Ana tiene una deuda de 23.526 euros con la Seguridad Social a raíz de un error en la asignación económica que le correspondía del Ingreso Mínimo Vital. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) calculó la cuantía económica en base a que su hijo convivía con ella, pese a que el menor estaba bajo la tutela de los servicios sociales un año antes de que se le aprobara la ayuda. El desfase ha generado este agujero a la afectada que, con un 45% de grado de discapacidad y sin trabajo, ha alegado en varias ocasiones que desconocía que su hijo siguiera en el padrón con ella. Pide la condonación total de la deuda, ya que se enfrenta a un embargo de bienes aun cuando tiene acreditada su situación de exclusión social, con el riesgo a quedarse completamente desprotegida por el sistema.

Ana, quien prefiere guardar su identidad, es del pueblo de Bujalance, en Córdoba, y vive en la casa que heredó de sus padres cuando fallecieron. A través de una videollamada cuenta que está “desesperada” y pide que se examine de nuevo su caso. Todo comenzó cuando cambió su unidad de convivencia para incluir a su hermana en 2023 en el hogar que ahora comparten para cumplir con los requisitos del IMV, momento en el que la Seguridad Social hizo una revisión de oficio y se comprobó que durante 22 meses se había ingresado una cuantía superior a la que le correspondía.

El origen de todo el embrollo está en el padrón municipal: “No sabía que mi hijo apareciera en el registro conmigo y ellos tampoco lo comprobaron cuando me concedieron de oficio el ingreso en 2020. No verificaron los datos ni que estaba en el centro de menores desde un año antes”, explica. Con tres años a sus espaldas lidiando con las reclamaciones que han sido denegadas, acudió a un familiar que abonó unos 9.000 euros. “No puede hacer más por mí”, indica. Tras varios rechazos, la Seguridad Social le notificó el 22 de mayo de este año una resolución en la que que se le concede un aplazamiento por el pago de las deudas contraídas: de junio a diciembre de 2026 tendrá que pagar 853,5 euros en mensualidades de 142,25 euros. Luego, le quedaría a deber otros 11.862 euros, intereses incluidos.

“La Seguridad Social se equivoca”

“No voy a poderlo pagar, que fue lo que ya me sucedió con la primera parte. Tengo que bajar los gastos de la compra, la luz, el agua, ahora tengo termitas en el techo de casa de mis padres... Tengo una situación muy mala”, lamenta, gastos e imprevistos que tiene que afrontar con una pensión que ronda los 600 euros. El primer mes de pago es junio y comenta que lo más probable es que acuda a Cáritas para buscar algún tipo de apoyo con el que sobrepasar este bache: “Estoy esperando a que me den un abogado de oficio para pelear esto”.

Este hecho no es aislado, señala María Isabel Peláez Peña, coordinadora de la Comisión de los Servicios Sociales del Consejo Andaluz de Trabajo Social, que contabiliza por “miles” las quejas atendidas. “La Seguridad Social se equivoca”, critica, “primero, te aprueban la ayuda y tiempo después hacen una revisión y se dan cuenta del error”. El Colectivo Afectad@s por el IMV lleva tiempo denunciando esta situación que afecta a cientos de familias que son incapaces de asumir una deuda de tal calibre y que ya ha posicionado al Defensor del Pueblo, quien ya en 2024 propuso que no se cobraran los pagos indebidos. En un comunicado emitido el 15 de mayo, la plataforma manifestaba que se trataba de “un problema de Estado en materia de protección social” y ya no se trataba de un hecho “aislado”.

Una de las coordinadoras del Colectivo Afectad@s, en respuesta a este medio, destaca que no hay datos oficiales sobre a cuántas unidades de convivencia han afectado los cobros indebidos del IMV desde 2022. En todo caso, se basan en los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que señala que las revisiones anuales de renta afectaron al 83% de los hogares perceptores ese año, al 65% en 2023 y al 68% en 2024, lo que incluye aumentos, reducciones, suspensiones, bajas y reclamaciones de reintegro.

“Si aplicamos los porcentajes de revisión, la cifra acumulada de unidades de convivencia afectadas por el sistema regularización del IMV desde 2022 estaría entre los 300.000 y 450.000 hogares”, detalla, y, según las estimaciones recogidas por la plataforma, situaría a Andalucía entre los 60.000 y 110.000 hogares afectados. “El Gobierno no ha facilitado hasta la fecha datos desagregados y transparentes sobre el número real de afectados por comunidad autónoma”, subraya, mientras sigue en curso la reclamación colectiva que admitió a trámite en junio de 2025 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y fue presentada por ATD Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y diferentes entes sociales.

Por su parte, Peláez Peña recomienda desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social a los afectados por los fallos administrativos ir en primer lugar a una oficina de Hacienda y solicitar el fraccionamiento de la deuda en una cantidad manejable, a lo que le seguiría un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz para que quede constancia de lo ocurrido. Además, indica que si los afectados tienen dificultades a la hora de acceder a los trámites pueden acudir a un punto Vuela, servicio que facilita el acceso a los recursos digitales. Si el IMV es denegado por impago de deudas, recuerda que con apoyo del trabajador social de referencia se puede solicitar la renta mínima de inserción. En Andalucía, la nómina del IMV llegó en abril a 818.528 personas, según la estadística de abril del INSS.

Tres meses para ingresar 10.000 euros

Retrotrayéndonos en el tiempo, el INSS procedió en 2023 a notificar a Ana la baja del IMV, justificándolo con que hubo un cobro improcedente entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 por un importe total de 10.962 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Por este motivo, se le dio a la usuaria un plazo de tres meses para realizar el ingreso que, con el paso de los años, se ha convertido en los más de 23.000 euros. Pese a los informes sociales y sanitarios aportados, las alegaciones fueron desestimadas “al no constituir las mismas aval técnico-jurídico suficiente”, respondieron desde el INSS.

El único supuesto en el que se procedería a una condonación del 65% de la dita sería en el caso de que haya un menor a cargo, según explica el INSS en el escrito. En el caso de Ana no se cumple con este requisito, ya que su hijo quedó bajo la tutela de la Consejería de Inclusión Social en 2019 y, como única alternativa para resolver el trámite, se le indica el número de cuenta bancaria en el que tiene que abonar las mensualidades para rebajar la deuda.

En septiembre de 2025, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social solicitó a Ana el pago de 17.301 euros, a los que sumó un recargo de 3.460 euros por el tiempo transcurrido y los intereses de demora devengados hasta esa fecha, lo que hizo un total de 21.032 euros. En menos de un año, la cantidad aumentó y se pasó a abrir una diligencia de embargo de bienes para compensar la deuda que ascendía a 23.526 euros, en la que se incluían las costas del procedimiento. Una vez más, la afectada presentó una diligencia con las escrituras del inmueble y explicó que el único bien que tiene es la casa de sus padres, por lo que se enfrentaba a un posible desahucio. Ante la urgencia, una familiar aportó un desembolso que aplacara la intervención en la propiedad.

Informes de salud mental y vulnerabilidad social

La última comunicación por parte de la cordobesa fue el 20 de febrero, donde ya no solo pedía que le perdonaran el desembolso en virtud de los informes de desarraigo social y exclusión económica presentados, sino que, como “mínimo”, se paralizara y estudiara su caso de forma pormenorizada, ya que lo único que recibía como réplica por parte de la Unidad de Recaudación Ejecutiva era “solo” un “documento de pago de deuda aumentada por los intereses”.

De esta forma, se ignoran los informes presentados desde enero de 2024, en los que se apunta que la afectada acude al servicio de salud mental desde hace siete años debido a un trastorno ansiosodepresivo, además de que padece una discapacidad mental leve, al igual que su hermana. Por tanto, el diagnóstico pone de relieve las serias dificultades que tiene para organizar varios aspectos de su rutina diaria, como puede ser el trámite de las prestaciones que requiere de una mayor atención a causa de la complejidad burocrática. A su vez, se refleja que se trata de una desempleada de larga duración y no cuenta con una red de apoyo, más allá de la intervención excepcional de su pariente, por lo que los ingresos son “insuficientes” y “apenas cubren las necesidades básicas”.

A tenor de lo sucedido, los servicios sociales recomendaron al INSS que atendiera a la condonación de la deuda “teniendo en cuenta la situación social, sanitaria y económica de exclusión social” y solventar a través de otros métodos, o “de la forma más positiva posible”, el conflicto entre las partes debido a que, a raíz de la “situación económica angustiosa e incierta” se estaba “agravando” el diagnóstico de la paciente. A lo comunicado por este expediente, se suma que el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba también acreditó en marzo de 2026 la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social que sufre la mujer.

Al cierre de esta edición, la Seguridad Social no ha respondido a las preguntas de este medio. Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social se pide a la administración una mayor rigurosidad a la hora de tramitar los expedientes del IMV para evitar el perjuicio para aquellos que más lo necesitan.

Los delitos de odio aumentaron en España un 23,6% en 2025 en comparación con el año anterior y registraron la mayor cifra de la serie histórica. Un dato que también afecta a Andalucía, donde la tasa pasó del 2,59 al 3,40 con un total de 295 de hechos conocidos, entre los que destaca el repunte de la islamofobia, los actos relacionados con racismo y xenofobia y el ataque a la orientación sexual y de género. Frente al progresivo crecimiento que se ha dado en todo el país, la comunidad se sitúa por debajo de la media española (un 4,92) y ocupa el último lugar en el listado, lejos de la tasa por cada 100.000 habitantes que deja a Melilla con un 21,89 y a Navarra con el 15,65.

El Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, publicado por el Ministerio del Interior este miércoles, especifican la tipología de la infracción, el perfil de la víctima y también del atacante. En total, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, el mayor número registrado desde que se inició la serie en 2014. Además, suben todos los ámbitos, a excepción de la discriminación generacional. Los más numerosos fueron los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 934 hechos, a lo que siguen los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (571 hechos) y los delitos por ideología (241 hechos). En todo caso, el mayor incremento porcentual se produce con la islamofobia (un 133%).

Acerca de la la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos). En cuanto a Andalucía, de los 295 hechos conocidos en 2025, de los que se investigaron 104, estos se distribuyeron así: racismo y xefonobia (102); orientación sexual y de género (75); discriminación por sexo o género (22); por ideología (14); islamofobia (10); creencias o prácticas religiosas (10); antisemitismo (9); aporofobia (8); disfobia (8); discriminación por enfermedad (6); antigitanismo (5); y uno por discriminación generacional.

Sevilla, la provincia más conflictiva

En comparación con el periodo anterior, los ámbitos en los que hubo un mayor incremento fue en ataques por racismo y xenofobia (78 en 2024); islamofobia (3) y por ideología (7); mientras que descendieron los actos por discriminación de sexo o género (78). Por provincias, la mayor parte de los delitos por odio se dieron en Sevilla (73), a la que sigue Málaga (66), Cádiz (40), Córdoba (31); Almería (28), Granada (24), Jaén (19) y Huelva (14).

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2%). Los menores de edad constituyen el 13% del total de victimizaciones. En este ámbito, el informe destaca el aumento de la participación de los menores en los delitos, tanto en calidad de víctimas —con un ascenso del 17%— como de autores, que se incrementa casi un 20%. Con respecto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10%), por delante de Colombia (4,3%).

En un encuentro realizado en la sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, en Granada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró este miércoles que los retos prioritarios están en “hacer frente a la desinformación, como aquel fenómeno que utilizando situaciones concretas de algún tipo de crisis, pues quiere evidentemente también socavar los principios de la sociedad democrática”, además de trabajar en la prevención de los discursos de odio, ya que son la “antesala de todos los delitos de odio”. En este sentido, expresó su confianza en que la cooperación entre las instituciones permita “hacer frente a desafíos y a fenómenos tan importantes como los que tenemos, como es la migración, la lucha contra la radicalización, la desinformación y los delitos de odio”.

“¡Padrón por derecho!”, ese el grito al unísono de 33 colectivos sociales de todo el territorio español que denuncian la discriminación institucional que hay en el proceso de empadronamiento por parte de los ayuntamientos. Un rechazo que sufren los colectivos más vulnerables, ya sean personas migrantes en situación irregular, sin hogar o familias expulsadas por el mercado inmobiliario. El trámite es esencial para el acceso a la sanidad, a la escolarización, la apertura de una cuenta bancaria o para lograr la regularización. Desoyendo la ley, las barreras de las corporaciones locales dificultan el reconocimiento de estos derechos y provoca, entre otras cosas, la estafa por parte de mafias que se aprovechan de aquellos que, sin recursos, buscan una salida desesperada al desamparo.

Sevilla fue el lugar escogido este viernes por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho para criticar la actuación de las corporaciones que impiden la correcta aplicación de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 15 establece que “toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Vivir, es decir, que exista y se desarrolle en el país, sin que esté el individuo condicionado por su situación administrativa, laboral o habitacional. Es más, toda esta movilización la contemplan como urgente a causa de la propia acción del Gobierno de España que, tanto para la regularización extraordianria como para la aprobación de la universalización de la sanidad, no requirió el certificado de empadronamiento, “se reconoce indirectamente que hay un problema, es decir, el bloqueo existe”, apuntaron.

Mazagón, la localidad onubense, será el enclave elegido para organizar el primer encuentro de la plataforma que tiene dos años de vida y presentó un informe el pasado mes de febrero. Este fin de semana convergerán en la provincia, símbolo de la precarización que enfrentan los trabajadores del fruto rojo. “Hoy hacemos frente a una realidad invisible pero devastadora: hay multitud de administraciones locales que ponen barreras arbitrarias contra los vecinos y las vecinas migrantes o contra las personas en situación de exclusión residencial”, defendió Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón, “a aquellas personas que recogen las fresas en los campos de Huelva a 45 grados, que cuidan a nuestros mayores y limpian nuestras casas, que viven y consumen en nuestras ciudades pagando impuestos indirectos”. “Exigimos soluciones”, determinó.

“El mercado se aprovecha de la desesperación”

Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón, habló en nombre de los miles de trabajadores que viven en los asentamientos y sufren el racismo institucional: “Estamos en el corazón de la producción de los frutos rojos. Una tierra que da riqueza, pero que tiene una realidad muy dura donde los ayuntamientos no empadronan y los chicos lo pasan mal”. Ante la falta de agua, luz o de saneamiento en los poblados, criticó la “vergüenza” que significa para el conjunto del país permitir una desatención de tales magnitudes. “El padrón no es un regalo de los alcaldes, es una obligación legal”, subrayó, “los chicos no tienen más remedio que comprar el empadronamiento y ya no preguntan dónde pueden hacerlo, sino cuánto les cuesta o a quién tienen que ir, por lo que se provoca que haya un mercado que se aproveche de la desesperación de la gente”.

Hay anuncios que piden 300 euros e, incluso, 3.000 euros. Intermediaciones hechas por mafias que, como explicó Serigne Mbayé, del Sindicato de Manteros, utilizan pisos en los que hay hasta 15 personas registradas. “No hay ninguna falsedad en este proceso, porque viven aquí, pero no tienen otro remedio que pagar por eso”, detalló, siendo condición necesaria para recibir cartas, lograr prestaciones, simplemente, vivir. En cualquier caso, hizo hincapié en que el uso de “falsedad” era incorrecto, contraponiéndose a la guerra cultural que propaga la ultraderecha, desde donde se ha puesto en duda la veracidad del sistema. En este punto, Patricia Fernández, parte de la Coordinadora de Barrios en Madrid, mostró que “la mayor parte de las sanciones se producen con familias que falsean su empadronamiento para acceder a colegios privados y concertados o personas que mantienen su residencia en territorios insulares para conseguir beneficios en las subvenciones al transporte”, como ocurre con el 75% de Canarias y Baleares.

Frente a la prioridad nacional de Vox, la coordinadora estatal aboga por que los ayuntamientos cumplan la ley que proporciona a la ciudadanía la red de cuidados que garantiza el pleno desarrollo de su existencia. Sin embargo, la puerta está abierta a nuevos enfrentamientos, ya que los acuerdos de PP y Vox en Aragón y Extremadura contemplan la creación de un servicio de verificación del empadronamiento con base a las falsas premisas de que la inmigración dinamita los servicios públicos. Un requisito que podría llegar pronto a Andalucía, donde Juanma Moreno sopesa si vale la pena aliarse a los de Manuel Gavira o gobernar en solitario tras las elecciones del 17 de mayo. “Hablar de padrón es hablar de dignidad, de existencia, de democracia. Cuando una persona no puede empadronarse, no solo se le niega un trámite administrativo, se le niega la posibilidad de existir plenamente dentro del sistema de derechos”, resaltó Soledad Paola Lucero, portavoz del Foro Gallego de Migraciones.

Los casos de Huelva y Almería: “Mi vida son mis papeles”

Pero, fuera del embate político, la portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón no hace distinciones: “Da igual que esté PP o PSOE, en el caso de Huelva hacen exactamente lo mismo”. Pone encima de la mesa el mapa: “Entre Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer hay cientos de trabajadores de la fresa... Y solamente hay tres personas empadronadas”, denunció. La provincia onubense parece que no es la única que se desoye el mandato legal, sostuvo María Millán, parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Almería, quien señaló la doble vara de medir que utilizan las administraciones locales. “En este maremágnum de vulneración de derechos e injusticia social, la realidad del padrón cobra una importancia radical, ya sea en Huelva, Almería o cualquier otro lugar, la gente repite 'mi vida son mis papeles'”, compartió.

“Nos encontramos con que el padrón es denegado por el hecho de vivir en una infravivienda y muchos de los ayuntamientos que conocemos, como El Ejido, Roquetas de Mar o Mijas, le piden a la gente un contrato de alquiler o un permiso por parte de los propietarios para residir allí, rozando al extremo de que tengan que venir de la mano”, denunció, “los ayuntamientos inventan condiciones ad hoc en ese ejercicio de racismo institucional”. Además, aseguró que en El Ejido se está pidiendo el empadronamiento para realizar los informes de vulnerabilidad, cuando el primero no es un supuesto para adscribirse a la regularización extraordinaria mientras que el segundo sí.

Sevilla tampoco se queda atrás. El pacto municipal entre PP y Vox que necesitó el alcalde José Luis Sanz (PP) para sacar adelante los presupuestos dejó por escrito que habría un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. El gobierno local justificaba que con ello se pretendía evitar que “se comentan fraudes con los migrantes” cuando la oposición tachó de “disparate” la medida, pese a que la portavoz de la ultraderecha había afirmado con contundencia que el objetivo era “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.

“El deterioro de los servicios públicos”

En busca de soluciones, la Coordinadora Estatal hace una serie de recomendaciones a las personas que se encuentran con estos obstáculos en los ayuntamientos, a los que exigen más transparencia publicitando su normativa interna, y solo reciben respuestas verbales que luego serán insuficientes en un procedimiento legal. “Si una persona va a empadronarse y no se hace, se le debe dictar una resolución en la que conste por escrito si se inadmite su solicitud para que la pueda recurrir, o bien se requiera que aporte más documentación, para verificar luego si es legal o no y si estamos ante una situación de discriminación”, ejemplificó Fernández.

“Queremos saber a quién se deniega el empadronamiento, a quién se le exige que venga acompañada por su casero, si solo se hace con las personas migrantes y racializadas o también a las personas blancas y del norte global, y exigimos que se cumplan con la ley y las sentencias que, como en Madrid, obligaban a empadronar en colectivos sociales”, aseveró. Al fin y al cabo, la ley es clara en su articulado y el continuo incumplimiento, como mantienen desde la plataforma, provoca la ausencia de un padrón acorde al número de personas que conviven en un municipio.

Un hecho que, finalmente, perjudica a los usuarios del sistema, como señaló Fernández: “Los ayuntamientos no quieren ver que tenemos mayores niveles de hacinamiento en los barrios que en la España del tardofranquismo y que, por lo tanto, tienen una obligación de proporcionar vivienda pública”. Así, apuntó a que la incongruencia de los datos en el padrón “provoca un deterioro de los servicios públicos, provoca que las personas no puedan acceder a ellos y, quienes lo hacen, lo hagan en peores condiciones que provoca un efecto de expulsión hacia el negocio privado, ya sean clínicas, colegios...”, alertó, “no es un fallo inocuo del sistema, son las políticas diseñadas para el capital”, zanjó.

Las puertas de la Federación Liberación abren pronto en el Polígono Norte. En este reducto del barrio sevillano el jaleo de la formación del nuevo Parlamento queda lejos, aunque el rumbo que tomen las políticas públicas impacta de lleno en cada una de las personas que acuden a este recurso social en busca de apoyo, ya sea para descifrar el lenguaje de la administración que les requiere informes, facturas y una retahíla de documentos, o para estar acompañados en su proceso de desintoxicación y reinserción sociolaboral. “Hay un triunfalismo a nivel de datos y de empleo que no tiene una repercusión directa en las personas más empobrecidas y vulnerables”, adelanta Macarena Olid.

La educadora social lleva más de una década trabajando en la entidad. Busca en el ordenador los modelos a cumplimentar, lee en voz alta a los usuarios las condiciones de las ayudas sociales que piden y se las explica una a una, se pone sus gafas rojas y habla con su compañera Paula Suárez, trabajadora social, de las tareas pendientes. “Las condiciones socioeconómicas de estas personas no han cambiado”, zanja. En el interior del local, dividido en varias zonas, se hace una atención integral, tanto psicológica como en formación o de asesoramiento jurídico.

A las diez de la mañana entra José, nombre ficticio. Deja a un lado su bicicleta y se sienta frente a Olid, le da una notificación de la Junta de Andalucía y le pide ayuda para resolverla. En realidad, la carta está dirigida a su hijo, que tiene acreditado un 66% de discapacidad, al que se le reclama dónde ha estado empadronado durante los últimos cinco años debido a que tiene una pensión no contributiva. Una documentación que ahora es prioritaria para no perder la asignación. La respuesta más práctica viene de la educadora social: “Hay que decirles que estuvo en la cárcel y, también, que en el Ingreso Mínimo Vital se constata que vive en vuestra casa”.

La brecha digital y el analfabetismo funcional

En un papel, el vecino, de unos 60 años, anota lo que necesita para resolver rápido este conflicto. Irá a su casa a recoger la información, donde ha estado viviendo con su esposa y cuatro hijos desde que las primeras promociones se construyeron y costaban un millón de pesetas, apenas 6.000 euros, y por las que ahora se piden 120.000 euros. “Las cosas tampoco están tan mal... Ahí está lo de la vivienda, pero dentro de lo que cabe, todo va bien”, comenta sobre las recientes elecciones autonómicas del 17 de mayo. Él voto a la izquierda, afirma sin medias tintas, y reza porque a los de su círculo estén bien. Es su único propósito, por eso está aquí resolviendo dudas entre tanto papeleo.

“Hay que proveer de un espacio en el que estas personas puedan sacar la documentación, más cuando se niegan las citas presenciales en la administración”, siendo una de las grandes barreras la brecha digital, “muchas de ellas no tienen un móvil o no tienen las habilidades para solicitarlo adecuadamente”. Hay quien tiene serias dificultades para comprender los requerimientos de la administración, pese a que saben leer y escribir, lo que se denomina como analfabetismo funcional.

Este es el caso de Marta, nombre ficticio, una mujer de mediana edad que vive en Polígono Norte desde los cuatro años. Heredó la casa de sus padres y recibe el IMV al no tener recursos. Hace un tiempo, acogió a su sobrino en la casa, que es como el hijo que nunca tuvo, y ahora tiene que justificar su presencia para que no le retiren a ella la ayuda social. “Estamos moviendo todos los papeles, a ver qué me dicen, y hoy mismo me presento sin cita para que me atiendan”, comenta. Al preguntarle por la actualidad política, por cómo ve su zona, el barrio, encoge los hombros, como disculpándose: “Ya tengo bastante lío en la cabeza... No estoy metida. Ya ellos harán, digamos lo que digamos”.

Bonanza económica vs. índices de pobreza

La bonanza económica de la que presume el Gobierno andaluz se traduce en varios datos, con más de 3,6 millones de personas trabajando en 2025, especialmente en Málaga, Cádiz y Sevilla, y una tasa del paro en el 14,6% al cierre de 2025. A los datos macroeconómicos, que fijan el crecimiento del PIB andaluz en un 3,2% frente al 2,8% nacional, habría que sumar la reforma laboral, que ha reducido en un lustro el empleo temporal en un 9%. En algunos círculos se habla de un “milagro económico andaluz” que viene pregonando la Junta. Exportaciones millonarias, creación de empresas, todo ello, en un contexto dependiente del sector servicios, que supone el 77% del PIB —el turismo registró un récord histórico con la llegada de 27,9 millones de personas el año pasado—, pero la industria se queda en el 11% y la agricultura y la construcción en un 6%, respectivamente, a tenor de lo publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Estas cifras deberían traducirse en mejoras palpables para toda la población mediante un reparto de la riqueza, ya que la inflación acumulada desde 2020 supera el 25%, subrayan desde UGT, mientras que los salarios pactados apenas alcanzan el 18%. Además, la comunidad continuó en 2024 a la cola de las retribuciones, solo por delante de Extremadura, Murcia y Canarias. Es decir, los andaluces ganan de media 2.146 euros brutos al mes, lejos del País Vasco (2.809 euros), Madrid (2.761 euros), Navarra (2.589 euros) y Cataluña (2.529 euros), según la Encuesta de Población Activa (EPA). Unas cantidades que entroncan con lo que muestran los análisis sociales: el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía estima que alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social, un 23,1% de la población, mientras que 270.000 personas lo hacen en exclusión severa, un 10,2%.

Por tanto, un 33'3% de la población andaluza vive en exclusión social, donde la vivienda y el empleo precario son las principales barreras para prosperar. Una cifra que ampara la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE, hecha a partir de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, en la que se reseña que Andalucía obtiene un 34,7%, nueve puntos por encima de la media estatal (25,7%).

“No paro de tomar calmantes”

Tras un rato, llega Antonio, nombre ficticio, que necesita ayuda para la bonificación social de las facturas del agua. Ha revisado el contador de la casa que comparte con su esposa y su nieto en varias ocasiones a causa de las cantidades desorbitantes que el sistema determina que han gastado. Procedente de Rumanía, encontró en Sevilla un lugar en el que prosperar y, ahora, dos décadas después, contempla cómo su propio hijo es el que migra a Reino Unido para ahorrar más y volver con mejores condiciones para su familia.

“Nos dejó a la criatura, ya que aquí tenía la escuela, el tema del idioma... Fue lo mejor”, le cuenta a las trabajadoras. Olid le lee las condiciones de la administración para recibir la subvención y él asiente. Entonces, en un momento dado en el que la educadora va a hacer algunas fotocopias, cuenta que tiene un dolor indescriptible en la boca: le dieron cita con el médico de cabecera, pero ahora tendrá que esperar otros seis meses a que le atiende un especialista. “No paro de tomar calmantes”.

“Me acaban de llamar de Cruz Roja porque Encarna, una señora de 90 años, ha dejado nuestro contacto para casos de emergencia y, por lo visto, ha sonado el botón rojo”, comenta Paula Suárez. Busca el teléfono en las carpetas y, si no, irá en busca de algún familiar en la plaza de atrás. En otra ocasión, atendieron a dos hermanos migrantes, mientras que el pequeño permanecía en un centro de menores, el mayor pidió ayuda para encontrar un albergue municipal en el que dormir esa noche. “Fuimos con él a servicios sociales, pero estaban todas las plazas llenas y con lista de espera”, relata Olid, “muchos días nos vemos en este círculo de la pobreza y la exclusión, que no sabe si estamos en época de bonanza o de crisis, porque siempre se está en modo supervivencia”.

La Audiencia de Sevilla abrirá un juicio oral contra el exlíder de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de 2018, Francisco Serrano, en marzo de 2027. Fecha en la que testificará como acusado por tres delitos de subvenciones y de estafa tras recibir una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria solicitada a través de la empresa Bio Wood Niebla S.L., un entramado fantasma para la fabricación de pellets creado en marzo de 2016 con el que, presuntamente, se desviaron los fondos. En la causa también testificarán sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

La providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, detalla que, habiendo sido examinadas y resueltas las solicitudes, la Sección Cuarta de la Audiencia establece que la vista dará comienzo el día 15 de marzo y se extenderá hasta el 7 de abril en la Sala Quinta de la Audiencia Provincial. El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien ha publicado en sus redes sociales este martes un mensaje tras conocer la decisión del tribunal en el que acusa al que fuera juez de la formación de ultraderecha de “falsear” el capital del negocio y de no devolver el fondo público tras haber anunciado que con la empresa se daría “trabajo a más de 200 personas”.

El pasado 18 de marzo de 2024 fue el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, abría juicio a los tres presuntos culpables después de que en 2018 se presentara la denuncia por parte de Facua, a la que siguió la querella de la Fiscalía Superior de Andalucía en julio de 2020 contra Serrano. El expolítico alegó en aquel entonces su desvinculación de dicha sociedad en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, pero una vez iniciada la investigación dejó el partido y después, en septiembre, su escaño en el Parlamento andaluz.

La fábrica fantasma de 'pellets'

Todo comienzó en 2016, momento en que la empresa creada por Serrano y sus socios concertaron un préstamo REINDUS del Ministerio de Industria, cuyo importe (2.489.000 euros) se destinó “para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla”, en Huelva, confirmaba el auto de continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado. En él, se precisa que los acusados eran conscientes de “la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia” para captar sus préstamos. De esta forma, Serrano, a través de su sociedad Serrano Abogados, y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una “maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad”.

Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las “disposiciones” del dinero “para fines no comprendidos” en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a “un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos” estatales recibidos. Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, “se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gomez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario”.

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la “constitución de un fondo de inversión”, mientras además “se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowwod ”avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus“. El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito ”se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados“.

“En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros”, remata el juez instructor, que aprecia “indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa”, atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

Ocho años de prisión

Cabe recordar que otro juzgado archivó la denuncia de Serrano contra sus antiguos socios. Pese a lo esgrimido, se dictaminó que el exlíder de Vox en Andalucía, “aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra”, no era posible que “desconociera” las operaciones incluidas en la “farragosa denuncia” que presentó contra Pelegrín y López Ballesteros. A su vez, el juzgado rechazó la pretensión de que fuesen excluidas del procedimiento judicial las acusaciones populares del secretario general de Facua y de Podemos.

La Fiscalía reclama hasta ocho años de prisión para Serrano, así como multas considerables. El presunto delito de estafa atribuido a Serrano y a los otros dos acusados lleva consigo una solicitud de seis años de prisión y multas de 5.400 euros para cada uno de ellos. Adicionalmente, se señalan dos supuestos delitos de fraude de subvenciones como calificación subsidiaria, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, con penas de ocho años de cárcel, multas de casi 15 millones de euros y la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas durante 12 años, a cada acusado.

Andalucía necesitaría 36.327 plazas residenciales para llegar al estándar recomendado del 5% de plazas por cada 100 personas mayores y alcanzar el cómputo ideal de 83.022 camas en toda la autonomía. A fecha de 2024, cuenta con 46.695 plazas y se sitúa por debajo de la media nacional, un 2,81% frente al 4,05%, además de distribuirse de forma desigual en las ocho provincias andaluzas. En paralelo, se señala que entre 2019 y 2022 se produjo el cierre de 24 residencias, lo que provocó un estancamiento en el número de unidades disponibles.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) pide a la Junta una inyección económica que acelere la construcción de nuevas infraestructuras para dar cobertura a los usuarios y, sobre todo, en previsión de la mayor demanda que experimentará el sistema ante el paulatino envejecimiento de la población. Por tal motivo, piden un plan de “choque inmediato” con 5.000 nuevas plazas concertadas de “carácter urgente” y planificar una estrategia para alcanzar en 2030 la media nacional del 4,05% “en coordinación con fondos estatales y europeos”, ya que el coste alcanzaría los 65 millones de euros anuales.

Así lo recoge un informe publicado por el ente este lunes bajo el título Plazas residenciales para personas mayores en Andalucía. Análisis 2006 - 2022 y diagnóstico actual, en el que se describe la evolución que ha experimentado el sistema de dependencia. Entre las primeras conclusiones, se extrae que, entre 2006 y 2017, Andalucía lideró la creación de nuevos centros, un 34% a nivel estatal, y aportó el 16,35% de las nuevas plazas en España. Sin embargo, en el último periodo entre 2019 y 2022, se cerraron 24 centros mientras que se abrían 150 instalaciones en el país.

A partir de la serie publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —una fuente que no es oficial dado que las competencias están transferidas a las comunidades pero que sirve de baremo—, Sevilla fue la provincia más afectada con la eliminación de 12 unidades, por encima de Málaga (-9), Cádiz (-2), Jaén (-1) y Almería (-1), mientras que Córdoba sumó una instalación y Granada y Huelva no experimentaron ningún cambio entre 2019 y 2022 frente a la franja cronológica que va desde 2006 a 2017. En vista de las cifras, la organización advierte que se tardaría alrededor de 29 años en cumplir con el estándar del 5%: “El déficit estructural no quedaría extinguido hasta 2055, y ello sin contar el crecimiento demográfico previsto”, subraya el ente en un comunicado.

Por otra parte, la distribución de plazas en las ocho provincias andaluzas se reparte de forma desigual conforme a las necesidades de la población: Sevilla acumula la mayor parte de las plazas, 9.651, aunque hay un déficit de 8.916; en cuanto a Málaga, hay 7.961 pero se necesitarían habilitar 8.455 camas más; y en tercer lugar quedaría Córdoba, con 6.048 plazas a las que habría que sumar 2.318 con relación a la densidad de población de mayores de 65 años. A continuación, estarían Cádiz (5.783 plazas), Granada (5.765 plazas) y Jaén (5.107), a las que habría que añadir 5.961, 3.872 y 1.766, respectivamente. Por debajo de ese umbral quedarían Almería (3.833) y Huelva (2.547), en donde habría que destinar un refuerzo para compensar la falta de 2.320 plazas y 2.719 plazas en cada caso.

457 días de espera y 1.963 fallecidas sin la prestación recibida

FOAM establece, a partir de los datos recopilados en el Instituto Nacional de Estadística y en el Imserso, que Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor déficit absoluto de plazas residencias para personas mayores de 65 años en 2024, ya que representa el 37,5% de la estadística nacional. Asimismo, se destaca que el 49,60% de las plazas andaluzas existentes se concentran en macroresidencias de 100 o más plazas.

En cuanto al tiempo medio para obtener una resolución, se alarga a los 457 días frente a los 325 de media, aunque el máximo que establece la ley es de 180 días. Es decir, hasta abril de 2026, fallecieron 1.963 personas sin haber recibido la prestación aunque tuvieran el derecho reconocido.

Cabe recordar que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicaba un análisis basado en el primer censo de centros residenciales en España que realizó el Ministerio de Derechos Sociales en abril de 2024, con los últimos datos disponibles. A tenor de lo observado, se computa que el 64,3% de las plazas en Andalucía corresponden a financiación pública, unas 30.006, y unas 16.689 a la privada, lo que tiene un peso del 35,7%. En visión del eje cronológico, la creación de camas experimentó un parón, sobre todo entre 2010 y 2016, donde se pasó del 2,08% al 1,88%. Esta cifra por fin se rebasó en el período entre 2017 y 2022 cuando se alcanzó el 1,94%. Sin embargo, en 2022 el índice cayó al 1,92% y, seguidamente, al 1,79% en 2023, subiendo dos puntos al 1,81 en 2024. Un comportamiento en dirección opuesta a la media nacional, ya que se alcanzó un 2,84% de financiación pública tras un crecimiento continuado desde 2018.

134 millones de fondos Next Generation

Por tanto, la creación de plazas para personas mayores en Andalucía, que sufrió un estancamiento entre 2022 y 2023, disminuyendo de 45.732 a 42.545, coincidiendo con el segundo mandato del Gobierno popular de Juanma Moreno, se ha sostenido, sobre todo, en la esfera privada dado que creció la financiación entre 2023 y 2024 en ocho centésimas (pasando de 0,93 a 1,01), momento en el que se sumaron más de 4.000 nuevas camas. Así, se consiguió lograr el máximo histórico en la serie andaluza con 46.695 plazas residenciales.

Es más, solo seis comunidades cumplen con la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en España: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, La Rioja y Cantabria, pero solo dos lo alcanzan con financiación pública, que serían las dos castillas.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad responde a este medio que el período analizado se queda en 2022 y que, desde entonces, la inversión en la construcción y reforma de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad se ha reforzado con la creación de más de 5.000 nuevas plazas. Además, destacan la línea de 134 millones de euros a cargo del fondo europeo Next Generation que está destinada a entidades locales y del tercer sector y tiene como fecha fin de ejecución este año 2026, con la que se pretende dar oxígeno al sector para revertir la demanda histórica en la asistencia a personas mayores.

Vox tiende la mano al PP de Juanma Moreno, así lo manifiesta su líder andaluz, Manuel Gavira. La cuestión es llegar a un acuerdo para que “de una vez por todas, Andalucía cambie de rumbo”. Pero, ¿a qué rumbo se refiere Vox, en qué materias, con qué finalidad? Mientras el PP de Castilla y León busca llegar a un punto de encuentro, los gobiernos de Extremadura y Aragón rubricaron el documento con la formación de ultraderecha que los ata durante los próximos cuatro años, sin contar los baches por el camino. Inmigración, mundo rural y medioambiente, rebaja de impuestos y fiscalización de lo que denominan gastos improductivos, líneas en las que el partido de Santiago Abascal marca su agenda, pese a las trabas relacionadas con las competencias estatales.

Las elecciones en Extremadura (21 de diciembre de 2025) y las de Aragón (8 de febrero de 2026) lograron los pactos de gobierno entre PP y Vox cuatro y dos meses después de que la ciudadanía fuera a las urnas, respectivamente. Los plazos en Andalucía todavía están en el aire y la única fecha segura es que el próximo 11 de junio se iniciará la XIII legislatura andaluza en la que los 109 diputados tomarán posesión de su escaño y se votará la composición de la Mesa de la Cámara. A partir de ahí, el reloj marcará los tiempos de las negociaciones y Moreno enarbolará los 53 diputados de la mayoría frente a Gavira, que apelará a los 15 representantes convertidos en la llave del Ejecutivo autonómico. La prioridad nacional, el mantra de la ultraderecha, capilariza los puntos acordados en las otras autonomías, aunque el candidato popular haya manifestado que se trata de un eslógan sin base legal.

La prioridad nacional, con la que se pretende discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas al ponerlas detrás de las españolas, queda definida en los acuerdos así: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, excluyendo a aquellas personas que estén en situación irregular y solo amparándolos “exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Este reclamo con el que Vox mira hacia las generales incluye sus líneas más duras en los documentos firmados en Extremadura y Aragón contra los menores migrantes no acompañados, con párrafos que son un calco: “No más MENAS”. “Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central y a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, se recoge, al igual que “devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”, para lo que los gobiernos autonómicos promoverán “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.

Recorte en acogida de menores

Una serie de actuaciones que no podrán acometer al no contar con competencias en la materia, sin mencionar que se incumpliría con la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas y que España suscribe. En todo caso, podrían instar al Gobierno central a hacer cambios que luego se reflejarían en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía (SIME), que sí está en manos de la Junta. A ello, habría que añadir la persecución de la lengua árabe o del burka o el niqab, una prohibición en las que la ultraderecha ha utilizado a las corporaciones municipales para hacer presión y que ahora ocupa la agenda de dos administraciones autonómicas.

“No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”, rezan los escritos. En este caso, Vox obvia que los menores no acompañados son integrados en los espacios a los que también acuden los nacionales. “En España tenemos el Sistema de Protección, el cual se pone en marcha cuando un menor se ve privado del cuidado parental por un motivo u otro”, explica Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política y Social en Save the Children. En 2024, el Observatorio de la Infancia señala que el acogimiento residencial en el país se dio más hacia extranjeros (9.606) que a españoles (9.162), sin embargo, en el caso de Andalucía, los menores españoles siguen utilizando más los recursos que los foráneos, ya que son 1.565 frente a 876, respectivamente. Por tanto, ¿se recortarían recursos para ayudar a la población más vulnerable?

“En el caso de los menores extranjeros que vienen separados de su referente familiar, entran en el sistema, al igual que los niños y niñas que están en situación de desamparo, como se le llama a la figura administrativa”, indica Del Moral. A partir de ahí, se podrá derivar al menor a un centro de protección o a un acogimiento familiar, ya sea en unidades acogedoras o extensas. “En determinados lugares hay centros de recepción temporal, pero, de nuevo, la legislación no diferencia entre si son de origen extranjero o español, por lo que cualquier medida que se tome en el Sistema de Protección afectará a la infancia y adolescencia independientemente del motivo por el que lo necesiten”, asevera.

“Objetos de odio”

En lo pactado, Vox y PP establecen que habrá un “endurecimiento del régimen disciplinario” de los centros de acogida, sin especificar si se realizará mediante el incremento de agentes policiales o de seguridad, número de trabajadores o similares. Al respecto, la responsable de Save the Children subraya que la exposición de estos menores los hace “objetos de odio” e, incluso, podrían “generar dificultades en su incursión en el territorio”. Por tanto, ve con preocupación que el descontento en materia de migración se focalice en este colectivo “especialmente vulnerable”.

Además, añade que continuarán realizando su misión, pese a que el pacto de los conservadores establezca que habrá una “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. En el caso de Extremadura, se afirma que la Junta “no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, un bulo alentado por la extrema derecha para el que el Gobierno de Moreno ha puesto alfombra roja, ya que ha recortado un 60% los fondos para la cooperación al desarrollo, así que esta nueva medida daría la estocada definitiva a tantas organizaciones. En este punto, se expresa el rechazo y recorte presupuestario a los sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas “sin utilidad pública”, obviando que las líneas de subvenciones dada por la Junta ya tienen un sistema de baremación que garantiza que las subvenciones reporten beneficios sociales.

Medidas fiscales y rechazo a Bruselas

En cuanto al campo andaluz, nicho de Vox para encadenar el voto agrario, Extremadura pide la eliminación de la ecotasa energética, mientras que Aragón suprimirá el impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera. Con ello, el Ejecutivo no aprobará “ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”, aparte de rechazar la implantación de Mercosur. En el tinglado burocrático, abogan por la simplificación administrativa a destajo y la “aplicación del principio de declaración responsable” con tal de agilizar procedimientos para los que se necesitan una rigurosa inspección. A su vez, se creará una dirección general de regadíos, una cuestión que en Andalucía ya tiene su polémica avanzadilla con la iniciativa que registró Vox para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva)

Hay bonificaciones, varias y cuantiosas. En Aragón, por ejemplo, la reducción del 80% de la tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca, o que incluya a los sobrinos en las ampliaciones de las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A ello, habría que añadir que apuestan por ampliar la “concertación” de plazas para residencias de mayores, dejando la puerta abierta a una mayor privatización y, como reza en Aragón, también a la modalidad educativa de Bachillerato, “garantizando la libertad de elección de centro”. Indicios de lo que podría ocurrir en Andalucía, donde una de las mayores protestas de la comunidad educativa está en la escasa oferta en Formación Profesional pública que ha provocado la falta de oportunidades entre los estudiantes.

Hay un apartado en el que Vox quiere colgarse la medalla. “Publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal”: el Ministerio del Interior publica el balance en el Portal Estadístico de Criminalidad y también el Instituto Nacional de Estadística, donde la serie de 2024 destaca que el 74% de los condenados por delitos era de nacionalidad española. Desde noviembre del año pasado, la Ertzaintza se convirtió en el primer cuerpo policial del Estado en comunicar el origen de sus arrestados, pero por zonas geográficas y no por nacionalidad, siendo una estrategia que se está estudiando en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

Igualmente, el empadronamiento o el acceso a una vivienda protegida y al alquiler social son varias de las cruzadas de la ultraderecha en pos de la prioridad nacional. Por ejemplo, con la creación de un servicio de verificación del empadronamiento ignoran la legislación estatal que ampara a las personas sin hogar que necesitan estar inscritas en albergues, unidades de atención o similares con tal de acceder a los servicios básicos, como la educación, la sanidad o demostrar el arraigo para pedir la residencia.

Además, Extremadura y Aragón piden un mínimo de 10 años de estancia en el país para la compra de una VPO y otros cinco años para alquiler social a un colectivo vulnerable que sufre la discriminación de los servicios inmobiliarios y la subida de los precios del mercado; y aunque los gobiernos autonómicos de PP y Vox expresan por escrito su oposición a la política de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ambas, al igual que Andalucía, votarán a favor del Plan Estatal de Vivienda para acceder al fondo de 7.000 millones de euros. A la espera de lo que ocurra, estas son las primeras pinceladas que se podrían esperar de un acuerdo con Vox, que ya en 2019 presentó un total de 19 propuestas para facilitar el que fuera el primer gobierno autonómico que quitó el cordón sanitario a su formación.

Hace siete años la guerra cultural con la que Vox se hizo un hueco en el tablero político estaba enfocada a la protección de la tauromaquia, a la derogación ley de memoria histórica y a la negación de la violencia machista contra las mujeres mientras aludían a la defensa del modelo de la familia tradicional donde la comunidad LGTBI no tenía cabida. En esta ocasión, y con esos mandatos ya implantados en la esfera pública, el discurso de la ultraderecha se ha endurecido, defendiendo sin complejos una política xenófoba que necesitará del apoyo de Moreno.

Juan José Martínez, de 84 años, espera desde el 26 de junio de 2025 a que se reconozca el Grado III de dependencia por la Junta de Andalucía. Aquel día recibió la visita de los evaluadores de la Consejería de Inclusión Social, pero no hay respuesta por parte de la administración mientras que su estado de salud se debilita. En los últimos cinco meses ha estado ingresado en el hospital hasta en cuatro ocasiones. Pese a las leves mejoras, el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que Andalucía sigue a la cola del sistema en 2025: el tiempo medio de espera es de 496 días, en vez de los 180 días establecidos por ley, mientras que 6.995 personas fallecieron sin que les llegara una resolución de grado y 40.092 personas en lista de espera.

María, de 61 años, es la persona cuidadora de referencia de sus padres, Juan José y Adelaida del Pino, de 84 y 85 años, quienes tienen reconocido un Grado II en dependencia desde el año 2022, lo que significa que tienen asignados dos cuidadores con 40 horas mensuales, es decir, una hora por la mañana y una hora por la tarde de lunes a viernes por lo que se le cobra a él una media de 100 euros al mes. El resto del tiempo es la hija quien está al tanto de los progenitores, cuyo desgaste ha avanzado a grandes pasos en los últimos meses, sobre todo el de su padre.

Al entrar en la cafetería, María saluda a unos y otros. Solía bajar cada mañana con su padre antes de que empeorara y, también, antes de que le cambiaran el perfil de trabajador que acudía a su casa, ya que necesita la fuerza de un cuidador para manejar sin riesgos al hombre que mide 1,90. Acude a la entrevista antes de que llegue la cuidadora de su madre a las doce del mediodía. Si no está, no habrá quien abra la puerta debido a la escasa movilidad que tienen los dos ancianos. Abre un archivero con decenas de fundas de plástico llenas de documentos, listas de medicamentos y facturas que va consultando mientras las muñequeras aprietan sus articulaciones en ambas manos, desgastadas después de varios años manipulándolos tanto para lavarlos, trasladarlos o levantarlos cuando se caen al piso.

Horarios y altos costes de las residencias

Al lado del folleto de simplificación administrativa que reparte la Junta de Andalucía está la solicitud que realizó el pasado año para que su padre accediera al Grado III en dependencia: adjuntó la solicitud, las copias del DNI y nuevos diagnósticos sobre su estado de salud en el ambulatorio. “Esto qué persona mayor te lo hace”, dice con los documentos apilados. Necesita más ayuda y la última vez que acudió al hospital fue la trabajadora social del propio servicio sanitario quien le dio un listado, apenas legible, de las residencias cofinanciadas por la Junta.

Hay dos trabas: por una parte, su padre tiene que aprobar este traslado dado que está lúcido y, por otra, el proceso para iniciar los cambios del Programa Individual de Atención (PIA) se demoraría meses. “Cuando se fracturó la cadera en 2024 lo consideré, pero no es algo que se haga sobre la marcha y, una vez recuperado, tienes que pasar otro proceso para que lo devuelvan a casa... No pude más que hacerme cargo”, la alternativa era pagar por adelantado y luego solicitar una subvención para la cofinanciación. Las residencias más baratas que ha consultado rondan los 1.500 euros, una cantidad que no tiene y a lo que habría que añadir su situación como parada de larga duración.

El batalleo comienza pronto en casa de los Martínez. María se levanta antes para que a las ocho y media de la mañana esté preparado el desayuno, dadas las pastillas y medida la tensión, que últimamente se le dispara a Juan José. A las 9.15 horas llega la cuidadora de su padre, que la ayuda a quitarle el pijama, asearlo y vestirlo. La hora que está con la familia se dedica exclusivamente a la higiene. No hay tiempo para más. A las 10.15 horas se marcha y aprovecha el tiempo para poner lavadoras y limpiar. A las 12.15 horas, la segunda cuidadora se dedica a Adelaida. Otra hora de cuidado personal y el mediodía ya está aquí. Hasta las 19.45 horas no vendrá la persona encargada de su padre, que apoyará a María en el lavado y puesta a punto del pijama. Todo ello, sin contar con la rigidez o contratiempos que provoque el Parkinson: “El resto del tiempo, como los fines de semana, estamos expuestos a caernos los dos si lo tengo que mover porque le duela el cuerpo de estar tanto tiempo quieto o le tengo que cambiar el pañal”.

“El sistema no es malo, pero lo malo son los tiempos y la escasez de recursos. Yo soy la que ha pagado de su bolsillo un fisioterapeuta para mis padres, yo soy la que está pendiente de ellos día sí y día también... Estamos resignados”. Entre enero y abril, su padre ha estado hospitalizado hasta en cuatro ocasiones. “Él lo que me dice es que no tengo en quién delegar... He tenido que renunciar a mi vida”, explica. María solo tiene una hermana, con la que no puede contar. Al vivir cerca de sus padres, va y viene prácticamente todos los días después de que la pandemia de 2020 supusiera un punto de inflexión y contemplara que la pareja era incapaz de pervivir por sí sola.

“No están suficientemente formados”

“Desde la Junta, me dieron la posibilidad de que vinieran los dos cuidadores a la misma hora, pero eso significaría que pierdo todo el tiempo a que si vinieran por separado”, detalla Martínez. “Mis padres me tienen a mí para cubrir el resto de horas, si hay que cambiarles los pañales o darles de comer y que no se asfixien, pero, imagínate los que están solos”, resume. Una vez tuvo que salir y dejó solo a uno de los trabajadores del servicio de dependencia. Al volver, encontró a su padre semidesnudo, desorientado, con las sábanas y el pijama en el que había excrementos tirados en el suelo frente de la pareja de ancianos. Las imágenes quedaron grabadas y se remitieron a la coordinadora del dispositivo. “No están suficientemente formados”, critica.

Las personas más cercanas a María le recomiendan que delegue, pero le es imposible quedarse de brazos cruzados. Es la persona que los acompaña al hospital, quien arregla los trámites en el ayuntamiento y pide que desglosen cada una de las facturas, la que habla con el servicio de ayuda a domicilio para que se cumpla con el programa establecido. A todo ello, habría que añadir el cuidado de la salud mental de sus progenitores, sobre todo de su padre, que aún es consciente de todo lo que pasa a su alrededor y sufre por las consecuencias de la enfermedad degenerativa. “Sí, claro que tengo el síndrome del cuidador, pero si haces mal tu trabajo, es él quien paga las secuelas”, advierte. Su oído rastrea la respiración y los tosidos de su padre durante el día, en alerta por si necesita auxilio. Reconoce que no es indispensable, solo necesita el compromiso de quienes acuden a su casa y que la rotación o sustitución de los trabajadores no sea tan frecuente para que aprendan la rutina de los cuidados que requieren los mayores.

“Tengo que ser fuerte por muchas razones. Detrás de mí hay mucha gente, porque no es solo mi padre ni mi madre, es que hay gente peor que está esperando en una cama a que alguien venga. Hay 7.000 personas que se mueren, ¿sabes lo que te digo?”, zanja. María cree que esto irá a más: “Paséate por la mañana por los supermercados, por los parques... Solo hay personas mayores. La longevidad es muy alta y el sistema se ha quedado muy chico”.

La dependencia, en la rueda electoral

La dependencia ha sido uno de los reclamos de los partidos políticos en campaña. Todos están de acuerdo en que las listas de espera hay que rebajarlas y en los debates electorales tanto Por Andalucía, de Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, de José Ignacio García, han prometido a promulgar una ley en la que se obligue a cumplir con los 180 días de espera y que, de incumplir tales plazos, se indemnice a los usuarios y a sus familias.

Acerca de la gestión de Loles López, consejera de Inclusión Social, el Observatorio establece que ha disminuido la lista de espera en 10.756 personas y el tiempo de tramitación en 106 días en comparación con el año anterior. Unas cifras de las que se enorgullece la administración que, en sendos comunicados, ha trasladado en los últimos meses que ha habido un récord histórico de personas beneficiarias. Por contra, el Gobierno andaluz sigue afirmando que aporta más que el Estado para la financiación del sistema de dependencia, una cuestión para la que pide estar a la altura del País Vasco, a pesar de que los informes tanto del Imserso como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores desmienten. Andalucía es de las comunidades más cofinanciadas por el Gobierno central, recibiendo un 34,90%, y se puntualiza que el presupuesto autonómico dedicado a la partida apenas ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue siendo el más bajo de toda España: 7.173 euros.

En marzo de 2024, el Gobierno andaluz implantó un nuevo modelo de gestión mediante el decreto de simplificación administrativa que cambió 176 leyes de una vez. El cambio buscaba la agilización de los trámites y un año después las huelgas, protestas y críticas al sistema se agolpan, con cese mediante en julio del año pasado del director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, a quien sustituyó el viceconsejero José Repiso. La última manifestación frente al Palacio de San Telmo fue en el inicio de la campaña andaluza cuando la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO pidieron una respuesta “urgente”. La dependencia arrastra los males históricos de una infraestructura infrafinanciada. Cuestiones que se escapan al día a día de María, como tantas otras personas: “Le dije a mi tío que le ayudaría a tramitar su ayuda, pero murió hace un mes”.

Los sindicatos y un grupo de policías locales piden la readmisión “urgente” del jefe del Centro de Control de la Policía Local de Sevilla, encargado de la atención del 092 y de las redes sociales del cuerpo bajo el usuario Emergencias Sevilla. Las organizaciones tuvieron conocimiento del cese el viernes pasado después de que el Ayuntamiento hispalense responsabilizara al mando policial, A. B., de que no hubiera efectivos para atender el turno nocturno de un fin de semana. A pesar de lo esgrimido, CSIF y Sppm señalan que los trabajadores tenían una baja médica y, a causa de la infrafinanciación del servicio, no había operadores para atender las llamadas de las noches del 11 y 12 de abril.

El Ayuntamiento reitera a esta cabecera que “no se trata de un cese” ni tampoco de una degradación en el rango del profesional, ya que sigue cosntando como subinspector. Sin embargo, Luis Val, presidente de Sppme, discute que, aunque no lo quieran denominar como “cese”, ejerce las funciones desde el año 2023. “Tenía atribuciones temporales como jefe del Centro de Control, como muchas otros nombramientos caducados que hay en el cuerpo y para los que no se ha tomado ninguna medida”, critica. En todo caso, relaciona esta destitución con “una pugna” entre la administración y el cargo, quien “ha aportado sus conocimientos técnicos” en este periodo. Es más, el afectado acudió en marzo de este año al congreso internacional Local Security, en Barcelona como responsable del centro y recogió en nombre de la corporación local el premio USECIM por las buenas prácticas en seguridad pública.

Programas en proceso de implantación

“Cuando de un día para otro, sin explicación ni motivo, te dicen que te tienes que desplazar: es un cese”, determina Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, ya que el agente volverá a su puesto en el Distrito de Bellavista, donde tenía destinada su plaza. Entre las atribuciones del subinspector, la organización destaca que estaba dirigiendo la implantación de un nuevo programa de gestión en la Sala de Transmisiones y, también, la integración del servicio de emergencias 112 en el sistema informático, un proyecto que lideraba personalmente.

Al respecto, Raposo considera que la decisión se tomó “sin tomar ninguna consideración”, ya que el subinspector era el cargo “habilitado”, por lo que se pregunta cuáles serán las medidas que aplique la administración para garantizar ahora su correcto funcionamiento. “El concejal de Seguridad, Ignacio Flores, lleva tres años siendo un incompetente”, zanja. “No hay suficientes policías en el Centro de Control y las carencias se estaban supliendo con servicios extraordinarios”, detalla, “ahora bien, como no hay dinero, no hay efectivos y, si hay una o dos bajas, ya no hay personal para cubrir los puestos”. Entre los hechos y la decisión del Ayuntamiento ha pasado más de un mes, una cuestión que el sindicato atribuye a que se acusó al cargo cesado de facilitar una huelga encubierta: “Lo han responsabilizado”.

A raíz de lo sucedido, el representante de Sppme exige que, de la misma forma que se ha justificado el cese porque es una atribución temporal caducada, se debería aplicar en otros miembros de la corporación que están en las mismas circunstancias, “que se haga con todo el mundo”.

“Los resultados no fueron una sorpresa, la sorpresa es que no se haya conseguido antes”, reflexiona Lucas Melcón, más conocido como Malacara, sobre el triunfo del 17M de Adelante Andalucía con ocho parlamentarios. Los mismos que recitan los versos de Jesús Bienvenido o los de El Cabrero, que beben de la transcripción fonética de Califato ¾ o de la pasión por el acento andaluz, y van a la Feria de Jerez el día de reflexión y luego a votar vestidas con la kufiya. Una amalgama de elementos culturales e identitarios construida poco a poco, despacio pero sin freno, y que ha tenido su gran explosión en las elecciones autonómicas con el ofrecimiento a la llamada generación Mollete de un discurso basado en la alegría y un andalucismo que reivindica la fuerza del sur sin depender de cuitas nacionales.

“Hace un uso honesto de la iconografía y de la forma de expresar y entender el mundo que tenemos, no creo que imposte nada y, al final, nacen de una juventud andaluza que siempre ha utilizado esas mismas expresiones que utilizan mis propios amigos”, detalla el creador de contenido. Una cosa que le llamó la atención en uno de los debates electorales fue la réplica de José Ignacio García al candidato de la ultraderecha, “'¡pamplinas!' o '¡deje de decir tonterías!', una cosa que diría yo mismo”. Más allá de la anécdota, los mensajes del orientador educativo no son simplistas, al contrario, vienen cargados de contenido, reivindicaciones y propuestas que traslada al electorado con naturalidad, utilizando un lenguaje que huye de los circunloquios y da en la diana de la discriminación histórica.

Pero para empezar, ¿qué es la generación mollete? Tal y como acuñó el politólogo Jesús Jurado, se trata de una corriente engarzada al crecimiento de la generación millennial, nacida entre 1980 y 1995. Al amparo de una autonomía andaluza ya en pleno desarrollo y que tiene su símbolo en ese desayuno de mollete con aceite que se sirve en los colegios al hilo del 28F, el día de la comunidad. Es lo que también se ha dado en llamar tercera ola andalucista, tras la primigenia que arrancó con Blas Infante en las primeras décadas del siglo XX y la segunda que le tomó el relevo en la Transición.

Más voto entre la juventud y el centro urbano

Una generación que, ya por la treintena, plantea una reivindicación de un andalucismo sin complejos, divertido sin por ello dejar de ser crítico, contestón, también peleón y, sobre todo, consciente de sus orígenes de clase y en el que une tanto la protección del territorio en clave económica y política, como en la vertiente más social, donde hay lugar a un feminismo con poderío, desordenado y que brama como un huracán, a la apertura y acogida de la migración, ya sea en clave autonómica o refiriéndose al genocidio en Palestina, o cultural con la renovación del andalucismo en manos de artistas de la talla de la rapera y poeta Gata Cattana, la cantaora Rocío Márquez, La Plazuela, Volante de la Puebla, Rosario La Tremendita, la escritora granadina Cristina Morales o Califato ¾, entre otros muchos que pervierten y desmontan el canon. Mientras en las camisetas de los militantes se plasma a García Lorca o al padre de la patria andaluza, las consignas en el escenario de García advierten: “No vamos a pedir perdón por tener un partido andaluz”.

A partir de los datos recopilados por elDiario.es, se observa en los gráficos que Adelante aumentó el porcentaje de voto el 17M en todas las franjas de edad, pero tiene especial relevancia en las zonas muy jóvenes (10%), jóvenes (9,1%) y en la media de edad (11,2%) frente a las zonas envejecidas (9,9%) y las muy envejecidas (44,3%), además de en las ciudades con más de 250.000 habitantes. Algo que coincide con el barómetro del 'CIS andaluz', en el que la propuesta tenía más aceptación en la franja de edad comprendida entre los 25 y 34 años. Por otra parte, los 401.732 votos que logró la formación andalucista el domingo se lograron, sobre todo, en las provincias de Sevilla y Cádiz, donde se antepusieron como tercera fuerza a la ultraderecha. Así, habrá una legislatura en la que los andalucistas refuerzan la bancada de las izquierdas formando grupo parlamentario con sus ocho escaños tras haber sacado solo dos en las autonómicas de 2022.

“Tiene un componente independiente muy importante”, subraya Malacara, “Adelante no tiene que pagar las cuentas de otra gente en otras regiones porque sus estrategias no hayan sido buenas o hayan dinamitado partidos enteros”. No hace falta dar nombres, pero la desaparición de Ciudadanos y Podemos en menos de una década son el ejemplo claro de lo que expone el gaditano. ¿Tal vez para Por Andalucía los morados fueran una cortapisa, o que en el ADN de la propuesta estuviera Movimiento Sumar, con los que están enfrentados en el Congreso? “No le debe nada a nadie, no tienen a sus espaldas una mochila con decepciones, y han sabido conectar con la gente descontenta”, aunque hace un alto en el camino, “solo diría que ha tardado mucho en fraguar y que ya en 2022 echaba de menos esto, pero el tiempo tiene sus cosas”. También, las guerras internas de las izquierdas, entre otros ingredientes, impidieron la atracción de un electorado que sufría en aquel entonces las consecuencias de la pandemia de la covid-19.

Herramienta política y de movilización

“No se trata de un clic entre Adelante y los votantes, sino un desarrollo lógico y normal”, detalla la socióloga y politóloga onubense Isabel Serrano. “Desde hace tiempo se fragua un movimiento identitario y cultural en torno al andalucismo político, no hay más que ver los carteles electorales de esta campaña en la que todos utilizaron el verde autonómico, hasta Vox que está en contra”, explica, “la diferencia es que, mientras que PP y PSOE vacían el andalucismo de contenido para que solo sea bandera y folklore, esta generación mollete ha crecido con valores culturales y referentes que se han transformado en una herramienta política y de movilización que, finalmente, ha generado ilusión”. A la generación mollete, que vivía con los sueños desdibujados de la Expo 92, le estalló la crisis de 2008 y, a falta de perspectivas laborales que correspondieran con su mejor preparación —García consiguió su plaza en 2021—, habría que sumar otras frustraciones, como la vivienda o la escalada de conflictos internacionales.

De repente, como señalaba el propio Jesús Jurado, los mismos retos que tuvieron la generación de los 60 y de los 70 se repetían como en el mito de Sísifo: el desempleo, el eterno problema agrario o la brecha en exclusión social, pero en esta ocasión el orgullo andalucista se sobrepone al hartazgo y busca soluciones con y desde el sur. Casi como una réplica del catalanismo que aún tiene que construir su camino. Es más, el antropólogo Isidoro Moreno relaciona “la vía de la izquierda soberanista” con la atracción del voto de los jóvenes y de otros grupos que, sin Adelante, hubieran optado por la abstención. “Los brotes verdes que, desde hace unos años, sobre todo en el ámbito cultural, anunciaban una nueva era del andalucismo se manifiestan ahora también en el campo político-electoral”, resume en un análisis difundido en sus redes sociales.

Serrano estudió precisamente el trasvase de esa raíz hace unos años al márquetin de la cerveza Cruzcampo, porque cuando el capitalismo aprovecha un filón es seña de que algo se está removiendo. “Adelante ha ocupado un espacio que estaba huérfano”, apunta, “y me encantaría que Andalucía tuviese voz propia en el Congreso, algo que solo ha pasado con el Partido Andalucista, ya que las izquierdas territoriales son capaces de influir en la mejora de infraestructuras o de presupuestos, algo que muchas veces se escapa a la lógica de los partidos estatales”.

El orgullo andaluz

Al final de la noche electoral, Manuel Gavira y los cabeza de lista por Vox coreaban el “¡viva España!”, repetido en todos y cada uno de los mítines que les ha llevado por el territorio andaluz durante 15 días. El verde de Vox no se identifica con el verde de la bandera autonómica, es más, les repele y advierten de que romperán con el Estado de las autonomías, por lo que se apropian de la rojigualda y de los elementos históricos de lo que consideran como un pasado esplendoroso, ya sea subrayando que van a la “reconquista” del poder gubernamental desde Andalucía mientras rechazan la herencia islámica y tildan de “invasión” a procesos como la regularización extraordinaria.

Frente a ello, los de José Ignacio García levantan el puño cuando cantan el himno de Andalucía con las plazas llenas y nombran a la clase obrera, antifascista, feminista, ecologista, es decir, a aquellas que creen que es posible un cambio. Que hay más opciones. Malacara lo define así: “El orgullo andaluz es el de la generosidad y la modestia, de la inclusividad y de que aquí hay sitio para todo el mundo. Es muy potente, no es un orgullo enfadón, más bien de defensa, no solo identitarias, sino de las cosas que más nos afectan a las clases populares... Es un orgullo de lo popular, que es Andalucía, que siempre ha sido un pueblo humilde”.

La euforia se desató en la sede electoral de Vox en Sevilla. A golpe de prioridad nacional, Manuel Gavira entró a las 22.55 horas, con el 98% del escrutinio y 574.641 votos, a proclamar el triunfo de la ultraderecha en las elecciones autonómicas de Andalucía, pese a que los resultados solo suman un escaño más y alcanzan los 15 diputados. Suma, pero no lo esperado. Vox quería alcanzar más, ser la segunda fuerza en el Parlamento andaluz y hablar de tú a tú a Juanma Moreno y, aunque los apoyos persisten y se fortalecen, no ha sido suficientes para dar el sorpasso que sí se ha producido entre las izquierdas. “Esperamos del PP que escuchen a los andaluces”, afirmó rotundo.

“No vamos a defraudar, vamos a estar a la altura”, adelantó ante los medios de comunicación en la sede electoral. En un breve discurso, Gavira felicitó al PP de Juanma Moreno y, sin aclarar si entrarían o no a negociar, manifestó que “los andaluces han hablado claro y le han dicho al Gobierno de Andalucía lo que quieren: prioridad nacional”. “Va a haber más campo, más agricultura, más pesca, y devolveremos a las calles de Andalucía seguridad y prosperidad”, las claves sobre las que ha pivotado la campaña en los últimos 15 días. A ello, añadió que la próxima legislatura “tendrá mucho más sentido común” y “tendremos un gobierno que sea un bastión contra el gobierno corrupto y mafioso de Sánchez”. En declaraciones sin preguntas de los periodistas, Gavira solo atajó en el corrillo por el que salió del local que “habrá tiempo” para la negociación de la próxima legislatura.

Tras apenas cinco minutos, Santiago Abascal salió a felicitar al candidato a la Junta desde Madrid y lo declaró como “el gran triunfador de la noche”. “Esperamos que Juanma Moreno escuche”, ha advertido el líder de Vox, para lo que opina que su partido se ha convertido en un elemento “decisivo” en el tablero político. “Lo logramos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Gavira lo ha logrado en Andalucía”, reiteró, poniendo de relieve la pérdida de votos por parte de PP y PSOE. En su discurso antimigratorio, adelantó que sus políticas se basarán en “devolver” a los “inmigrantes irregulares” y “a los menas con sus padres”. Sin perder el hilo, concluyó con que el destino de las instituciones andaluzas es ser un escollo para el Gobierno central: “Hay que impedir los propósitos de Sánchez”.

Con el 25% del escrutinio, Vox alcanzaba los 18 escaños, con el 60% bajaba a los 16 diputados y, para rematar la noche, el 94% los dejaba en los 15 miembros. Más allá del baile de números, se disipa una duda: la suma de adeptos en el sur, sobre todo en la costa almeriense, así como en el interior de Huelva y Jaén. En cambio, en Sevilla y Granada se pierden votos. De esta forma, Vox mantiene los resultados de 2022 y el reparto quedaría así: 3 escaños en Almería, otros 2 en Cádiz, 1 en Córdoba, 2 en Granada, 2 en Huelva (donde gana el diputado en comparación con los anteriores comicios), 1 en Jaén, otros 2 en Málaga y 2 en Sevilla.

Una de las victorias de la ultraderecha ha sido convertirse en segunda fuerza Almería, donde ha logrado superar al PSOE. En primer lugar se mantendría el PP, con seis diputados, aunque ha competido duramente por los municipios de Almería capital, Adra, Berja o Sorbas. Es más, El Ejido fue el lugar escogido para que el candidato a la Junta de Andalucía como penúltimo acto de campaña con la presencia de Santiago Abascal. Una provincia donde la prioridad nacional ha calado hondamente, siendo uno de los territorios en donde más porcentaje de población migrante se registra.

Aún así, el bloque de la derecha ha perdido cuatro escaños con respecto a lo que sumaba en 2022. El conjunto de PP y Vox antes tenía 72 asientos (58 y 14) en el Parlamento andaluz, pero con la pérdida de diputados del PP ahora solo son 68 (53 y 15). En porcentaje de voto, han pasado de un 56,58% de 2022 al 55,4% actual. En cambio, la izquierda ha pasado de 37 diputados a 41: 28 del PSOE, ocho de Adelante (seis más de los que tenía) y cinco de Por Andalucía. En total, era el 36,37% del voto y ahora es el 38,65%.

En comparación con 2022, Vox ha sumado 0,35 puntos en las autonómicas, lo que se traduciría en un poco más de 79.000 votos con los que añade el diputado número 15. Por provincias, Almería ha sumado 2,49 puntos y ha alcanzado el 23,21% del electorado; mientras que en Huelva obtuvo su segundo mejor resultado, con 2,09 puntos más que en la anterior legislatura y el 14,86% del total. En tercer lugar, estaría Málaga, que arrastró 1,02 puntos más y logró el 14,54% del escrutinio. Seguidamente, estaría Jaén, con un crecimiento de 0,74 puntos y el 13,57% de la representación, y Córdoba, en la que hay 0,19 puntos más y supuso el 12,63% del electorado.

Por contra, el partido ha perdido votos en Granada, donde se desinfló 0,31 puntos y llegó al 15,09% del apoyo. La mayor caída ha sido en Sevilla, con 0,65 puntos menos y pasando a ser la cuarta fuerza en detrimento de Adelante Andalucía y reuniendo al 10,78% de los simpatizantes, al igual que ha sucedido en Cádiz, por detrás de los de José Ignacio García al perder 0,21 puntos y representando el 13,03% del escrutinio.

Lo que ninguna encuesta registró, salvo el CIS, fue la remontada de Adelante Andalucía. El rifirrafe de José Ignacio García con Gavira en los debates electorales y la intensa campaña que ha hecho en redes sociales, arrastrando a un voto joven de izquierdas que ha dado el sorpasso a Por Andalucía, ha dado ventaja a los andalucistas en Sevilla y Cádiz, cuna de los dos candidatos de gafas de pasta negra. La sorpresa de la noche, que ha hecho caer la mayoría absoluta de Juanma Moreno, no fue mencionada por la ultraderecha en la comparecencia ante los medios de comunicación al final de la noche electoral. Pronto, el debate parlamentario volverá a enfrentarlos.

La prioridad nacional arranca votos

Vox ha basado su campaña en repetir dos ideas fijas: seguridad y migración, todo ello aderezado con el lema de prioridad nacional por el que claman que los españoles tengan prevalencia sobre las personas migrantes en el acceso de los servicios públicos y las subvenciones. Un precepto venido de las derechas europeas que ha entrado de lleno en la estrategia del partido hace apenas un mes con la convocatoria de las elecciones andaluzas. La ocasión propicia para probar con la estrategia que, sin lugar a dudas, acompañará a la ultraderecha durante los próximos meses y con las que pretende consolidar su camino a las elecciones generales de 2027. Pese a los bulos utilizados, el discurso ha calado en la población, que finalmente ha respaldado la propuesta.

Antes de que Gavira fuera designado por la dirección nacional, estuvieron Francisco Serrano y Macarena Olona blandiendo el estandarte del partido. Una vez apartados, Gavira surgió como la cara visible de la ultraderecha en la cámara autonómica cuando Abascal sustituyó al exportavoz cordobés Alejandro Hernández en 2021, escenificando una ruptura con el PP en el tramo final del mandato tras haberle dado estabilidad a la legislatura pactada en paralelo con Ciudadanos en 2018. Ahora, tras cuatro años de apoyo a la mayoría absoluta y una presión constante en gobiernos locales, como el del Ayuntamiento de Sevilla, llega el momento de marcar unas distancias que comenzaron a profundizarse a principios de 2025. Moreno inició la contienda antes de disolver el Parlamento, criticando el desprecio de Vox por el estado de las autonomías y la falta de experiencia al frente de ejecutivos autonómicos.

Moreno apeló a los votantes a que no le dejaran en mano de pactos, pero ahora queda en el aire saber si Vox hará oposición o entrará de nuevo en el Ejecutivo andaluz. El fantasma del “lío” frente a la estabilidad no ha sido suficiente para que el candidato del PP haya evitado a su principal contrincante en las urnas. No era el PSOE su némesis en esta ocasión, sino un Vox que le pisa los pies a Alberto Núñez Feijóo en la esfera nacional y que ha vuelto a ponerle piedras en el camino en los terceros comicios autonómicos que componen este ciclo electoral, Castilla y León, Extremadura y Aragón, como ruta para las generales de 2027. Aún así, las previsiones de la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), el denominado 'CIS andaluz', han quedado medianamente frustradas, ya que pronosticaba que el grupo de ultraderecha pasaría de los 14 escaños hasta los 17 o 20 diputados. Que empiecen las negociaciones.

María del Prado y Vanesa, madre e hija, debaten sobre política a las puertas del colegio electoral Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en el corazón de uno de los barrios obreros de Sevilla. Hace apenas unos minutos fotografiaban entusiasmadas a Adrián, que este domingo vota por primera vez en las elecciones autonómicas de Andalucía. Las observa con una media sonrisa, porque está acostumbrado al toma y daca, que en casa se habla de todo, abiertamente, con honestidad, y hoy no es un día como otro cualquiera. “Estoy nervioso”, confiesa el estudiante, “esto decide lo que pasará, para bien o para mal, y no me quiero arrepentir”. Una estampa única que refleja las dificultades que afronta cada una de las tres generaciones: la cantidad irrisoria de una pensión, el desempleo en personas mayores de 50 años y la falta de una plaza en la Formación Profesional pública. Cuestiones que están a pie de urna.

Oriundos del Cerro, la familia lucha contra las facturas y se apoya mutuamente para dar las mejores oportunidades a los que vienen. El paro preocupa a la mayor del clan, porque reflexiona que con ello gira toda la rueda, mientras que madre e hijo le rebaten que hay que focalizarse en la sanidad y la educación. “Somos tres culturas distintas, tres visiones distintas”, explica Vanesa, “y aquí tienes la situación de tres personas, una con una pensión de mierda, un estudiante que tiene que pagar 3.000 euros por una plaza en la privada para ser informático porque no hay recursos suficientes para la pública y yo, que con 50 años no encuentro trabajo”. “Nos hemos puesto guapas y hemos venido a votar, pero ahora volveremos a casa y volveremos a recogernos el pelo y a ver la tele”, pendientes de su futuro.

A primera hora se acerca la familia de Carmen. Su marido Javier empuja la silla de ruedas en las que descansa su suegro Manuel y María, su suegra, está atenta a cualquier obstáculo en la calle. “Siempre venimos a votar, pero hay partidos que están vendiendo muchas motos y la gente joven se lo está comprando”, avisa el esposo que, con una camiseta verdiblanca, confiesa que votará a Adelante Andalucía en estas elecciones con tal de desmarcarse de la lógica nacional y “luchar” por la autonomía. “Vas al médico de la privada y, después de facturar y mandarte al quirófano, te derivan de nuevo a la pública porque es muy complicado, ¡y no lo dicen antes!”, comenta sobre lo ocurrido a un amigo cercano. Pero la mayor preocupación del hogar en este momento es el sistema de dependencia.

“Que haya algún cambio”

María lleva ocho años cuidando a Manuel, que apenas logra responder a las preguntas. “Mi madre lo tiene que hacer todo sola y, aunque tengamos aprobada la ayuda, no es suficiente. Es más, a mi padre le sale a pagar. Son 300 euros al mes para que una mujer venga a casa, pero no se cumple. A ver si agilizan los procesos, los trámites, algo, que haya algún cambio”, replica la hija, crítica con el funcionamiento de una administración que dejó sin atención a 7.000 personas que murieron en 2025, pese a los cambios los cambios en materia de simplificación administrativa con que la Junta intenta rebajar las listas de espera. Volverán a su casa, que los más pequeños están esperando, sin parar a tomar algo en alguna de las cafeterías que hay abiertas sin apenas gente.

Rocío y Francisco tienen el día planeado: primero, a votar, y luego, a ver el partido de fútbol. Hay tarde maratoniana para los andaluces, que tienen los nervios a flor de piel con los encuentros del Barcelona - Real Betis y el Sevilla - Real Madrid. La camiseta de Francisco deja claro que tiene el corazón dividido. A tres franjas está el escudo bético, el malagueño y el de la Roja, pero eso no le quita el sueño. Lo que haya a partir de mañana sí: “Me tuve que parar viniendo hacia aquí por los dolores que tengo en la espalda... Llevo desde los 16 años trabajando en la construcción y la gente ahora disfruta de las ayudas y no quiere trabajar. Me indigna profundamente que me quiten 400 euros de la nómina todos los meses y luego paga el agua, la luz, pero... Entre quien entre, van a robar igual”. La intención del voto del vecino ha cambiado en apenas una década, tal y como señalan las encuestas, pasando del área progresista a la conservadora, “porque tengo nómina y sé lo que supone que la vida esté más cara”.

A su lado, Rocío, que tiene una lesión en la mano y trabaja como limpiadora, asiente con la cabeza y señala dos de sus grandes preocupaciones: la inseguridad y la sanidad. “A mi hija le han dado cita para hacerse una cirugía en 2028, repito, en 2028”, una fecha que va a la par de lo que muestran los datos de las listas quirúrgicas en las que hay 200.000 personas aguardando por un quirófano en la comunidad. La pareja mira hacia una de las paredes del patio de la escuela pública poblada de árboles que dan una agradable sombra y señalan el grafiti que, colorido y bien grande, plasma la palabra “respeto”. Resaltan la importancia de que este valor prevalezca justo cuando el reloj les indica que tienen que seguir su camino en este domingo que, más allá de las elecciones, deja tareas pendientes en el hogar.

“Voto en blanco, pero quiero que conste”

Los que permanecerán fieles al PSOE son Manuel y Sagrario, quienes llevan viviendo en la localidad más de 50 años. “Yo no me voy a cambiar la camisa a estas alturas”, dice resuelto el electricista jubilado. A pesar de su motivación, nombran la falta de seguridad en el barrio y señalan la ocupación de pisos como un mal a remediar. “Es complicado... Antes se vivía muy bien aquí, pero con la llegada de una serie de personas parece imposible”, coincide la pareja. En cada una de las conversaciones mantenidas a las puertas del colegio electoral salen los temas más acuciantes y, también, los más comunes, como la sanidad, la dependencia, la vivienda o la seguridad, que la ultraderecha tomó como filón pero permea todos los espectros políticos. Con todas las encuestas apuntando al PP de Juanma Moreno como el ganador, la cuestión es si gobernará solo o no, y si las izquierdas darán la sorpresa en el último momento.

Quien comienza una nueva vida en Sevilla es Sebastián. Para el colombiano de 30 años son las primeras elecciones en las que participa después de estar seis años en Andalucía y conseguir la residencia gracias al proceso de arraigo. El objetivo es dejar su puesto como repartidor de pizzas y dedicarse a la peluquería gracias a un curso de formación que comenzará en unas semanas. “Vengo a votar en blanco, ya que no tengo muy claro a quién apoyar, pero quiero que conste”, sostiene. “Falta más empleo, mucho empleo, sobre todo para la gente joven”, comenta en un momento en el que la tasa para los menores de 25 años está en el 32,39% por encima de la media estatal, “y a los más pequeños les diría que se enfoquen en estudiar, en trabajar, en no perder el tiempo por ahí en cosas malas”.

“Hablamos poco de política”

La calle Amor, donde está el colegio, se encuentra en la zona de Amate, llena de casas bajas y avenidas amplias en donde la renta media bruta es de unos 40.135 euros al año, un 17,5% más que 2019. A su alrededor, se encuentran varias de las zonas más empobrecidas de la capital sevillana, como Los Pájaros, con 21.575 euros de media o el Cerro del Águila, que está sobre los 28.000 euros. Un poco más lejos está Palmete, con rentas de 25.000 euros y el costado de Nervión, en el que hay hogares que no alcanzan los 19.000 euros brutos al año. La clase obrera que ha construido y levantado estos barrios dista del ambiente que se respira en Los Remedios, cuyos residentes alcanzan los 70.000 euros y, por plaza de Cuba, los 90.000.

A la entrada del Real Círculo de Labradores se agolpan las famillias. Hay bastante movimiento antes del mediodía y las mesas de las terrazas de los restaurantes circundantes tienen puesta la placa de Reservado. Un ciclista en maillot sale tras votar y pedalea calle abajo. A escasos metros está Ana con Marco y Javier, dos de sus cinco hijos. No saben qué opción votará cada uno, comentan sorprendidos a estas alturas del partido, aunque coinciden en valores más conservadores. A plena luz del día, explican las motivaciones que les ha llevado a depositar la papeleta: “Lo peor es la vivienda”, resaltan los jóvenes. El mayor, que planea casarse pronto, vive con sus progenitores ante la falta de opciones en el mercado inmobiliario, aunque tenga un sueldo como profesor en un centro de formación laboral para personas con discapacidad. En cuanto al más pequeño, continúa en la residencia de estudiantes con la intención de ejercer también docente y expresa su preocupación por la escalada de precios. “Están ahorrando”, sonríe su madre.

Acerca de las charlas sobre la actualidad política, Ana resalta que encuentra serias dificultades para expresar su opinión en el ambiente laboral con los compañeros recién llegados en el centro de formación de profesorado. “Con la gente de mi edad, aunque tengamos una posición distinta, hablamos con tranquilidad, pero de los 40 años para abajo están muy polarizados. Se enfadan, por lo que prefiero no hablar para no ser señalada”, admite. Entrando en materia, añade que ella en esta ocasión no ha votado a un partido, sino a una persona, y señala las diferencias entre una camada y otra de políticos. “El perfil ha cambiado. Antes era gente más comprometida, que miraban más por el ciudadano, en cambio, ahora prometen y luego se descontrola... Eso desmotiva”, reflexiona.

Prioridad

Las dos caras de la misma moneda. Pedro y Javier no se conocen, pero coinciden prácticamente en sus ideales políticos a la hora de responder a este medio. Dos generaciones unidas por su ideología. El primero lleva camisa a rayas y se apoya en un bastón mientras que el segundo viste uniforme, ya que en unos minutos entrará a trabajar. Los dos principales motivos que les ha llevado a las urnas este domingo son: la economía y la migración.

En realidad, Pedro no lo expresa de esa manera, pero el discurso de Vox ha calado en su forma de percibir el mundo: “Considero que la inmigración es necesaria, siempre que sea legal, quiero decir, pero la prioridad principal son los españoles, somos nosotros, que ya estamos hartos de las políticas que están hundiendo España”. El joven asiente a su lado y también señala al Gobierno central como el causante de esa deriva, pese a que el país y la autonomía se encuentren en pleno crecimiento económico aún con la escalada internacional de conflictos y el encarecimiento de la energía y una inflación a la que se intenta contener por todos los medios.

Para la siguiente pregunta tienen dudas, ¿gobierno en solitario de Moreno o alianza con Vox? “Prefiero lo que voten la mayoría de los españoles, incluso si es el PSOE”, comenta Javier. Al final se moja, “yo no estoy de acuerdo con los pactos, pero si es necesario, no queda más remedio: no puedo evitar que salga Vox y, por ejemplo, se alíe con Pacma”. Siendo un escenario harto improbable, podría reflejar la visión de las nuevas generaciones sobre la falta de interés en un sistema democrático más plural, diverso, en el que hay que discutir cada medida en vez de imponer la absoluta, y olvida que, como ciudadano, como votante, tiene el derecho a conocer de antemano qué opciones baraja su partido. Suavizando el tono, Pedro añade: “Que gobierne el que vote la mayoría y, si se llega a pacto, que siempre sea constructivo”.

Las elecciones al Parlamento andaluz se celebran este domingo 17 de mayo con todas las encuestas apuntando a Juanma Moreno, el candidato del PP, como el ganador que revalidaría su mayoría. La cuestión es si será absoluta o no, lo que daría pie a que pactara con la tercera fuerza política hasta el momento, Vox, o gobernara en solitario. En la bancada contraria, las fuerzas de la izquierda buscan una mayor representatividad, ya sea con el impulso de María Jesús Montero en el PSOE o con la coalición de Por Andalucía, en manos de Antonio Maíllo, y la alternativa por Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García.

La votación del 19 de junio de 2022 dio lugar a una legislatura de cuatro años en la que Juanma Moreno (PP) gozó de mayoría absoluta. A lo largo del segundo mandato no dependió de la formación ultraderechista, al contrario de lo que sucedió en 2018 cuando tuvieron que pactar con los de Abascal y con Ciudadanos para hacer factible un gobierno conservador. Con la sanidad y la vivienda como principales preocupaciones de la población, el estado del sistema de dependencia, de la educación o las implicaciones del sector agrario también han encontrado su hueco en los debates y los mítines que han recorrido todo el territorio durante los últimos 15 días. Una campaña tibia que ha tenido dos conatos de incendio a raíz del debate electoral realizado en Canal Sur: el accidente ferroviario de Adamuz y la muerte de los dos guardias civiles que perseguían una narcolancha en Huelva.

¿Cuántos escaños hay en juego?

La ciudadanía elegirá este domingo a los 109 diputados y diputadas que formarán parte del Parlamento andaluz, celebrando así sus decimoterceras elecciones en democracia. La mayoría absoluta, compuesta por la mitad más uno, se sitúa en los 55 escaños. En cuanto al reparto de escaños entre las ocho provincias, se divide de la siguiente manera: 18 en Sevilla, 17 en Málaga, 15 en Cádiz, 13 en Granada, 12 por Almería y Córdoba, respectivamente, mientras que a Huelva y a Jaén les corresponden a cada una 11 escaños.

A lo largo de la legislatura, el Gobierno andaluz ha estado presidido por Juanma Moreno. La mayoría absoluta le ha permitido maniobrar con holgura gracias a sus 58 diputados, mientras que el PSOE registraba su peor resultado con 30 escaños. La desaparición de Ciudadanos (que había obtenido 21 diputados en 2018) dio lugar al reparto de sillones, por lo que Vox logró los 14 diputados. La escisión de la primera coalición de izquierdas provocó que Por Andalucía obtuviera 5 escaños y Adelante Andalucía se quedara con dos.

Con respecto al censo electoral, están llamados a depositar su voto en las urnas un total de 6.812.902 andaluces, lo que supone un incremento del 2,5% en comparación con los comicios de junio de 2022. Del total, 302.070 son residentes en el extranjero y, por otra parte, podrán ejercer el voto por primera vez tras haber cumplido los 18 años desde la anterior cita electoral unas 368.858 personas.

¿Qué dicen las encuestas?

A tan solo unos días de las elecciones, hasta seis encuestas daban por segura la reelección de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Los sondeos de NC Report para La Razón y de Sigma Dos para El Mundo, así como GAD3 para ABC, 40dB para El País, Gesop para El Periódico e IMOP para El Confidencial solo diferían en las horquillas donde se disputaba si el popular alcanzaba o no la repetición de la mayoría absoluta, una cuestión de la que ha hecho su principal mensaje. Este último escenario, en el que dependería de apoyos, fue el que también vaticinó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Fijándonos en el barómetro de abril de la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), el denominado 'CIS andaluz', la balanza quedaría inclinada claramente hacia Juanma Moreno, quien además es el líder de partido mejor considerado según las encuestas. Por tanto, el PP ganaría con el 42,8% del escrutinio y la horquilla se mantendría entre los 54 y 57 diputados. Un número que busca romper con Vox, que pasaría de los 14 escaños actuales a sumar hasta los 17 o 20 diputados y se consolidaría como tercera fuerza en el Parlamento andaluz, pese a que las expectativas de Manuel Gavira se han reducido en apenas unos meses teniendo como resultado final el 15% del sufragio.

Así, los populares superarían en más de 20 puntos al PSOE de María Jesús Montero (21%). La candidatura de la exministra de Hacienda consiguió que los pronósticos mejoraran levemente, pero no es suficiente. Los socialistas obtendrían entre 26 o 27 escaños, bajando de los 30 diputados que habían obtenido en las elecciones de 2022. El mensaje en campaña, donde han estado presentes el presidente Pedro Sánchez y los ministros del Gobierno central, ha estado centrado en recuperar la confianza del electorado que ha optado por Moreno o que se ha hecho a un lado. Es más, hay hasta 87 municipios donde quieren atraer 580.000 votos para darle un vuelco a las previsiones.

A la izquierda del PSOE, quedaría Por Andalucía, con un 7,8% de los votos que se traducirían entre cinco y seis representantes en el Parlamento, y, finalmente, Adelante Andalucía, que contaría con el 6,3% de los apoyos, lo que supondría el mismo número de escaños o sumar uno más. No obstante, el CIS vaticinaba un posible sorpasso de los de José Ignacio García a la coalición de siete partidos de Antonio Maíllo, que salvó in extremis el acuerdo con Podemos para integrarlo con Izquierda Unida y Sumar.

¿Cómo se ha votado en Andalucía desde 1982?

Partido más votado en cada municipio en las elecciones autonómicas de Andalucía. Usa la barra de abajo y desliza para cambiar de elección

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Fuente: Junta de Andalucía

¿Históricamente, quién ha gobernado en Andalucía?

Andalucía ha sido el feudo del PSOE desde los primeros comicios autonómicos de 1982. Una tendencia que ha cambiado por completo en apenas una década. Las dos últimas legislaturas han bastado para borrar el pasado socialista, que fue la fuerza más votada en todas las provincias andaluzas hasta el año 2008 y que gobernó casi 37 años de forma ininterrumpida.

La primera consecuencia del desgaste llegó en 2012. Hasta entonces, el PSOE había sido la lista más votada en las elecciones autonómicas, pero la hegemonía quedó rota con la llegada de Javier Arenas, candidato del PP, quien logró ganar con 50 escaños. Pese a ello, se quedó al borde de la mayoría absoluta y el pacto entre el PSOE-A e Izquierda Unida logró salvar el escollo, por lo que se revalidó el mandato de José Antonio Griñán como presidente de la Junta. A partir de 2015, la irrupción de Ciudadanos y Podemos hicieron mella y, sobre todo, el lastre del caso ERE. En 2018, Susana Díaz certificó que podía llegar a perder por primera vez el gobierno andaluz.

Así sucedió, la entrada en la Cámara autonómica de Vox y Ciudadanos motivó que el PP pudiera asumir un gobierno de pactos. La búsqueda de apoyos se produjo a dos bandas: Juan Marín (Ciudadanos) ofreció sus diputados a Moreno y evitó la foto con el grupo de ultraderecha. En cambio, los antiguos secretarios generales Ortega Smith (Vox) y Teodoro García (PP) viajaron desde Madrid a Andalucía para refrendar el documento que sellaba el pacto entre Moreno y el portavoz Francisco Serrano (Vox). Así, la ultraderecha entró por primera vez en un gobierno autonómico en España.

Mientras, las izquierdas andalucistas se enzarzaron en guerras internas. Adelante Andalucía en aquel entonces logró un resultado histórico en 2018 con Teresa Rodríguez al frente de Podemos. Los 17 escaños los convirtieron en la cuarta fuerza parlamentaria, por encima de Vox, sin embargo, la ruptura de la dirigente con los morados provocaría la expulsión de nueve de los 17 miembros del grupo parlamentario, dejando a la coalición herida de muerte. Así, en 2022 quedaron relegados a dos escaños y entró una recién fundada Por Andalucía, con cinco diputados. Unos resultados que, aun yendo separados, pretenden mejorar este domingo.

¿Cuáles son los partidos que se presentan?

Para estas elecciones, las candidaturas han sido presentadas por un total de 25 partidos y tres coaliciones. Del total, 13 se presentan por las ocho provincias de la comunidad. Las cinco que han contado con representación durante esta legislatura: PSOE, PP, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Los otros siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son: Andalucistas-Pueblo Andaluz (anteriormente integrado en Adelante Andalucía); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta, liderado por el europarlamentario Alvise Pérez; PACMA; Partido comunista del pueblo andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las Jons, y Nación andaluza.

Tras los partidos con candidaturas en las ocho provincias, se sitúa uno con listas por cuatro provincias, Partido Comunista de los Trabajadores de España (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), y dos con listas por tres provincias: Partido Autónomos (Cádiz, Málaga y Sevilla) e Izquierda anticapitalista revolucionaria (Almería, Granada y Huelva). Asimismo, hay dos partidos con candidaturas por dos circunscripciones: Izquierda por Almería (Almería y Sevilla) y Poder Andaluz (Huelva y Sevilla).

Por su parte, un total de diez formaciones políticas concurre con candidaturas por una única provincia: Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100x100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén Merece Más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), y la coalición Huelva existe (Huelva).

🔎 Busca tu municipio en el siguiente gráfico y comprueba cómo ha cambiado el voto de tus vecinos en todas las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía.

¿A qué hora se conocen los datos de participación?

La jornada electoral del 17 de mayo de 2026 en Andalucía arranca con la apertura de los colegios electorales a las 9.00 horas y su posterior cierre a las 20.00 horas, momento en el que comienza el escrutinio de votos. En cuanto a los datos de participación, se darán a conocer en tres horas clave: las 12.00 horas, las 14.30 horas y las 18.30 horas.

En las pasadas elecciones de 2022 se registró uno de los mínimos históricos de participación, en torno al 56,13%, mientras que en 2018, año que le dio el primer gobierno al PP, fue del 58,65%. Los andaluces salieron en tromba en 1996 dando el mejor dato de participación con un 77,94%, en cambio, el mayor índice de abstención fue en 1998, con un 45,22%. A partir del análisis, se conviene en que la participación aumenta si coincide con la convocatoria de elecciones generales, lo que ha pasado hasta en cinco ocasiones —en 1986, 1996, 2000, 2004 y 2008—, años en los que el porcentaje de votantes nunca bajó del 68%.

Contando con la participación de las 12 últimas citas electorales, se establece que, de media, la participación del electorado andaluz es del 66,33%. Ante el alto porcentaje de desmovilización, los partidos han reiterado la importancia de acudir a las urnas en los últimos días de campaña con tal de no perder apoyo ni fiarse de las encuestas.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Con el cierre de los colegios electorales a las 20.00 horas, los equipos de recuento empiezan a procesar las actas. Los primeros resultados provisionales suelen conocerse entre las 21.30 y las 22.30 horas, dependiendo de la rapidez de las mesas y del volumen de datos transmitidos al Centro de Recogida de Información (CRI). Aparte de la difusión de datos en ruedas de prensa y la web habilitada para la ocasión, se dispone de una aplicación móvil (17M Elecciones Andalucía 2026) para consultar los datos en directo.

Aun así, hay que tener en cuenta que el escrutinio durará cuatro días, desde el miércoles día 20 y hasta el sábado 23 de mayo, según destaca la Junta Electoral de Andalucía. Los días 24 y 25 de mayo podrán presentarse reclamaciones y protestas por parte de los representantes y apoderados de las candidaturas, y las juntas electorales provinciales tendrán un día, el martes 26, para resolverlos. Este trámite también es susceptible de recurso y las quejas pueden llegar hasta la Junta Electoral Central (JEC).

El lunes 1 de junio, las juntas electorales provinciales proclamarán a los parlamentarios electos, cuyos nombres deberán ser publicados a continuación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El nuevo Parlamento andaluz se constituirá el jueves 11 de junio a las 12.00 horas, según establece el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas, dando inicio a la XIII legislatura.

¡Gafa, presidente! Para ganar, primero hay que creérselo, y en el imaginario colectivo de estas elecciones solo hay un Gafa, aunque haya dos candidatos con monturas negras: José Ignacio García. El candidato de Adelante Andalucía puso el broche de oro a la campaña electoral ante casi mil personas en la Alameda de Hércules, en el corazón de Sevilla, demostrando el poderío del humor, de la alegría o el desenfado para arrancar el voto del descontento. “La alegría es nuestra, de la clase trabajadora, del pueblo, la feria, el carnaval, o donde cada uno quiera estar, que no nos lo roben los señoritos: hago un llamamiento al 99% de la población”, bramó ante la multitud, “somos el voto útil”.

“No vamos a pedir perdón por tener un partido andaluz”, manifestó el líder de Adelante lejos de las dinámicas en clave nacional que han primado en la puesta en escena de las tres primeras fuerzas políticas del Parlamento, ya sea Santiago Abascal en cada mitin de Manuel Gavira (Vox) o la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con María Jesús Montero (PSOE), incluso, de Alberto Núñez Feijóo, aunque Juanma Moreno (PP) evitara la foto conjunta. Aunque a José Ignacio le precede un pasado tumultuoso por la ruptura de las izquierdas andalucistas, su tirón está fijado en el sur. A ritmo de Bad Bunny con acento andaluz, envuelto en banderas, cantando por la mañana café, por la tarde ron, vamos, José Gafa, te quiero un montón, el candidato hizo su entrada triunfante en el acto que presentó el humorista Adrián Pino con la compañía de los cabezas de lista Inma Manzano, por Granada, Luis Rodrigo, por Málaga, y Begoña Iza, por Sevilla.

Se hizo el silencio, y el candidato le pidió a Juanma Moreno que escuchara: “Señorito andaluz mal parido, miserable rapaz, embustero, ilustre fanfarrón mantenido, un próspero y patético ratero, señorito andaluz, hijo bastardo de Andalucía, que le ha robado la salud al pobre cambiando el oro por el cobre”. Con los versos de Jesús Bienvenido, autor de la comparsa del Carnaval de Cádiz que pretendió censurar el PP, García encarriló su discurso con fuerza. “Al pueblo andaluz no se le calla ni se le pone una mordaza en la boca”, lanzó, “solo prohíbe quien tiene miedo, y el señor Moreno Bonilla tiene miedo”. El pulso de Adelante es vibrante, lleno de orgullo, como se espera de cualquier partido en el final de campaña y más si aspira a mejorar sus resultados en los próximos comicios del 17 de mayo.

“Los que sobran son los señoritos de Vox”

“¿La izquierda siempre tiene que estar enfadada?”, se preguntó ante la militancia, “esta ha sido una campaña crítica con el PP y para un cambio radical hay que hacerlo con alegría y humor”. “Con quienes nos vamos a enfadar, y mucho, será con los ricos, con los fondos de inversión, con Asisa y Quirón, ¿pero para la gente trabajadora? ¡Alegría, coño!”. Rápidamente, acusó al líder de los populares de privatizar la Formación Profesional, así como de no dotar de suficientes recursos a la educación inclusiva o a las universidades públicas. Igualmente, trajo a la palestra el drama de la crisis de los cribados de cáncer de mama, “hay que recordar que dijo que a esas mujeres no las avisaba para no generar ansiedad”. Con el mismo cartucho, se dirigó a la formación de ultraderecha: “Andaluz es el que vive en andalucía y los que sobran son los señoritos de Vox”, reclamando así el concepto de “seguridad” para hablar del fortalecimiento de los servicios públicos y de la necesidad de mantener el estado de bienestar.

“Somos la sevilla antifascista, feminista, que organizó la primera manifestación LGTBI de 1977”, gritó, “estamos en la Sevilla obrera, andalucista, revolucionaria... ¡Qué bonito Sevilla cuando sales a luchar, Sevilla enamora!”, halagó. En esta ocasión, prefirió evitar la confrontación con el PSOE al contrario de lo que hizo en los debates electorales criticando la propuesta para la financiación autonómica de la ex ministra de Hacienda o algunas de sus medidas como consejera andaluza en el pasado. Sin nombrar a sus contrincantes, subrayó que su opción política está dentro del “voto útil” por el que los partidos a la izquierda de los socialistas discuten para arrebatarle la mayoría absoluta al PP.

“La esperanza vuelve a estar de moda”, remarcó el candidato de Málaga, aludiendo al lema de la campaña, Vota lo que sientes, en el que el sentimiento —¿o populismo?— ha buscado la complicidad de los votantes. Distintas generaciones, desde jóvenes, mayores, familias o mascotas, se congregaron en la Alameda mostrando el amplio espectro al que apela el partido. En la búsqueda de una emoción conjunta, uno de los elementos distintivos de Adelante ha sido el uso de la cultura andaluza para tomar la raíz como seña, ya sea instalando una barra con cervezas en el final de campaña o en forma de camisetas en un guiño a la generación millennial, en las que se leían Yes, we Gafa, Biba Andalucîa Libre, o se contemplaba a Blas Infante. También, en la cita de los referentes que han construido la identidad andalucista.

En homenaje a El Cabrero, recientemente fallecido, Iza leyó los versos de Carrasco Domínguez: Hasta llegar al poder, / muchos prometen la luna / y cuando arriba se ven / no escuchan queja ninguna / y te tratan con el pie. “No somos mediocres, pero no nos dejan crecer, así que somos la china del zapato de la derecha”, añadió, “Andalucía es lo que se proponga ser”, ya sea capillita y activista, que le guste la Feria y las manifestaciones, y su prioridad sea Andalucía y reivindique que haya migración, como remarcó blandiendo un pin sobre la solapa de su chaqueta que le había regalado el biógrafo del padre de la patria andaluza.

A buscar los votos del descontento, o de Por Andalucía

Por su parte, García ha jugado a la contra en estas dos semanas de campaña. Respuestas rápidas, divertidas incluso, que buscan capitalizar esa “esperanza” de la que hablan los partidos de izquierda en estas elecciones para movilizar el voto y echar en masa a las calles a los andaluces este domingo electoral. Si Moreno cantó Kilómetro Sur, García publicaba un vídeo en el que cantaba con cuatro años el himno andaluz, si eludía dar respuestas por la crisis de los cribados de cáncer de mama, él sacaba en pleno debate electoral la pregunta incómoda. Un toma y daca con el que espera amedrentar a las derechas y, sobre todo, intenta diferenciarse de su contrincante más próximo: Por Andalucía.

Es más, Por Andalucía, la confluencia de izquierdas que lidera Antonio Maíllo, eligió la misma Alameda de Hércules para dar el pistoletazo de salida a la campaña hace 15 días. Un escenario en el que los de García tomaron el relevo para hablar de servicios públicos, como la sanidad y educación, o la vivienda. Todo ello con el gesto combativo, pero conciliador, esperanzador, pero contestatario, porque, como ellos mismos dicen, quieren enganchar a su propuesta a los descontentos. Una especie de semblanza con los principios de Vox, cuando en sus inicios se desmarcaba del bipartidismo ofreciendo una alternativa que rompía con el establishment y que cambiaron en este ciclo electoral por la inseguridad y la migración como sus principales reclamos.

El propósito es claro: llegar a los cinco diputados para constituir grupo parlamentario que compense la balanza durante la próxima legislatura que, casi todas las encuestas publicadas hasta el momento, vaticinan una revalidación de la mayoría absoluta de Moreno o, como mínimo, su victoria. Los verdes parecen aspirar a más dado el ánimo que recorren sus mítines por toda Andalucía, en donde se ha dado una especial importancia a la cara occidental. Cádiz, Sevilla y Málaga son donde quieren meter la baza por una “izquierda que dé la cara” y que demuestre que es el “voto útil” frente al PSOE. El tour de force de García lo ha llevado por Jerez, Arcos de la Frontera, La Línea de la Concepción, por Huelva, la capital malagueña, Córdoba o el centro de Granada, dejando en un segundo plano Almería o Jaén.

A partir de la última encuesta del CIS, se determina que el popular Juanma Moreno es el único candidato que aprueba con un 5,78, y, muy de cerca, le sigue José Ignacio García con un 4,74. Casi un cinco. En tercer lugar, estaría Antonio Maíllo (4,62), y terminarían por suspender la socialista María Jesús Montero logra un 3,84 y el elegido por la ultraderecha, Manuel Gavira con un 3,34. La campaña electoral ha tenido su repercusión por redes sociales, dando lugar a mensajes dinámicos que aprovechan el lenguaje de los memes, como las charos “y el feminismo de bandera”, o los montajes con los que hacerle guiños al algoritmo.

La provincia gaditana seguiría siendo su plaza fuerte, donde podrían lograr hasta dos escaños, igual que en Sevilla, doblando así lo que tiene hasta ahora, según el CIS. En Málaga, Adelante obtuvo el 3,76% de los votos en 2022, lejos del 8,04% en Cádiz o el 6,24% en Sevilla, las dos provincias que le otorgaron los dos escaños, e incluso del 4,58% que logró en toda Andalucía. En este sentido, la encuesta del 'CIS andaluz' es un poco más conservadora y estima que el voto pasaría a ser del 6,3% en la comunidad el domingo 17 de mayo, teniendo más aceptación entre los hombres y en la franja de edad comprendida entre los 25 y 34 años. ¿Convencerá? ¿Alcanzará el sorpasso? El domingo se verá.

María Cortés comenzó una nueva vida en el año 2024 cuando renovó el DNI con un nombre y sexo que la reconocían ante el mundo como mujer. Después de presentar la solicitud en el Registro Civil, también acudió a distintas instancias, como la sucursal del banco o la DGT para el carnet de conducir, con tal de que no hubiera confusiones. Todo había quedado resuelto cuando, de repente, le llegó la tarjeta censal en la que no constaba su perfil actual y seguía arrastrando su anterior identidad. Un fallo en el sistema administrativo del Ayuntamiento de Dos Hermanas le impedirá el próximo 17 de mayo ejercer con su nueva identidad su derecho al voto para las elecciones andaluzas.

“Primero, me enfadé, y luego, me frustré”, relata la vecina de 50 años del municipio sevillano. Con la carta en sus manos, interpuso una instancia general el 27 de abril en la sede electrónica del Consistorio para que quedara constancia del agravio sufrido. “Mis datos estaban actualizados en la sede electrónica del Ayuntamiento después de haberlo solicitado, donde ya aparecía como María, y fui presencialmente a las oficinas para arreglar un trámite al año de sacarme el nuevo DNI: ninguna de las tres personas que me atendieron comentaron que hubiera diferencias con su base de datos”, subraya. Es más, el 12 de junio de 2025 inició los trámites para modificar sus datos en el padrón municipal, tal y como ha podido comprobar este medio.

“Se ha vulnerado mi derecho a ejercer el voto”, afirma, resignada. Lo único que no ha cambiado es el número de DNI, el cual podría mostrar en la mesa electoral cuando fuera a votar el domingo 17 de mayo, como le han indicado. Pese a la recomendación, Cortés ha decidido no acudir a la cita electoral a causa de la afrenta que supone para sí misma, su pasado más reciente y todo lo luchado en estos dos años. “No voy a pasar por nada de eso, no quiero señalarme al quedarme parada delante de una urna con un procedimiento especial, es más, quería entrar y salir, pasar desapercibida”, declara. A ello, añade que “la persona responsable de la mesa podría hacer notar la irregularidad, que hay una inconsistencia, al ver que mi nombre ni mi sexo coinciden”. En tal caso, se debería apelar a la buena fe de los responsables que recogieran y comproboran su documentación. Una cuestión que descarta.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en manos de Francisco Rodríguez (PSOE), indica a este medio que “es responsabilidad de cada persona que sus datos estén correctos en el padrón municipal”, alegando que contemplan una población de 150.000 habitantes, aunque los documentos, como el DNI, el certificado de nacimiento y el formulario ya estuvieran en el Registro Electrónico. Además, insisten en que el censo electoral “no depende” de la corporación y que la ciudadana debería haber tramitado “en tiempo y forma” las alegaciones pertinentes. Igualmente, las fuentes consultadas aseveran que “no tendría ningún problema a la hora de votar”, ya que se realizaría el mismo domingo un procedimiento extraordinario para garantizar su derecho al voto.

“Yo tengo claro a quién votar”

El censo electoral vigente se cerró el 1 de enero para los comicios andaluces, según establece la ley. En este caso, la Oficina del Censo Electoral es la que se encarga de actualizar mensualmente la información de los votantes a partir de los datos remitidos por los ayuntamientos a través de las delegaciones provinciales. En ese envío masivo deben aparecer las altas, bajas y modificaciones de los residentes en sus respectivos términos municipales, que engloba tanto el nombre y apellidos, la residencia, como el domicilio, el sexo, el lugar y fecha de nacimiento, el grado de escolaridad y el número de DNI. Por tanto, la responsabilidad última es de las administraciones locales.

Una vez expuestas las listas electorales se abría el periodo de reclamación, pero, en este caso, Cortés alega que confiaba en que el Ayuntamiento hubiera registrado su nueva identidad. Por tanto, el plazo se cerró y la carta con la tarjeta censal errónea llegó mucho más tarde, a mediados de abril, días antes de que pusiera la primera instancia ante lo que había ocurrido. Una vez terminados los plazos, no pudo rectificar ni una coma. A raíz de lo ocurrido, apela a la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se establece que se actuará con simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, aparte de garantizar la interoperatibilidad entre las administraciones.

Este no es el primer tropiezo burocrático de Cortés con la corporación de Dos Hermanas, ya que, asegura, en anteriores ocasiones ha sufrido perjuicios por no haber tenido su dirección postal actualizada aún notificándola y, también, ha registrado instancias por vía electrónica que nunca obtuvieron respuesta. “No me extrañaría que esto no llegara a nada”, lamenta. Ducha en estos laberintos digitales, ha decidido que el mismo domingo mandará otra queja a través del Registro General para que la instancia superior esté al tanto de lo sucedido y, así, haya una respuesta por escrito. Aun así, no es el último recurso y estudiará llevar la omisión del derecho al voto por la vía judicial.

“Yo tengo claro a quién votar”, comenta, “este año, precisamente, recibí en mi casa la notificación para mi primera mamografía y, con todo lo que ha habido, agradezco muchísimo que llegue”. Aprecia las buenas prácticas de la administración cuando suceden, pero critica y se mantiene vigilante ante sus fallos. Estupefacta, habla de los trámites tan poco intuitivos que envuelven a la ciudadanía en el día a día, como puede ser el uso de Cl@ve, el certificado digital o tantas cuestiones que no se utilizan por desconocimiento o hartazgo.

“Tengo la percepción de que hay descontento con el sistema administrativo, por lo que hay que meter el dedo en el ojo”, aunque al mismo tiempo le pide a sus allegados que pregunten, llamen, y hagan lo posible para recibir las explicaciones una y mil veces con tal de preservar sus derechos digitales. “En España tenemos un esquema de interoperatividad que no se cumple en muchos casos”, refiriéndose a la conexión entre las bases estatales, autonómicas y locales, “no te tienes que sacar el certificado de empadronamiento para viajar, por ejemplo, pero luego pasan estas cosas”.

Adecuación entre documento y candidatura electoral

Cortés pone el foco en el daño que provoca este tipo de acciones al colectivo LGTBI y cómo ella, mujer trans, ha transitado hasta ser reconocida por la administración. Quedan tareas pendientes en la democracia española, como la adecuación de la documentación para las personas trans migrantes por el Ministerio del Interior o la inclusión de las personas no binarias en las listas electorales. Acerca de este caso, la Junta Electoral Central (JEC) publicó una instrucción en noviembre del año pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que manifestaba: “Las candidaturas electorales deben incluir junto al nombre y apellido de los candidatos y candidatas la referencia, que coincidirá con la expresada en el DNI, a si se trata de un hombre o una mujer, sin que quepa sustituirla por ninguna otra mención relativa a la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género”.

Afecta de lleno a las personas cuya identidad o expresión de género no se identifica ni como hombre ni como mujer, pero también establece el criterio para el caso de Cortés: la coincidencia entre los datos, nombre y apellido y sexo de su DNI con la candidatura electoral. De presentarse el 17 de mayo, tendría que cruzar los dedos y, de nuevo, apelar a la buena fe, una cuestión fortuita para la que no se arriesgará.

Manuel Gavira está a la sombra de Santiago Abascal en cada mitin. El candidato de Vox hace suyo el discurso de la ultraderecha, pero el rostro visible para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo es el de su presidente, como ha ocurrido en la ciudad almeriense de El Ejido, donde se ha permitido unos minutos de intervención antes de que el diputado nacional clausurara el encuentro celebrado en la plaza de las Flores ante una multitud que aplaudía y refrendaba cada una de sus palabras bajo las banderas españolas. “El 17 de mayo empezaremos la reconquista por Andalucía, que terminará en la Moncloa”, dijo Gavira, poniendo en el horizonte a Pedro Sánchez.

Bajo la premisa del “sentido común”, Gavira, al igual que hizo en los dos debates electorales contra sus principales contrincantes, repitió los argumentos de la prioridad nacional como un mantra: un mensaje simple y fácil que mandar hacia su potencial electorado sin entrar a cuestionar el fondo y forma de las medidas que ha apoyado durante la legislatura del presidente autonómico Juanma Moreno. Así, utiliza la preocupación en materia de sanidad pública o vivienda, según las encuestas del CIS, para apuntar a la migración irregular como la fuente de todos los problemas de la sociedad andaluza cuando los análisis muestran lo contrario. “A Almería le dejan las migajas, y lo único que necesita es tener impuestos bajos, servicios públicos, y dejar la porquería que viene de Bruselas”, subrayó.

“Prioridad nacional es que lo priotario seamos los españoles, seamos los andaluces, ya está bien que venga uno de fuera y pueda acceder a una vivienda, a un empleo, a una ayuda, antes que cualquier joven andaluz”, sentenció en una ciudad donde el 32% de su población es de origen extranjero, “y ese artículo del menor de Andalucía se derogará”, en referencia a la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía que recoge el cuidado y promoción de aquellos menores, sean migrantes o no, que están bajo la tutela de la comunidad. En todo caso, Gavira criticó que Moreno no se metiera en “líos” para modificar “la porquería ideológica” que ha mantenido estos últimos cuatro años, en un claro intento por mantener las distancias con quien, apuntan las encuestas, obtendrá de nuevo la mayoría absoluta.

“Invasión migratoria”

En cuanto al PSOE, el candidato de la ultraderecha trajo a colación la polémica de esta semana tras el debate electoral, en el que, a causa de una breve pausa malinterpretada, pareció que la socialista María Jesús Montero relacionaba las muertes de los guardias civiles en Huelva con un accidente laboral. Una cuestión que ya ha desmentido en las últimas horas y que le ha dado carburante a la formación para atacar a su contrincante. “El domingo no tiene absolutamente nada que hacer”, aseveró. El tono bronco de Gavira no garantiza la paz institucional. Una cuestión que no está en la agenda de Vox, ya que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser “corrupto y traidor”. Una línea en clave nacional que recogió rápidamente Abascal.

Nada más subir al escenario, el líder de Vox señaló a su némesis: “El chikilicuatre de San Telmo está perdiendo esa simpatía natural de la que presume”, ridiculizando algunas estrategias de campaña, como el Kilómetro Sur o la búsqueda de la “vaca talismán” de Córdoba, como si fuera un parapeto para no afrontar los problemas reales de la población andaluza. La regularización extraordinaria fue su principal acicate para tomar el pulso a los asistentes, a la que se refirió como “invasión migratoria”, “nacionalizaciones fraudulentas” o acusando falsamente al Gobierno central de una “alteración del censo electoral para que roben las elecciones del año 2027”.

El “cambio real” en Andalucía y “no lo que Juanma Moreno lleva protagonizando ocho años” pasa por una retahíla de personajes comunes de los que tira la derecha: las negociaciones con los partidos catalanes independentistas, Begoña Gómez, el caso Koldo, la coalición con Sumar, una serie de temas que se nombraron con el fin de movilizar al votante que en El Ejido ha votado tanto en 2019 como en 2022 al Partido Popular. “El principal problema de este pueblo es Pedro Sánchez”, reiteró, aludiendo a que “el crimen de Adamuz”, como calificó al accidente ferroviario donde fallecieron 46 personas, tiene su origen en que el Gobierno “se ha gastado el dinero de los raíles en prostitutas”.

Almería, bastión a arrebatar

“En San Telmo no puede haber un gobierno a medias”, recalcó en la ciudad almeriense que podría ser un nicho para Vox. En las elecciones de 2022, hubo una abstención del 45,1%, una cifra que pretenden rebajar los de Abascal. En aquel entonces, el PP logró el 47,6% de los votos, con 12.190 papeletas, subiendo más de 20 puntos entre la primera y segunda legislatura de Juanma Moreno. En cambio, Vox experimentó una caída de casi 2 puntos, ya que alcanzó 7.115 votos, es decir, el 27,8% del total. Detrás quedaron el PSOE, Por Andalucía, un extinto Ciudadanos y Adelante Andalucía. La estrategia está en arrancar una puñada a los populares en la contienda por la presidencia de la Junta.

En la actualidad, el PP goza de mayoría absoluta en el pleno municipal de El Ejido, donde ha aprobado medidas como instar al Gobierno central a que modifique la ley estatal para que se permita a las corporaciones municipales prohibir el uso del niqab y el hiyab en las instalaciones locales. Una polémica en materia de migración que hicieron suya los populares para sacarle la delantera a los de Abascal, tal y como hicieron en Níjar, Sevilla o Málaga.

El PSOE ha lanzado una campaña telefónica en la que una voz de mujer con acento andaluz, simulando que es del Servicio Andaluz de Salud (SAS), informa al interlocutor que tiene una cita sanitaria pendiente para terminar pidiendo el voto para la candidata a los comicios del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero.

Esta práctica, tal y como adelantó El Mundo y confirmó este medio, se compone de un mensaje de audio de 25 segundos. La primera parte simula que se llama por una cita médica pendiente y relaciona al candidato popular Juanma Moreno con la degradación del sistema sanitario, mientras que el segundo tramo advierte de que se trata de un mensaje electoral. De esta forma, la iniciativa entroncaría con la estrategia que ha mantenido el grupo político durante esta campaña electoral, ya que el mensaje clave de Montero es “votar sanidad pública”.

El mensaje completo es el siguiente: “Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública. Ya somos más de dos millones de andaluces en lista de espera. Solo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones, vota sanidad pública, vota PSOE. Este es un anuncio político financiado por el Partido Socialista Obrero Español, elecciones al Parlamento de Andalucía”.

Fuentes socialistas aclaran que no ha habido ninguna suplantación del personal del SAS. En todo caso, es una medida en campaña electoral que está amparada por el artículo 58 de la ley Electoral General y reclaman que se reduzca el “ruido” que se ha generado en las últimas horas.

Por contra, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, ha exigido este mismo miércoles explicaciones donde, subrayó, se “suplanta” a las telefonistas del SAS. En este sentido, pidió que “paren” la campaña, considerando que “esto es guerra sucia sanitaria y esto es una absoluta vergüenza, que no nos merecemos los andaluces y que en política no se pueden pasar todas las líneas”.

Parar de forma “urgente”

“María Jesús Montero y su campaña errática ha pasado todos los límites de la decencia”. Por este motivo, se analizarán “qué consecuencias tiene esto”, para lo que reiteró que se parara de forma “urgente” esta campaña de “llamadas falsas” por parte del PSOE, señaló Bendodo en el marco de una visita la empresa Román y Martos, junto al secretario general provincial y candidato, José Ramón Carmona, y el candidato Víctor González.

En febrero sucedió algo similar en los comicios de Aragón cuando se presentó la exministra de Educación Pilar Alegría como candidata a presidir el Gobierno autonómico. El PP denunció ante la Junta Electoral que mediante las llamadas telefónicas se utilizaba la voz correspondiente a anteriores grabaciones de Marcelino Iglesias para atacar al candidato popular, Jorge Azcón, en donde se reiteraba que los populares rebajarían en hasta 400 euros las pensiones.

De la otra parte, el PP de Pablo Casado en las elecciones generales de 2019 también realizó una iniciativa similar. A partir de una base de datos que había sido facilitada por una empresa de marketing, el partido envió hasta dos millones de mensajes a móviles pidiendo el voto para los comicios del momento. Si bien la práctica es legal, se criticó la falta de transparencia por no dar la posibilidad al usuario de darse de baja y que se eliminara el número de teléfono. También, en las mismas fechas, el PP de Álava quería conseguir el escaño de Javier Maroto a través de telefonistas en las que se insistía que las políticas de Pedro Sánchez penalizarían el diésel por ser más contaminante.

El debate electoral ha tenido su más pronta y directa reacción: la concentración de los alcaldes cordobeses afectados por el accidente ferroviario de Adamuz frente al Parlamento de Andalucía. En vista de las palabras pronunciadas por el presidente autonómico durante la noche del lunes, el regidor de Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes, arremetió contra las declaraciones lanzadas, en las que ha visto “una manipulación tan torticera por racanear cuatro votos” y relacionó directamente la tardanza de los efectivos de Emergencias con “la depreciación de los servicios públicos”.

Hasta la fecha, el trágico siniestro de Adamuz que provocó el fallecimiento de 46 personas se había mantenido fuera de la arena política, “hasta el día de hoy todos los partidos habían mantenido un respeto por el accidente y no lo habían utilizado en campaña electoral”. “Después de casi dos horas, no había recibido nada de Emergencias, nadie me había preguntado”, afirmó el regidor de Adamuz este martes rodeado por María Dolores Amo, alcaldesa de Montoro, y los alcaldes de los municipios cordobeses de Villafranca y Pedro Abad, Francisco Palomares y Juan Antonio Reyes.

“He mantenido lealtad institucional”, subrayó ante los reproches que ya ha manifestado el Ejecutivo andaluz, “y el señor Juanma Moreno siempre ha sido muy correcto conmigo, pero me sorprendió esta vía de escape en el debate y, ante eso, vengo para darle la importancia que tiene a hacer estas declaraciones”.

Moreno Reyes relacionó la falta de medios en el primer tramo del accidente ferroviario con las políticas que ha desarrollado el PP a lo largo de esta legislatura: “La tardanza es por la depreciación de los servicios públicos. ¿Creen que cualquier sanitario hubiera llegado dos horas tarde? Los de mi pueblo estaban allí al minuto, pero si los de arriba no ponen los medios y machacan, ocurren estas cosas”. En un primer momento, el pueblo contaba con dos efectivos de la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil, a los que se sumaron los efectivos de las localidades de las inmediaciones, mientras que en el lugar de los hechos, sobre las 20.30 horas, según ha subrayado el alcalde, solo estaba la ambulancia del consultorio médico de Adamuz, una patrulla de la Guardia Civil y un camión de bomberos.

Ante las críticas del PP por saltar después del debate electoral, el representante política zanjó rápidamente cualquier vinculación con su propio partido: “El PSOE no me ha presionado en ningún momento”, reiterando que no forma parte de ninguna lista electoral, pese a ser una “cara reconocible” por los acontecimientos del pasado 18 de enero.

“¿Qué es lo que ha cambiado?”

Las reacciones por parte del Ejecutivo andaluz no se han hecho esperar a raíz de lo acontecido. El presidente andaluz ha declarado en un foro informativo organizado por la Cadena SER este martes que “ningún gobierno autonómico ni ningún partido político ha sido más prudente” que el PP y ha vinculado las declaraciones del alcalde cordobés a “presiones” de su propia formación política, el PSOE. A su vez, ha insistido en que “durante más de 100 días” se ha mantenido expectante a la información que brindara el Gobierno central, “más allá de lo que sabemos por la Guardia Civil”. Por el momento, los análisis mostrados en el tribunal de instancia de Montoro por Adif prueban que la infraestructura ferroviaria era de nuevo uso, sin que se utilizaran traviesas, carriles o balasto reciclados.

En paralelo, el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, también publicó en la mañana de este martes un mensaje en redes sociales en el que calificaba de “inaceptable” las acusaciones del regidor cordobés, quien días antes había reconocido “la labor solidaria, generosa y ejemplar” en el auxilio y atención a las personas afectadas por el choque de los trenes que supuso la muerte de 46 personas y dejando a 155 heridos. “¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral”, subrayó el consejero en su perfil.

Al respecto, el alcalde de Adamuz señaló en declaraciones a los medios de comunicación que el reconocimiento al trabajo de los sanitarios sigue intacto: “Su trabajo fue impecable, y mi crítica va a quienes los dirigen. Intentan darle la vuelta, pero ni una sola palabra saldrá de mi boca para decir que lo hayan hecho malamente”. A ello, añadió que las mentiras no caben en este debate y se refirió a las cámaras de las fuerzas de seguridad para afirmar que “hasta las 20.40 horas solamente pasaron nueve ambulancias por mi pueblo, llegaron antes los alcaldes de otros pueblos que las ambulancias”. En todo caso, “llegaron las ambulancias a cada minuto, ¿pero a partir de qué hora? ¿Por qué no dice el señor Sanz a partir de qué hora? No fue ni las ocho, ni las ocho y media, ni las nueve menos cuarto”.

A lo largo de estas dos semanas, el accidente ferroviario de Adamuz había quedado escorado a un lado del debate político entre los grupos que buscan representación para el próximo 17 de mayo. Una acuerdo tácito entre las partes que se ha roto en el segundo debate electoral a tan solo seis días de los comicios, un momento decisivo para el votante que escucha a un lado y otro del ring político las acusaciones de los candidatos.

“Se pediría alguna cabeza por la falta de atención a los heridos”

Una vez concluido el debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en la noche del lunes, el alcalde de Adamuz rompió su silencio a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde criticó que se hiciera una “utilización política” del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas. Además, señaló que pasadas las 21.30 horas aún no había atención sanitaria organizada en las inmediaciones del siniestro y aseguró que durante “cerca de dos horas” fueron los vecinos, sin formación específica, quienes atendieron a los viajeros.

“Si el pueblo no se hubiera movilizado, hoy se estarían pidiendo responsabilidades y alguna cabeza por la falta de atención a los heridos durante las primeras horas”, indicó el dirigente socialista. El alcalde concluyó su mensaje afirmando que no permitirá que se utilice el accidente con fines electorales: “El pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar”. Unas palabras que han provocado un aluvión de reacciones este martes, como la de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha hecho suyas las palabras del alcalde: “Vuelvo a exigir a Moreno Bonilla la misma disposición a dar explicaciones que he tenido yo desde el primer minuto”.

En Canal Sur, el candidato popular Juanma Moreno sacó a colación el accidente de Adamuz en mitad del debate para reclamar dimisiones y explicaciones a la ex vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero. Un rifirrafe en el que la socialista respondió rápidamente pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido con el 112 y la actuación de los servicios de emergencia que dependen de la Junta de Andalucía.

Andalucía experimentó en el período 2019 y 2024 un aumento en la mortalidad por cáncer, en concreto, 3.701 muertes más de las esperables estadísticamente. De esos fallecimientos, 1.297 fueron de mujeres y 2.404 de hombres. Por tipos de tumor, hubo 820 muertes de más relacionadas con el cáncer de colon-recto, mientras que 275 muertes de más se atribuyen al cáncer de mama. La degradación de la sanidad pública y la falta de información para evaluar otras medidas incide en este exceso de mortalidad, según indican los investigadores, por lo piden una auditoría independiente a la Junta de Andalucía con tal de evaluar los recursos materiales y la prevención en materia de salud pública habidos en la actualidad.

Este crecimiento es significativo en comparación con el sexenio inmediatamente anterior de 2013 a 2018, donde hubo menos muertes de las que la estadística preveía. “Si los andaluces tuvieran el mismo riesgo de mortalidad por cáncer que los españoles, hubieran muerto 4.500 andaluces menos en los últimos seis años”, apuntó Juan Antonio Córdoba, investigador del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. “Se necesita más información para poner de relieve qué está pasando y ver qué hay detrás, desde la incidencia de cáncer, la prevención primaria, qué pasa con los programas de cribado o el acceso y la continuidad y tratamiento en toda la comunidad autónoma”, subrayó.

En este sentido, incide en que el periodo de la covid-19 no explica este comportamiento poblacional, ya que, entre otras cuestiones, la tasa de mortalidad en Andalucía fue de las más inferiores en el país, con 186 decesos por cada 100.000 habitantes frente a los 256 acontecidos en el conjunto nacional. Sin embargo, hay datos más lacerantes, como que la participación en el Programa de Cribado de cáncer de mama haya bajado 7 puntos entre 2018 y 2024 (pasando de 85,84% al 78,82%), mientras que la cobertura en el Programa de Cribado de cáncer de colon se haya quedado estancada en un 39% cuando debería superar el 60%, según recoge el Informe de Evaluación de la Estrategia de Cáncer de Andalucía.

Más desigualdad

Así lo recoge el estudio Atención oncológica y sobremotalidad por cáncer en Andalucía. Más allá de los “fallos” del cribado de cáncer de mama, recién publicado en la revista Gaceta Sanitaria y elaborado por Juan Antonio Córdoba, investigador del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, y Antonio Escolar, miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INIBICA). “La desigualdad de Andalucía respecto al resto de España, para estas causas de muerte, ha aumentado significativamente en la última década”, señalaron los autores.

El estudio, tomando de referencia la mortalidad del resto de España, demuestra que en los últimos seis años ha habido un “aumento estadísticamente significativo”. A partir de los datos recopilados a través del Instituto Nacional de Estadística, los científicos realizaron un cuadrante en la que se establece que de las 6.760 muertes ocurridas, se esperaban 6.197; en colon-recto, hubo 9.374 frente a las 8.213 esperables. En cambio, entre 2019 y 2024 las muertes de más fueron 671 por tumores malignos, 136 por cáncer de colon-recto y 46 por cáncer de mama.

La Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla fue el escenario escogido para presentar este artículo científico, en el que se trabaja desde noviembre de 2025, donde los especialistas reclamaron más transparencia a la administración pública. “¿Qué pasa con el Registro Poblacional de Cáncer de Andalucía? ¿Dónde están las memorias de evaluación de los Programas de Cribado? Llama la atención la escasez de datos”, una cuestión que ya han demandado tanto la Asociación Amama, cuya presidenta estaba presente, como Jesús Maeztu, el Defensor del Pueblo Andaluz en la apertura de expediente que afecta al fallo sistémico de la crisis de cribado de cáncer de mama.

Asimismo, el artículo expone varios indicadores como la dotación de recursos: Andalucía está desde el año 2013 por debajo de la media nacional en número de mamógrafos disponibles, también en unidades dispoinibles de PET/TC para la obtención de imágenes diagnósticas, y la tasa de oncólogos por cada 1.000 habitantes se sitúa en el 0,04, mientras que la media española está en el 0,05, quedándose por detrás de comunidades como Asturias, Castilla y León, Navarra o País Vasco. “El único indicador en que la autonomía ha mejorado es con respecto a los equipos de TAC”, resumieron, “así que no hay una buena situación de recursos físicos diagnósticos”.

“Hay que hacer énfasis en reducir las desigualdades en la atención primaria, porque no se trata solo de poner más mamógrafos, sino de hacer robusto el sistema”, indicó Córdoba. El abordaje debe ser multifactorial y debe ir repartirse tanto en la prevención de la salud, relativa a la ingesta de alcohol, las dietas, el tabaco o las exposiciones ambientales, como al refuerzo de los programas que están en marcha de cribados. Si bien el cáncer de mama ha marcado la gestión del presidente andaluz Juanma Moreno, los investigadores alertan de la prevalencia del cáncer de colon-rectal entre los hombres: “Gracias a la organización de estas mujeres se ha denunciado, pero, es mucho peor el pronóstico entre los hombres”.

La captación de votos va en todas direcciones y el apoyo de los jóvenes es de los más anhelados para el próximo 17 de mayo. En Andalucía, hay más de 368.000 andaluces que votarán por primera vez y cada vez más escorados a las derechas, tal y como señalan varias encuestas, así que, ¿cómo atraerlos? Poner en el debate público a los toros es una de las apuestas más fuertes de la derecha y extrema derecha en la comunidad, con financiación y una defensa a cara descubierta con tal de azuzar la guerra cultural frente a las izquierdas. Un debate que, a la vista de los datos en asistencia, parecía abandonado, pero que se retoma como un signo identitario para miles de ciudadanos.

“La política influye en que la tauromaquia posicione a la juventud”, determina Agustín Morilla Colmenero, presidente de la Tertulia Taurina Universitaria, que representa a los estudiantes y comunidad de la Universidad de Sevilla, la Escuela Universitaria Cámara de Comercio de Sevilla (EUSA), así como a la Escuela Universitaria de Osuna y a la CEU San Pablo. “Hay partidos que no tienen complejos en defenderla como cultura, ese es uno de los éxitos de Vox y PP, mientras que el PSOE no tuvo problemas hasta el Gobierno de coalición con la izquierda más radical”.

La supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura en 2024, en manos de Sumar, se critica con dureza y, como explica, posicionó en contra a los votantes de izquierdas simpatizantes con el festejo. Desearía que Sevilla fuera a la par que Madrid, donde se ha bonificado por completo el acceso a los jóvenes, aunque las políticas del PP andaluz ya obran en este sentido: “La Junta está echando más recursos para que haya una nueva generación de toreros en nuestro país, como un bien cultural más, a comparación del cine o de las artes”.

El representante universitario preferiría que la política y la tauromaquia no se mezclasen, es más, lo detesta, pero reconoce que la actualidad ha impregnado el devenir de los toros y el ambiente que se respira en los tendidos. “No oirás comentarios sobre ir a un mitin de Pedro Sánchez, porque los jóvenes no tienen ningún representante que vote a la izquierda de este país”, aunque preguntado por los principios que defiende Vox, añade, “hay cuestiones que cruzan ciertos límites y generan rechazo, como en la migración, pero el populismo de las costumbres llama la atención entre los más jóvenes”.

Morilla pasa las tardes en la Maestranza con estudiantes, profesores, miembros de la comunidad universitaria con quienes comparte afición y, al preguntarle por el efecto nocivo que podría tener en los menores la exposición a esta violencia, mira a sus allegados. Un buen amigo llevó a su hija de seis años al coso el pasado domingo durante la Feria de Sevilla. “Le gustó mucho”, relata, “al final, si te inculcan esa cultura en casa, con televisión, vídeos, historias, pides tú mismo que te lleven, otro caso muy diferente es que te obliguen y que genere un rechazo”.

“Defendemos que la tauromaquia vive el mejor momento en su historia”, declara, aunque los datos difieren. En la última década, la asistencia a espectáculos taurinos cayó cerca de un 20%, pasando de 3,2 millones de personas en 2014 a unas 2,5 millones en 2024, según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España. Entre las actividades, bajó del 9,5% al 8% la asistencia a espectáculo taurino y, en las corridas de toros, del 6,9% al 5,9%. Además, se hicieron 953 corridas de toros en 2007, mientras que en 2024 fueron 376, un 40% menos.

“A la gente se le saca del sillón por un sentimiento”

“El voto joven no se puede explicar con un solo factor, ni el voto identitario o el económico, sino por razones emocionales: a la gente se le saca del sillón mediante un sentimiento, no solo por decir que bajas o subes impuestos”, detalla José Francisco Jiménez Díaz, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

El ascensor social ha chocado tanto con la crisis habitacional como con los trabajos precarios, lo que ha profundizado en la desconexión de las generaciones millennial y Z con los valores tradicionales de sus predecesores. “La guerra cultural es compleja y se relaciona tanto con la creciente desafección política y la desconfianza en las instituciones, es más, a los partidos les interesa meterse en estos temas culturales para no entrar en los grandes problemas del país”, subraya.

Hay que movilizar el voto, más cuando el barómetro andaluz señala que la abstención podría aumentar hasta el 43,7% en los comicios del 17M, superando en más de dos puntos la previsión del año 2022, que fue del 41,6%. “Los partidos tradicionales tienen su mayor nicho electoral en la generación nacida en la posguerra, que no se abstienen ni son tan críticos con las instituciones, pero la brecha generacional se nota a partir de la década de los 80, donde son más difíciles de fidelizar”, apunta. Los vínculos laborales o de clase social han perdido sentido, por lo que el voto joven se define por “expectativas” que buscan una emoción a falta de un pasado con el que compararse: si este sentimiento encaja en su marco vital, ideológico, “lo votarán”, explica el profesor.

Además, el investigador señala que la polarización también afecta a la guerra cultural, la cual ya no existe solo en los extremos ideológicos, sino en los propios bloques de izquierda y derecha. Por ejemplo, está Gabriel Rufián, cuya iniciativa por unir a la izquierda nacional levanta ampollas en su propio espectro, las distancias que ha tomado Podemos de Sumar, o, en el caso andaluz, de la renuncia que ha hecho más de tres veces el PP andaluz de su aliado hasta el momento, Vox, como se manifiesta en este periodo electoral y se puso de relieve en el debate de RTVA, donde la ultraderecha criticó a Moreno. Ahí es donde la tauromaquia adquiere relevancia y puede marcar la diferencia aprovechando esa raíz emocional, de pertenencia, que tiene para muchos votantes en Andalucía.

Aumenta el apoyo entre los jóvenes a Vox, y del voto femenino

El último barómetro del CIS andaluz, de marzo, preguntó qué partido político podía dar mejor respuesta a los problemas presentes, a lo que un 18,1% de los jóvenes de 18 a 24 años respondió que Vox. Una cifra idéntica para el PSOE, a la que seguía Por Andalucía (10%), PP (9,1%), y Adelante Andalucía (8%). En el caso de la franja de los 25 a los 34 años, la lista quedaría así: Vox (18,8%); PSOE (14,6%); PP (10,5%); Por Andalucía (9,2%) y Adelante Andalucía (9%).

En cuanto al apartado referido a la variable del sexo, se indica que las mujeres encuestadas confiarían antes en el PSOE (21,4%); luego, en el PP (18,5%); seguido por Vox (10,3%); Por Andalucía (9,3%) y Adelante Andalucía (4%). Al otro lado, los hombres escogerían en primer lugar al PP (18,4%); a Vox (15,9%); el PSOE caería a la tercera posición (14,4%); Por Andalucía (8,8%); y Adelante Andalucía (6,3%).

En comparación con marzo de 2022, previo a las elecciones autonómicas que dieron la mayoría absoluta a Moreno, las métricas muestran lo siguiente: para los jóvenes de 18 a 24 años el partido político que mejor resolvía los problemas de Andalucía eran Vox (14,1%); PP (13,1%); PSOE (8,7%); Podemos (9,2%); Adelante Andalucía (3,8%) e Izquierda Unida (1,1%). La siguiente franja de edad, marcada de los 25 a los 34 años, dictó que preferían al PP (19,8%); Vox (14,3%); PSOE (10%); Podemos (5,4%); Izquierda Unida (1,7%); y Ciudadanos y Adelante Andalucía, cada uno con un 1,6%.

En referencia al género, las mujeres apoyaban más al PP (22,6%); PSOE (12,7%); Vox (9,2%); Podemos (4,8%) y a Ciudadanos y Adelante Andalucía con, respectivamente, un 1,4%. En cambio, los hombres estaban a favor del PP (23,4%) y de Vox (15,9%); al que les seguiría el bloque de izquierdas, PSOE (11,3%) y Podemos (3,9%).

Es decir, el porcentaje de personas jóvenes que apoyaron en un primer momento a Vox aumentó en cuatro puntos a lo largo de la legislatura —incluso optan por el feudo socialista antes que revalidar a Juanma Moreno— y lo mismo ocurre con el voto femenino, que crece casi un punto. Una cuestión en la que coinciden los análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas y de diversos estudios que ahondan en la brecha de género, de clase social o la normalización de la ultraderecha.

En esta aritmética faltarían partidos nacidos en plena era digital, como Se acabó la fiesta, liderado por el youtuber de extrema derecha Alvise Pérez. La ausencia de público en el arranque de campaña no tiene por qué significar que carezca de simpatizantes, habida cuenta de que logró tres europarlamentarios en las elecciones de 2024. “Este partido nuevo que surge en pleno siglo XXI no quiere hacer de mediador entre sociedad y Estado, sino que propone, a partir de un liderazgo autoritario al estilo de Trump, sus soluciones”, analiza el profesor universitario.

La tauromaquia en los programas electorales

El padre de Ignacio Sánchez-Mejías era torero. Aún recuerda los paseos por el campo y el color del albero cuando a los ocho años se sentaba por primera vez en la Maestranza. Con 70 años, continúa al frente de La Tertulia los 40, una de las asociaciones taurinas más longevas: “Que entre la tauromaquia en cualquier tipo de política me parece nefasto, porque siempre ha sido de todo el pueblo, de centro, derecha, izquierda, todo esto es una cuestión moderna”.

Una disputa que relaciona con que Cataluña persiguiera en 2012 eliminar las corridas de toros en esa comunidad autónoma a propuesta del independentismo. “Hay un efecto rebote en la juventud por dos motivos: el político, cuando los partidos de izquierda han querido arrinconar y prohibir la tauromaquia, y de inconformismo, porque los jóvenes descubren en los novilleros unos principios morales distintos a la diversión, con ese compromiso por jugarse la vida ante el público; y eso ha hecho que se decanten”, puntualiza, aunque prefiere no atarse a ningún partido.

En esta guerra cultural, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía quieren dejar claro su posicionamiento sobre la tauromaquia, incluso cuando no la mencionan. El PP la relaciona con la “identidad” y, entre las promesas, anuncia un programa en formación taurina que acompañan con la imagen del diestro Morante de la Puebla, nombrado Medalla de Oro de Cultura porJuanma Moreno. Un guiño que no escapa a los aficionados, que observan al presidente andaluz dejándose querer por los focos en la Maestranza de Sevilla.

En plena precampaña, el Ejecutivo andaluz aprobó la tramitación de la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia, que se fija un horizonte hasta 2030, aunque las medidas en torno al impulso de estas fiestas se desarrollan desde 2019. Entre las acciones emprendidas, se crearon y regularon los Premios 'Andalucía de la Tauromaquia', se cuenta con 170 ayuntamientos adheridos a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (REMTA) —de un total de 785, lo que supone el 21,66%—, se suprimieron las tasas para los espectáculos taurinos y se promociaron las escuelas taurinas, donde se fomenta la iniciación de los más pequeños. A ello, habría que sumar la implicación de Canal Sur, que ha aumentado el número de emisiones y que, según reza el documento, el pasado 5 de abril alcanzó el 25,70% de cuota de pantalla con una audiencia de 560.000 espectadores. En la misma línea, Vox lo sitúa como un elemento cultural y también económico, expresando que se “pretende criminalizar” esta “tradición”.

En cuanto a las izquierdas, Por Andalucía mantiene en su programa electoral que hay “un rechazo social creciente” en la sociedad, “ya que cada vez un mayor número de andaluces ven las corridas de toros, no como una expresión cultural, sino como una actividad contraria a la protección del bienestar animal”, para lo que sugieren prohibir su emisión, cortar la financiación e impedir el acceso a los espectáculos a los menores de 16 años. Una cuestión que recoge la recomendación formulada en 2018 por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, que instó a España a que impidiera la entrada para prevenir el acceso temprano a la violencia y una posible insensibilización. También, Adelante Andalucía equipara las corridas de toros con el maltrato animal y fija su posición: “Transición hacia la tauromaquia cero”.

Mientras Pacma ha llevado siempre por bandera su negativa con la convocatoria de manifestaciones en contra de las corridas de toros, el único partido que deja su apoyo en el aire es el PSOE de María Jesús Montero. No hay ninguna referencia en el programa electoral y habría que tomar la consideración de su predecesor, Juan Espadas. El ex secretario general de los andaluces respondió en el Parlamento andaluz cuando que las celebraciones taurinas “no están en cuestión” y que, en general, seguirían apoyando “al mundo de la tauramaquia”. La discusión interna del partido se traduce en tirantez a la hora de posicionarse en público, como sucedió con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se presentó en el Congreso para derogar la ley 18/2013 con el fin de quitarle su estatus como patrimonio cultural nacional y que contó, finalmente, con la abstención de los de Pedro Sánchez.

“La democracia no solo tiene que ser virtuosa y defender los valores constitucionales, sino ser eficaz y solucionar los problemas de la gente”, determina Jiménez Díaz, también coordinador del libro Generaciones y liderazgos políticos en España y Europa. La sanidad pública y la vivienda son las dos principales preocupaciones del electorado andaluz, pero el mensaje, cómo, dónde y de qué forma exponerlo, será la clave para inclinar la balanza en una u otra dirección, y la tauromaquia entrará en juego.