecida en el suelo después de sufrir un nuevo ataque de ansiedad.

Relata otro episodio, relacionado con la administración. Le pidió a un funcionario del Servicio de Valoración de la Dependencia de Granada, en la calle Joaquín Eguaras, que revisara el expediente de su padre. Insistió y, finalmente, le pidió que esperara. Al volver, le dijo que la trabajadora que se encargaba de los trámites tenía miles de carpetas sobre su mesa. Apenas faltan unos días para que comience agosto y, mediante el verano, teme que expire de nuevo la solicitud que registró en la ventanilla electrónica, aparte de la entregada en persona. ¿La atención privada es una alternativa? “Es inviable. El presupuesto son unos 9.000 euros mensuales para cubrir el día, pero sin que recoja lo que supone contratar a un especialista. El logopeda, el fisioterapeuta, la terapia ocupacional, todo eso queda aparte”.

Más de 90 solicitudes registradas

La Ley 3/2024, para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace dos años. Con el acuerdo de enero de este año, se definió que para acceder a las ayudas del grado III+ se necesita cumplir dos de tres criterios: necesitar soporte ventilatorio más de ocho horas al día, la necesidad diaria de aspiración de secreciones e inmovilidad del tren superior. Una vez expedido el certificado médico, se establece la cuantía, que tiene un mínimo garantizado de 3.200 euros y un máximo de 9.850 euros al mes.

Hasta la fecha, según las fuentes consultadas, la Agencia de Dependencia del Gobierno andaluz contabiliza un total de 92 expedientes en trámite desde que se abrió el plazo en marzo, de los que 73 corresponden a ELA y el resto a enfermedades de alta complejidad. Hasta hace unas semanas, solo había seis expedientes resueltos, unos datos para los que se ha requerido la confirmación de la Junta, aunque al cierre de esta edición no había respuesta.

Raquel Galán, trabajadora social de la Asociación ELA Andalucía, habla con este medio sobre los pros y contras de la adaptación del modelo en la comunidad. “No está yendo como esperábamos, pero están rodando, poco a poco”, indica. La organización, que tiene diálogo directo con la Agencia, intermedia para agilizar el proceso tanto para los socios como los no socios con el objetivo de que las solicitudes se registren a través de la Ventanilla Electrónica de la Dependencia (VED) y adquieran la calificación, en morado, de “urgente”. Una de las principales trabas es la adaptación del sistema informático para gestionar los datos que requieren el grado III+, unas “complicaciones” para las que espera una pronta solución. Pero la crítica va dirigida hacia el modelo adoptado para el acceso a las subvenciones.

El modelo andaluz frente al resto de autonomías

Galán pone el ejemplo de las comunidades autónomas de Asturias o Comunidad Valenciana. “Han conseguido que no se aplique el IRPF ni se tenga que aportar un copago”, indica. Andalucía calcula la cuantía económica según el coste del servicio de ayuda a domicilio o de asistente personal que se contrate y la capacidad económica de la persona, como recoge la consejería de Loles López, mientras que Cantabria ha apostado por aportar el dinero en función de la intensidad de los apoyos que requieran los pacientes con independencia de la renta.

Otro obstáculo con el que se enfrentan las familias que han solicitado las ayudas, como la de Teresa, es que no hay suficientes empresas dedicadas a la ayuda domicilio con la formación especializada para atender a los pacientes con ELA o de alta complejidad. “Quitarle las secreciones, apoyarles en ventilación mecánica, poder darles la comida por el estómago, y no hablamos de que solo una persona esté capacitada, sino de dos o tres en función de lo que necesite la familia”, y en base a la jornada laboral y a las sustituciones que requieran los propios trabajadores.

Las necesidades de la enfermedad neurodegenerativa no solo atañe al ámbito de la dependencia, sino que da de lleno con la sanidad. Una dualidad que requiere la cooperación entre las consejerías competentes y que, en muchas ocasiones, como reitera Galán, “queda muy bonito en el papel pero no se lleva a cabo”. En referencia a la estrategia sociosanitaria de Andalucía, indican que hay dificultades con las Consejería de Salud, al igual que sucede en el resto del país, como constantan a través de la confederación estatal de la que forman parte, ConELA.

La ley de 2024 supuso un hito en España, ya que se trataba de la primera norma que se enfocaba en una enfermedad. “Tardaron un año en ponerla en marcha, después de que cada partido intentara hacerla suya”, recuerda, “el grado III+ es lo que ha salido más pronto, pero la formación sanitaria, la de los cuidadores de las empresas o la atención de fisioterapias queda pendiente”. Mientras, Teresa continúa a la espera de que llegue la ayuda para su padre y, así, se palie un poco el sufrimiento del paciente y de su familia.

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación del grupo de 18 letradas que demandaron al Colegio de Abogados de Sevilla por mantener el genérico masculino en su denominación en vez de utilizar 'abogacía' como término inclusivo. Una decisión que cobra especial importancia porque, a partir de lo que determine el alto tribunal, se valorará si el nombre que mantiene la institución centenaria supone un uso sexista del lenguaje y, también, una discriminación indirecta por razón de sexo en virtud de los artículos que amparan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o las recomendaciones para el lenguaje inclusivo.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo dictó en junio de este año que las normas que serán objeto de interpretación por parte del tribunal son las relativas a la ley de Igualdad y, también, a la ley sobre Colegios Profesionales, según señala el auto al que ha podido acceder este medio. Así, prosigue la lucha de las letradas sevillanas que mostraron su rechazo frontal al acuerdo votado el 25 de junio de 2022, en el que se mantuvo la denominación del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), en vez de adaptar las recomendaciones deontológicas del Real Decreto 135/2021 en el que ya se alude a los colegios de la Abogacía.

Este paso supone para María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes, “un hito procesal importante”, dado que “considera que la cuestión trasciende nuestro caso concreto, reconociendo que existe una cuestión jurídica cuya interpretación conviene fijar y merece un pronunciamiento que puede dar lugar a crear doctrina jurisprudencial”. Por tanto, lo califica, en declaraciones a este medio, como “un ejercicio de ajuste entre la legislación vigente y la realidad social”, ya que, en este sentido, “el poder y la capacidad de influencia del lenguaje público es trascendental”.

“Puede trascender a otros ámbitos”

Lo más interesante para la letrada, afirma, es “si la sentencia entra en el fondo del asunto y fija criterio sobre el uso del lenguaje sexista por un colegio profesional, o sobre las obligaciones derivadas de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación”, dando lugar a que la doctrina sea utilizada en procedimientos futuros. Además, considera que con esta vía se abre la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, así como del deber de las corporaciones de derecho público a utilizar un lenguaje conforme al ordenamiento juírico, a la interpretación de la norma sobre igualdad y, añade, el alcance del control jurisdiccional sobre los estatutos de los colegios profesionales, “una cuestión que puede trascender a otros ámbitos”.

El litigio se ha ido extendiendo en el tiempo y en estos cuatro años ha habido dos sentencias cruciales. Por un lado, el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla desestimó en abril de 2025 la demanda contra el ICAS y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados debido a que era una “decisión democráticamente adoptada por los colegiados” y que, a pesar de provocar un “profundo respeto” por parte de la magistrada que “pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes”, como recogía el auto, “no hay norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo”. Asimismo, aseveró que “el término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo”.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó en febrero de este año el recurso interpuesto por las 18 abogadas. La sentencia también mantenía que no existía una “norma imperativa” en la legislación española, pese a las recomendaciones nacionales e internacionales, y se mostraba contraria a que la denominación aprobada por el Colegio de Sevilla fuera sexista. En todo caso, hacía referencia a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que “ha manifestado que el uso genérico del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna y que el uso del desdoblamiento entre masculino y femenino es artificioso e innecesario, fundado principalmente en razones extralingüísticas”.

A tal efecto, concluía con que, aun siendo “correcto” el uso de “abogacía” para comprender a los profesionales de ambos sexos, con el mantenimiento de abogados “no podemos concluir que su uso pueda, en la actual conciencia social, invisibilizar a las mujeres, dada la absoluta normalización del ejercicio de esta profesión por ambos sexos”. Una cuestión que alarmó a las letradas, ya que, a su criterio, de esta manera se “reducía” la conflictividad a un mero problema gramatical y no se metía “en el fondo de la cuestión: la discriminación por razón de sexo”.

Cuatro años de litigio y logros

La nomenclatura aprobada por la institución que lleva vigente más de 300 años va en el sentido contrario a las nuevas adecuaciones adoptadas por más de 30 Colegios de Abogados, de un total de 83 órganos, que pasaron a adoptar Abogacía, como en Almería, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Murcia o Santiago de Compostela. Un gesto que contrastaba con el uso del lenguaje inclusivo cuando este año se convocó por primera vez el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla, concedido a Amparo Díaz Ramos, quien mostraba su apoyo para la estandarización del término colectivo y, así, se “abarque” tanto a hombres, mujeres y a personas no binarias, declaraba a este medio.

Más allá de los sinsabores, el grupo de 18 letradas ha conseguido que el Supremo acepta el recurso de casación y, también, un triunfo que ha supuesto un antes y un después en el callejero sevillano, reflejo de la historia compartida de la ciudad. En diciembre de 2024, se descubrió la nueva rotulación de la Plaza de la Abogacía en un “acto de reparación”, como lo calificaron las asistentes, que supuso acabar con un espacio más en el que se invisibilizaba a las mujeres y que, además, contó con la presencia de la corporación local y del Colegio de Abogados en el acto inaugural.

Casi un lustro después, la abogada María Jesús Correa ve en la decisión del Supremo que “la razón está de nuestro lado porque la legislación está ahí y es exigible su cumplimiento”. “Si alcanzamos nuestro objetivo de un pronunciamiento que sirva para desterrar cualquier tipo de discriminación sexista en el uso del lenguaje, todo esfuerzo habrá merecido la pena. Así sea”.

Olivia ha esperado dos años y medio para que el DNI refleje su identidad. En su cartera, la menor trans todavía lleva un nombre y un sexo que no le corresponde, pese a que cursó la solicitud para adecuarlo en el Registro Civil de Madrid en 2024 y la Ley Trans establece un período máximo de cuatro meses desde la comparecencia inicial del procedimiento. Vive un momento de cambio, de crecimiento, de madurez vital y de grandes cambios académicos, pero el tiempo pasa lentamente para la joven de 16 años que, desde Sevilla, obtuvo por fin una respuesta en junio. Una resolución que le permitirá iniciar a ella y a toda su familia una nueva etapa, sin ningún tipo de obstáculo para mostrar y responder a su verdadera identidad. La única razón que encuentran para tal tardanza es el “colapso” de la administración.

“Tengo ganas de que me den mi DNI y vivir una vida normal”, afirma Olivia. A su lado, está su madre, Carolina, ambas con pseudónimos. En este período, ha acompañado a la joven con cariño y paciencia, aunque el hastío y la indignación asoman cuando constata que los plazos no se cumplen y relata los episodios que han afrontado. Entre ellos, la lucha para que se asuma y respete la identidad de la menor en el colegio, o la preocupación al ver cómo se pierde las experiencias que disfrutan sus compañeros, como las excursiones en la que debe presentar el DNI antiguo o los viajes a los que no ha ido porque ya no es la persona que está inscrita en el documento, donde está su dead name —término que hace referencia al nombre y sexo con el que nace la persona antes de elegir con el que se siente identificada.

Nacida en Bruselas, la normativa española establece que debe realizar el procedimiento para la rectificación de la mención registral a través del Registro Civil Central, en Madrid, en vez de acudir a la oficina de Sevilla. En este caso, la Ley Trans recoge que la legitimación pueda hacerla libremente toda persona mayor de 16 años, mientras que para la franja que comprende hasta los 14 años se requiere la asistencia de los representantes legales. Conociendo los requisitos, la familia de Olivia se puso manos a la obra y, en abril de 2024, contaban con la autorización judicial y registraron la solicitud para cambiar el DNI de la menor. Pero el tiempo pasaba y las reclamaciones caían en saco roto, sin que hubiera noticias hasta junio de este año.

El padre de la menor se trasladó a Madrid este verano para exigir una respuesta en persona tras más de dos años en espera, momento en el que le notificaron que la resolución había sido resuelta de forma positiva en junio. “Todo esto ha creado mucho malestar y no entendemos a qué se ha debido”, lamenta. Nada más saberlo, han pedido el certificado de nacimiento con el nuevo nombre y género de la joven, para lo que cuentan, ilusionados, los días.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio de Justicia explican que “no consta que existan retrasos generalizados” en la tramitación de los procedimientos de rectificación de la mención registral del sexo por parte de las oficinas del Registro Civil. Además, con la implantación definitiva del nuevo modelo, aclaran que la oficina encargada también es competente para practicar la correspondiente inscripción, sin necesidad de remitir la documentación a aquella en la que figure inscrito el nacimiento, contribuyendo así “a agilizar su tramitación”.

“Me quedé con la gente que me quería”

“Teníamos prisa para que se cumpliera durante la etapa de la ESO, y ahora más que empieza Bachillerato y vemos que el expediente va a venir con el nombre antiguo”, comenta la madre, ya que la documentación oficial, como los expedientes académicos, las actas de evaluación o la expedición de títulos refleja los datos del DNI vigente. En cambio, la normativa autonómica dicta desde 2015, a través del Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, que la documentación administrativa del centro se adaptará al nombre y al género con el que se siente identificado el alumnado.

Una década después, Carolina tiene que pelear cada inicio de curso para que se cumpla: “No hay formación en las carreras ni los equipos directivos saben lo que recogen las leyes... Todo esto lo evitaríamos si ya tuviera el DNI cambiado, como también nos ha ocurrido con la tarjeta sanitaria”, lamenta. A su lado, Olivia muestra una calma envidiable: se acepta tal y como es y solo quiere que el Estado cumpla con su compromiso. Quiere crecer sin esconderse y escuchar su nombre cada vez que lean el documento para embarcar, cuando la llamen por megafonía o los profesores pasen lista cada mañana. Es un deseo sencillo y asumible que la enfrenta con el resto del mundo.

A raíz de su condición trans, sufrió el rechazo de sus compañeros y, tras cambiar de centro, prefiere mantener un perfil bajo, por lo que no ha compartido sus vivencias con el resto de la clase. “Solo lo sabe mi tutora, no se lo he dicho a nadie más”, ni tampoco tiene por qué hacerlo. Es más, mantiene una actitud desafiante y contundente: “Me quedé con la gente que me quería y encontré a gente que me aceptaba. Cuando me cambié del instituto público al privado había gente de mi clase que no me querían hablar simplemente porque era trans, porque yo a ellos no les hacía nada”.

Echando la vista atrás, recuerda los días que precedieron a la revelación. Tenía 11 años cuando le dijo a su madre que, realmente, era una niña. “Lo llevaba pensando mucho tiempo... Mis amigas ya me trataban como una chica, lo que pasa es que pensaba que mis padres me dirían que era una tontería. Un día se lo dije a mi madre, me contestó que no pasaba nada, y ya está”, comparte. Carolina, emocionada, viaja al pasado y cuenta las veces que su hija escondía su cuerpo en el cuarto mientras se vestía.

“No estás sola”

Aquella primera fase la pasaron juntos, antes de dar con la asociación Chrysallis, enfocada en las familias para la infancia y juventud trans. La organización cuenta con una delegación en Andalucía y se convirtió en un espacio de encuentro en el que compartir experiencias, dudas, pesares, cuestiones que aparecen en el día a día y no saben cómo resolver hasta que encuentras una mano amiga. “Al entrar, te quedas impactada, porque ves que no estás sola. Fue un antes y un después”, rememora la madre.

A lo largo de esta etapa más ligada al activismo, Olivia pasó a dar charlas sobre diversidad LGTBIQ+ en los centros de educación, se manifestaba cada Día del Orgullo y participaba en los actos del colectivo. Sin embargo, las presiones que ha tenido que soportar terminaron por pesar en su lucha. “Llega un momento en el que piensas en ser anónima”, comenta su madre. “Esa es la parte dura del activismo: te expones a ti misma, estás al frente e, incluso, llegué a presumir de mi niña, pero me he vuelto cauta”, sobre todo a raíz de los comentarios, de las burlas de personas que creía afines, de los embates políticos, del comportamiento de los sanitarios que las atienden y cuestionan su identidad o la dejadez administrativa que, finalmente, le hacen pensar que “la sociedad no cambia”.

“Esta decisión no quita que con el tiempo se vuelva a retomar, si quiere, pero hacía falta un descanso emocional”, explica, aunque, un brillo vuelve a encender en sus ojos cuando afirma: “Creo que Olivia es más fuerte que yo”. Acude al móvil y muestra las fotos de cada marcha, de los encuentros a los que se sumaban en cada rincón del país, como la imagen en la que enarbola la bandera trans y la de Andalucía mientras participipa en una manifestación convocada en Madrid. “También, hay un matriarcado muy fuerte en este tipo de asociaciones”, añade Carolina.

“Falta mucha pedagogía”

Dibuja una imagen para explicar esa comunión: fletaron tres guaguas desde Andalucía para manifestarse contra las modificaciones en materia LGTBIQ+ promovidas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid, y estaba llena de madres que acompañaban a sus hijes. “Creo que las madres podemos asumir mucho más, aunque en el caso de Olivia su padre siempre ha estado ahí. Pero escuchas otros casos, donde ha habido separaciones porque el padre no quería asumirlo y la madre ve la necesidad de divorciarse para acompañar a su hije. Todavía falta mucha pedagogía”, determina.

Olivia cursará en septiembre el Bachillerato en Humanidades. No sabe todavía a qué se dedicará en el futuro, pero su conciencia política despierta en vista del pacto entre PP y Vox que se ha firmado recientemente en Andalucía y que, de una forma u otra, también la atañe. “Da miedo que haya cada vez más jóvenes que piensen que está bien lo que dice Vox”, señala, como que uno de los objetivos de la ultraderecha sea la derogación de la Ley Trans, tanto la nacional como la autonómica. Admira a cantantes como Bad Gyal, que “no se corta para pronunciarse sobre nada”, y a actrices como Jedet, mujeres que alzan la voz y son referentes para las futuras generaciones, como ella, que dentro de poco tendrá entre sus manos su nuevo DNI.

El acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía despierta voces críticas con un pacto en el que se rechaza frontalmente a los niños migrantes y se refrenda el negacionismo climático, pese a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo mencionara como un factor determinante en el incendio de Almería. Frente a la prometida estabilidad de la vía andaluza, organizaciones, entes sociales y sindicatos piden una apuesta común por el reparto equitativo de recursos y no ceder en los derechos adquiridos. El documento de 150 puntos se divide en 15 secciones que abarcan desde la fiscalidad, la inmigración, a la familia, la cultura y el turismo o las leyes ideológicas, que despiertan dudas y preocupaciones entre distintos sectores.

El reparto de las 150 medidas da cuenta de la importancia que le otorga a cada sección los partidos conservadores, el Sector Primario (33 puntos), la Sanidad (29), así como Vivienda (14), Inmigración (12) y Fiscalidad (11), se llevan la palma, a lo que luego le seguiría Educación (diez), Energía, industria y empleo (nueve), Familia (ocho), Medio ambiente (seis), Cultura y turismo (cinco), Gasto superfluo (cuatro), Justicia (tres), Movilidad y Transporte (tres), Leyes ideológicas (dos), y, por último, el punto 150 referido a la Lealtad institucional y Comisión de seguimiento.

Vox, que ha rebajado el tono en las cuestiones relacionadas con el feminismo y el colectivo LGTBIQ+ a lo largo de esta campaña autonómica para encarar las generales con el mayor espectro posible de votos, ha puesto énfasis en la 'prioridad nacional' a través de la inmigración y, a su vez, en el campo andaluz como sus dos estandartes principales, aunque finalmente la consejería designada para el líder andaluz de la ultraderecha andaluza, Manuel Gavira, haya sido Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El campo andaluz será feudo del PP, con Ramón Fernández-Pacheco al frente, al igual que Sanidad, que confía Moreno a su gestor fuerte, Antonio Sanz, y la recién creada Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a cargo de Rocío Díaz. Tres áreas que, aún siendo baluarte de los populares, se someten a las exigencias de la ultraderecha.

Las políticas agrarias: “No hablan de la falta de rentabilidad”

“Es paradójico que algo más de medio millón de andaluces, que representan el 6% de la población, marque las políticas agrarias de los próximos cuatro años”, sentencia Jesús Cózar, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía. “Muchas de las medidas propuestas ya se están llevando a cabo, como las relacionadas con la competencia en materia de aguas o la instalación de balsas de agua, y hay otras que no le competen a la Junta de Andalucía, como las relativas a la PAC [Política Agraria Común]”, detalla, “y ninguna de ellas habla del principal reto del sector primario andaluz: la falta de rentabilidad de las explotaciones”.

Al respecto, considera que la Junta debería de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para desarrollar y aplicar la Ley de la Cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil: el productor. “Se puede hacer mucho más para evitar el cierre de muchas plantaciones, pero no lo vemos, al igual que ocurre con el control de los productos que entran en nuestro territorio o, también, las exigencias en calidad”, asegura. En todo caso, rechaza el modelo de producción intensiva y extensiva: “Las pequeñas y medianas explotaciones somos las que evitamos la despoblación, la desertificación, los incendios, las que velamos por la sostenibilidad económica, social y ambiental, cosa que no ocurre con el modelo intensivo, donde los tenedores de la tierra son grandes fondos de inversión... Cuando no les salgan las cuentas, las pondrán en otra parte”, critica el representante de UPA.

Entre las medidas “positivas” está la reducción de tasas relacionadas con los trabajadores para ayudar a la productividad o, también, la implementación de productos locales en los comedores escolares y administraciones, una cuestión en la que, también, se venía trabajando. A su vez, da por buena la protección del suelo fértil para evitar la macroinstalación de placas fotovoltaicas, pero conllevará una importante discusión: “Nos topamos con la libre elección de cada ciudadano porque, una vez más, nuestros cultivos no son tan rentables como estos huertos solares”.

Un punto en el que Cózar contempla la mayor incongruencia del Gobierno andaluz es el negacionismo del cambio climático. “No lo entendemos. Somos el sector que está padeciendo directamente los problemas derivados del cambio climático, como en nuestras cosechas afectadas por golpes de calor, épocas largas de sequía, o las trombas de agua que han generado desperfectos que jamás habíamos visto. En abril alcanzamos los 40 grados, provocando la quema de la flor del olivo y mermando así las cosechas. El techo de nuestra fábrica es el cielo, y las consecuencias ya las estamos padeciendo”, razona, “que se evide la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, donde se intenta paliar y mejorar un poquito uno de nuestros principales retos: no tiene sentido común”.

“Convierten derechos en privilegios”

Acerca de los derechos sociales que toca el acuerdo en el marco de la 'prioridad nacional', englobados en el apartado de inmigración y que señalan tanto el empadronamiento de las personas en situación irregular como el rechazo a la entrada de niños migrantes, Maribel Mora, abogada y miembro de la APDHA, indica que los recortes se han ido profundizando en las dos legislaturas anteriores. “Ya había exclusión en el acceso a la vivienda, abandono de familias migrantes y refugiadas, deterioro de los servicios sociales, así como recortes encubiertos en igualdad, memoria democrática o cooperación, y una gestión cada vez más restrictiva de los derechos sociales”, mantiene.

“Lo que hace Vox ahora es obligar al PP a escribir sobre el papel lo que, en muchas ocasiones, ya venían haciendo por la vía de los hechos: convertir derechos en privilegios y señalar a las personas más vulnerables como problema político y enemigos de la sociedad”, subraya.

Frente al alarmismo desperdigado por Vox, hay varios datos a poner sobre la mesa. Por un lado, el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, publicado por el Ministerio de Sanidad en mayo de este año, refleja que el uso del sistema sanitario sigue siendo mayor entre las personas nacidas en España (92,3%) frente a las personas nacidas en otro país (90,6%). De este último cómputo, un 92% corresponden a ciudadanos de la Unión Europea mientras que los latinoamericanos representan el 94,4% y los africanos un 85,2%. Además, se subraya que la reforma que recuperó el acceso universal para las personas en situación irregular se ha implantado a nivel autonómico de forma “desigual, perpetuando algunas situaciones de exclusión sanitaria”. “Esto nos afecta a todos como sociedad y deberíamos estar muy preocupados, porque Vox consigue normalizar a través de su bandera ideológica que hay vidas que merecen menos protección institucional y dignidad que otras”.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reflejaba en la memoria de 2024 sobre el Sistema de información de usuarios/as de servicios sociales (SIUSS) que de un total de 3.445.227 millones de usuarios, un 78,5% eran españoles (2.708.067 personas) y un 21,4% eran de otras nacionalidades (737.160 personas). En este último porcentaje, se repartiría de la siguiente manera: América Central y Sur (9,26%); Magreb (5,21%); Unión Europea (2,7%) y del resto del continente europeo (1,5%), a lo que le seguiría África subsahariana (1,04%). A su vez, las dificultades para el acceso a la vivienda se verán ahora redobladas por los requisitos de arraigo que podrían perjudicar tanto a los andaluces residentes en el extranjero que deseen volver a la comunidad como a los recién llegados, llegando a ser un 65% los que sufren estrategias de bloqueo.

De igual forma, la pensión no contributiva se distribuye a 471.309 en todo el país y, según el perfil de 2025 publicado por el Imserso, hay un 91,7% (432.157) que son nacionales españoles, mientras que un 8,2% corresponden a otras nacionalidades (un 2,26% es del resto de la Unión Europea y un 6% a otros países). A ello, habría que sumar que, de media, las personas extranjeras reciben hasta 4.000 euros anuales de media en Andalucía que un español (26.337 euros frente a 22.063 euros). Por tanto, expresa Mora, la 'prioridad nacional' “es una estrategia diseñada expresamente para criminalizar a estas mismas personas a las que se lanza a una mayor exclusión”.

Rebajas del IRPF

PP y Vox coinciden en la rebaja de impuestos. Una tesis que refuerzan a través de 11 puntos, entre los que destacan las deducciones de hasta 1.500 euros por nacimiento o adopción para fomentar la natalidad, así como el incremento del 50% para las familias numerosas. Pero también habrá una bajada progresiva del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, pero, ¿quién forma parte de esa escala? Los datos de la renta media por hogar de las declaraciones del IRPF de 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ayudaron a crear el mapa de elDiario.es.

En Andalucía, la renta media anual neta por hogar es de 32.378 euros, por debajo de la nacional que se sitúa en los 38.326 euros. A partir del mapa, se observa que por debajo y alrededor de esta cifra está el 50% de la población (un 32% tiene una renta media de entre 18.600 y 30.800 euros, mientras que el 18% oscila entre los 30.800 euros y los 34.000 euros). Por tanto, hay hasta seis tramos superiores, y más ricos, que se beneficiarían de esta bajada de impuestos, alrededor de un 42% de los hogares andaluces. Al respecto, Rafael Gelo, secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, critica que, citando las palabras del propio presidente andaluz en referencia a las propuestas de Vox en campaña, “se está engañando a los ciudadanos”.

“Las rebajas fiscales comprometen los presupuestos del 27 al 30, ya que es un cheque en blanco para la desigualdad y no explican cómo se va a financiar la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales si van a disminuir los ingresos”. Aparte, menciona el rechazo a la condonación de la deuda para Andalucía y la financiación autonómica como una pérdida de recursos para equilibrar las cuentas de la comunidad. “Con esta reducción, las rentas más bajas no se verán beneficiadas, porque, o no declaran sus ingresos al estar por debajo del mínimo o será un porcentaje prácticamente inexistente. Bajar el mismo tipo a las rentas más ricas va a perpetuar la brecha social”, subraya.

Por otra parte, ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones a tíos y sobrinos —siempre y cuando lo permita las normas de sostenibilidad financiera, admite el acuerdo— resulta beneficioso “de nuevo, a las clases sociales más acomodadas, ya que la mayoría de las personas trabajadoras no reciben herencias significativas y la eliminación de este impuesto lo único que hace es ayudar a las desigualdades de origen”. Con respecto al sector primario, si bien admite que los autónomos y las pequeñas explotaciones necesitan apoyo, esta reducción tendría que estar condicionada por el mantenimiento del empleo y la exigencia del cumplimiento de los convenios colectivos y derechos laborales. “Hay que cuidar el sector primario en Andalucía, pero seguimos manteniendo el principio de, quien contamina, paga, porque serán las familias quienes pagarán los sobrecostes sanitarios de la contaminación”, asevera.

Con relación a la eliminación de los topes de renta para la aplicación de deducciones autonómicas para las familias numerosas, el representante sindical incide en que “el número de personas no determina por sí solo que tengan riesgos de vulnerabilidad, y de esta forma lo que se consigue es que los hogares ricos reciban lo mismo que las familias mileuristas cuando, para ser justos, debería considerarse la renta, la situación laboral y de dependencia, entre otras cuestiones”. Así como pide que las medidas para recuperar la natalidad sea basada en una educación “pública y gratuita”, en vez de incentivos “injustos”.

En cuanto al punto relacionado con los sindicatos, que el acuerdo advierte que reducirá las subvenciones en un 50% tanto para ellos como para las organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, Gelo es claro: “Nos mantenemos gracias a las aportaciones de nuestros afiliados y, en cualquier caso, trabajamos diariamente y contribuimos al bienestar de Andalucía”. Voces críticas con este acuerdo que, a partir de septiembre, será la hoja de ruta del Gobierno andaluz durante los próximos cuatro años.

La Fundación Mezquita de Sevilla defiende la viabilidad legal para la construcción de la mezquita frente a las presiones de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, con las que ha logrado que el PP paralice la adjudicación de la licencia de obras que iba a tramitar la comisión ejecutiva de Urbanismo el pasado viernes. Por ello, pedirán una reunión con el líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, para explicarle los pormenores del proyecto que se edificará en el Polígono Sur. “Lo único que esperamos es que no se imponga la ideología y la situación política actual a la ley”, manifestó Jadiya Martínez, consejera de la entidad.

A causa de la polémica provocada por la edificación de la gran mezquita, la Fundación decidió convocar a los medios de comunicación este jueves en Torre Sevilla para responder a las acusaciones públicas que se han vertido contra ellos. Amparados por la Constitución, tanto en el artículo relativo a la libertad de expresión como al del libre culto, Martínez mantuvo que el proyecto “está diseñada en una parcela privada comprada con fondos privados y desarrollada por fondos privados” y añadió que, de esta manera, “se aumentarán los servicios culturales del Polígono Sur sin restar a ningún vecino los servicios públicos”. El terreno, comprado a la comunidad de los mormones, es el emplazamiento elegido tras más de dos décadas en busca del lugar idóneo.

Frente al señalamiento de “oscurantismo”, explicó que la página web de la Fundación en la que están publicadas tanto las actividades como los informes. “A lo largo de los años se ha valorado diferentes opciones hasta llegar a esta parcela, que cuenta con la calificación urbanística para este fin y queremos recordar que la licencia de construcción se confiere por criterios técnicos y no ideológicos, y tenemos un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo”, aún así, mantiene que están “abiertos al diálogo, como lo llevamos haciendo años con los vecinos”. A su vez, reiteró que no responderían “a los mensajes de odio e ismófobos que hemos visto estos dios” y, en todo caso, denunciarán el allanamiento que se produjo ayer cuando dejaron restos de porcino en el terreno, “los animales no tienen ninguna culpa y el tema de los cerdos no es ningún tabú, simplemente, no nos lo comemos”.

El ejemplo de la mezquita de Granada: “La convivencia es fructífera”

Con respecto a la entrada de las mujeres al templo, la consejera de la Fundación, que se convirtió al islam hace más de cuatro décadas y se reconoce como sevillana y parte del tejido social de la ciudad, sostuvo que “todas las instalaciones, incluida la mezquita” estarán a disposición de toda la comunidad, tanto “hombres, mujeres y niños”. “Las mezquitas de todo el mundo están abiertas a las mujeres y las que no lo están, deberían estarlo”, aunque en el interior se mantendrá para el rezo la separación por sexos.

Por otra parte, hizo referencia a la mención de “prioridad musulmana” que apareció en prensa como una “desafortunada licencia lingüística que se tomó una redactora” y señaló que “en ningún momento” esa expresión ha sido utilizada por la Fundación. Al hilo de las acusaciones que ha vertido Vox sobre la “islamización” del barrio sevillano, Martínez advirtió que “el islam no es una cultura y, como musulmanes españoles, compartimos la cultura de este país”. “No queremos imponer nada”, tomando como ejemplo la mezquita mayor de Granada, que lleva “23 años abierta en el Albaicín y la convivencia con los vecinos es fructífera, es más, ha generado riqueza en el barrio”.

El futuro Centro Cultural Islámico de Sevilla, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, está previsto en una parcela triangular del barrio sevillano, entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, con una superficie de 6.300 metros cuadrados que se distribuirá en dos edificios, siendo uno de ellos el que albergará la mezquita, y una planta subterránea de aparcamientos. A la espera de la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de año y los trabajos durarán entre 18 y 24 meses, tal y como adelantó Ibrahim Fernández, presidente de la Fundación.

Un proyecto en vilo durante más de 20 años

Con una inversión de 10 millones de euros, el arquitecto Vázquez Consuegra, presente en el encuentro, detalló algunos aspectos del espacio. Inspirada en la arquitectura almorávide de La Giralda o el Patio del Yeso del Real Alcázar de Sevilla, el Centro Cultural Islámico combinará el diseño contemporáneo con la mirada tradicional histórica en los dos edificios que se dividirán mediante un patio triangular. Todo ello, en armonía con la vegetación que hay en la zona y con un acabado que permita que “la comunidad se reconozca e identifique con la mezquita”.

A un lado, la mezquita supondrá un 26,46% de la edificación, es decir, una cuarta parte del centro cultural con alrededor de 1.007 metros cuadrados repartidos en un primer piso dedicado a la ceremonia mientras que en el segundo estará el espacio de oración para las mujeres y las abluciones. En la otra parte, estará el centro cultural, cuyo primer piso tendrá dos grandes salas polivantes dedicadas a exposiciones, encuentros sociales, que incluirá una cafetería, tienda y entrada al garaje. Encima, habrá una serie de habitaciones dedicadas a actividades socioculturales. “Este proyecto cuenta con todos los permisos, cumple con todo el ordenamiento jurídico y las normativas urbanísticas e, incluso, tiene el visto bueno de la Agencia de la Seguridad Aérea para la altura del alminar”, aclaró el arquitecto.

Retrotrayéndonos en el tiempo, la construcción de la gran mezquita lleva más de dos décadas en vilo. El primer intento se dio en 2004 cuando el Ayuntamiento del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín cedió una parcela junto a la ronda SE-30. Pese al intento, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) finalmente lo tumbó. Tras barajar algunas parcelas situadas en Santa Bárbara o Pino Montano, la Fundación decidió comprarle la propiedad a la comunidad mormona tras “40 años en desuso”, indican fuentes de la entidad. Desde entonces, la entidad ha utilizado un centro que sirve como musal-lah (lugar de oración) y centro comunitario en la plaza Ponce de León desde 2002.

La mezquita, en el pleno del Ayuntamiento

Al mismo tiempo que transcurría la rueda de prensa con los medios, el Ayuntamiento de Sevilla celebraba el pleno, donde el PP de José Luis Sanz respondía a las preguntas de Gonzalo García de Polavieja, el nuevo portavoz municipal de Vox. El alcalde reiteró que la administración está “a la espera” de los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo “para cumplir con toda la legalidad” y acerca de la consulta pública que pedía la ultraderecha en base al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), “los informes dirán si es conveniente y cómo se hace”.

Vox pedía la aplicación del artículo 6.6.12.5. del PGOU de Sevilla, en el que se establece que las actividades dedicadas al rezo no podrán superar el 40% de la superficie, aunque los promotores del Centro Cultural Islámico establecen que, en este caso, es del 26%. La ultraderecha se ha opuesto frontalmente a la mezquita: “No queremos la islamización de nuestros barrios ni que los andaluces se sientan extranjeros en su propia tierra. Vox hará todo lo necesario para impedir su construcción”. Unas declaraciones en redes sociales que siguen la senda marcada por el ya vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que apartó a los representantes municipales y asumió el debate elevándolo al plano autonómico para engarzarlo con la 'prioridad nacional'.

Cabe recordar que el 9 de julio se anunció el acuerdo de cesión gratuita de la parcela E-7 del sector Entrenúcleos por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas a la Archidiócesis de Sevilla. Una firma que se dio entre José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Francisco Rodríguez, el alcalde del municipio. La superficie de 27.355 metros cuadrados, que no le ha costado nada a la Iglesia, permitirá construir un nuevo centro educativo y un templo. Una muestra de las disyuntivas religiosas que se viven en Sevilla, si bien la Fundación Mezquita de Sevilla agradeció las muestras de apoyo de monseñor, que “refrendó la libertad de culto como un derecho fundamental, al igual que al hermano mayor de La Sagrada Cena y a Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur.

La comunidad musulmana en Sevilla: unas 12.000 personas

Martínez, sevillana de nacimiento, se convirtió al islam en la década de los 80 y, como tantos otros, ha vivido su fe en una ciudad diversa que bebe directamente de las influencias que perviven del Al-Ándalus. A su lado, Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, habló sobre la importante labor que ha desarrollado en los barrios sevillanos, como en su oriunda Bellavista, tanto a nivel social como cultural: “Nos reconocemos como musulmanes europeos, sin que sea restrictivo a una etnia o colectivo. El islam no es una cultura concreta, sino una concepción universal que se amolda a lo local sin perder su esencia y este proyecto responde a una necesidad ciudadana para enriquecer la convivencia social y en beneficio de nuestra ciudad”.

La comunidad musulmana en Sevilla, según las estimaciones de la propia Fundación, ronda entre las 10.000 y 12.000 personas en el centro, sin sumar a quienes están en los alrededores de la provincia. En este cálculo estarían tanto las terceras y cuartas generaciones criadas en esta religión como a las personas migrantes que llegan tanto del África subsajariana como de Asia, como ocurre con las familias sirias que atiende la entidad. “Este centro está concebido para la integración de todos, no solo para los españoles, sino también para los migrantes y todos los sevillanos que vengan a disfrutar de los servicios que ofreceremos”, sostuvo.

El presunto asesinato de dos internos a manos de un tercero en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla en la madrugada del pasado lunes ha provocado una nueva denuncia pública por parte de CSIF, que tilda las instalaciones como “obsoletas”. Además, indican que las condiciones de las infraestructura obligan a aglutinar reclusos: “Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”. Quejas que vienen de atrás, como refleja el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, en el que se da cuenta de la “sobresaturación” de uno de los tres centros habilitados en el país para atender a los presos con dificultades psíquicas.

La Policía Nacional investiga al presunto autor del homicidio, de 26 años, que acabó con la vida de sus compañeros de celda, de 26 y 54 años. Las primeras hipótesis que se barajan son que, en un caso, hubo estrangulamiento, mientras que la segunda persona falleció a causa de los golpes recibidos. Este hecho ha tenido lugar un mes y cinco días después de que otro interno intentara incendiar su celda y forzara la evacuación de 30 personas, otro episodio más desde que el sindicato pidiera la dimisión tanto del director gerente como de la subdirectora médica del centro.

Abierto en 1990, la mayoría de las personas que se encuentran en el centro sevillano son internos judiciales que cumplen una medida de seguridad por haber sido declarados inimputables. En España solo hay tres instalaciones de este tipo: dos de ellas dependen de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Alicante y la propia Sevilla, y la tercera sería la Unidad de Hospitalización Psiquiátrico del Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona, por lo que las competencias están transferidas a Cataluña. Por tanto, la Junta de Andalucía no tiene poder de gestión, así que el sindicato ya elevó una denuncia por el déficit de personal a Inspección de Trabajo.

A preguntas de este medio, las fuentes penitenciarias dan una relación de los puestos de trabajo que hay para atender a los 148 internos que hay en la actualidad: cinco psiquiatras, dos médicos, cuatro psicólogos, 15 enfermeros, 13 auxiliares de clínica y otros tres que se incorporarán la semana que viene, y 18 celadores.

Faltan auxiliares de enfermería y funcionarios

“Pedimos que se complete y aumente la relación de puestos de trabajo (RPT), ya que, entre otras cosas, faltan TCAE, que son auxiliares de enfermería que ayudan tanto al reparto de la comida como a la propia higiene de los internos. De una plantilla de 24 personas, solo quedan cuatro”, afirma José Antonio Montero, delegado de CSIF Prisiones a nivel provincial. En abril ya se notificó a la Subdirección General de Recursos de Instituciones Penitenciarias la “situación crítica” que había, según ha podido comprobar este medio, debido a que había nueve vacantes.

Otra de las faltas estructurales que identifica en el personal es el relacionado con los funcionarios. “A la hora de que haya un problema, como una pelea, hay solo un funcionario por módulo cuando debería haber tres o cuatro”, explica. “Se informa por walkie del incidente, en el que no puedes intervenir para solucionarlo hasta que llegue el resto de compañeros”, dejando margen para que suceda un incidente mayor en unas instalaciones que tiene capacidad para 100 personas.

En el caso del presunto asesinato, sostiene que los funcionarios no registraron ningún tipo de enfrentamiento entre las víctimas y el presunto agresor durante el día anterior, pero lo que sí denuncia es que “se están ligando internos de diferentes tipos”. ¿Qué quiere decir? En las prisiones se divide a los internos en distintos departamentos y celdas según sus características. Entonces, aquellos que sufren una psicopatía son puestos en módulos separados del resto de internos para evitar incidentes.

“Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”, defiende, con lo que da cuenta de la falta de camas que hay en la infraestructura carcelaria. “La dejadez con este tipo de hospitales es de responsabilidad nacional”, es decir, del Ministerio del Interior, “que es quien tiene que invertir en personal y medios materiales”, ya que, asegura, todo está “muy anticuado”, como los sistemas de incendios, las cámaras, las alarmas del edificio o la propia apertura de puertas, que se hace con llaves. “Demandamos que se abran más centros de este tipo porque hay muchos internos que necesitan un hospital psiquiátrico y se encuentran en las prisiones normalizadas”, mantiene.

La falta de construcción de psiquiátricos penitenciarios obliga a que haya cada vez más casos de internos con problemas psiquiátricos que provocan mayores dificultades en el resto de cárceles, apunta Montero. “Necesitan un tratamiento diferente con especialistas, como los psiquiatras, que estén en su día a día para realizar la visita y supervisión de su estado”, subraya.

“Aglomeración”, y sin fecha para Alcalá de Guadaíra

Queda pendiente la reapertura del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, que se cerró en abril de 2024 para su reconversión en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario provincial en sustitución del actual. Una rehabilitación licitada por 5,8 millones de euros en 2023 por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) que aún no está finalizada. El nuevo edificio debería contar, según constaba en el pliego, con una unidad de crisis/agudos, una unidad de complejos, otra de estables, además de otro módulo para las mujeres y una unidad abierta o de “minirresistencia”. Todo ello, acompañado por espacios verdes que contrastarían con las pequeñas dimensiones y el cemento recargado que hay en las instalaciones que siguen operativas.

En este sentido, las fuentes penitenciarias determinan que aún está en construcción y la función de Alcalá de Guadaría será “descongestionar” y “trasladar” a los más de cien reclusos a un centro “más grande, amplio y moderno”. Otra instalación que aún está pendiente de construir es la de Siete Aguas, en Valencia. Un proyecto que lleva en vilo casi dos décadas y ha sufrido distintas transformaciones, pero que está contemplado en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), informa Las Provincias, y está pendiente de los Presupuestos Generales del Estado para su financiación.

El Defensor del Pueblo

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ya reflejó en 2020 las penosas condiciones del Psiquiátrico, para el que se pedía “una ampliación sustancial del tamaño de las instalaciones”, “una remodelación integral” y “considerar la ubicación de los pacientes en unas dependencias que reúnan una condiciones más adecuadas para la función rehabilitadora que se persigue”. La falta de personal tanto en número de auxiliares, celadores y psiquiatras, la suciedad o el déficit del sistema de videovigilancia ya eran motivo de queja hace seis años. La última visita se produjo en 2023, tal y como refleja el informe del órgano dependiente del Defensor del Pueblo.

Hace tres años, los observadores indicaban en sus conclusiones principales que había una existencia de sobremedicación, también de espacios reducidos, falta de individualización de los pacientes, así como ausencia de psicoterapias, reclusión con escasas posibilidades de salidas fuera del hospital, desarraigo y aglomeración. Asimismo, se reflejó una “escasez crónica” de personal, que continuaba tras tantos años, en especial, aquellos de primera línea, y se recomendó a la Administración que estableciera una consulta de psicología clínica, una cuestión que no se aceptó. Los datos que aportan las fuentes penitenciarias consultadas por este medio relacionados con los puestos de trabajo indican que ha habido una mejora en este trienio, pero las reivindicaciones de los sindicatos persisten para mejorar las condiciones en las que se encuentran los internos.

La actualización de los requisitos para que los menores con necesidades educativas especiales accedan a las escuelas de verano en Sevilla ha provocado un intenso debate político durante estos días, además de las críticas de los progenitores. El apartado en el que se determina que el alumnado con NEAE de las aulas ordinarias tuviera “suficiente autonomía” ha provocado un cruce de acusaciones entre el PP, en el gobierno local del Ayuntamiento, y el PSOE, pero también la censura de la plataforma Familias NEAE de Andalucía.

“No ven la discriminación, los padres nos han trasladado la queja y hemos leído las condiciones que había de un año para otro”, afirma Rocío Martín, coordinadora provincial de organización que vela por los derechos de estos menores. “Hay familias que sí están dentro, pero les duele lo que ocurre a las que le han dicho que no”, lamenta. La sorpresa surgió a raíz de una denuncia del PSOE la semana pasada tras la publicación de los Programas de Acciones Socioeducativas en situación de dificultad social, vulnerabilidad o riesgo social 2026, como adelantó Diario de Sevilla.

Una iniciativa que contenía el siguiente apartado relacionado con los participantes: “Menores con diversidad funcional o Necesidades Educativas Especiales matriculados en aulas ordinarias con suficiente autonomía personal para el desarrollo de las distintas actividades que comprende el programa en periodo estival”. Esta indicación no aparecía en 2025 ni en las anteriores ediciones, provocando la sorpresa tanto de la oposición como de las familias.

El pasado 3 de julio, como recuerda la plataforma, ya una madre elevaba una queja al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla por la exclusión de su hijo con autismo del campamento de verano en las instalaciones de San Pablo, mostró Diario de Sevilla. “La madre optó por irse a lo privado, y esto es lo que suele suceder: terminas privatizando el servicio”, y en referencia a la solicitud del Ayuntamiento, sostiene, “no le puedes dar apertura a un niño que está en un aula ordinaria y no en un aula específica y, si hacen esta referencia de forma descarada, es que no lo ven ni mal”.

“Igualdad”

A tenor de lo ocurrido, José Luis García, concejal de Derechos Sociales, Familia e Igualdad, compareció en el pleno de la Comisión de Control del Consistorio hispalense el pasado viernes, aparte de responder a este medio, indicando que “se hacía lo mismo [que en años anteriores], pero esta vez cuenta con una terminología más adaptada”.

En todo caso, acusó al PSOE municipal de Antonio Muñoz de querer “manosear” a este colectivo vulnerable y dar pie a la polémica. “Hablan de reducción económica cuando se ha incrementado de 1,5 a 6,8 millones de euros la partida, lo que permite la contratación de un mayor número de monitores específicos”. Además, afirmó ante la oposición que ya había 120 menores con necesidades educativas especiales admitidos para este periodo, al igual que otros 28 alumnos de aulas específicas “tras reunirse con los padres para explicar su situación”. Sin embargo, en la lista de admitidos y lista de espera publicada en la web no constan las solicitudes que han quedado excluidas, una práctica común en este tipo de procesos.

El PSOE lamentaba el jueves pasado que “no todas las familias tengan las mismas oportunidades” tras la publicación del nuevo pliego del Programa de Acciones Socioeducativas de 2026 a la hora de exigir “suficiente autonomía personal”, lo que vieron como “un claro retroceso” en comparación con el modelo de 2021. La concejala socialista Encarnación Aguilar pidió “explicaciones” sobre este documento en el pleno municipal y tildó de “mentiras” las respuestas dadas por José Luis García (PP).

A raíz de la solicitud para la escuela de verano, la representante de las Familias NEAE pide “igualdad” y advierte que “nos queda mucho por aprender de inclusión, porque estos niños son autónomos, pero necesitan una ayuda, como otros niños que están en las aulas ordinarias”. Por tanto, asegura que harán un seguimiento de las actuaciones del campus con tal de preservar la atención a los menores y revertir lo que, a su juicio, “es una práctica discriminatoria”. En este sentido, la plataforma avanza y registró una Proposición No de Ley (PNL) el pasado 9 de julio en el Parlamento andaluz con 13 reivindicaciones para demandar mejoras en educación inclusiva.

Un total de 84 entidades y colectivos sociales han emitido un comunicado conjunto contra la “extrema violencia” vivida el pasado 7 de junio en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, a la que se añade la presión y los meses de acoso que han sufrido los artesanos que aún quedan en la instalación. “Lo ocurrido es un ataque directo al derecho a la vivienda y a la vida en nuestros barrios”, han trasladado después del allanamiento de morada que causó la detención de tres individuos de la empresa de seguridad contratada por la propiedad.

Después de lo ocurrido, EFE ha informado que se ha interpuesto una orden de alejamiento contra los individuos que fueron detenidos en la tarde del pasado martes. No se podrán acercar a menos de 300 menos del edificio ni de la inquilina a la que echaron a la calle y que luego provocaría una serie de altercados en la vía pública.

“Denunciamos la impunidad con la que operan estas empresas, al servicio de la especulación inmobiliaria, así como la pasividad de quienes tienen la obligación de proteger a las vecinas”, critican en el manifiesto conjunto. La artesana y gestora cultural Estefi Yeah denunció el miércoles 8 de julio en los juzgados sevillanos a varios miembros de la propiedad Garajes Santa Inés S.L. y, también, de los miembros de la compañía de desokupación por un delito de allanamiento, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas. En el escrito se recogen las vejaciones e insultos contra la artista, a la que han amenazado de muerte y con la quema del edificio.

Ante la gravedad de los hechos, los 84 colectivos exigen cumplir con “la garantía efectiva de la integridad física y los derechos de las vecinas”, además del “cese de cualquier forma de acoso inmobiliario” y, por último, “la paralización de esta operación especulativa”. Por ello, llaman “a la solidaridad del conjunto de la ciudad”, porque, advierten, “defender los corralones es defender el derecho a la vivienda, el patrimonio común y la vida digna de nuestros barrios”.

“Normalización de la violencia”

Todo esto sucede en un clima tenso entre las partes a causa de la oferta de compraventa de los corralones de Castellar que comprenden los números 48, 50 y 52 a la promotora onubense Arenas de la Bellida S.L. por 12 millones de euros para la construcción de un hotel de cuatro estrellas y 29 viviendas libres, tal y como adelantó esta cabecera.

Una operación que de contar con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Sevilla borraría del mapa el pasaje histórico junto al colegio Calderón de la Barca, como ya ha sucedido con dos de los cinco corralones que hay registrados en la ciudad desde el siglo XIX en el pasaje Mallol número 8 y Bustos Tavera número 26. Al hilo de lo sucedido, los partidos políticos de la oposición y el propio gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) se han pronunciado, por una parte, reclamando soluciones, y por otro, anunciando que se estudiaría la expropiación mientras se señalaba a la ocupación como el origen de los problemas de este corralón.

Al respecto, los colectivos sociales piden una solución “urgente” para que la propiedad se expropie y pase a titularidad pública. “No es aceptable que se tarde en intervenir ante las reiteradas agresiones”, declaran los colectivos sobre la pasividad de la administración, ya que las presiones contra los artesanos se viven desde hace tiempo con numerosas denuncias ante los juzgados, donde se relatan los daños causados o la clausura de los locales sin previo aviso.

“Señalamos también el trasfondo de esta violencia extrema: una operación especulativa millonaria que pretende expulsar a las vecinas, talleres y espacios comunitarios para imponer un modelo de ciudad excluyente”, mantienen, “resulta inaceptable que la violencia y el negocio prevalezcan sobre la vida y los derechos de quienes habitan y construyen el barrio”. Reclaman: “Frente al acoso inmobiliario, organización y respuesta colectiva”.

Entre las entidades firmantes, se encuentra el Sindicato de Inquilinas, la Oficina de Okupación, APDHA Sevilla, Asamblea por la Vivienda de Sevilla, Comunidad Palestina, Entrepueblos, PAH Sevilla Este, Barrios Hartos, así como CGT, Asociación Trans de Andalucía, CNT, Facua, Oxfam Intermón, Federación Liberación, Fundación Triángulo, la CNT y Macarena Solidaria, entre otras. Una larga lista, hasta llegar a las 84 entidades, que muestran su rechazo a la “normalización de la violencia contra quienes defienden su hogar”.

“En unos días, lo veré todo calcinado”. Jorge Cantón conducirá hacia Almería por la AP-7, al costado de un paisaje arrasado en apenas unas horas. El tono amarillento del verano andaluz que da la aridez del terreno, lleno de arbustos y bajo las altas temperaturas, ha cambiado por una pátina de cenizas que recubre las más de 7.000 hectáreas quemadas por el incendio de Los Gallardos, que ya está estabilizado permitiendo el “regreso paulatino” de las 1.000 personas desalojadas. Un acontecimiento para el que pide medios y prevención: “Estamos perfectamente avisados de lo que está por venir y lo que ya está viniendo”. Una tarea que implica a instituciones públicas, propietarios y a la propia población que necesita prepararse, y que también tiene un coste económico: alrededor de 3.000 euros por hectárea para garantizar la vida útil entre los próximos cinco y diez años.

Cantón, técnico de planificación de incendios en Agresta - Sociedad Cooperativa, conoce de cerca la complejidad de los municipios de Los Gallardos, Antas y Bédar. Con un clima semiárido, caracterizado por la poca precipitación y la vegetación de matorral, es una “zona difícil” que ha estado “muy castigada” durante estas últimas décadas. Entre las razones, el abandono del pastoreo que limpiaba el suelo ha supuesto el crecimiento rápido de combustible vegetal, que, en inviernos como el de este año, marcado por lluvias torrenciales, ha crecido rápidamente.

“Llega el verano y este tipo de vegetación se seca y muere. Junto a las temperaturas con picos de 40 grados y muy poca humedad, hace que el incendio coja una intensidad muy importante, como sucede en otros territorios”, explica el experto.

Las llamas no discriminan entre especies, así que a su paso también ha acabado con aquellas plantas endémicas que mejoraban la biodiversidad del entorno. Una pérdida que “se va a tardar mucho en recuperar”, advierte, y para la que habría que ponerse cuanto antes manos a la obra. Entre barrancos, zonas escarpadas, difíciles accesos, Cantón estima una actuación en prevención de incendio oscilaría entre los 2.500 y 3.000 euros por hectárea, ya que la zona cuenta con una cantidad ínfima de arbolado, para lo que entonces ascendería a 5.000 euros.

Reducción de combustible vegetal y accesibilidad

¿A qué se dedicaría? Las actuaciones en prevención se centrarían en la disminución de la carga de combustible vegetal, tanto la eliminación o reducción en superficie, que está relacionado con los matorrales y pastizales, y en los árboles circundantes para evitar que las primeras ramas entren en contacto con las llamas y suba hasta las copas. Maniobras que se suelen dar en el borde de las pistas habilitadas para el acceso seguro de vehículos al monte, ya sean particulares o de equipos de emergencia en una situación crítica como la que está viviendo Almería.

“Se trabaja entre los 10 y 20 metros en alrededor dejando un 30% del matorral existente y en forma de golpes para que no haya continuidad del fuego y sirva como refugio para la fauna. Una labor que se intenta hacer con maquinaria siempre que sea posible, con desbrozadoras o tractores, pero en la mayoría de los casos los operarios trabajan a mano”, indica, “y esta zona de Los Gallardos es muy complicada, con muy poca accesibilidad, teniendo en cuenta que hay muy poco monte público y la mayor parte es privada”.

Los cerros almerienses, de poca altura pero muy escarpados, son un auténtico desafío para la planificación en emergencias. Por tanto, la clave es mejorar la accesibilidad. Con doce víctimas, Los Gallardos es el incendio más mortífero de este siglo en Andalucía y, también, del país, solo superado por el de Lloret de Mar (21 fallecidos en 1979) y el de La Gomera (20 muertos en 1984), con un abordaje dificultoso en cada una de las actuaciones. Mientras los equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Plan Infoca tenían dificultades para acceder con la maquinaria, se constató que cuatro de las muertes se produjeron cuando los afectados condujeron por un camino que los llevó directamente hasta las llamas.

“Aprender a protegerse”

“El entorno no es el mismo que hace 30 años, cuando el fuego avanzaba lentamente y se podía escapar con relativa facilidad. Ahora, la virulencia del incendio hace que la zona ya no sea tan segura, por lo que tenemos que aprender los riesgos que conlleva, conocer bien las rutas para evacuar y que las personas que viven ahí aprendan a protegerse”, detalla Cantón, “todo ello, junto a una buena accesibilidad para que los dispositivos de emergencias puedan circular e iniciar las maniobras de ataque o preventivas con seguridad desde diferentes puntos”, como ocurre con la construcción de las pistas, que pide que se les preste una mayor atención pese a que los planes de protección medioambientales dificulten su instalación.

La espontaneidad es la última opción en una situación tan extrema, pero para ello es necesario contar con las suficientes herramientas que permitan a cada vecino conocer previamente qué hacer en estos casos, en función de lo previsto por las autoridades. “El fuego puede estar subiendo despacio por una ladera y, de repente, se encañona, mientras que el miedo y el pánico hacen que vayas por un camino que termina por no ser adecuado”, lamenta.

Frente a las polémicas suscitadas por la falta de efectivos o la decisión de no enviar el mensaje por el sistema ES-Alert, el técnico se alinea con el resto de expertos en la materia: “Hay que tener el dispositivo adecuado y trabajar en prevención. Más allá de los números, tiene que haber más formación, más capacidad y equipos adecuados, también, mejores accesos, infraestructuras y recursos para preparar el monte”.

Cuando Cantón comienza en un proyecto, deja claro que, tarde o temprano, el monte se quemará. Una idea que necesita que cale en el otro para que el siguiente paso sea trabajar en paliar las consecuencias: que un fuego de alta intensidad arrase y el terreno quede baldío durante décadas, o preparar todo lo posible para que la regeneración sea más fácil y, sobre todo, no haya persona ni infraestructura dañada. “No es una cuestión política, sino de gestión: estar bien preparado, bien pagado, con las mejores condiciones para trabajar”, sostiene, “una vivienda bien defendida requerirá una pequeña brigada, pero una mal preparada obliga a llevar más efectivos para evitar que se queme”.

Más investigación

La consultora ambiental cuenta con experiencia internacional y en distintas autonomías, como Canarias, Comunitat Valenciana o Catalunya, además de en la propia Andalucía, en donde desarrolla dos importantes proyectos. El año pasaron entregaron a la Junta la cartografía de los modelos de combustibles forestales que hay en el territorio que sirve para conocer cómo se comportará el fuego en cada ecosistema, determinante para dirigir al lugar los efectivos y maquinarias adecuados. Esta herramienta permite planificar las actuaciones con mayor precisión, ya que da información sobre el tipo y la concentración de vegetación en según qué puntos, pistas, o si existen barrancos o zonas de cumbre más sensibles.

Asimismo, Cantón adelanta que, próximamente, comenzarán un estudio a nivel europeo con implicación de la comunidad para conocer a tiempo real la humedad de la vegetación y su relación con la carga del combustible. Es decir, ayudará a detectar qué zonas tienen mayor estrés hídrico, incrementando la vigilancia para evitar futuros conatos y la propagación de los incendios.

En el caso de Los Gallardos, se contaría con más conocimiento para saber dónde iniciar las labores de extinción tras haber perimetrado la zona. Así, los esfuerzos en la investigación se incrementan para tener más recursos contra los que combatir una realidad que ya está presente cada verano, donde el fuego se extiende sin freno y arrasa todo cuanto hay. “Nuestros vecinos portugueses ya lo vieron en las graves oleadas de incendios el año pasado. Estábamos sobre aviso de que esto podía pasar”.