A través de los cristales de una oficina de Correos de Madrid se vislumbra una escena distinta a la habitual. Mientras varias personas esperan su turno con paquetes en sus manos, Valeria le pide a su abuela que entretenga a su bebé mientras entrega a una funcionaria fotocopias del pasaporte, billetes de avión y certificados de antecedentes penales. Otro empleado se acerca al asiento donde ya se acumulan varias familias de migrantes, la mayoría mujeres con niños pequeños, para comprobar que llevan todos los documentos requeridos antes de que les llegue su turno. Este lunes ha sido el primer día de atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria y las ventanillas habilitadas en Correos han arrancado esta nueva labor con algún que otro retraso, pero con normalidad, en distintos puntos del país. 

Valeria sale de la oficina dos horas después de la hora de su cita previa para registrar la petición de regularización para ella y su bebé, pero no le importa el retraso. Ella, de origen colombiano, vivía en Madrid de forma irregular desde hace dos años. Su niña, nacida en España, no llega al año y tampoco tiene el permiso de residencia. Pero ahora sujeta en sus manos el documento que confirma el envío de la solicitud que, si nada falla, les concederá la ansiada autorización. “Llevaba soñando varios días con esta cita. Literalmente. Hoy he soñado que estaba aquí plantada. Y he tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, dice entre risas, para describir su alivio tras zanjar el trámite que la perseguía desde hace tiempo.

La escena de alegría, que se entrelaza con la actividad rutinaria de Correos sin grandes filas ni colapso, contrasta con la frustración de los cientos de migrantes que un día más han esperado varias horas de colas frente a las oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Cartagena, para conseguir recopilar toda la documentación exigida. La situación de colapso también se ha repetido en las sedes de algunas de las ONG colaboradoras en el procedimiento de regularización. El principal escollo, el trámite que ha creado un cuello de botella en parte del procedimiento, es el llamado “informe de vulnerabilidad”, un requisito añadido en el último momento en el real decreto, que debe presentar un grupo concreto de personas sin papeles: aquellos que no tengan hijos a cargo o quienes no puedan justificar una vinculación laboral anterior o futura. 

Mientras cientos de personas aguardaban horas para conseguir este papel, después incluso de hacer noche frente a los espacios habilitados para validar los informes de vulnerabilidad, las oficinas de Correos y Seguridad Social de todas las provincias han comenzado a recibir este lunes con cita previa los primeros expedientes de migrantes y solicitantes de asilo que ya tenían todo preparado.

Algunas entidades que se dedican a acompañar a migrantes en este proceso consideran que, además del sistema de cita previa obligatoria que ordena el proceso, la tranquilidad que ha reinado en las oficinas de Correos también puede explicarse por el propio atasco en el sellado del nuevo informe: “Muchas de las personas que solicitaron la cita previa no se han llegado a presentar porque todavía no tenían el certificado de vulnerabilidad”, sostienen. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión asegura que la agilidad en los espacios habilitados para el registro presencial de la solicitud se debe únicamente a la activación de múltiples espacios para este fin y a la organización de las citas.

Como Valeria vive con una menor a cargo, no ha tenido que presentar el requisito que está entorpeciendo el procedimiento de los que sí. Con toda la documentación preparada, a ella el real decreto no le dio sorpresas de última hora y ha podido presentar por su cuenta la petición el primer día de atención presencial. Si todo va como espera, la ecuatoriana recibirá en 15 días la admisión a trámite de su solicitud. La mera admisión conllevará, además de la suspensión de cualquier posibilidad de retorno a su país, un permiso que ya la habilita para trabajar.

“Así solo puedo trabajar irregular, sin cotizar. Sin papeles, abusan más. Soy enfermera y ahora podré empezar a homologar mi título, que son dos años más”, celebra la mujer, de 26 años, ya pensando en el siguiente paso burocrático. A su lado, su abuela, asiente detrás del carrito de su bisnieta. Ella ya tuvo que pasar por lo mismo, aunque un proceso distinto y más sencillo entonces, casi tres décadas atrás, cuando llegó a España sin papeles. 

“Tardas más en enviar paquetes”

En Barcelona, tampoco se han registrado colas en prácticamente ninguna de las oficinas habilitadas de Correos ni Seguridad Social en las que se estaban dando citas previas para tramitar la regularización. “No he tenido que esperar nada de nada”, se ha sorprendido Karen. Tenía vez a las 8:30 y ha venido antes “por si acaso”. Pero no le ha hecho falta. El vestíbulo de la oficina acogía a muy poca gente. “Tardas más para enviar paquetes”, compara esta mujer ecuatoriana de 53 años.

Ella también tiene todos los documentos a mano, incluso el certificado de antecedentes penales, que había necesitado para un trámite anterior, así que ha podido realizar la solicitud sin complicaciones. Donde sí ha habido colas y rostros preocupados ha sido en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona, las encargadas de expedir los certificados de vulnerabilidad que, en algunos casos, son necesarios para regularizarse. 

Las oficinas de la Seguridad Social en Valencia atienden a una veintena de personas cada hora. La gente acude con los documentos ya cumplimentados, siguiendo la explicación de la web, comentan algunos empleados públicos. Es el caso de A. Mujica, un joven venezolano, de 23 años, que lleva siete meses en España. Es barbero y quiere iniciar su propio negocio en cuanto tenga los permisos para trabajar, por ello ha acudido con la declaración jurada que manifiesta su voluntad -que también exime de presentar el informe de vulnerabilidad“. ”Mi gestora me pidió la cita y gracias a Dios ha ido bien“, dice el hombre.

La Oficina de Extranjería de la Región de Murcia, ubicada en la pedanía murciana de El Puntal, es el punto clave para la gestión de trámites migratorios. Allí se encuentran María y Onofre [nombres ficticios], quienes viven en España desde hace cuatro y tres años, respectivamente. “No ha sido fácil”, reconoce Onofre, procedente de Guinea Ecuatorial. “Te ves limitado en casi todo, si quieres trabajar tiene que ser en negro. Pero no nos gusta, queremos cotizar”, añade María.

Ambos han llegado a una oficina prácticamente vacía, en contraste con las largas colas a las que están acostumbrados. Esta sede de Extranjería siempre está a rebosar, con colas que se extienden a lo largo de la jornada: “Hoy ha sido más ágil, se han abierto muchos puntos. Esto es una ayuda para todos, para los solicitantes y para el gobierno. Si hoy ha sido tan rápido, ¿por qué no se ha hecho antes?”, se plantea José [nombre ficticio], otro solicitante. Vino a España hace diez años desde Nicaragua, buscando una vida mejor: “He trabajado en el campo, en negro. Muy poca gente quiere trabajar allí y necesitan mucha mano de obra”, señala. “Debería haber más regularizaciones para que haya menos trabajo en negro”.

Roberto sale de una oficina de Correos de Sevilla tras casi media hora de espera: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”. Lleva desde enero atento a la regularización extraordinaria después de que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos. Un hito que cambió sus perspectivas, ya que, de repente, ha acortado el proceso de petición de asilo por razones humanitarias de casi dos años a apenas unos meses. El venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico. Al ser solcitante de asilo, no necesita el informe de vulnerabilidad que está trayendo por el camino de la amargura a quienes se lo exigen. Aterrizó en Sevilla tras intentar crear una nueva vida en Colombia y Santiago de Chile. La regularización le aportará, dice, una estabilidad en España que hasta ahora no había encontrado desde su salida de Venezuela.

Luisa sale un momento de la oficina de Correos de Madrid donde espera su turno para llamar a su madre y pedirle que recoja a la niña de la escuela infantil. La mujer peruana tenía cita previa, pero ha tenido que interrumpirla para imprimir un documento que le faltaba, por lo que teme que el proceso se retrase. “Me da miedo que al volver ya no puedan atenderme”, dice la mujer. Pero no fue así. Aunque el funcionario en un principio no sabía indicarle cuál era el papel que debía presentar, finalmente entre los dos lo averiguaron: “No son expertos en extranjería y, cuando intentaban ayudarme, se les veía un poco perdidos. Me han dicho ellos mismos que les han puesto a atendernos sin la formación suficiente”, se queja.

Después, el mismo empleado ha empezado a adelantarse a ese tipo de situaciones y comenzó a comprobar con antelación la documentación de las solicitantes que esperaban su turno, para que pudiesen aprovechar el tiempo en caso de que les faltase algún papel. “Se nota que es el primer día, pero los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y tienen muy buena actitud. Al ver que lo que ha pasado con mis papeles, han intentado remediarlo con el resto”, dice la peruana, quien acude a solicitar los papeles para su hija de dos años. Ella no ha podido optar a la regularización, dado que había pedido un permiso residencia por la vía habitual y debe esperar la respuesta de esa solicitud. “Tampoco tiene sentido que la vía telemática solo se pueda presentar con un certificado digital: si no tenemos papeles, la mayoría no podremos hacerlo”, añade.

Colapso por el informe de vulnerabilidad

En Barcelona, Mohammed, un pakistaní de 26 años, se ha levantado muy temprano para llegar antes de las 5:30 horas de la mañana a una OAC a por ese documento. Y ya había gente esperando. Cuando han abierto, le han dicho que no quedaban citas disponibles y que no habría ninguna hasta el lunes que viene. Este joven sabe que cumple todos los requisitos, pero está preocupado por no poder llegar a juntar todos los documentos a tiempo.

Lleva desde 2019 en España y, aunque llegó con un permiso de deportista como jugador de hockey, perdió los papeles cuando tuvo que dejar de jugar para conseguir un trabajo. Desde entonces, ha ido encadenando empleos en la construcción y en tiendas de amigos de familiares suyos, que son quienes también le realquilan una habitación. Ahora, les ha pedido que le hagan un contrato de alquiler. Si lo presenta, podría presentar su petición sin el informe de vulnerabilidad que ahora parece inalcanzable para muchos. “Aunque sea momentáneo, incluso yo pagaría los impuestos. Pero no quieren ayudarme”, se lamenta Mohamed.

En Cartagena, a pocos metros de la tranquila oficina de Correos, algo más de un centenar de personas aguardan su turno en la sede de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un funcionario municipal les recibe en la entrada para explicar las dudas de última hora sobre el proceso y para informar sobre el estado de la cola. “Hoy no cogemos más citas”, dice, mientras cuenta que este lunes se tramitarían más de 300 solicitudes para el informe.

Andalucía, inmersa en la precampaña para las elecciones del 17 de mayo, se ha sumado este lunes al despliegue habilitado por el Gobierno de España para gestionar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes. El cálculo oficioso, aportado por algunas ONG, habla de unos 60.000 beneficiarios potenciales.

A las nueve de la mañana, el paseo de viandantes es ligero en Sevilla. Los turistas aún no llenan la Avenida de la Constitución y la oficina de Correos ubicada en esta céntrica arteria de la capital andaluza abre sus puertas sin colas. Es el primer día para normalizar la situación familiar y sociolaboral de muchos extranjeros mientras, en paralelo, los candidatos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) defienden la medida; y los candidatos de derechas (PP y Vox) la demonizan.

Un total de 372 oficinas de Correos facilitarán el trámite, junto a las 60 oficinas de la Seguridad Social y las cinco de Extranjería en todo el país. Dentro de la oficina de la Avenida de la Constitución, Edwin espera a un lado a que le atiendan con la cita programada: “Llevo en España un año y siete meses y necesito los papeles para trabajar”, dice.

Procedente de Perú, donde trabajaba como taxista, huyó del país a causa de “la inseguridad que había en las calles” de su pueblo. “Llegan con la moto y te piden el dinero, el primer día pasan y dices que no puedes, vale, vienen el segundo día, no pagas y te dejan ir, vale, al tercero ya te meten la bala”, asegura sin alterar un ápice su semblante.

Con 35 años, salió de Perú con su esposa y, al poco que pudo, trajo a sus dos hijos adolescentes. “Tal vez echen raíces aquí, hagan su familia, quién sabe, a mí me gustaría volver cuando todo se calme”, dice. Entre la incertidumbre y las decisiones dolorosas, ha surgido esta oportunidad para encauzar su vida en Sevilla, ciudad en la que ha encontrado una oportunidad laboral que espera que pronto se legalice después de que abandonara Barcelona. Frente a quienes atacan esta regularización extraordinaria, encoge los hombros y zanja: “Si yo voy a un país, no voy a destrozarlo”.

“El 86% de las personas que se van a regularizar son hispanoamericanas”, afirma Jorge Serrano Paradinas, director de la Fundación para la Ciudadanía Global. La organización, que ha sido una de las impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que finalmente fue recogida en el Real Decreto publicado el pasado 16 de abril en el Boletín Oficial del Estado, estima que se esperan unas 90.000 solicitudes de regularización en Andalucía, aunque lo más probable es que se acepten 60.000 solicitudes.

A partir de los datos que manejan, Andalucía se convertiría en la tercera comunidad con más demandantes, después de Cataluña y Madrid, mientras que, a nivel nacional, la entidad cuantifica que habrá 751.200 solicitudes, aunque habrá que esperar a junio para saber el cómputo final. Entre las nacionalidades con más población, auguran que son Colombia, Perú, Honduras, Venezuela y Paraguay, cayendo hasta el noveno puesto Marruecos.

“Venimos a aportar”

Roberto sale de la oficina tras casi media hora: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”, asegura. Desde que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos en enero, ha estado atento a cada una de las actualizaciones. Un hito que cambió su perspectiva, ya que, de repente, ha acortado los tiempos de la petición de asilo por razones humanitarias (casi dos años) a apenas unos meses.

Este venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico y tiene los conocimientos digitales para que le haya parecido ágil y rápido este procedimiento, al contrario que a muchas otras personas migrantes que acuden a las asociaciones y sindicatos para pedir ayuda con todo el papeleo.

Roberto aterrizó en Sevilla tras hacer la intentona en Colombia y Santiago de Chile y, por el momento, no se arrepiente de la decisión. “La gente es muy cálida, aunque uno siempre vive con esa nostalgia y duelo por vivir fuera de su país... Pero me focalizo y tengo buena actitud”, sonríe, con la esperanza de que vengan pronto su madre y su hermana, tanto sea de visita como de forma definitiva.

A la espera de que su título se homologue, estudia un curso de climatización a través de Cáritas -la ONG vinculada a la Iglesia Católica- con tal de conseguir más oportunidades laborales desde que se apruebe su solicitud. “Este proceso acorta los tiempos y así tampoco se aprovechan de ti”, dice basándose en el testimonio de los compañeros con los que comparte clase, que se han visto afectados por la explotación laboral o las condiciones precarias de vivienda a causa de la desprotección que soportan.

Así, observa que tanto en los países sudamericanos en los que ha vivido como en España, donde la regularización extraordinaria ha sazonado la precampaña andaluza y ha sido la punta de lanza de los partidos de la oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez, se establece la misma dinámica: el discurso contra la población migrante para buscar el rédito electoral. “En Santiago de Chile, como aquí, los políticos culpan a la migración por no asumir la realidad, tanto para explicar por qué aumenta la delincuencia como para decir que no hay trabajo. Te venden el discurso y mucha gente cree que somos así... Hay gente mala, como en todas partes, pero venimos a aportar”.

La sede de la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está saturada. Fuentes de la organización explican que atienden llamadas de teléfono cada 30 segundos y la gente acude a sus puertas “desesperada”. Cuando ven que las puertas están cerradas, se quedan fuera esperando. Por ello, han decidido organizar una charla informativa en su sede de Sevilla, con tal de que se acerque cualquier interesado y, así, facilitar los recursos a quien lo necesite.

Es más, la calma que rezuma la oficina de Correos en los alrededores de la Catedral de Sevilla contrasta con las colas que ha habido durante la mañana en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, junto a los jardines del Prado de San Sebastián, lugar al que se ha trasladado el grupo municipal de Vox para atacar el proceso de regularización.

El partido ultraderechista ha priorizado, por encima de todas las políticas que defiende en el Parlamento andaluz (14 diputados), su discurso antiinmigración, un área sobre la que el Gobierno autonómico apenas tiene competencias. Es una guerra cultural de Vox que da votos: vincular al extranjero con la delincuencia, sin aportar datos oficiales y en contra de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

Ha sido una constante en el discurso de Vox durante toda la legislatura y, ya en campaña, es una preocupación tanto para el PP de Juan Manuel Moreno como para el PSOE de María Jesús Montero porque, el hecho es que el discurso antiinmigrante moviliza votos, sobre todo en tres provincias donde más trabajadores extranjeros hay, ligados al trabajo en el campo: Huelva, Jaén y Almería. En esas tres provincias se juega Moreno la mayoría absoluta con el avance de Vox, según cálculos de los populares.

La cola en el registro municipal hispalense fluye. Juan Bueno, concejal del PP y portavoz del gobierno municipal, ha aclarado que los trámites se han realizado con “normalidad absoluta”: “Se va a atender a todas las personas en los horarios en los que trabajan nuestros funcionarios, pero me gustaría recordar que otros puntos de registro público también están disponibles y que el plazo es amplio”.

El informe de vulnerabilidad

Desde la asociación Adhara también ha habido dos charlas informativas a un total de 36 usuarios para aclarar las cuestiones más técnicas del trámite. Con este apoyo intentan agilizar el proceso, ya que no tienen trabajadores sociales ni pueden realizar informes de vulnerabilidad.

Un punto sobre el que Rosa Berges, secretaria de Política Migratoria de CCOO, entraña varias dudas: “Todavía no hay ninguna saturación en las oficinas del sindicato, pero sí mucha desorientación, sobre todo con el certificado de penales y el informe de vulnerabilidad, que está generando mucha controversia”, siendo las provincias de Almería, Málaga, Sevilla y Huelva donde ha habido más atenciones.

Aparte de que es imprescindible carecer de antecedentes penales, para solicitar la regularización hay que basarse en uno de los siguientes tres supuestos: el laboral, para lo que se debe presentar una oferta de trabajo o una declaración responsable sobre el negocio a abrir; el familiar, demostrando que vive en España en una unidad familiar; o el supuesto de situación de vulnerabilidad, para lo que se precisará un informe social que acredite la condición. “Hay ayuntamientos que no están dando este documento o están sobrecargados y nos derivan. Y entonces existe un desconcierto por un documento que genera incertidumbre”.

Además, aclaran que para aquellas personas solicitantes de asilo no es necesario renunciar a esta condición antes de registrar la petición para regularizar su situación, pero sí cuando hayan recibido la respuesta positiva. “Es normal esta desorientación al comienzo de un proceso de tal magnitud porque hay que trasladar lo que pone el BOE a una solicitud concreta”, comenta Berges, quien espera que en las próximas jornadas se agilice la atención en las oficinas.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio de 2026, tanto de manera presencial o telemática a través de la plataforma 'Mercurio'. En los municipios de más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia se han abierto las oficinas de la Seguridad Social de 16.00 a 19.00 horas; luego, en Correos, de 8.30 a 17.30 horas; y en las oficinas de Extranjería de 16.00 a 19.00 horas, lugares a los que acudirán las personas sin papeles que, al no tener documento electrónico, no podrán acceder por su propia cuenta a la vía telemática.

Roberto Cid encontró en Sevilla su segundo hogar. Descendiente de gallegos, el joven mexicano espera a que la administración general certifique su nacionalidad española después de haber jurado y obtenido el arraigo a través de la Ley de Memoria Democrática. Así, recupera el legado de su abuela, quien perdió la nacionalidad al casarse con un extranjero, y reivindica su árbol genealógico frente a las trabas burocráticas en las que ha estado inmerso en los últimos cuatro años. “Denunciamos el limbo jurídico de tantas personas que han estado en situación irregular y que son nietos o bisnietos de españoles, para lo que tendría que haber un fortalecimiento desde la administración: hay que saber cómo responder la promesa”, llama la atención.

En las últimas semanas, el Congreso ha aprobado la modificación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para regular las indemnizaciones a las víctimas o a sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes a causa de su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición, lo que supuso el reconocimiento y la reparación para el joven malagueño Manuel José García Caparrós y sus tres hermanas. El texto original de la norma recoge en su disposición adicional octava que pueden adquirir la nacionalidad los descendientes de españoles que renunciaron a ella y sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

Entre los requisitos, también se concede la nacionalidad a los hijos e hijas mayores de edad de los españoles a quien les fue reconocida su nacionalidad en virtud de la norma y, de la misma forma, a los nacidos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de promulgación de la Constitución de 1978.

Este último supuesto fue el que afectó a la abuela de Roberto: Dolores Riobó. A los 13 años, embarcó rumbo hacia México junto a sus hermanos y padres, quienes decidieron emprender una nueva vida al otro lado del Atlántico. En aquel entonces, el bisabuelo decidió darse a conocer como Guillermo Riobó, en vez de utilizar su apellido original, que era Gómez de Rioboó. Esta es la razón por la que no dieron con su partida en el Registro Civil, pese a que se les dieran las fechas de su nacimiento y los detalles relativos a su pueblo de origen o nombres. “En este caso, no atendieron el principio de realidad material, que significa que hay que darse a lo escrito y a lo que se ve”, indica Leal, es decir, haber inspeccionado las bases de datos con mayor profundidad teniendo las principales claves en su haber.

“Política migratoria de apertura y de reparación”

Las fotografías de boda permanecen intactas. Dolores se casó con Roberto Cid Ramírez, ciudadano mexicano, y fue entonces cuando perdió la nacionalidad española. La ley franquista establecía que una mujer perdía tal derecho al casarse con un extranjero, impidiendo así que lo heredase en un futuro su progenie. De esta forma, se desprotegía a los exiliados y se discriminaba doblemente a las mujeres, quienes perdían el vínculo con su país de origen. Con su vestido blanco y rodeada por sus damas de honor, Dolores sonríe desde el pasado.

“Los descendientes son el vínculo más reciente que tiene España con Latinoamérica”, reflexiona Leal, “estamos en un momento de política migratoria de apertura y de reparación, porque más allá de la ideología de los abuelos y bisabuelos o de los propios descendientes, somos beneficiarios de la ley”. A pesar de este reconocimiento, los trámites burocráticos impiden que muchas de estas personas se vean beneficiadas a causa de los retrasos o la inoperancia de los registros civiles, motivo por el que los colectivos afectados, tanto en México como en países como Argentina, tienen que acudir a abogados especializados que les ayuden en el procedimiento.

“La queja es generalizada, ya que, aunque el Gobierno de España tuvo el buen hacer de reconocernos el derecho, muchos registros no colaboraron de forma debida y los certificados de nacimiento tardaron en llegar o ni se llegaron a encontrar”, critica. El 21 de octubre de 2022, momento en el que entra en vigor la disposición octava, se dio un plazo de tres años para tramitar la declaración y otro extensible de prórroga, por lo que el pasado 22 de octubre de 2025 fue el último día para realizar el trámite. Durante ese periodo, Leal tuvo que contratar los servicios de una genealogista en vista de que la solicitud en el Registro Civil de la ciudad de Ferrol daba una respuesta negativa, solo porque el apellido no cuadraba.

De 1890 a 2026

Al otro lado del teléfono se encuentra Helena González. En el año 2016 fundó Bisagras de Papel, dedicada a la investigación genealógica que trata de poner luz sobre el pasado de tantas personas. Desde Galicia, ha atendido a casi 300 personas de países destinos clásicos de la emigración gallega, como Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, así como México, Puerto Rico y Uruguay, al igual que otros no tan usuales, como Chile, Costa Rica, Honduras, Perú y Filipinas. Después de que los interesados presenten la documentación en sus respectivos consulados, la labor de la investigadora se centra en encontrar los documentos certificados de nacimiento o las partidas bautismales que prueben que el antepasado nació en la comunidad, logrando así su amparo bajo la ley de memoria democrática.

Acerca del caso de Roberto Cid, no deja de recordarlo con un sabor agridulce, ya que, como explica, el Registro Civil de Ferrol solo daba respuestas negativas. “Partimos de la información del certificado de matrimonio y del de defunción de su bisabuelo, con los que hicimos una búsqueda exhaustiva en padrones, registros civiles e, incluso, testamento del padre”, detalla. El nacimiento de Guillermo lo ubicaron en los primeros meses de 1890, en Ferrol, y, tras mucho insistir, lograron que por fin dieran con él tras percatarse del intercambio de apellidos que realizó el exiliado al comenzar una nueva vida en México.

La genealogista gallega explica que las primeras pistas son confusas. Tal vez los migrantes partieron del Puerto de Vigo, pero, ¿de qué localidad eran, dónde estaban registrados? Hay cientos de parroquias y ayuntamientos que consultar uno a uno. Muchos de los descendientes optaban por enviar una petición masiva, provocando así un colapso en los registros, hasta que daban con su ayuda especializada. “El registro civil solo está digitalizado e indexado a partir de 1950 y en las localidades un poco más grandes, pero en los archivos diocesanos hay que buscar a mano y habría que tener en cuenta la pérdida de material por incendios, inundaciones o mal estado”, detalla.

Más recursos

En el blog de su página web, González recoge las anécdotas de vidas que toma en sus manos. Por ejemplo, recuerda con cariño la historia de una mujer gallega que emigró a Estados Unidos y trabajó como institutriz en una familia acodada. En los viajes que compartió con ellos, conoció en Turquía a un hombre del que se enamoró y con el que compartió su vida. Décadas más tardes, fue su nieta quien le escribió para recobrar las raíces españolas que le habían sido extirpadas por la ley. “Es muy emocionante entrar en contacto con el mundo del que proceden”, reitera, por lo que pide un esfuerzo a la administración para dotar de recursos y medios digitales a los archivos.

En la actualidad, el lío burocrático persiste. El joven espera una respuesta por parte de Madrid tras jurar la nacionalidad y su padre, Roberto Cid Riobó y de 69 años, prevé que en dos años llegue su certificado. Frente a las declaraciones políticas que atacaban esta regularización, Leal manifiesta que “no somos ni más ni menos que otros migrantes, es más, merecemos ser acogidos como nuestros abuelos lo fueron en otros países”. Además, reclama que muchas de las personas que podrían haberse beneficiado de esta medida finalmente optarán por la regularización extraordinaria que comienza este mes de abril, aunque la diferencia sustancial entre ambas vías radica en que una concede la nacionalidad mientras que la segunda concede la residencia española.

Roberto aterrizó en Sevilla en 2020 para cursar el máster público de abogacía y, desde entonces, ha hecho de la ciudad su nuevo hogar. “El migrante viene abierto a conocer y la sociedad también debe abrirse a él porque, al final, las conductas son amoldables”, ya sea por el idioma o las costumbres que comparten estas latitudes, unidas por siglos de flujos migratorios, ha encontrado su hueco. Desearía que el principio de la ley de Memoria Democrática se extendiese en el tiempo, como la normativa italiana, en la que la obtención de la nacionalidad por descendencia es un derecho permanente, aunque el Gobierno de Giorgia Meloni ha introducido importantes restricciones en la legislación.

Hasta el 19 de septiembre de 2025, el Gobierno central ha concedido 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos de las 876.321 solicitudes realizadas. Dentro del entramado político internacional, poseer la nacionalidad española supone la diferencia. El abogado mexicano, que tiene a su hermano Fernando viviendo en Estados Unidos, hace la comparación con las posibilidades del visado en comparación con sus compatriotas latinos en un contexto en el que la persecución del ICE y de las autoridades norteamericanas produce detenciones indiscriminadas: “La nacionalidad española uno de los mejores calificados para accesos y, al final, abre un mundo”.

Carmen Calderón mantiene el pulso con la Seguridad Social desde que sufrió un accidente quirúrgico que provocó que perdiera prácticamente la visión de ambos ojos hace cinco años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le denegó el grado de incapacidad permanente, por lo que obligaba a la sevillana a incorporarse a su puesto de trabajo a pesar de la ceguera legal que está reconocida por diversos informes médicos. En apenas seis meses, la Junta de Andalucía ha acreditado que posee un 70% de grado de discapacidad y ha sido admitida por la Fundación la ONCE, reconociendo las dificultades que impiden el desarrollo con normalidad de su día y, por supuesto, su trabajo.

Calderón rehace su vida en Chiclana de la Frontera. Toma conciencia de su nuevo estado de dependencia a causa del leucoma corneal cicatricial central y paracentral que afecta a sus ojos, lo que supone un daño irreversible en el tejido que cubre el iris y la pupila. Entre las consecuencias, sufre una fotofobia aguda, por lo que no puede conducir ni realizar esfuerzos visuales, como usar el ordenador o hacer trabajo de oficina. Así lo constatan los informes médicos periciales comprendidos entre 2020 y 2025, en donde se detallan las hasta diez enfermedades que provocó el desinfectante que cayó sobre sus globos oculares durante una operación. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sostenido una batalla legal durante estos seis años.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla sentenció el 10 de febrero de 2025 que la demandante tenía una incapacidad permanente y un grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Sin embargo, el TSJA revocó el fallo el 16 de octubre, sin atender a los informes que había presentado la paciente, absolviendo así al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social de pagar su prestación económica por baja permanente. Este paso atrás motivó que la afectada presentara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la ansiedad y la angustia la mantienen en vilo por si le revocan su última baja.

Informe de la mutua

Apenas habían pasado seis meses desde que el TSJA revocó la decisión del tribunal sevillano cuando la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía remitió el pasado 7 de abril la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad: tenía un 70%, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El grado, revisable por agravamiento o mejoría, se producirá dentro de tres años. Con esta evaluación se respaldan los diversos informes médicos periciales que ha ido acumulando la afectada en el último lustro, donde se ha constatado la pérdida paulatina e irremediable de visión. En este periodo, no solo ha tenido que luchar contra la administración del Estado, sino con la mala praxis del seguro privado en el que había depositado su confianza.

El 3 de noviembre, tras el fallo del TSJA, pidió una baja por trastorno ansioso-depresivo. Entonces, la mutua decidió intervenir y le ofreció a la paciente cuatro sesiones terapéuticas. Creyendo que sería un refuerzo extra que la ayudaría a procesar este trance, decidió aceptarlas, teniendo en cuenta que lleva años en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es más, Calderón recuerda la última vista con la psicóloga de la mutua como la más pesarosa, ya que la ONCE le había comunicado el 2 de marzo que había sido admitida como afiliada permanente en la organización. En el escrito, se recoge que su agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo. Además, el campo visual es de 10 grados tanto en el ojo derecho como izquierdo, por lo que, una vez más, se confirmaba su ceguera legal debido a que tiene la visión gravemente disminuida. Este ingreso le permitirá recibir apoyo de la entidad, tanto en materia de formación como de acompañamiento, aunque también significa enfrentar y aceptar su delicado estado de salud.

A pesar de lo narrado, la psicóloga de la mutua recogió que estaba lista para incorporarse a la vida laboral. Una valoración que no fue comunicada en ningún momento a la paciente. “Emitió el informe y, el mismo 13 de marzo, me llamó el médico de cabecera para que le mandara todos los informes actualizados, en donde se ve que se me ha aumentado la dosis de la medicación y también la falta de visión”, detalla. En la jornada del viernes se remitió toda la información a Inspección Médica, el órgano responsable para valorar su estado. Documentos varios en los que se aprecia, de un lado y otro, el déficit visual que padece la mujer y el deterioro de la salud mental, pero rápidamente la decisión llegó el lunes 16: un SMS a las 10.20 horas notificaba que, a propuesta de la mutua, se emitía el alta laboral.

“Esto es una agonía”

“La Inspección no ha tenido tiempo, fin de semana por medio, de revisar todo mi expediente para que se me conceda el alta después de que la mutua lo proponga. Es su responsabilidad decir sí o no”, recalca Calderón, que duda del criterio que ha movido en esta ocasión a Inspección Médica. Puesta una reclamación a la profesional de la mutua y al Colegio de Psicólogos de Valencia, fue incapaz de volver a su puesto de trabajo y pidió una nueva baja médica por el estado de sus ojos, la cual fue concedida el día 25 de marzo.

“Tenía hasta tres ataques de ansiedad al día y no podía dormir”, presa de la inquietud en aquella semana, “esto es una agonía, y volveremos a mandarle un escrito al Defensor del Pueblo para informar sobre la actuación de la mutua”. En un primer momento, Calderón envió una carta en la que informaba sobre su procedimiento al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo su intermediación para conseguir la incapacidad permanente que le denegaba el TSJA. Sin embargo, el 9 de febrero se le notificó que la institución no puede interferir en los procedimientos judiciales ni revisar las resoluciones en virtud de la independencia que debe caracterizar las actuaciones de los jueces y tribunales, recogido en la Constitución. Por lo que se le sugería que continuara el procedimiento legal de la mano de su letrado.

Calderón, que ha estado asesorada en todo momento, hace referencia a las palabras de su propio abogado, que ha llevado su caso con estupefacción. “Me dice que es la primera vez que se ha encontrado algo tan difícil a nivel administrativo cuando está todo tan claro, que no entiende por qué lo están enredando de esta manera”. El 12 de febrero de este año un informe clínico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ratifica que la agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo.

“No hay frutos rojos sin temporeros, pero sí hay temporeros sin techo ni agua ni electricidad”, recalcó Francisco Sierra (IU) frente al resto de partidos en la presentación de la proposición no de ley (PNL) para la constitución de un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva. Una medida que busca la coordinación entre la administración estatal con la autonómica y local con el fin de lograr una solución efectiva contra un panorama que el propio relator de la ONU calificó como “impactante” a raíz de la pobreza y el abandono que sufren los trabajadores que se asientan en el territorio andaluz. Un texto que finalmente fue rechazado en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados con los 19 votos en contra de la oposición frente a los 18 síes del gobierno de coalición.

La Comisión de Política Territorial debatió la PNL impulsada por el diputado de IU Francisco Sierra Caballero, la cual fue elaborada junto a Marcos Toti, coordinador provincial de IU Huelva. El propósito de la iniciativa es dar solución a varios frentes abiertos en el campo onubense: viviendas dignas, regularización, dar cobertura en la Seguridad Social y los derechos básicos, y proporcionar atención prioritaria a los colectivos más vulnerables, además de aportar recursos específicos para mujeres y niños. “A estas alturas del siglo XXI, la situación es indignante”, subrayó Sierra durante su intervención en referencia a este sector estratégico que supone el 11% del PIB en la provincia y sitúa a Andalucía como la primera región proveedora de fresa y arándano en la Unión Europea y segunda en frambuesa.

Con el propósito de garantizar la coordinación interterritorial, el grupo Sumar propuso la creación del comisionado a estilo de lo hecho para el Reto Demográfico o la atención de barrios vulnerables, como el habilitado en el área del Polígono Sur en Sevilla. “No podemos fallar a la población ni a la sociedad civil”, recalcó. Aceptando las enmiendas del partido socialista, el diputado Juan Antonio González añadió que se debía ampliar el alcance de la propuesta a todas las autonomías y habilitar un espacio específico para personas en situación de pobreza y exclusión social.

“Los asentamientos existen desde hace más de 30 años”

Además, en esta jornada en la que se publica en el BOE el decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, sostuvo que “a día de hoy, sin inmigración el sector agrícola sería inviable y, si España lidera el crecimiento económico en Europa, es gracias, en parte, a la migración”. En este toma y daca con los partidos de la oposición, recomendó a los dirigentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que “hagan una campaña de fresas o de recogida de espárragos en Granada, muy duras y que exigen esfuerzos de piernas y espaldas, pero recomendable para combatir los discursos xenófobos que están llevando a cabo”.

En el turno de réplicas, Jorge Campos, diputado de la formación ultraderechista, calificó lo presentado como “falso” y alegó que la explotación laboral en el campo “no existe”. Entre los datos inexactos, aseveró que solo había 13.000 trabajadores extranjeros y que se daban alrededor de 164.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la Orden GECCO establece que este año el contingente, que ha aumentado un 26% en comparación con el ejercicio anterior, está formado por 21.400 trabajadoras procedentes de hasta ocho países y, en todo caso, la plataforma Interfresa estima que hay 160.000 empleos indirectos, tomando en cuenta todo el sistema. A ello, habría que añadir que son las propias organizaciones las que se quejan de que hay falta de mano de obra local para estas campañas.

Por otra parte, el sueldo de las temporeras se ajusta a lo establecido en el convenio colectivo y lo que corresponde al jornal, es decir, cobran 62,39 euros —ligera subida gracias al aumento del salario mínimo interprofesional— por 6,5 horas. A ello, habría que añadir que las condiciones en las que vive la población en los asentamientos son penosas, tal y como señala el Informe Frontera Sur 2025, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), donde se da una radiografía de las cinco zonas principales donde se concentran: San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer), El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto) y Lepe. Las organizaciones, como Andalucía Acoge, estima que hay alrededor de 5.000 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad en Huelva, a las que habría que añadir a sus homónimos en Almería. Con datos inexactos y en continua negación de lo que ocurre en el campo andaluz, el diputado de Vox dio por terminada su intervención, mientras que la diputada del PP, Bella Verano, realizaba puntualizaciones al texto del grupo Sumar.

“Los asentamientos existen desde hace más de 30 años y la Junta no hizo absolutamente nada”, afeó la diputada, para quien la PNL es “una cortina de humo”. A tenor de estas palabras, hizo referencia a la aprobación del I Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía (Plan EASEN), realizado en 2023, que tomaba el relevo tras más de dos décadas al Plan Integral de Erradicación del Chabolismo en Andalucía, impulsado en 1997. Un acuerdo para el que la integrante del PP justificó que no está en pleno desarrollo y ejecución debido a que esperan, entre otras cuestiones, a la respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cargo de Elma Saiz, desde el 20 de enero de 2025. En todo caso, la APDHA reclama al gobierno de Juanma Moreno en su informe una mayor planificación de recursos y alternativas habitacionales “reales y dignas” para evitar la proliferación de infraviviendas.

“Más presión”

Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la APDHA, toma la iniciativa defendida por Izquierda Unida con precaución. “Cuanta más presión haya, más efectivo será el cambio, pero estas denuncias se llevan haciendo desde las asociaciones y los sindicatos desde hace diez años, como poco”, critica. Espera que la PNL avance, aunque reconoce que los intereses que hay en el mercado del fruto rojo, tanto a nivel provincial como mundial, hacen que este tipo de coordinación caiga en saco roto. Ni ella ni Ana Pinto, portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha, conocían hasta este mismo miércoles que se discutiera sobre las temporeras de Huelva en la comisión del Congreso.

Pinto subraya que las propias comisiones para abordar la contratación en origen tienen carencias. “Todo esto significa poco”, y pone como ejemplo los informes que expuso Philip Alston como relator de la ONU en 2020, “las cosas siguen igual”. Así, advierte que los grupos políticos recobrarían la confianza de las organizaciones remaran todos para solucionar este panorama acuciante y se vieran resultados palpables. Al margen de lo debatido en la Cámara Baja, la sindicalista celebra este jueves que haya prosperado una demanda transnacional que había presentado el sindicato ante el caso de una trabajadora marroquí que había sido despedida tras haber sido operada de cáncer.

Después de 20 años ligada a una empresa onubense dedicada a la recogida de fresa, se prescindió de los servicios de la mujer trabajadora alegando que no estaba en condiciones físicas, aun habiendo superado la enfermedad y pasando por un tratamiento. Con el apoyo del sindicato, denunció y en el acto de conciliación se logró su readmisión. “Que no se queden con nuestros derechos, luchar sirve de algo, porque a la vez que defendemos a nuestros vecinos y vecinas, nuestras compas en origen también tienen unas condiciones que hay que respetarse”, sentencia.

Cristovão competía de pequeño contra su tío para ver quién pintaba mejor. El paisaje, los edificios, los animales que pasaban, cualquier color y forma apresaba su imaginación para plasmarlo rápidamente en el papel. “Solía ganar yo”, ríe sentado en la recepción de la residencia de estudiantes en la que vive desde hace seis meses en Sevilla. Ahora, con 21 años, su deseo es llegar a diseñar las viviendas del futuro de su tierra, Guinea-Bisáu, saber qué tecnología usar para hacerlos más eficientes y, sobre todo, contribuir a una mayor sostenibilidad en su entorno.

Para cumplir su sueño, Cristovão Wilkey Pereira Sanhá primero está cursando un ciclo de formación profesional en Proyectos de Edificación en la Escuela Politécnica Superior, ubicada en el barrio de Los Remedios, con el apoyo de la ONG Periodistas Solidarios, cuya labor social en el país africano ha servido como puente para que el estudiante haya superado los obstáculos burocráticos en España. Tras lograr la homologación de su título académico, mandaron la solicitud a las universidades públicas andaluzas, pero su nivel educativo no era suficiente para pasar el corte de las inscripciones. Por ello, la FP se convirtió en la oportunidad para colocar unos cimientos fuertes con los que fortalecer su conocimiento: “No ha sido fácil, porque fueron dos años de espera hasta que logré venir a Andalucía”.

“Tengo muchísimas cosas que aprender aquí como, por ejemplo, sobre innovación, tecnología o digitalización, y por eso prefiero quedarme y aprovechar el tiempo para luego intentar desarrollar ciertas cosas que tienen que ver con la sostenibilidad en las obras de mi país”, remarca. La adaptación a lo largo de estos seis meses ha sido dura, más para entender los términos técnicos del idioma o adecuar su nivel al de sus compañeros, siendo la asignatura de Estructura y Reordenamiento una de las que más costosas. “Es difícil, pero estoy muy fuerte”, subraya. En un primer momento, intentó cursar sus estudios en Portugal, pero fue inviable a causa de los altos costes que tenía que enfrentar su familia y su padre, que conocía la ONG Periodistas Solidarios, solicitó a la organización colaboración con tal de seguir más posibilidades y medios con los que lograr que su hijo tuviera una buena proyección laboral.

El camino: la educación

En la actualidad, la situación de Guinea Bisáu es convulsa. El pasado mes de noviembre sufrió un golpe de Estado a manos del general Denis Ncanha, jefe de la casa militar del palacio de la República, a las puertas de las elecciones. La que fuera la primera colonia portuguesa que logró la independencia en 1974 continúa siendo una economía eminentemente agrícola y ganadera, aunque se ha convertido en uno de los puntos claves para el mercado de la cocaína. Una nación que, aun desestabilizada, tiene la fuerza de su juventud, ya que, de los 1,6 millones de habitantes que viven en el territorio, se estima que los menores de 24 años representan el 60% de la población. “Mi país tiene un nivel de pobreza muy grande, pero creo que vamos a conseguir cambiar muchas cosas”, afirma, confiado.

Al otro lado del Atlántico, sus hermanos le piden que cuente cómo es su día. Qué está haciendo, a quién conoce, cómo es la ciudad, unos detalles que les da en cada llamada que mantienen. Pronto les explicará tanto a ellos como a sus vecinos cómo potenciar el proceso de reciclado, una de las cuestiones que más entusiasman al estudiante y que refleja la sensibilidad de las nuevas generaciones por el bienestar del planeta frente a la explotación desmedida de recursos. “Es una de las mejores cosas que hay aquí, no solo se trata de usar y dejar, sino de crear una cadena para que todo sea renovable, ya que una de las cosas que más afectan a África es la contaminación del ambiente”, resalta.

Cristovão atiende a cada medio de comunicación con desenvoltura. No parece nervioso y su español ha mejorado a grandes pasos a base de escucha y lecturas en apenas seis meses. A su lado, quien ha remado a su favor es Rodrigo Elías Zambrano, perteneciente a la ONG Periodistas Solidarios. La organización, nacida en el seno de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), mantiene su labor humanitaria en el país a través de varios proyectos, como la construcción de centros sanitarios y educativos o la rehabilitación de algunas infraestructuras, como en el hospital regional de Bafatá, la segunda ciudad más poblada de Guinea-Bisáu. También, apoya en el desarrollo de la sociedad en materia de género e igualdad con iniciativas en torno a la comunicación, como Radio Mulher, en Bafatá, dirigida solo por mujeres.

Lograr que realice las prácticas de FP

Dentro del área educativa, la entidad colabora en la formación de 30 alumnos de secundaria y becan la carrera académico de otros cinco universitarios, por lo que la atención al estudiante se enmarcaría dentro de estos esfuerzos por las generaciones más jóvenes. “Han sido dos años de gestiones porque España no tiene convenio con Guinea-Bisáu, así que la homologación fue complicada, pero se consiguió”, rememora, “y los profesores están muy contentos con él por el empeño que le está poniendo, porque las carencias educativas las suple con ganas y motivación”. Sin embargo, no podrá desarrollar las prácticas de empresa que están contempladas en el programa de la FP debido a que no tiene número de la seguridad social. En plenos trámites para regularizar su situación en el país, aun ya teniendo el visado portugués, buscan una vía para que el curso siguiente pueda completar el itinerario académico.

Las trabas administrativas al alojamiento las han salvado esta vez gracias a la colaboración desinteresada de la residencia Kadora. Un complejo diáfano que acoge a 680 alumnos y alumnas que vienen a Sevilla para completar sus estudios: “La oportunidad para que estudie en España ha surgido gracias a la educación pública de Andalucía y, en cuanto a la vivienda, sin la ayuda de esta residencia sería imposible porque los costes para mantener a un alumnado en la ciudad es muy elevado”. Tirando de las viejas amistades forjadas en la escuela, Elías-Zambrano logró convencer a Edmundo Hernández, director del ente, con posibilidades de prorrogar para el año que viene. “Estamos muy agradecidos a la residencia porque, si no, este curso habría sido imposible”, admite.

Como Cristovão se incorporó en la convocatoria extraordinaria de FP en septiembre, los trámites con la administración se antojaron lentos para la urgencia del caso. De ahí que, en esta primera ocasión, la ONG no acudieran a los organismos públicos. “Pusimos todo en marcha deprisa y corriendo porque, hasta entonces, todo habían sido negativas”, llegando a acoger en su casa al joven durante las primeras semanas.

Esto ha sido, de algún modo, una experiencia piloto para la organización, así que tomarán apuntes y analizarán qué tomar y dejar de este aprendizaje colectivo. Edmundo Hernández, director de la residencia, comparte que uno de los propósitos del traslado del joven de Guinea-Bisáu a España era que también socializara con jóvenes de su edad. “La cuestión era que no estuviera aislado, sino con gente joven, de su edad, por lo que estamos encantadísimos de recibirlo”, indica, “nos está ofreciendo una visión diferente a la que tienen los chicos de aquí y siempre con simpatía, contento y alegre”. Es la primera vez que acogen una iniciativa similar, pero tampoco descartan que se pueda repetir.

La primavera resplandece en Sevilla y Cristovão quiere preguntar por la posibilidad de pertenecer al club de la residencia. Es uno más en la capital hispalense, porque vive esta experiencia de manera plena y, mientras juega al fútbol con sus compañeros y desarrolla su interés por las artes audiovisuales, se congratula de haber hecho nuevos amigos tan rápido, “son personas maravillosas, y eso que no esperaba que fuera a ser tan fácil”. La semana próxima se celebra la Feria de Sevilla y ya lo han invitado a acudir con ellos, todo un logro dentro de la idiosincrasia andaluza.

Andalucía acumuló casi un tercio de los crímenes machistas de 2025 del conjunto del país. En una reunión de crisis a primeros de año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamaba la incorporación de más ayuntamientos al sistema VioGén con tal de redoblar las medidas de seguridad ante unas cifras que, tras dos décadas, solo alcanza al 34% de las corporaciones locales en España, mientras que en la comunidad incrementa ligeramente, hasta el 37,2%: solo hay 292 municipios integrados del total de 785. A falta de un frente común, se suma el discurso negacionista contra la violencia de género que ha terminado por “calar” en las políticas de igualdad desplegadas en el territorio, profundizando en la grieta que existe.

Hace solo unas horas se ha producido el último asesinato machista en Andalucía, en concreto en la localidad de Fuensanta, en Córdoba. Un hombre de 65 años fue detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 64 años. Ambos estaban en el sistema VioGén y sobre él pesaba una orden de alejamiento, mientras que ella contaba con protección por parte de la Policía Nacional. El crimen se produjo una hora antes de que se produjera un juicio rápido por violencia de género. Una vez confirmado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) eleva a cuatro los homicidios cometidos en Andalucía desde principios de año, siendo ya 16 las mujeres víctimas de la violencia machista y habiendo nueve casos en los que no constaba denuncia previa.

Para formar parte del sistema VioGén hay tres requisitos en los convenios que suscriben los ayuntamientos y el Ministerio de Interior: voluntad política, capacidad de interlocución y de acción coordinada entre las administraciones, y una financiación estable para facilitar la formación y los aspectos técnicos, resume Laura Flores Anarte, investigadora del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (US) y especialista en la materia.

La firma del convenio para ingresar en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) supone la coordinación entre las distintas administraciones. Con ello, la policía local pasa a realizar funciones de protección y seguimiento de los casos de violencia de género notificados —que se califican en nivel de peligro bajo, medio o no apreciado— y, al mismo tiempo, acceden a la información que hay disponible en la plataforma. Esos datos también están disponibles para los servicios municipales, desde donde se contribuye a perfeccionar las estadísticas con la subida de nuevos informes.

A partir del último informe, la distribución por provincias andaluzas sería: Almería (32); Cádiz (22); Córdoba (44); Granada (60); Huelva (20); Jaén (44); Málaga (23) y Sevilla (47), siendo el último Gerena. “Tras la crisis económica de 2008, los recursos públicos destinados a políticas públicas de igualdad en general y a la lucha contra la violencia de género en particular, se vieron diezmados a todos los niveles territoriales”, señala la experta. “Por ejemplo, la partida específica destinada por el Estado a los servicios de atención a las víctimas de violencia de género gestionada por las CCAA se vio reducida en un 50%”, detalla, recortando en presupuestos específicos y disminuyendo los recursos disponibles.

Discurso negacionista

En 2016, con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se logró recuperar el colchón económico perdido. Con una inversión prevista, ¿cuál es el obstáculo ahora? El último lustro ha estado marcado por una realidad mucho más acuciante: el negacionismo de la violencia de género: “Hay un repunte de los discursos que deslegitiman las leyes de igualdad por considerarlas ideológicas o sectarias y defienden la vuelta a unos valores patriarcales tradicionales; esto ha calado en las instituciones y ello se traduce en la pérdida de prioridad política de la articulación de las medidas en ellas previstas”. Prueba de ello, las declaraciones de Juan Fernández, alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, quien sostuvo que el hombre que asestó 50 puñaladas a su mujer la “quería mucho”.

Sin este tipo de declaraciones, pero sin haber dado el paso, está Benalmádena, en Málaga, una de las ciudades de más de 50.000 habitantes que no forman parte de VioGén. A preguntas de este medio, fuentes de la corporación dirigida por Juan Antonio Lara (PP) indican que “el seguimiento y la protección de las víctimas de violencia de género en el municipio están plenamente garantizados a través de la Policía Nacional”. Añaden que, a través de la Policía Local, “se mantiene una coordinación y colaboración permanentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como con los servicios sociales y asistenciales, garantizando una respuesta integral y eficaz”. Con una política de “tolerancia cero frente a la violencia de género”, aseguran que los agentes tienen formación específica y que la Mesa Técnica Contra la Violencia de Género coordina “los casos concretos” con el apoyo de un equipo interdisciplinar.

En lo concerniente a municipios de menor población, desde el Ministerio de Interior se explica que hay algunas trabas, como que los policías locales destinados a estas zonas solo tengan competencias administrativas o que se debe estar en disposición de integrar los servicios sociales en el sistema, lo que no siempre es posible. Ante la ausencia de esta herramienta en gran parte de Andalucía, subrayan que los gestores de VioGén “coordinan la reorganización de todos los recursos disponibles” en cada territorio, con tal de que nadie quede desprotegida “con independencia de su lugar de residencia”. Así, especifican que es función de las delegaciones del Gobierno mediar con los distintos interlocutores políticos para conseguir ampliar el área de actuación.

Impedimentos a la hora de acceder a la información

Pero, ¿qué ocurre en el día a día? Un trabajador del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, parte de VioGén, apunta a la falta de accesibilidad. La información sensible del sistema está disponible para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Junta de Andalucía, y para los agentes policiales, excepto para los servicios sociales. “Desde los centros integrales de atención a la mujer (CIAM) lo reivindicamos desde hace mucho tiempo, porque es muy importante en el trabajo que realizamos con las mujeres”, asevera la fuente consultada.

La recepción de un nuevo caso corre a cargo de la trabajadora social, que luego articulará una estrategia de abordaje junto al equipo formado por una asesora jurídica, una auxiliar administrativa y una psicóloga. Ese primer contacto es clave para dirimir cuáles son las atenciones que necesita la posible víctima que se acerque a las instalaciones. “No sabemos cuál es la traba y desde el Ayuntamiento nos dicen que se ha intentado en alguna ocasión, pero hay que volver a insistir”, manifiesta.

En respuesta a este periódico, el Ayuntamiento de Sevilla señala que, tanto en el gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) como en el actual de Jose Luis Sanz (PP), se “ha reclamado continuamente”, tanto de forma pública como por escrito en abril y junio de 2023. En la actualidad, la información es manejada tan solo por el grupo especializado que hay en la Policía Local, apuntan. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla indica que el convenio con Interior no contempla el acceso al sistema de los servicios sociales de ayuntamientos ni al propio CIAM, en todo caso, en la denuncia de la víctima se debe autorizar expresamente a que sus datos pasen al IAM.

Bárbara Sordi, investigadora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, atiende a este medio. Hace pocos días, el equipo liderado por el investigador de la US, Juanjo Medina, hizo entrega de las primeras conclusiones de Proyecto RiskPol - Vigilancia policial basada en el riesgo de la violencia de pareja y el modelo de riesgo VioGén, cofinanciado por la Junta de Andalucía. Todavía no se pueden desvelar los resultados finales, pero la especialista habla sobre los puntos positivos y los desafíos que entraña la colaboración entre la academia, la Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado.

Primero, especifica que VioGén no deja de ser una herramienta dentro de un aparato de protección mucho más complejo en el Estado, con diferentes escalas y responsabilidades: “En Andalucía, hay que apostar por el incremento de este y otros recursos para extenderlos a todos los rincones, porque vemos un avance, y esta autonomía ha sido pionera en muchas cuestiones, pero existe un repunte y hay una evidencia: el discurso negacionista está cuajando cuando hay datos evidentes de violencia y de victimización entre jóvenes”. Con un marco legislativo más robusto que en el pasado, contempla el efecto de la manosfera entre las nuevas generaciones, “hay un problema de base”.

A tenor de las estadísticas de VioGén, llama la atención sobre que en el último informe publicado por el Ministerio de Interior había alrededor de un 50% de mujeres que habían interpuesto una denuncia previa. “¿Qué significa esto? Que escaló la violencia, por tanto, no estamos haciendo la labor desde el sistema de justicia a la hora de brindar las medidas de protección”, resalta.

Nuevo VioGén

La auditoría realizada por la Fundación Éticas, en colaboración con la Fundación Ana Bella, desveló que se subestimaba el riesgo para las víctimas, ya que hubo 71 falsos negativos y solo 55 mujeres recibieron algún tipo de protección policial debido a que el 73% de los casos no había presentado una denuncia policial y, en consecuencia, no se había asignado una puntuación en la valoración de riesgo (VPR) o la de evolución del riesgo (VPER). Al respecto, Laura Flores, investigadora de la US, añade que de esta forma quedaron comprobadas las deficiencias estructurales del primer modelo: “Un criterio determinante para el algoritmo que califica el riesgo al que se encuentran expuestas las víctimas eran los recursos policiales disponibles, de tal manera que el sistema solo da el número de puntuaciones de riesgo extremo que se puede permitir”.

Además, se le daba mayor peso en el cuestionario a la violencia física, subestimando así a la psicológica, y solo se permitían respuestas binarias, “lo que dificulta la precisión en la descripción de las realidades”. Con la puesta en marcha de VioGén 2 en enero de 2025, la finalidad es revertir estos fallos y lograr una herramienta a pleno funcionamiento en la que se produzca una gestión más rápida y concisa de los datos. La violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a mujeres embarazadas o las amenazas de asesinar a los hijos serán incorporados como indicadores de riesgo para predecir el comportamiento del maltratador, anunció Interior en enero de este año. “Ahora habrá que ver los efectos de su efectiva implementación”, determina la investigadora.

Pilar, primera víctima por violencia machista este año, tenía 38 años y vivía en la localidad jiennense de Quesada. Estaba registrada en el sistema VioGén, pero su cuerpo fue hallado sin vida el 4 de enero. Alba Oseguera Gutiérrez, parte del Área de Feminismos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), retoma el quid de la cuestión: “Falta una mayor inversión y unos servicios que sean integrales. Por ejemplo, con la actual crisis de la vivienda hay muchas mujeres que no pueden dejar atrás a su maltratador e iniciar una nueva vida. La vivienda es uno de los puntos fundamentales de protección y reinicio”.

Con fecha de marzo, en Andalucía hay un total de 27.196 casos que están en activo y 1.286 supervisados. Del total de activos, hay 23.656 con calificación de riesgo baja, otros 3.316 en riesgo medio, mientras que 220 que de riesgo alta y 4 calificados como riesgo extremo.

Unai Sordo (Bilbao, 1972) analiza desde Sevilla el contexto sociopolítico en el que España goza de una macroeconomía fuerte aunque atravesada por una crisis habitacional y una amenazadora inflación frente a una guerra que pone en apuros el orden internacional. El secretario general de CCOO, elegido para un tercer y último mandato, descarta participar en cualquier confluencia de izquierdas, pero su visión es nítida: más vale dejar a un lado las luchas internas para conformar un mensaje claro y directo para la movilización del voto. Ante unos 2.000 delegados, arengó a la asamblea andaluza a pasar a la acción, pese a la resistencia de la patronal para la mejora de los salarios o el registro horario, en donde también reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no asuma una postura única en su compromiso con los sindicatos.

Acabamos marzo con datos récord, tanto a nivel nacional como en Andalucía. Mientras que el Ejecutivo nacional y autonómico lo celebran, la oposición lo tacha de maquillaje. ¿Cuál es la lectura que saca el sindicato?

Los datos de empleo son los mejores que ha dado España a lo largo de su historia y esto es incontestable. Es muy curioso que cada una de las comunidades autónomas, incluso las 11 del PP, lo digan, mientras que el acumulado sostengan que son datos “maquillados”. Más allá del politiqueo, nunca ha habido más gente trabajando que ahora en el país. España está en disposición de alcanzar el pleno empleo en el próximo lustro si continúa la transición energética como un factor de atracción de inversión productiva. Ahora, el reto es que ese empleo sea de calidad y lleve asociado salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes. Ese es el gran reto, porque hay 10 millones de personas en España cuyos salarios están estancados desde hace años.

En ese proceso de transición, Andalucía atrae la industria del hidrógeno verde, pero falta mano de obra especializada, mientras que, por ejemplo, la generación Z no quiere trabajar en la hostelería dada las condiciones que ofrece. ¿Cómo se logra que la patronal responda a estos requerimientos?

El problema de vacantes que aludían los empresarios era bastante tramposo, pero creo que a partir de ahora sí será real. En algunos casos, está relacionado con los salarios y, en otros, con el coste asociado a trabajar, por ejemplo, a aquella gente que se tiene que desplazar a las costas para trabajar en la hostelería y tiene que pagarse un piso no le sale a cuenta. Por tanto, la vivienda empieza a ser un problema grave en la movilidad laboral interior de España. Los sectores que necesiten mano de obra van a tener que pagar buenos salarios, y España tiene que aspirar a transformar paulatinamente su modelo productivo, recuperando industria y que el precio de la energía sea atracción de inversión para reequilibrar.

Es una transformación que a muchos le quedará muy lejos.

Las cosas no cambian de un día para otro. Da la impresión que olvidamos cómo era la economía de nuestro país hace apenas diez o 20 años, dependientes de sectores que se basaban en una enorme burbuja financiera y especulativa y sectores que se vinieron abajo en la anterior crisis.

Por tanto, la transformación del modelo productivo requiere de políticas industriales, de planificación sectorial, mucha inversión pública que a la vez movilice inversión privada, un poco lo que se ha hecho tras la pandemia. Todavía es insuficiente, pero no cabe en ningún caso dar marcha atrás. Igualmente, es muy peligroso que haya fuerzas que bajo el paraguas del negacionismo climático aspiren a que España vuelva a seguir dependiendo del petróleo y del gas que hay que comprar fuera en un contexto de inestabilidad mundial como no hemos conocido en décadas.

Nunca ha habido más gente trabajando en el país y el reto es que sea empleo de calidad, con salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes

En Andalucía, CCOO, junto a UGT y otras asociaciones, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el derecho efectivo de acceso a la vivienda. Sin embargo, se presenta en un momento en el que se acaba de aprobar la ley autonómica. ¿Será efectiva una medida y se replicará en otras comunidades?

Hay que dejar claro que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y el bloqueo de la ley estatal, que se quedó corta, está en las comunidades. Por ejemplo, no decretando la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. España necesita hacer un gran pacto de país para garantizar el acceso a la vivienda, porque se necesitan 2 millones de casas a precios asequibles en la próxima década, además de movilizar vivienda vacía y poner freno a los nuevos usos especulativos de la compra o el uso abusivo como bien turístico.

Aparte, hay que favorecer medidas de carácter fiscal para evitar que los pisos permanezcan cerrados, al igual que garantizar precios de alquiler asequibles pudiendo dar a la vez garantías de cobro a los propietarios y la construcción de un parque de vivienda pública que nunca se desclasifique. Hay que hacer todo esto, y todo a la vez. Con medidas paliativas no se va a arreglar este gran problema de fractura social que ahora mismo existe en España.

¿CCOO impulsará la medida en otras comunidades?

Se estaba planteando la posibilidad de hacerlo en Madrid, pero en este momento no hay planificadas más ILP. En todo caso, es una reivindicación muy sentida en la ciudadanía. La gente joven está demorando su vida autónoma y, por otro lado, hay una parte de la población donde el 50% o el 60% de sus ingresos se tienen que dedicar a alquileres abusivos o a hipotecas desmesuradas. Esto es un desastre en términos sociales y económicos, como los desplazamientos laborales. En las islas es evidente, y no solo en hostelería, ya que ni los empleados públicos quieren ir a trabajar a un sitio donde casi todo el sueldo se lo dejan en un alquiler.

En el ámbito de las movilizaciones sociales, el Estatuto Marco ha levantado ampollas en el sector médico y, en Andalucía y el resto del país, estas protestas han sido lideradas por los sindicatos sectoriales. ¿Hasta qué punto sustituyen a los sindicatos de clase como CCOO o UGT?

Nuestro secretario general de la Federación de Sanidad es médico. No está escrito en ningún sitio que los sindicatos corporativos representen en exclusiva a los médicos y nos parece legítimo que cualquiera reivindique lo que quiera, faltaría más.

Ahora, no compartimos la corporativización de la función pública hasta el punto de que, en este caso, se segregue un colectivo y los médicos busquen un rancho aparte a través de un estatuto propio que les independice de alguna manera del conjunto de los empleados de la sanidad pública. El acuerdo marco es muy relevante y muchas de las reivindicaciones que están ahora encima de la mesa pueden ser compartidas, aunque buena parte de las condiciones están en manos de las comunidades autonómicas. Insisto, cada uno tiene legitimidad de hacer lo que considere.

No es de recibo que el Gobierno en su totalidad no reme a favor de la reglamentación del control horario. No puede ser bicéfalo, perdería la buena fe en la negociación con los sindicatos

Solo el 18% de los asalariados entre los 25 y 44 años están en un sindicato. ¿De qué forma se retoma su confianza?

Hay un cierto problema de afiliación de la gente joven en los sindicatos. En España, la gente se afilia cuando va estabilizando sus condiciones laborales, en torno a los 30 años. Esto es así y debemos tener más presencia, por ejemplo, en los centros formativos y un mensaje más comprensible.

En todo caso, una tasa de afiliación del 18% en un país como España, donde los derechos que se consiguen en el convenio colectivo son de aplicación igual, tanto para el afiliado como para el que no, no es ningún tema menor. Hay países en el que el sindicalismo gestiona el acceso a la prestación de desempleo o a la pensión, o que el convenio colectivo solo se aplica a las personas afiliadas. Los datos de afiliación son los que son, pero nadie tiene más afiliados que CCOO, con 1,8 millones de personas y 112.000 delegados y delegadas de personal elegidos en las empresas, mientras que en Andalucía es el más representativo con 150.000 afiliados y algo más de 18.000 delegados.

¿Cómo van los contactos con la patronal para sentarse a negociar el gran pacto de negociación colectiva pendiente (AENC), clave para las subidas de salarios? 

Va lento. Pusimos encima la mesa una propuesta salarial que era una subida para este año y los dos siguientes de al menos el 4% y en los convenios que estén por debajo de la media con incrementos adicionales de hasta un 3%. En total, un 7% que podía parecer una subida desmesurada, pero tal como están yendo las empresas españolas y según se prevé la evolución la inflación, no me parece ningún disparate. ¿Qué pasa? Ante la incertidumbre de la guerra, de los precios, del posible corte en las cadenas de suministro, se da un escenario que complica muchísimo una negociación para llegar a un acuerdo marco de convenios.

¿De qué manera presionarán?

De momento, estamos todavía en la fase de inicio de contactos. En todo caso, si vemos una negativa de la patronal a abordar esta negociación, promoveremos movilizaciones desde la realidad de los convenios colectivos. Creo que habrá alguna noticia antes de verano.

Acerca de los horarios, se alcanzó el acuerdo para las 35 horas en la Administración General del Estado, mientras que la reducción de la jornada a 37'5 horas no se logró. ¿Esta reivindicación quedará en papel mojado?

La intención era situar esta reivindicación en el marco de este acuerdo de convenios colectivos, ver cómo evoluciona y, antes de que acabe la legislatura, volver a reiterar la necesidad de aprobar por ley la reducción de la jornada laboral. Aun así, somos conscientes de las mayorías políticas que otorgó la ciudadanía en las elecciones generales y la reducción de la jornada laboral no sale con los números que hay en el Congreso. Estamos haciendo la guerra de guerrillas de los convenios colectivos y, si hay un bloqueo, plantearemos elementos de protesta.

Si vemos una negativa de la patronal a abordar la negociación a la subida salarial, promoveremos movilizaciones a través de los convenios colectivos

¿Cómo ve la prórroga de un año que ha pedido Economía a Trabajo para el refuerzo de los registros horarios?

El hecho de que el Consejo de Estado haya dado audiencia a las organizaciones empresariales y no a las sindicales, me parece desleal con la negociación que hemos llevado con el propio Gobierno. El gobierno es uno para los sindicatos, no hay dos ni tres. Es uno.

Hemos negociado de buena fe con la patronal, sin que fuera posible llegar a un acuerdo, y hemos negociado de buena fe con el Gobierno, siendo capaces de llegar a un acuerdo. Se bloqueó la reducción de jornada y pensábamos que se podía aplicar el control horario. Ahora bien, no es de recibo que la totalidad del Gobierno no reme a favor de esa reglamentación del control horario y el pronunciamiento del Consejo de Estado no lo compartimos en absoluto.

¿Cree que el ministro Carlos Cuerpo será el contrapunto de Yolanda Díaz?

Insisto, el Gobierno no puede ser un bicéfalo. Tiene que argumentar y pactar sus propias posiciones internas como gobierno de coalición, pero cuando negocia con los agentes sociales, sea Trabajo, Seguridad Social, Igualdad, Migración, la posición que está sobre la mesa es la del conjunto, si no, no sería un gobierno serio.

Por tanto, no vamos a aceptar que negociemos con el Gobierno, lleguemos a un acuerdo con el Gobierno y luego el Gobierno diga que no está de acuerdo con lo que hemos pactado consigo mismo, porque esto sería perder la buena fe en la negociación.

Clamaba por un impuesto negativo al IRPF para paliar los efectos de la guerra en Irán. ¿Cree que son insuficientes las medidas del Ejecutivo central?

Sí, porque las medidas han de ser escalonadas en función de cómo evoluciona la guerra y de su impacto económico. Las primeras han ido dirigidas a tratar de contener el impacto sobre los combustibles en transportes y de los fertilizantes para el mundo agrario, pero el conflicto ha seguido y los precios acaban contaminando el conjunto de la cesta de la compra.

Veremos cómo evolucionan las cosas en Irán, pero la inflación se incrementará en los próximos meses, así que lo lógico sería proteger la renta de las familias con menos ingresos de la forma más simple posible, en vez de demandar ayudas, ya que hay mucha gente que las desconoce o no tiene los medios para hacerlo. Por tanto, un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Podemos, Izquierda Unida y Sumar han confluido en Por Andalucía. ¿Cómo valora este pacto de última hora? ¿Cree que se puede replicar a nivel nacional?

Mantenemos un absoluto respeto institucional a las decisiones que tome cada partido. A partir de ahí, cuanto menos se le hable a la gente de las cuitas de los partidos y más de los problemas de la gente, será más fácil que te voten. En general, cuanto antes se salgan los partidos de la metapolítica, casi que mejor, y estoy convencido de que las fuerzas de izquierda están haciendo eso ya.

¿Es eso trasladable al conjunto de España? No tengo ni idea. Lo que tiene que ocurrir es que las fuerzas que concurran en la izquierda lo han de hacer con un mensaje nítido, identificable y confiable. La gente tiene que saber cuáles son los objetivos prioritarios en un contexto, no olvidemos, donde el riesgo reaccionario que tiene España, como otros países europeos, no es una amenaza, ya está aquí. La extrema derecha está gobernando Estados Unidos y es la antesala del caos y, quizás, de la fragmentación y del declive europeo.

Las condiciones materiales de vida de la gente son fundamentales en este contexto y creo que las izquierdas se tienen que situar ahí. Luego, que concurran como decidan, si bien la fragmentación por provincias se paga. Vuelvo a lo mismo, más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, lo que tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad.

Un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España

¿Le han propuesto pertenecer a alguna confluencia y dar el salto político?

No me lo ha planteado nadie y con buen criterio, porque no hace ni siquiera un año que empecé el tercer mandato en CCOO. Sé que ha habido rumorologías de todo tipo, pero, en fin, no le doy mayor importancia.

En las elecciones de 2012 cuando se postulaba Javier Arenas (PP), la movilización de los sindicatos fue clave para alentar el voto progresista. ¿Podría suceder ahora lo mismo ante un Juanma Moreno que quiere revalidar su mayoría absoluta?

No somos un agente político en el sentido de que no estamos para pedir el voto para ninguna sigla, esto tiene que quedar absolutamente claro. Somos una organización autónoma, pero no quiere decir que seamos una organización ni equidistante ni que no se sienta apelada por la vida política. En función de cómo se determinen las mayorías en las instituciones, las políticas para la gente trabajadora son unas u otras y, desde ese punto vista, lo que vamos a hacer en Andalucía es sacar una batería de propuestas y trasladarlas a los partidos políticos. Lo que sí haremos será una apelación a la participación y también dejaremos un mensaje claro: vivimos un momento de excepcionalidad democrática donde hay que ser conscientes de los riesgos involutivos que vivimos en Andalucía, en España y, me atrevería a decir, en Occidente.

Más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, las izquierdas tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad

En la asamblea organizada en Sevilla decía que se habían votado a mamarrachos y a delincuentes. Hay una desafección y una inmovilización por parte de la izquierda, pero es lo votado.

Si se vota a un personaje como Trump, evidentemente antidemócrata, un narcisista de libro, una persona que intentó forzar poco menos que un golpe de estado con el asalto al Capitolio, pues lo lógico es ver cómo a un mono le das una pistola y se lía a tiros. Es lo que está haciendo, poniendo patas arriba el mundo con un riesgo de escalada militar, incluso de carácter nuclear, como no hemos conocido en décadas y, en efecto, es el resultado de unas elecciones. Cuando la gente vota con las tripas pueden ocurrir barbaridades de este calibre. Hay que decirle a la gente la verdad: votar a reaccionarios provoca políticas reaccionarias.

El comienzo de la campaña andaluza es el 1 de mayo. ¿Cómo ve esta coincidencia y cuáles son los objetivos del sindicato para el Día Internacional del Trabajo?

Esa coincidencia la decreta Moreno Bonilla. El primero de mayo tiene una característica, y es que siempre cae el primero de mayo, así que nos movilizaremos y plantearemos las reivindicaciones bajo el esquema de las asambleas: salario, tiempo, techo, servicios públicos, democracia y paz. La necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, de contener los precios de la vivienda, de no solo reducir la jornada de trabajo, sino organizar convenientemente el tiempo de trabajo, así como reforzar los servicios públicos y hablar de la vigencia de la democracia, que está amenazada como pocas veces.

“Cojamos nuestra bandera, porque lo más grande que tenemos es nuestra identidad”, manifestó el abogado Juan Silva de los Reyes ante sus primos. Con el micrófono en mano y de pie, recordó a la comunidad la indiferencia y la discriminación que sigue sufriendo el pueblo gitano en la actualidad, cuando la violencia física es sustituida por el ataque escurridizo de un sistema que utiliza la homogeneización social para silenciar. “El racismo que estamos viviendo es peor que el de 1749, porque aquel te condenaba físicamente, quería aniquilarte, y hoy nos quitan de enmedio, no con violencia, pero sí con asimilación”, compartió con quienes lo escuchaban.

La Torre del Oro se recortaba contra la cristalera del salón del restaurante Abades de Triana, lugar escogido este martes para la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano. El diálogo intergeneracional dio la oportunidad para que se expresaran unos y otros desde el público, en donde también se encontraban los representantes políticos del Ayuntamiento de Sevilla, como Antonio Muñoz (PSOE), Susana Hornillo (Podemos) y José Ángel Velez (PP), y de la Junta, con el delegado Ricardo Sánchez Antúnez. Ante ellos, Silva de los Reyes hizo hincapié en que la conmemoración del 8 de abril no es baladí, sino que refleja los retos que quedan por conquistar: “La militancia gitana no se puede quedar en un gesto, en una pose, por muy negra que sea tu cara, porque tiene que ser profunda y activa”.

Un caso que saltó recientemente a los medios fue cómo un tanatorio de Madrid negó la asistencia a una familia por el hecho de ser gitana. Por el momento, hay hasta cinco casos detectados por el bufete de abogados del letrado, en los que el que el servicio funerario reiteró que todas las salas estaban completas cuando los recibieron por petición de sus respectivas mutuas. “Si ya no podemos velar a nuestros muertos, decidme qué se diferencia el racismo de aquel tiempo con este más lacerante, que con la asimilación y la desunión nos separa”, argumentó en un discurso marcado por el principio de interculturalidad en vez de integración. Allí, reunidos, hubo ocasión para tomar conciencia del pasado y planificar el rumbo de una comunidad que aún sufre obstáculos para alcanzar la igualdad, tanto para el acceso de una vivienda, de recursos sociales, como para que se plasme su impronta en las aulas.

“Memoria compartida”

Al respecto, Alejandra Moreno, coordinadora de la Red Juventud Gitana de Fakali, reivindicó que “la historia y la cultura del pueblo gitano por fin estén en un libro de texto, como un pilar para nuestros niños y niñas y la sociedad mayoritaria, porque, aunque parezca que no, eso hace que haya un cambio”. En 2024, se actualizó la LOMLOE para incluir en el curriculum educativo la historia y cultura del pueblo gitano, una adecuación que va acorde a la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano en España (2021-2030) en vista de la situación que pervive, como que la brecha educativa haya aumentado en la última década y el abandono escolar entre la población gitana haya pasado del 63% al 87,5%, o que, de media, vivan diez años menos que el resto de etnias.

Con unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, Moreno subrayó que el acceso a la vivienda sigue siendo una tarea pendiente. “Hay una realidad muy importante sobre el pueblo gitano: seguimos en un alto porcentaje en zonas de exclusión social, por lo que necesitamos que las autoridades sean nuestros aliados a la hora de intentar romper con todo y separar lo que es la cultura gitana de la cultura de la marginalidad”, a lo que añadió que, entre los objetivos de la asociación, está mostrar el prisma de cuidados que mantiene la comunidad gitana en un tiempo en el que la soledad no deseada campa y deja aisladas a las personas mayores.

Con el cante de Malena Carrasco, cuya voz hizo resonar en las aguas del Guadalquivir Sangre, sangre, de Juan Peña El Lebrinajo, se mostró la cara de la mujer gitana, aquella que ha sostenido la identidad de su pueblo a través de generaciones y para la que se reclama un reconocimiento justo y unánime. En el escenario, la cantaora se mostró “orgullosa” de ser gitana, de ser mujer y de vivir de la música sin ser señalada. A este lado del río, sus palabras se complementaron con el manifiesto que compartió Fakali, en el que se celebró la identidad romaní como una cuestión de honor y responsabilidad que no responde a un solo día al año, sino a la defensa de un legado: “Nuestra historia se sostiene en la memoria compartida, somos parte de este mundo y existen otras formas de habitar la sociedad”, y donde los medios de comunicación deben asumir “con responsabilidad” la representación de sus integrantes sin alentar discursos de odio ni conductas antigitanas.

La exposición que rodeaba al evento dejaba a ojos del visitante fechas claves para entender las zozobras vividas por la comunidad gitana. El 30 de julio de 1749 tuvo lugar La Gran Redada o Prisión General de Gitanos: a las órdenes del obispo de Oviedo y autorizado por el rey Fernando VI, el objetivo principal era su expulsión, pero terminó derivando en un exterminio en el que murieron 9.000 personas gitanas, de las que se estima que 6.500 procedían de tierras andaluzas. Otro hito tuvo lugar en Sevilla, en el año 1753, apenas cuatro años después de la masacre nace la Hermandad de los Gitanos en la ciudad hispalense, fundada por Sebastián Miguel de Varas, para dar visibilidad y representación a los sobrevivientes de la persecución. Un acto de fe en la evolución de la sociedad circundante y una defensa de los propios principios del pueblo que clamaba por la justicia y la libertad.

Los pétalos de rosas echadas al Guadalquivir y las velas encendidas sobre la bandera romaní reunieron a los presentes en la Ceremonia del Río, un acto en el que se conmemora las pérdidas de tantas vidas y que sigue reuniendo a quienes preservan su legado.

La implantación para la producción de hidrógeno verde avanza en Andalucía con el empuje de inversiones multimillonarias para que la comunidad desempeñe un papel crucial dentro de un sector energético que busca alternativas limpias, rápidas y, sobre todo, eficientes y competitivas. En la actualidad, el Gobierno autonómico apunta que hay 6.200 millones de euros movilizados en diferentes proyectos, entre los que el Valle del Hidrógeno Verde de Huelva cobra vital importancia, ya que soporta toda la cadena de valor y se da paso a la comercialización de la energía. Pero, ¿qué ocurre con su almacenamiento? Una alternativa que cobra cada vez mayor protagonismo consiste en las infraestructuras subterráneas, donde la Universidad de Sevilla y la Asociación para la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) localizan las áreas más idóneas en el sur.

El almacenamiento subterráneo es una de las líneas de innovación tratadas en el Congreso Europeo del Hidrógeno, que tuvo lugar en Fibes y en el que participó Miguel Antonio Peña, secretario de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2). Llega y explica con entusiasmo: entiende la divulgación como el primer paso para que la ciudadanía sea partícipe de este proceso que, si bien no verá de forma palpable, significará el logro de unos objetivos marcados a nivel europeo y mundial. Durante su estancia en Sevilla, recorrió los expositores de investigadores procedentes de más de 40 países en las que se mostraron las principales novedades de un sector imprescindible para la transición energética y en el que la innovación apunta hacia la preparación de combustibles en el sector aéreo y náutico o los derivados, como el amoniaco o el metanol verdes.

“La Unión Europea se refiere al valle de hidrógeno como una zona geográfica donde se integra toda la cadena de valor del hidrógeno, desde el almacenamiento, la distribución y hasta el uso final, por lo que es muy importante la inversión para que este recurso no se vaya a otro sitio”, detalla. En este sentido, España es una de las llaves para conseguir la neutralidad climática para 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 en el continente europeo. En ese entramado, Andalucía goza de abundante espacio, horas interminables de sol y proximidad a los puertos estratégicos del Mediterráneo. “Esta tecnología ya es madura, ahora bien, por fin, comienza a ser comercial”, subraya, sobre todo al compararse con los combustibles fósiles.

La mirada internacional en China

El proceso para obtenerlo parece sencillo: se produce la electrólisis del agua —proceso en el que se separa el agua en oxígeno e hidrógeno—, utilizando electricidad generada exclusivamente a partir de fuentes de energía renovables como la solar o la eólica, por lo que su producción no genera emisiones de CO₂ a la atmósfera. Una tecnología que se remonta a comienzos de la II Guerra Mundial, recuerda el secretario de AeH2, pero los altos costes han impedido históricamente su desarrollo pleno y, con ello, que se haya generalizado de forma global.

“Es el quid de la cuestión: cómo se puede hacer para que los riesgos financieros sean más bajos”, por ejemplo, a través de las ayudas públicas que están dando las administraciones para lograr la independencia energética, más en un momento de inestabilidad internacional en el que un resquicio de autonomía puede inclinar la balanza. A ello, habría que añadir un marco jurídico estable: “Hay que evitar que ocurra lo que pasó con la fotovoltaica hace 15 años en España con el cambio de gobierno”. Por el momento, en el país hay proyectos con una capacidad de 43 GW para 2030, en vez de los 12 GW que había proyectado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es decir, el volumen se ha casi cuadriplicado en apenas un lustro.

El posicionamiento en Andalucía también atrae la mirada internacional. Durante la gira realizada en China por el presidente autonómico Juanma Moreno se anunciaron diversos compromisos comerciales, como el aterrizaje de la compañía Hygreen y Coxanbegoa, invirtiendo 2.000 millones de euros en Huelva para el desarrollo de una plataforma industrial que fabrique y suministre sistemas de producción con capacidad de 1.000 MW de hidrógeno. Además, después del verano se construirá otra fábrica de electrolizadores y de baterías de litio en Málaga con una inversión prevista de 152 millones de euros. A todo ello, habría que añadir los proyectos de la petrolera Cepsa en 2023, cuando anunció un montante de 3.000 millones para la construcción de dos plantas en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz).

Cavernas de sal en Andalucía

La investigación científica es primordial para descubrir alternativas, mejorar experiencias o disipar las dudas en la materia. Muestra de ello fue cómo la Universidad de Sevilla presentó varios estudios a los asistentes, entre los que destaca el del almacenamiento subterráneo. El proyecto Fomento del almacenamiento de energía a gran escala en España: un análisis espacial de emplazamientos potenciales en cavernas de sal para el almacenamiento de hidrógeno, en el que participan Alfredo Iranzo, profesor del departamento de Ingeniería Enértica de la US, y Constantin Back, de la Asociación para la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), hace una cartografía del territorio andaluz para comprobar qué zonas serían las más propensas para instalar este tipo de infraestructuras.

“El hidrógeno es un gas con muy baja densidad y su almacenamiento es complejo: en pequeñas cantidades se hace a presión, pero en grandes cantidades, como cuando tenemos que incorporarlo al sistema energético, se vuelve complicado. Una de las alternativas son las cavernas de sal, donde Andalucía tiene muchísimas posibilidades”, resalta Iranzo en mitad de la nave, en la que ha estado estos días intercambiando observaciones, contactos y experiencias. Las prospecciones geológicas darán luz verde a que se construyan o no, pero antes, hay una serie de requisitos a cumplir para que sean viables desde el punto de vista económico: próximas la futura red troncal de transporte de hidrógeno y de gas natural, y cercanos a la costa.

“Hay un sondeo que muestra unas características perfectas para la creación de una caverna de sal en el norte de Jerez de la Frontera”, explica Back a su lado, de la que resalta su cercanía al Puerto de Algeciras o al propio Valle del Hidrógeno Verde que se construye en Palos de la Frontera. Este foco complementaría a las ubicadas en el norte peninsular, zona en la que se encuentran en la actualidad la mayor parte de las cavernas de sal. ¿Cómo se haría este proceso? El tamaño estándar de la infraestructura es de 500.000 metros cúbicos y, una vez localizado el punto fuera de las áreas de riesgo —como los núcleos urbanos o las áreas militares restringidas—, se inyectaría agua en el interior y se procedería a extraer la salmuera. Con la estructura hecha, se pondría la instalación de comprensión y, posteriormente, se inyectaría el hidrógeno. Con el ensamblaje hecho, comenzaría toda la operación.

El estrés hídrico

Un obstáculo que debe salvar la producción de hidrógeno verde es el estrés hídrico. En el caso del proyecto en el que está inmerso la Universidad de Sevilla y AICIA explican que para disolver un metro cúbico de sal se necesitan ocho metros cúbicos de agua. “Por eso es muy importante que estén ubicados cerca de la costa, porque así se puede bombear directamente hacia mar. Así, se podría utilizar el agua de mar para disolver la sal y devolver ese 99% del agua salada al mar”, consolidando así un circuito sostenible en el que apenas hay desperdicio.

Con respecto al estrés hídrico que sufre el entorno para la producción de hidrógeno verde, el secretario de AeH2 subraya que, en todo caso, siempre será menor en comparación a las energías fósiles. En base a los cálculos internos de la entidad, se ha comprobado que ir en coche desde Barcelona a Madrid requiere 219 litros de agua, mientras que un vehículo que utilizara esta energía solo requeriría 94 litros. Por otra parte, señala que de 8,5 hectómetros cúbicos de agua se generan 11,5 de hidrógeno convencional, mientras que con 7,5 hm³ se logran 8,5 de energía verde.

En comparación, Peña determina que las pérdidas de las redes de agua en las ciudades por su escaso mantenimiento o deterioro son “muchísimo mayores” de lo que se necesita para la tecnología del hidrógeno de cara a 2050. “El agua se recupera, al menos en el entorno más próximo”, de ahí, la importancia de que los valles de hidrógeno que están proyectados en el país dispongan de toda la cadena de valor, desde la producción hasta su consumo. Otra cuestión sería aprovechar las infraestructuras de las antiguas centrales térmicas de carbón o de otras plantas intensivas que hayan cesado su actividad, con el fin de reconvertir todo el armazón productivo. Una conversión en la que Andalucía ya se ha metido de lleno.

Sobre la campana. Izquierda Unida y Sumar alcanzan un acuerdo con Podemos este viernes antes de que finalice el plazo máximo legal para registrar la confluencia de izquierdas bajo el paraguas de la marca Por Andalucía. En una negociación in extremis que se ha alargado más de doce horas desde que diera inicio en la mañana del jueves, ha sido la sección liderada por el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha confirmado que concurrirán juntos a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

La candidatura queda así conformada por siete fuerzas políticas: Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde. Se repite la fórmula del 2022 y se salvan los tiempos, incluyendo a la formación de Ione Belarra después de que el partido decidiera cambiar su estrategia a apenas unos días de que terminara el término para concurrir en la misma lista. Las negociaciones tenían su principal escollo en los puestos de las candidaturas y, según las fuentes consultadas por este medio, se había puesto como hora tope las doce y media de este viernes para llegar a un acuerdo entre las partes, produciéndose el registro de la coalición a las 12.53 horas. Por el momento, se confirma que Podemos tendría el primer puesto de la lista de Jaén y el número dos en la de Sevilla.

“La incorporación de Podemos refuerza este proyecto común y demuestra que Por Andalucía es el espacio para el entendimiento y la confluencia de las izquierdas en nuestra tierra”, comparten en un comunicado desde Por Andalucía. A ello, añaden que “la coalición garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, fortaleciendo así una alternativa sólida y reconocible”. Reconocible, esa era la palabra clave para los componentes del grupo, ya que un obstáculo a salvar era ofrecer una imagen conjunta para el electorado y evitar confusiones a la hora de depositar la papeleta en las urnas. Los militantes defienden que han actuado en todo momento “con responsabilidad” y trabajando “con transparencia, reglas claras y voluntad real de integración”.

“Unidad”

El mensaje se ha expandido rápidamente por las redes sociales del partido, en donde se ha evitado las comparecencias por separado en un primer momento: “La peor noticia para Moreno Bonilla: hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa para acabar con sus políticas y poner las instituciones al servicio de la mayoría social”. Además, desde Por Andalucía se subraya que llevan “más de un año” trabajando en la conformación del espacio, al igual que en la elección del candidato, que será Antonio Maíllo, y en la elaboración participada del programa electoral.

“Este acuerdo [en referencia a Podemos] se incorpora a ese trabajo colectivo y lo refuerza”, puntualizan. Cabe recordar que en el último año y medio, Podemos no ha acudido a las reuniones de la mesa de partidos de Por Andalucía y se ha mantenido al margen del proceso para reeditar la coalición. Es más, en octubre de 2025 IU y Sumar registraron sin Podemos el partido político Por Andalucía. A pesar de la distancia que hubo entre las formaciones, ha imperado la lógica de la unión para recabar más apoyos.

El propósito es ampliar los resultados de 2022, cuando la coalición obtuvo cinco escaños en el Parlamento andaluz, de los que tres correspondían a candidatos procedentes de Podemos, con Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado, uno a IU, en manos de Inma Nieto, cuya marcha marca el fin de una etapa, y un escaño correspondiente a Más País Andalucía que fue de Esperanza Gómez.

Antonio Maíllo, en una publicación en la red X, sostiene que se consolida “la única alternativa real a Moreno Bonilla”, logrando “más unidad”. “Vamos a por todas, con alegría, determinación y a la altura del momento histórico. Sea por Andalucía libre”, indica. Con este acuerdo que se ha producido antes de que expirara el plazo para el registro de la coalición se esquiva los sinsabores del pasado, cuando Podemos tuvo que entrar de forma independiente en las listas de Por Andalucía y su logo no apareció en las papeletas, haciendo un encaje de bolillos para que todas las partes quedaran satisfechas a pesar de que luego sería el PP andaluz quien lograra la mayoría absoluta.

“Generosidad”

Por su parte, Juan Antonio Delgado, diputado y candidato de Podemos, manifiesta en su perfil social que “el pueblo andaluz quería unidad de la izquierda y hoy es una realidad”. “Por mi parte, absoluta generosidad. La prioridad es pensar y hablar de lo que importa a la gente: sanidad, el empleo y la vivienda”, añade. Respaldado por el apoyo de los órganos de Podemos Andalucía, este mismo miércoles fue cuando se produjo una consulta exprés de 24 horas para decidir si concurrían junto a Por Andalucía después de que la dirección nacional quitara las líneas rojas con Sumar y se cumpliera con el compromiso que había adelantado el candidato andaluz. El resultado del voto emitido por 5.710 personas fue contundente: un 81,4% (4.648 apoyos) dieron su beneplácito, mientras que el 11,98% (684 votos) se opuso, y apenas un 6,62% (378) no optaron por ninguna de las opciones. 

En un comunicado, Podemos Andalucía recalca tras el anuncio del acuerdo que ha decidido aceptar el acuerdo de coalición “pese a creer que no refleja el peso político de la formación”, pero entienden que “es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista”. A ello, añaden que “gracias a la generosidad de Podemos, se ha evitado la presencia de tres listas a la izquierda del PSOE”. El tono revela una leve tensión en las condiciones, ya que, al contrario de lo que sucedió en 2022, no se han especificado las cuestiones organizativas ni económicas en la coalición.

Fuentes de Podemos confirman que serán primeros de lista por Jaén y segundos por Sevilla y Málaga. Un reparto que no concuerda con lo planteado, principal caballo de batalla a la hora de consumar el pacto, dado que en un primer momento pedían mayor representatividad en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada. Una cuestión que debía ser debatida tras lo acordado por la mesa de partidos de Por Andalucía el pasado 14 de enero, cuando se designaron a los candidatos de las listas electorales de las ocho provincias.

Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ante la ausencia del ahora nuevo integrante, se repartieron las listas para las elecciones autonómicas de esta forma: IU encabezaba la candidatura en Sevilla, con Antonio Maíllo como aspirante a la presidencia de la Junta, y también en Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y Almería; mientras que Sumar se adjudicaba Cádiz, puesto que ocuparía su coordinadora regional Esperanza Gómez; y de esta forma, se asignaba Huelva a José Antonio Jiménez, líder de IPA. Con la entrada de los morados, el tablero de juego cambia y el puzzle se debe recomponer, por lo que Izquierda Unida perdería Jaén en favor de Podemos.

Este primer acercamiento dejaría en el aire la posición de Juan Antonio Delgado, ya que Sevilla es bastión de Maíllo y no podría ocupar el segundo puesto al ser listas cremallera, y en Cádiz, su provincia, se quedaría en segundo lugar si se mantiene la decisión de Sumar. Por tanto, la alternativa sería en todo caso Jaén. Desde la organización, indican que su deseo es presentarse en la lista gaditana, aunque se acordará con el resto de miembros tanto del partido como de la plataforma de cara a presentar las candidaturas definitivas el próximo 13 de abril.

Faltan menos de 24 horas para que finalice el plazo para presentar una candidatura conjunta ante la Junta Electoral, a las 23.59 de este viernes. Sin embargo, el encuentro entre Por Andalucía –con Izquierda Unida y Sumar liderando– y Podemos no ha fructificado de momento en ninguna resolución durante la jornada de este jueves. Tras más de nueve horas de reunión, los partidos implicados no han dado ningún detalle sobre cómo avanzan las negociaciones para consolidar una plataforma común a la izquierda del PSOE. Así, el déjà vu entre los militantes de IU y Sumar es cada vez más patente, similar a la antesala de las elecciones autonómicas de 2022 en la que la entrada de Podemos se dio fuera de plazo, a trompicones y con discrepancias internas.

La mesa de partidos de Por Andalucía y Podemos se reunió este Jueves Santo en Sevilla con absoluto secretismo, desconociéndose cuál era la hora o el lugar donde se celebraba. Fuentes de IU han explicado que ha comenzado después de las 11.00. Sí se ha conocido que quien encabezaba la representación de IU era Toni Valero, coordinador general del partido, junto a la participación de Nico Sguiglia, representante de Podemos y portavoz de Con Málaga, y Esperanza Gómez, coodinadora de Sumar en Andalucía, según Europa Press. Entre las cuestiones a debatir, estaba sobre la mesa el reparto de recursos económicos de la coalición o la conformación de las candidaturas, cuyo plazo máximo para presentarlas es el próximo 13 de abril. Según fuentes consultadas por RTVE, el diálogo se ha mantenido con “un tono muy correcto” y se comparten los distintos puntos de vista “con claridad”.

El objetivo de las izquierdas, además de hacer un frente común para arrebatar la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno y frenar el ascenso de la ultraderecha, es construir una imagen conjunta y sin ambages que disipe las dudas del votante de cara a las elecciones autonómicas. A sabiendas de la estrategia del PSOE, donde se opta por colocar ante el electorado una cara reconocible, como lo es la ministra saliente María Jesús Montero, las izquierdas andaluzas han salido escaldadas en anteriores ocasiones, ya que las divisiones internas se saldaron con unos resultados mínimos en los comicios de 2022: tres escaños para Podemos, con Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado; un escaño para IU, con Inma Nieto; y otro para Esperanza Gómez, de Más País Andalucía.

De cara a las elecciones del 17 de mayo, los partidos han obrado en esta última semana con un ritmo frenético. Mientras que la candidatura de Por Andalucía se consolidaba con Antonio Maíllo al frente —respaldado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana—, los de Ione Belarra pasaron de interponer una línea roja a Sumar a tender la mano para buscar un acuerdo. Para ello, se abrió una consulta de 24 horas que recibió el apoyo del 81,4% de la militancia que votó. En el retrovisor quedan los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón y Castilla y León, en las que Podemos se quedó sin representación parlamentaria, pero también se recuerdan los bandazos de 2022, cuando su logo no apareció en las papeletas electorales y se tuvieron que encajar en las listas de forma independiente.

Giro de tuerca

En el último año y medio, Podemos no ha acudido a las reuniones de la mesa de partidos de Por Andalucía y se ha mantenido al margen del proceso para reeditar la coalición. Es más, en octubre de 2025 IU y Sumar registraron sin Podemos el partido político Por Andalucía. Así, la mesa de partidos eligió a Antonio Maíllo, líder de IU, como candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía sin oposiciones internas. Por su parte, la dirección nacional de Podemos se mostraba distante y poco interesada en esta nueva confluencia, hasta que su diputado y candidato, Juan Antonio Delgado, ofreció la “mano tendida” y afirmaba que había “tiempo suficiente” para conformar una candidatura unitaria. Tiempo que, como indican las manecillas del reloj, se extingue cada vez más rápido por el fin del periodo legal para presentar las coaliciones este viernes.

En busca de armonizar las relaciones a nivel autonómico, se contó con el beneplácito de Madrid en el tiempo de descuento, ya que Pablo Fernández, secretario de organización, subrayó que no habría condiciones ni que sería un problema la presencia de Movimiento Sumar en la coalición. Esto sucedía el 30 de marzo, apenas nueve días después de que la propia Ione Belarra mantuviera en el lanzamiento de la precampaña con Juan Antonio Delgado que se podría contar con el partido aquellos que quisieran “recuperar una izquierda valiente que no esté plegada al PSOE”.

Estas jornadas de intenso debate también vienen marcadas por la marcha de Inma Nieto, portavoz del Grupo Por Andalucía en el Parlamento, del que ha sido integrante cuatro legislaturas entre los años 2012 y 2026. La diputada se queda “a disposición” del partido, al que ha calificado como un “proyecto sólido” y del que ha destacado la figura de Antonio Maíllo como “un lujo de candidato”. Su paso por la casa del pueblo andaluz ha estado marcado por un perfil dialogante, tanto que, tirando de hemeroteca, se mostraba optimista en la configuración de las listas de 2022, dejando claro en una entrevista a este medio que los “líos internos” estaban “más que superados”. El objetivo era avanzar y disipar las dudas. Cuatro años después, el camino hacia las elecciones parece tener las mismas piedras a esquivar.

El primer socavón se encuentra el próximo 19 de abril. Antonio Maíllo anunció un día después de que los morados se decidieran a entrar en las negociaciones la organización de un acto en Sevilla para construir “una alianza amplia, abierta y democrática para frenar a la derecha y sus recortes”. Por el momento, solo están convocados Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, sin Podemos. En vista de lo ocurrido en las últimas horas, se desconoce si compartirán escenario en la fecha que se plantea a menos de un mes de la cita electoral.

Maribel Roldán enredó una kufiya a su cuello y salió a la calle. Un gesto que, por pequeño que fuera, atraía las miradas de quienes compartían con ella la procesión del traslado de las imágenes titulares de la Hermandad de Los Javieres el pasado mes de enero. Una prenda que entraña una declaración de intenciones como es la condena del genocidio del pueblo palestino a raíz del conflicto bélico contra Israel. Una guerra cuya paz, frágil, ha dejado tras de sí cientos de miles de muertos, el destrozo de hogares y una hambruna a la que apenas puede atender la cooperación internacional. Frente al horror, la sevillana pide un posicionamiento público de su propia hermandad y del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, como espacios que reflejan e imprimen su carácter en la sociedad.

“La hermandad siempre ha sido una institución tanto religiosa como civil que ha servido para articular a la sociedad y tengo la sensación de que hay cierta parálisis que no cuestiona el orden establecido”, analiza la hermana en conversación con este medio. En pleno casco histórico de Sevilla, salta a la vista que la ciudad está en vísperas de la Semana Santa y se engalana para acoger tanto las celebraciones del culto religioso como a los miles de visitantes que tiemblan fascinados por la emoción que vibra en las calles. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, los cortejos superará las expectativas de años anteriores, contando con hasta 3.000 nazarenos en seis cofradías. Con tal aluvión de integrantes, reitera que el llamamiento, ya no solo sobre el conflicto en Palestina, sino en tantos otros de calado internacional, movilizaría a una ingente cantidad de personas, de una forma u otra.

“La Semana Santa ha tomado unos derroteros de espectacularización total y parece que deja tras de sí un vacío ideológico o más bien de preocupación social, cuando en otras épocas ha luchado por la situación de los colectivos más desfavorecidos”, mantiene. Entre estas causas, se encuentra la Hermandad de los Negritos, fundada en el año 1393 por el arzobispo de Sevilla con el propósito de acoger a la población negra de la ciudad, en su mayoría esclavizada, o también la Hermandad de los Panaderos, cuyo origen gremial se remonta a finales del XVI y se articuló como lugar de reunión. Incluso, los Javieres invitaron en marzo de 2002 a procesionar a los bomberos de Nueva York que participaron en las tareas de rescate de los atentados del 11-S y, así, compartieron el dolor que cambió por completo el tablero internacional a principios de este siglo.

“Abrir un debate”

No sería la primera vez que las cofradías atendieran a una causa social, germen de su propia función. Sin embargo, Roldán no recibió respuesta en ninguna de las ocasiones en las que se dirigió tanto a Los Javieres como al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. “Yo no voy a cambiar nada: esto es solo un intento por abrir un debate”, reflexiona, demostrando que las inquietudes que hay entre los integrantes son amplias, ya que hay diversidad de géneros, ideologías y formas de convivir con la fe o sin ella, frente a una “narrativa dominante” —que se indigna por asuntos mediáticos, como la presentación de una estampa del Sagrado Corazón de Jesús por la humorista Lalachus.

Cuando despertó el 7 de octubre de 2023 y vio los ataques de Hamás contra Israel, lo que luego desembocaría en una ataque sin cuartel, quiso visibilizar lo que ocurría a través de la movilización para “atender al más desfavorecido”, uno de los preceptos de la doctrina católica. De alguna manera, pensó que su hermandad podría ser pionera de esta incursión, como ocurrió en la década de los 80 cuando nombraron a la primera hermana mayor. Más tarde, la negativa, o más bien el silencio a sus escritos, caería como un jarro de agua fría. No duda de que la atrocidad ha removido a sus hermanos y hermanas de forma individual, pero desea que los atentados que se siguen perpetuando contra la población palestina sigan discutiéndose en la esfera pública.

Esta ambigüedad no es una impresión aislada que extrae Roldán por lo vivido como hermana, sino un comportamiento cada vez más presente entre las cofradías, tal y como analiza Daniel Marín, profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Dedicado al mundo cofrade, su más reciente artículo, publicado en Aposta. Revista de Ciencias Sociales, trata sobre el perfil que abunda en el cofradierismo, cada vez con mayor presencia femenina, menor peso juvenil y creciente incorporación de perfiles profesionales cualificados pertenecientes a las clases medias. Una observación que también se nutre del día a día, de sus paseos, actividades, incluso, de las procesiones a las que acude, como ocurrió el día en que vio a una mujer vestida con un pañuelo palestino.

Homogeneidad

“Iba con mi hija y me llamó la atención, es más, me ha sorprendido que se haya tardado tanto en que alguien lo diga”, apunta en declaraciones a este medio. Con esta escena, le surgieron varias preguntas: ¿por qué las hermandades no se pronunciaban ante la guerra o por qué las hermandades no comentan nada, en general? Una actitud contraria a los principios fundacionales que dieron lugar a estas corporaciones tal y como las conocemos y que tienen su origen en el siglo XVI y el Concilio de Trento. La función asistencial, concebida para ayudar a los más vulnerables, permaneció en su ADN hasta principios del XIX, momento en el que “emerge la función social hasta la actualidad”. Fue entonces cuando la hermandad, fruto de distintas identidades, actuaba como lugar de acogida para los desclasados, para aquellos que, sin amparo social, encontraban en ellas un refugio.

Sin embargo, el sociólogo sitúa entre las décadas de los 60 y 70 el inicio de una transformación paulatina e imparable: “Mientras que antes era normal que acogieran muchas disidencias, ahora son homogéneas. En la sociedad posmoderna, las organizaciones básicas de socialización, como son la familia, la escuela y el templo, se deshacen y la gente intenta construir nuevas identidades, donde las hermandades van a ser fundamentales”.

La lucha obrera, la consecución de los derechos democráticos, el movimiento feminista o del colectivo LGTBI son alguna de las rupturas más evidentes en una España que vivía los estertores en el franquismo. En tal periodo, las cofradías actuaban “en el atrio de los gentiles”. En la tradición judía, este sería un espacio a la entrada del templo reservada para los gentiles, es decir, los no creyentes, donde aportaban sus conocimientos al debate moral de la comunidad. Desde fuera, aunque siendo escuchados. “Las hermandades funcionan mucho desde esta posición”, opina el profesor, “ya que, si aceptas las normas doctrinales de la Iglesia, el espacio será flexible contigo, así, se fomenta una religiosidad bisagra”, como acuñó la especialista Renée de la Torre. Así, el fervor religioso y la práctica no están alienadas y se vive con mayor libertad la integración dentro de la organización cristiana, tanto es así que la exigencia mínima de las hermandades es tener la partida bautismal.

Pero en esta sociedad posmoderna hace aparición la “gentrificación simbólica”, apunta Marín. Por tanto, las clases menos pudientes son sustituidas gradualmente por las clases medias y, señala, una característica fundamental de esta parte de la población es el extremo centrismo ideológico que las acompaña, asociado a una mayor estabilidad, o una determinada indiferencia, a veces políticas o religiosa, a las cuestiones que suceden en su entorno. “De ahí, que se eviten ciertos temas, incluso doctrinalmente polémicos, como el aborto, porque son conscientes de que hay hermanos que sí están a favor”, señala.

Influir en el tiempo a vivir

Entre las funciones que recoge el derecho canónico para las hermandades, está la promoción del culto, el ejercicio de la caridad y “animar con espíritu cristiano el orden temporal”. “Quiere decir, influir católicamente en el tiempo que te ha tocado vivir”, una afirmación para la que se muestran de perfil en las cuestiones sociales, aunque los lazos con las instituciones públicas sigan estando intactos en lo que el investigador, en base a las teorías de Isidoro Moreno, llama municipal-cofraderismo. En este caso, las cofradías optan por un seguidismo de las proclamas de su obispo, “pero selectivamente”, resalta Marín. Volviendo al ejemplo de Lalachus, se correspondió a la llamada que hizo el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, al contrario de lo que sucedió con el apoyo expreso que hizo la Iglesia sobre la regularización extraordinaria de migrantes.

“En la medida en que las clases plebeyas se han ido arrinconando, los jóvenes que se incorporan a las hermandades reproducen el comportamiento de las clases medias que ya hay dentro, como ocurre con la estandarización de la vestimenta, y, por tanto, reproducen los discursos del núcleo”, sostiene. Una cuestión que preocupa al sociólogo debido a que, de esta forma, se rehúye del debate dentro de las hermandades, como ocurre con otros aspectos del consumo de masas, ya sea en la esfera de ocio, de las ideologías o de la atomización de las redes sociales, y que también afecta al colectivo: “Últimamente, se discute poco y se acepta la homogeneización”.

A preguntas de este medio, fuentes de la Hermandad de Los Javieres afirman que no están autorizados a sacar conclusiones o hacer declaraciones de asuntos políticos, como el relativo al de Gaza. En todo caso, dependen de la doctrina de la iglesia. Aun así, destacan su labor social, como la asistencia a madres solteras, menores sin acompañamiento, familias sin recursos o personas migrantes, “hacemos una labor social independientemente de la ideología o la raza”, señalan. Ponen de ejemplo la financiación de escuelas infantiles de verano en el barrio de Los Pajaritos o la distribución de alimentos entre aquellos que acuden a su servicio.

Felipe González ha entrado en la precampaña andaluza sumándose a las críticas del PP hacia el funcionamiento del AVE cuyo servicio a Málaga no recuperará la normalidad hasta después de Semana Santa. “El AVE empezó en el 92 a funcionar, no como lo de ahora”, dijo González en un acto junto a Juanma Moreno, quien justo había agradecido al expresidente el empezar la línea de AVE por Sevilla. “Entonces el AVE funcionaba, ahora en 2026 nos sorprende”, dijo Moreno entre risas del público. Los dos dirigentes políticos compartieron tono amable y complicidad en el Teatro Cajasol este jueves con motivo del centenario de Cayetaba de Alba en la mesa redonda Una duquesa política.

El expresidente González anunció el pasado febrero que no votaría al PSOE en unas próximas generales, pero a la entrada del evento se ratificó como “socialista”. Moreno hizo gala de moderación y centrismo con alabanzas al exmandatario, muy crítico en los últimos tiempos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Moderación y centrismo es la pretendida baza del presidente de la Junta de Andalucía ha jugado a lo largo de la legislatura, y es una vez más la carta que juega de cara a la próxima campaña electoral que empezará el 1 de mayo.

La mayoría absoluta es el bien más preciado del PP andaluz y su candidato apela a la estabilidad que supuestamente ofrecería reeditarla frente a la incertidumbre que se repite como eco en cada informativo, cada propuesta, cada situación inesperada que afecta desde el panorama internacional a la vida de cada ciudadana. “Europa, el mundo occidental, ha ido a peor, y la fórmula tan radicalmente criticada como es el bipartidismo es una fórmula que ha funcionado”, determinó.

Pese a que el título de la charla daba la oportunidad a ambos políticos para entrar de lleno en el plano más crítico de la actualidad, se esquivaron a propósito los temas más espinosos con tal de no empañar la velada, si bien González no dejó pasar la oportunidad de lanzar algún dardo al actual Gobierno de Pedro Sánchez acerca del funcioniamiento de la red de ferrocarril, y un recuerdo a su etapa como presidente del Gobierno cuando “el AVE empezó a funcionar, no como lo de ahora”.

En un del foro, moderado por la periodista Susanna Griso, el presidente Moreno aludió al periodo del procés, retrato del posicionamiento de los partidos políticos a la hora de abordar el conflicto independentista en Cataluña y que, con la gobernanza del socialista Salvador Illa, ha quedado relegado a un segundo plano. “Fuimos muchos lo que pensamos que podría ser el principio del fin de lo que habíamos conocido como España”, mantuvo. Fue en este punto cuando González tomó la palabra para puntualizar algunos aspectos de los que ha ido dando cuenta Moreno en las últimas semanas cada vez que aludía a la crisis ferroviaria del AVE a su paso por Málaga y lo comparaba con la comunidad catalana. “En Cataluña hubo más apoyo en el referéndum por la Constitución que en Andalucía”, sostuvo González “y hay que decir que Rodalies está hecho un desastre, y tienen razón para quejarse”.

“Rodalies no es un privilegio, es algo espantoso”, justificó, frente a las proclamas que ha vertido el presidente autonómico. En todo el discurso, esta pudo ser la única ocasión en la que González reprendió de forma velada las declaraciones institucionales de la Junta. Pero, más allá de ese breve instante, el mensaje discurrió por el entendimiento mutuo como paradigma a reconquistar.

“Conociendo la personalidad de la duquesa, le horrorizarían algunas cuestiones de la política de hoy día, como el populismo, la intransigencia, la intolerancia, esa política al minuto donde no hay reflexión ni análisis, no se identicaría con ello”, subrayó el presidente autonómico. aunque fuera el mismo Cayetano Martínez de Irujo quien pidiera, a los pies del escenario, que se mojaran sin ningún remordimiento —habiéndole dirigido minutos antes a Moreno Bonilla las siguientes palabras: “Tú vas a ser el Felipe González de nuestro tiempo”.

En referencia al bipartidismo, aludió a que este había sido clave en Alemania o en el Reino Unido, sin embargo, “todo eso se ha perdido”. Un punto al que posteriormente uniría con la tesis que ha sostenido desde que anunciara las elecciones para el próximo 17 de mayo: la viabilidad de la legislatura sin rupturas internas. “Gobernar es complejo, porque no hay previsibilidad, ni en Estados Unidos, en la propia Unión Europea..., el mundo es muy complejo y uno tiene que gobernar con amplas miras para adaptarse a cada circunstancia, por lo que hacen falta gobiernos previsibles”.

“Frustración generacional”

En un momento en el que la amenaza más clara para la hegemonía popular es el avance de Vox, cuyo candidato fue designado oficialmente este mismo jueves por la ejecutiva nacional, lanzó un mensaje para quienes han recibido sus críticas en las sesiones plenarias del Parlamento andaluz: “Hay una frustración generacional que puede tener la tentación de dejarse llevar por los cantos de sirena, pero señalarlos no es solucionarlos. Otra cosa es gobernar, desgastarte...”. La defensa de un bipartidismo que, a su juicio, funcionaba, iba acompañada de la percepción de que hay “un caldo de cultivo”, acompañado por las redes sociales, que “fomenta este fenómeno populista que hay a ambos lados del eje ideológico, derecha e izquierda”. En referencia a los más jóvenes, cuyos sueldos “no les permiten emanciparse o alquilar casas en muchas ciudades y no les permite prosperar”, admitió, espera de ellos una elección que se aorille a sus preceptos.

Una postura que concuerda con las palabras que había expresado antes de entrar a la charla sobre González, al que le reconoció su admiración y valoró como “hombre de Estado”. En ese posicionamiento, también calificó como “absurdas” las críticas que han relacionado este acto con una especie de precampaña para las elecciones andaluzas. El expresidente socialista, centrado a lo largo de sus intervenciones en las anécdotas compartidas con la duquesa de Alba y más bien en una revisión histórica del conflicto árabe-musulmán y el papel que desempeñó España durante su gobierno para la intermediación durante la guerra del Golfo que provocó la invasión de Kuwait por Irak, mantuvo las distancias, salvo en dos ocasiones. Por una parte, defendiendo el papel del rey emérito Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado del 23F y, por otro lado, sobre la cuestión catalana.

“Todavía sigo esperando”. Ya no son tres meses, si no, en total, cinco meses desde que la Junta de Andalucía mantiene su silencio ante los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz en funciones. Tras la apertura de la investigación de oficio derivada de la crisis de los cribados, Jesús Maetzu confirma que se reiteró la petición en diciembre al gobierno de Juanma Moreno, sin embargo, la disolución del Parlamento andaluz con la convocatoria de elecciones ha dejado un vacío tras de sí: “No se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) en Andalucía volvieron a salir a la palestra a lo largo de la semana pasada después de que desvelara, a través de una investigación de El País, que la Junta ya era conocedora de la obstrucción que había en el sistema con dos alertas realizadas por el servicio de Radiodiagnóstico en 2023 y, posteriormente, en 2025. En este sentido, el material que remitió la administración al Defensor del Pueblo el pasado diciembre era “claramente insuficiente”. Así, pesa la indiferencia. “Hemos reiterado una respuesta, de manera urgente y preferente”, señaló Maetzu durante la rueda de prensa en la que presentó el balance de 2025 de la institución, donde hay un apartado específico para esta crisis.

“No duden de que, en cuanto esté la información, se informará a la ciudadanía”, reiteró en la casa del pueblo andaluz, ya que las pacientes “tienen inapelablemente el derecho a la información”. Hay un total de 2.317 mujeres que fueron afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama y, pese a la gravedad de la situación, el informe remitido conjuntamente por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la defensoría fue poco esclarecedor. “Decían que unas llamadas se hicieron y otras no, unas notificaciones se hicieron por carta y otras al correo electrónico... Era insuficiente, y la defensoría tiene que ser muy seria con esto, porque es un caso muy grave”, aseveró.

“El problema real no es de forma sino de fondo”

Las respuestas demandadas son relativas a tres ejes fundamentales, tal y como se cita en el balance de la defensoría: el derecho a la información sanitaria, la respuesta asistencial analizando el cumplimiento de los plazos clínicos recomendados y la evaluación global del propio programa, en particular, de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz. En el informe enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, se reconoce haber identificado “una falla de comunicación” o “incidencia comunicativa”, que afectó a las mujeres con hallazgos mamográficos catalogados como BI-RADS 3, especialmente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero se expresa que tal incidencia “no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial”.

Además, se especifica que el programa de cáncer de mama incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes y que, en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5), se genera directamente la derivación hospitalaria, aunque la comunicación depende parcialmente de los circuitos de cada hospital. En este punto, se especifica que existían diferencias en las formas de contactar con las mujeres, haciéndolo algunos por vía telefónica y otros mediante envío directo de la citación por correo postal.

No obstante, la defensoría, a la hora de estudiar las respuestas de la Junta, entiende que el enfoque para justificar las respuestas es “parcial”, ya que se reduce la “falla de comunicación” a una mera cuestión de forma, es decir, “una simple diferencia en la práctica de los medios empleados”, pero “no responde al problema de mayor calado planteado en la crisis del cribado de mama, por la ausencia misma de contacto dirigido a informar del resultado incierto del cribado, ni del estudio adicional preciso, ni de la derivación a su centro hospitalario”.

“El problema real no es de forma sino de fondo, esto es, de la ausencia misma de comunicación autónoma de los resultados del Programa de Cribado a las afectadas”, en donde no se clara si debían o podían realizarse conjunta o separadamente, a quién correspondía la realización de cada una y porqué se omitía la primera. A su vez, se omiten datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera. Tampoco se pronuncia sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado, aunque sí determina que se inició en octubre de 2025 la actividad de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz. “Todo lo cual nos lleva a cursar una petición de informe complementario”, determina la evaluación de la defensoría.

Balance de 2025

A lo largo de 2025, el Defensor del Pueblo Andaluz incrementó su actividad y desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día. En comparación con el periodo anterior, hubo un 30% más de quejas presentadas, con un total de más de 13.000 nuevas quejas iniciadas. Además, se atendieron 17.494 consultas atendidas y se realizaron 53 actuaciones de oficio, viéndose que hay una mayor incidencia en Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad.

En dependencia, advirtió que “Sevilla está colapsada”, ya que hay unas 100 quejas diarias en la materia dentro de la provincia. Hay escritos que quedan grabados en su memoria, como el de un hombre de 49 años, con ELA, y cuyos dos hermanos, que sufrían la misma enfermedad, habían fallecido sin que les llegara respuesta por parte de la administración, “me preguntaba, ¿usted cree que también me moriré sin la ayuda?”. “Las listas de espera y los retrasos en dependencia merman la confianza de la ciudadanía en el sistema público: no hay mayor desafección”, subrayó. En vez de hablar de retrasos y demoras, el término que usó fue “desprotección”, desprotección para las familias con personas mayores, las que esperan por el bono de alquiler, aquellas que necesitan unos ingresos mínimos, es decir, las que no pueden esperar un día más ante los desmanes de la vida.

En cuanto a la vivienda, fue tajante: “Es el termómetro más visible de la desigualdad”. Con 2.423 expedientes gestionados, es una de las mayores preocupaciones de la población andaluza. La carrera de obstáculos, tal y como definió, incluye la falta de oferta, los precios desmedidos del mercado inmobiliario, sobre todo en el alquiler, la amenaza de las viviendas de uso turístico o la “especial crudeza” de las zonas costeras. “Hay una avaricia patrimonial”, determinó a tenor de la visión especulativa que se mantiene sobre la vivienda. Una realidad en la que la defensoría se posiciona “con la exigencia de que este derecho subjetivo sea cada vez más preponderante”. Para ello, pidió una planificación estructural en el sistema, en vez de las construcciones a mansalva que afloran en esta nueva burbuja inmobiliaria y que, de una forma u otra, tiene una repercusión en la infancia y la adolescencia, como ha analizado con asociaciones del sector.

“La vivienda acelera procesos de sustitución social”, añadió, siendo él mismo uno de los afectados. Oriundo de Cádiz, admitió que en el centro de su ciudad apenas reconoce a los vecinos y a los pequeños comercios de los que disfrutaba hasta hace apenas una década. Por tanto, pide leyes autonómicas que “alivien” la presión sobre aquellos que intentan acceder a una propiedad. Ampliar y proteger el parque público, así como la coordinación efectiva de los servicios sociales y la mejora de la gestión de las ayudas son alguna de las claves que ofreció para intentar paliar la situación.

Jubilación

El informe anual, concebido como una hoja de ruta, da un decálogo de buenas prácticas para las instituciones, ya sea en materia de vivienda como dependencia y sanidad, en el que se reitera que el marco común debe ser la defensa y el robustecimiento del espíritu democrático.

Maetzu vio como positivo el aumento de casos a atender, que significaría un mayor conocimiento del organismo entre la sociedad, pero, de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan, advirtió: “Se van a empezar a pelear todos los grupos, pero tiene que haber un suelo democrático”, donde el compromiso sea con “la igualdad, la no discriminación, los derechos laborales, la migración, los ingresos suficientes, la sostenibilidad ambiental, así como la memoria democrática”. Valores por los que construir una sociedad mejor, más rica y diversa, en donde la convivencia sea la prioridad frente a los discursos de odio y xefonobia, comentó, sobre todo en el entorno de las redes sociales. Todo ello, con tal de evitar la erosión de la convivencia social, deseó.

A sabiendas de la importancia de su cargo, insistió en que su deseo es jubilarse cuando se forme un nuevo gobierno en Andalucía. “Después de las vacaciones, que se sienten todos los grupos que quieran a la institución a negociar”, con tal de llegar a los tres quintos que se requieren para su sustitución. En las dos últimas décadas, ha desempeñado esta labor en tres períodos diferentes, estando desde septiembre de 2024 hasta la actualidad en funciones. “Quiero una soledad deseada”, sonrió. A la espera de lo que ocurra tras el 17 de mayo, Maetzu protegerá el cargo que le confía el pueblo andaluz.

Los análisis coinciden a un lado y otro del mercado laboral: las querencias de la generación Z empujan para transformar las condiciones que ofrecen las empresas ante una juventud que reclama más tiempo, menor presencialidad, más planificación y una mayor inversión en formación. El cambio de mentalidad da de bruces con la hostelería, sector en el que la compensación salarial no responde a sus inquietudes, por lo que se percibe como un lugar de paso para el 75% de las personas encuestadas por el II Barómetro de la Hostelería.

La hostelería suspende con un 4,1 para los jóvenes de 16 a 29 años que han participado a través de 501 encuestas en el estudio que elabora por segunda vez la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cruzcampo. La presentación de este jueves dio algunas claves para entender el contexto en el que se mueve los actuales y futuros integrantes de un ámbito que representa el 12% del PIB autonómico y el 12,5% del empleo. A pesar de su fuerza productiva, queda por debajo de la sanidad, que aprueba con un 5,2 a raíz del prestigio y el servicio vocacional que tiene, así como el retail, con un 5,1, mientras que queda por encima de la construcción y el reparto, con un 3,7 y 3,5 puntos, respectivamente, si bien en ellas hay mejores convenios laborales con horarios y turnos establecidos y una menor complejidad en el desempeño.

Con la premisa ¿Qué tiene que cambiar para que quiera quedarse?, José Luis Rentero, socio director de Punto de Fuga, dio los principales resultados del barómetro, entre ellos, que solo dos de cada diez personas acceden por vocación a la hostelería. Las dos principales barreras son: las condiciones laborales en un 93% de los casos, en referencia a los horarios, los salarios, los turnos partidos y la difícil conciliación; y en segundo lugar, quedaría la falta de liderazgo por parte de los cargos superiores para que les enseñen a lidiar con el estrés o la presión. En este análisis, también aparece la falta de desarrollo de una carrera profesional y, casi al mismo nivel, la ausencia de prestigio y reputación en la hostelería.

“Tener control del tiempo”

“Los jóvenes no nos dicen nada nuevo que no hayamos visto, y no es un problema de esfuerzo, sino de encontrar un sentido y tener control del tiempo, que es algo que les desestabiliza mucho”, apuntó Rentero, en referencia a ese 87% de los encuestados para los que es importante la gestión de horarios y turnos con más antelación para poder planificar la vida personal. De esta forma, señaló que “para atraer y retener talento es importante ofrecer tranquilidad, certidumbre, ya que la hostelería tiene ese hándicap importante: la falta de planificación personal”.

La organización, que sí se da en otros trabajos, subrayó, es esencial para que la juventud decida contribuir al crecimiento, ya no solo económico, sino social y de satisfacción personal de un tipo de negocio que no encuentra en la actualidad una renovación generacional cuando una saga familiar echa el cierre a un restaurante mítico del barrio. “No tienen a nadie que hablen bien ni les transmitan lo interesante o positivo que hay dentro”, añadió, lamentando que ni los propios progenitores son capaces de transmitir esa vocación, “son los primeros que les dicen que vayan a trabajar a otro sitio”. ¿Una solución? Entre otras muchas, y más consistentes, la construcción de “relatos”, es decir, de hacer de estos puestos lugares atractivos, casi como una estrategia de márquetin para darle lustre al sector.

En cuanto a datos positivos, el barómetro resalta que hay un 83% de los encuestados que reconoce que la hostelería es un sector importante para la sociedad. Además, un 73% asegura que se crean oportunidades para las generaciones más jóvenes y otro 73% valora que lo mejor de su día a día en la hostelería hacer feliz a la gente. A ello, habría que añadir varios elementos para contrarrestar las primeras impresiones, como fomentar un ambiente de equipo, al igual que alentar la creatividad para “dejar su sello personal” y “formar, formar y formar”. Esta evolución se ve, por ejemplo, en la cocina, apuntó Rentero, donde hay un nivel de preparación y una dimensión del trabajo que dista mucho de sus compañeros.

“Hemos conseguido reducir los horarios”

En el coloquio posterior, bajo el título Retos y oportunidades: la visión del hostelero, la chef Elena Arzak dio algunos apuntes sobre las medidas que ha tomado para su plantilla desde una llamada telemática: “Aun con las estrellas Michelin, estamos dentro de la hostelería y tenemos los mismos problemas, pero hemos conseguido reducir los horarios y tenemos una combinación interna con la que los trabajadores están mucho más contentos”. Si bien reconoció que hay la tendencia va hacia valorar un mayor tiempo libre, “es un poco pronto para que se asiente todo esto”. A su lado, los colegas del sector coincidieron, como Fernando Cabello, José Manuel Montalvo o Raúl Cueto.

Entre las visiones que compartieron, se habló de los incentivos que proporcionan alguna de estas empresas en forma de propinas emocionales, como facilitar el acceso a eventos, dar bonos para gimnasios o de aparcamiento, es decir, atractivos que de alguna manera compensen la incertidumbre que planea sobre los negocios.

Al respecto, Genaro Pedreira, director general de Factoría Serendipia, destacó que tras seis años dedicados al conglomerado, la media de edad de su plantilla está sobre la treintena. “El encargado general tiene 34 años y empezó por mantenimiento, y tengo otra encargada de 25 años, así que sí se produce el cambio generacional”. En cualquier caso, ¿qué ocurre con las generaciones más mayores, se desplazan o acceden a puestos mejor remunerados y preparados, hay una apuesta por retener a este talento joven? Supuestos para el siguiente barómetro.

Amparo Díaz Ramos batalla desde los inicios de su carrera por que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito jurídico sea una realidad. Experta en la materia, ha abordado tanto la violencia física, la psicológica y hasta los impedimentos que hay en la administración para que se haga cumplimiento de la ley. En virtud de esta trayectoria ha sido reconocida con el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla, concedido por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), y para el que da una reflexión contundente: “La justicia sin igualdad es, en realidad, un papel mojado”.

La letrada lleva más de dos décadas asistiendo a víctimas de violencia machista, papel que la ha llevado a ejercer como coordinadora del Turno de Violencia de Género del ICAS entre 2001 y 2009, donde es actualmente coordinadora del Turno contra la Trata y otras formas de Explotación Sexual. Además, ha sido galardonada con el Premio Meridiana en la modalidad Iniciativas contra la violencia de género por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en 2015 y recibió la Medalla de la Ciudad de Sevilla en 2022, entre otras distinciones.

Al echar la vista atrás, Díaz recuerda uno de los primeros casos que fue un punto de inflexión en su carrera: el asesinato de una niña a manos de su padre. “Se podría haber evitado. Eso hizo que no trabajara como una abogada clásica, sino como una abogada activista reclamando siempre mejoras”. De las agresiones físicas, visibles y palpables, cuyas últimas consecuencias eran el sesgo de una vida inocente, pasó a estudiar casos en los que la violencia psicológica pasaba a ser la protagonista, una cuestión que en la actualidad está presente en los tribunales pero que no se visibilizó hasta la ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.

“Legislación muy poco garantista”

Así, la ley comprendía “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Un marco novedoso en la jurisdicción española que también daba paso a crear los juzgados especializados. “Eso me hizo estudiar muchísimo, más todavía, sobre psicología y victimología, y hacer cada vez una apuesta más segura por la formación multidisciplinar”, menciona.

En evolución constante, la abogada asume en la actualidad un campo mucho más extenso y complejo por los veriecutos que implica desentrañar los fallos del sistema que, a pesar de la normativa imperante, elude cumplir en multitud de ocasiones con sus deberes y responsabilidades: “Es importante que las víctimas sean reparadas también de la segunda victimización que sufren por su paso por los tribunales y por las administraciones públicas”.

¿Cuáles son los deberes que quedan pendientes? “En España tenemos una legislación que, en comparación con otros países de nuestros entorno cultural, es bastante avanzada, pero es una legislación muy poco garantista”, resume, “por tanto, hay grandes normas cuyo cumplimiento luego es parcial”. Al respecto, cita el artículo 19 de la ley orgánica de 2004, en donde se establece que los servicios especializados que atienden a la mujer víctima de violencia de género podrán pedir a los juzgados medidas urgentes, “sin embargo, no se hace, aunque el artículo esté ahí”.

La ausencia del desarrollo de la norma impide que haya un compromiso por parte de las instancias locales y autonómicas para que se dote de medios a tales servicios. Con ello, se malogra la interconexión entre las áreas competentes y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía: “Veo cada vez una distancia más grande entre los servicios especializados en atender a las mujeres y los tribunales, por lo que creo que habría que acortarla. Hay que colaborar, y la información y los conocimientos de los servicios especializados tiene que llegar a los tribunales”.

Sevilla y el negacionismo

Un tándem para el que, de no cumplirse, exige que haya consecuencias, ya que, “hasta ahora hay una especie de voluntarismo, pero se tiene que cumplir”. Andalucía terminó el año 2025 como la comunidad que acumulaba un tercio de los casos por violencia machista. Los factores a tener en cuenta a la hora de abordar tal lastre social son múltiples y complejos, aunque, entre ellos, toma forma el discurso negacionista, procedente tanto de los sectores de la derecha y extrema derecha como la llamada manosfera, que afecta directamente a la ciudadanía con los recortes en políticas de igualdad o el trasvase de términos que minimizan la violencia ejercida hacia las mujeres.

“Sevilla es una ciudad que destaca por el negacionismo de la violencia de género en las instituciones públicas, incluido en los tribunales. No somos referentes en materia de igualdad, así que nos queda muchísimo por mejorar”, sostiene. Aparte de los recortes presupuestarios de la alianza entre PP y Vox en el gobierno local, hay declaraciones que minan el camino construido, como las defendidas por una concejala de Vox que negaba la existencia de la brecha salarial de género, o el rechazo a reconocer como Lugar de Memoria Democrática las pintadas históricas del colectivo LGTBI en los juzgados hispalenses.

Ante este retroceso, Díaz reclama que la abogacía sea “consciente” y “responsable”: “No solo trabajamos por la justicia, sino por la igualdad, y si no se hace de forma unida, no lo conseguiremos, porque, como decía, la justicia sin igualdad es papel mojado y, por otro lado, la igualdad requiere de la proporcionalidad que da la justicia”. Por ello, continúa asesorando, investigando, entablando colaboraciones, todo ello, por no cejar ante la ola reaccionaria de los sectores que amagan con el retroceso en los derechos sociales.

Entre sus proyectos más inmediatos, está la elaboración en equipo con víctimas-activistas y periodistas de un curso en la Escuela de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en donde se abordará el tratamiento que se da desde los medios de comunicación a las víctimas de violencia de género, sobre todo en lo referente a quienes la han sufrido o sus familiares. Junto a ello, continúa promoviendo las quejas ante las administraciones públicas. ¿Es David contra Goliat? “Por una parte, tenemos que conseguir que la administración comprenda que tiene que cumplir con su deber de servicio a la ciudadanía y, por otro, cuidar al funcionariado para evitar que se queme y, a la vez, sea consciente de que su labor radica en el bien común”.

'Abogacía' vs. 'abogados'

En vista de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la letrada no se amilana al dar su parecer sobre el dictamen en el que se justificaba que el término abogados dentro de la nomenclatura Colegio de Abogados de Sevilla no visibiliza a las profesionales. “Hay que tener en cuenta la historia de la humanidad y, también, la legislación en favor de la igualdad que existe, la cual intenta precisamente romper con que lo masculino represente a lo femenino”, explica. A ello, añade que “el avance será que cada vez habrá más colegios profesionales que utilizarán nombres que abarquen tanto a los hombres como a las mujeres, al igual que a las personas no binarias”.

Es más, admite con entusiasmo que el título elegido para el galardón es el mejor: “La palabra abogacía incorpora al mismo nivel lo masculino y lo femenino”. Así, el lenguaje inclusivo se incorpora en un área más del ICAS, como sucede en la celebración de otros congresos o en la aplicación móvil, a pesar de que la organización que cuenta con siglos de historia se resista a la decisión más visible, más representativa, como ocurrió con el Colegio de Abogados de Granada.

La creación del I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla responde, tal y como traslada el ICAS en un comunicado, al “compromiso” con la promoción de la igualdad como principio estructural del Estado de Derecho y como valor esencial del ejercicio profesional. Con esta iniciativa, se reconocerá públicamente a aquellas personas, entidades o iniciativas que contribuyen de forma significativa a la eliminación de las brechas de género y al fortalecimiento de una cultura jurídica basada en la equidad, el mérito y la corresponsabilidad.

El obsequio tiene carácter anual y su entrega se vincula a las actividades que el Colegio organiza en torno al Día Internacional de la Mujer, reforzando así el compromiso institucional del ICAS con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. A preguntas de este medio, desde la organización admiten sobre el caso del TSJA que será una transformación que se dé de forma “gradual”, pese a que las votaciones del 25 de junio de 2022 no permitieran que se diera el cambio definitivo. Un fallo que motivó la demanda por parte de un grupo de 18 abogadas que, en vista de la sentencia del TSJA, estudian presentar un recurso de casación ante el Supremo.

Un nuevo proyecto urbanístico planea sobre los históricos corralones de artesanos de la calle Castellar de Sevilla. El reordenamiento del espacio contempla la construcción de un hotel, de 35 viviendas sin que haya ninguna protegida y la eliminación de la parcela de uso educativo en el que se encuentra el colegio concertado Calderón de la Barca. La propuesta corresponde a la compañía onubense Arenas de la Bellida y se le dio entrada en el registro de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla en enero. En la actualidad, y tras el requerimiento de documentación complementaria, se estudia la propuesta para darle o no su aprobación definitiva, que supondría la transformación completa del espacio industrial en el que los artistas desempeñan su labor.

El Plan de Reforma Interior, presentado por la compañía de Huelva a fecha de 27 de enero de 2026, vendría a modificar el Plan Especial de Protección que fue aprobado en noviembre de 2013 por el Consistorio hispalense. En la memoria de la propuesta se determina la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta al casco histórico, ya que se califica el abordaje de las obras en las condiciones actuales de los corralones como “claramente disfuncional y antieconómico”, según ha podido comprobar esta cabecera.

Pese a la transformación íntegra del espacio, la Gerencia del Ayuntamiento detalla varias consideraciones que debe subsanar la empresa tras haber analizado el documento de avance. Entre ellas, recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2013 que dicta que no son autorizables las obras de ampliación en el conjunto histórico. Además, la eliminación de la parcela calificada como educativo privado tendría que ser consultada a la Junta de Andalucía, quien debería emitir un informe de conformidad por ser la propietaria del centro concertado.

En cuanto a las viviendas, el plan de ordenación urbanística prevé que se construya un mínimo de cuatro inmuebles protegidos. Sin embargo, este requisito desaparece en el avance del proyecto “sin que se aporte ninguna justificación al respecto”. A su vez, se pasa de las 20 viviendas libres a un total de 35, por lo que se pide cuantificar las cesiones de suelo. Otro requerimiento es que se detalle dónde se ubicarían las rampas de entrada y salida de los garajes, así como el número de plazas que habría, aparte de que se informe de la incidencia que habría en el tráfico del entorno.

Acuerdo de compraventa

El ámbito Castellar-Dueñas, incluido en el sector San Andrés-San Martín del conjunto histórico, tiene una superficie total de 5.239 metros cuadrados, según los datos catastrales, con un nivel de protección parcial en grado 2 D en Castellar, 46. Esto supone que afecta a la fachada y la primera crujía, mientras que los números 48, 50 y 52 poseen un nivel protección parcial en grado 1 C: en la fachada, primera crujía, patios, cubiertas y escaleras.

Las fincas 6134, 6135 y 6136, correspondientes a los números 48, 50 y 52, serían adquiridas en su totalidad por la entidad Arenas de la Bellida por un total de 12 millones de euros. El acuerdo de compraventa tuvo lugar en junio de 2023 y tiene un periodo de tres años de vigencia. Además, se supedita la plena eficacia de la escritura de venta a “la edificabilidad conjunta” de las fincas, es decir, a que se dé luz verde por parte de Gerencia del Ayuntamiento a este nuevo planeamiento.

Una transacción que supondría el control completo de los corralones de Castellar, que ha sufrido el deterioro y la dejadez en las instalaciones a lo largo de las dos últimas décadas y cuyos artesanos y residentes. Estos han denunciado desahucios, amenazas e intimidaciones por parte de la propiedad para usar el espacio como cocheras o subir los alquileres que promovían la actividad cultural y comercial en su interior.

Alfredo González Quintero, al frente de Arenas de la Bellida y consejero delegado de la sociedad promotora del aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva, confirma a este periódico el registro de la propuesta en enero al Ayuntamiento, por lo que están a la espera de la evaluación final. Declinando dar más detalles de la operación, el empresario afirma que no tiene constancia de las disputas que hay entre los administradores y los artesanos y residentes de la zona a día de hoy.

Protección

Cabe recordar que el área de Castellar-Dueñas está protegido por el PGOU de 2006 Sevilla y el ARC (Área de Rehabilitación Concertada). El Área de Reforma Interior cuenta con una superficie total de 5.251 metros cuadrados, mientras que la edificabilidad total es de 6.825 metros cuadrados de techo, lo que se distribuye de la siguiente forma: residencial con una densidad máxima de 39 viviendas con una edificabilidad de 1.378 metros cuadrados de techo, de los que 413 m² se destinaría a vivienda protegida, a la vez que otros 3.600 m² se mantendrían para uso educativo privado y los servicios avanzados, correspondientes a los talleres, obtendrían 1.848 m² de techo.

La propiedad, a día de hoy, está dividida entre 62 propietarios y, fruto de las herencias, tienen porcentajes de reparto que oscilan entre el 0,6% y el 2,8%. Es decir, cantidades que, aunque parezcan irrisorias, son significativas a la hora de acordar la venta completa del inmueble. En este entramado, cabe destacar que Arenas de la Bellida ya entró en el reparto en el año 2023, cuando adquirió el 66% de la propiedad.

La propiedad no está exenta de deudas. En este caso, los corralones tienen una anotación de embargo a favor de Hacienda por la que se reclama una cantidad de 42.156,59 euros. A ello, habría que añadirse unos intereses que suman 3.334,55 euros y, también, las costas de 3.000 euros. Una cantidad que es nimia en comparación con los 12 millones que ofrece el empresario a la ristra de herederos que se han desentendido del cuidado y protección de las instalaciones, en las que ha habido incendios, derrumbes y filtraciones.

Transformación urbanística

El casco histórico de Sevilla, en plena transformación por la presión turística, tiene en marcha varios proyectos que afectan a los bienes patrimoniales. Uno de los últimos anuncios es el del convento de las Siervas de Jesús de la Caridad. La congregación abandonó el inmueble en 2025 y, tras cesar la actividad religiosa, se vendió por 4,7 millones de euros a la sociedad Bergami Inversiones. En la calle San Vicente nº 5, con una superficie de 500 metros cuadrados y una edificabilidad de unos 1.700 metros cuadrados, se planea la construcción de una treintena de pisos turísticos, según avanzó El Confidencial.

Igualmente, el resto de los corralones de la capital hispalense se han visto abocados a una degradación paulatina. Los enclaves aún existentes corresponden a Castellar 48, 50 y 52; Pelícano 4; Pasaje Mallol 8; Bustos Tavera 26 y Pasaje Mallol 11, pero pocos quedan en activo. A la sazón, en estos días el Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el estudio de ordenación urbanística que permitirá construir un bloque de ocho plantas de vivienda protegida en el barrio de Santa María de Ordás, en el distrito Macarena. El proyecto ha causado un fuerte rechazo vecinal en el entorno, donde los residentes preparan alegaciones para intentar frenar una actuación que califican de “aberración urbanística”, por cómo alterará la fisionomía de la zona.

Campaña tras campaña, la lucha por alcanzar unas condiciones dignas para las temporeras de Huelva persiste en el campo andaluz. Las mujeres marroquíes copan la recogida de frutos rojos entre enero y julio, lejos de unos beneficios multimillonarios que sitúan a Andalucía como la principal exportadora europea. Aun así, los sindicatos, a pie de invernadero, intentan dar voz a las empleadas que pugnan por que se cumplan los acuerdos bilaterales entre los países, donde se les asegura viviendas en buenas condiciones y unas jornadas ajustadas a la ley, aunque el miedo a las consecuencias las paralice: ya hay siete denuncias registradas en Inspección de Trabajo, correspondientes a fincas ubicadas en Almonte, Moguer, Lucena de Puerto y Palos de la Frontera.

“La fresa importa más que la mano de obra”, determina Ana Pinto, portavoz y cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. “Las viviendas tienen condiciones horribles y desde enero nos empezaron a llamar las compañeras para denunciar que no se cumplían los requisitos mínimos o que las obligaban a trabajar los domingos”, determina. Ya hay una veintena de personas atendidas y este año, a diferencia de los anteriores, podrán acceder por fin a los inmuebles donde están alojadas las temporeras para comprobar las condiciones de habitabilidad gracias a las actualizaciones de la normativa en materia de extranjería. Humedades en las paredes, cables sueltos, asentamientos chabolistas donde se construyen casas con palets de madera, en las que malviven durante meses.

El campo andaluz fue cambiando de forma lenta pero irreversible a finales de la década de los 90. En aquella época, Pinto inclinaba su espalda para recoger del suelo el oro rojo. Pese a los esfuerzos, recuerda aquel periodo feliz, lleno de compañerismo, que cambió por completo por la avaricia del sistema. “Empecé con 16 años y hacía las campañas de naranjas, aceitunas, y he visto como las condiciones iban cada vez a peor. Me parece digno que con tus manos alimentes a otras personas, se creaban vínculos, pero, de repente, impusieron normas nunca vistas: no podías llevar agua en el carro y la tenías que dejar al otro lado del invernadero para no perder el tiempo, con gente medicándose, prohibieron que ayudaras a las compañeras, para incrementar la presión de coger kilos, o tener música”, detalla. “Mi madre me enseñó que, si en el trabajo cumplo, nadie me puede explotar, y no me conformé con lo que no era justo”.

“A kilómetros del agua”

El fin era maximizar los beneficios, por lo que las condiciones laborales y salariales fueron empeorando, en paralelo al éxito de las campañas que convertían a Huelva en un referente mundial. En un contexto abusivo y desigual donde la mecanización del cultivo era inviable por la delicadeza del producto, las familias andaluzas dejaron el campo en busca de mejores oportunidades. Así, la contratación en origen se formalizó en 2002 a través de la Orden GECCO ante la falta de plantilla, dejando la puerta abierta a la explotación laboral que sufrirían unas trabajadoras con miedo a que las devolvieran a su país, sin conseguir ahorros para sus familias, o que no las volvieran a llamar. El jornal en Huelva es 60,51 euros brutos por 6,5 horas, apuntan los sindicatos: apenas unos 1.100 euros al mes.

Teniendo en cuenta que el 92% de las participantes en los programas de migración circular en 2025 fueron mujeres, ellas son las principales afectadas por estas condiciones. El contingente procedente de Marruecos asciende este 2026 a 17.000 personas, aunque cada vez más se suman trabajadores procedentes de Sudamérica, llegando a las 21.000 contrataciones. La selección se hace en origen, en ciudades como Tánger, a donde se desplazan miles de mujeres desde las aldeas circundantes para realizar las entrevistas. ¿Las condiciones? Tener entre 25 y 45 años, en edad para soportar las cargas del trabajo, con hijos, y casada, divorciada o viuda, es decir, con arraigo para que se cumpla el compromiso de retorno.

En la campaña 2024/2025, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, notificó que la campaña 2024/2025 había cerrado con una producción de 210.345 toneladas de fresa, un descenso del 5% comparada con el ejercicio anterior, y 699,3 millones de euros en exportaciones. En cuanto a la frambuesa, llegaron a las 37.660 toneladas (un 6,5% menos) y los 229,6 millones, mientras que la mora alcanzó las 1.890 toneladas (caída del 11%) y 18,3 millones. Alemania y Reino Unido son los principales importadores. A pesar de los beneficios, Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, declaraba en 2020 que las personas del campo onubense vivían “como animales”: “A kilómetros del agua, sin electricidad o saneamiento adecuado. El campo de recolectores de fresas fue verdaderamente impactante”.

Conocer los derechos laborales

“El convenio del campo de Huelva va por contratos fijos-discontinuos y, a través de las tarjetas TIE se permite la vuelta al trabajo durante cuatro años siempre y cuando cumplas con el compromiso de retorno”, explica Ana Pinto. Sin embargo, a la hora de conformar los contingentes, no se respeta la antigüedad de las trabajadoras de la campaña, “¿cómo controlamos eso?”, se pregunta, “no hay una lista en Marruecos, que se debería revisar por WhatsApp, pero se elimina como un castigo por menor producción”. “Lo más importante es que las trabajadoras conozcan sus derechos, se organicen y denuncien”, y la insistencia y difusión de la información desde los sindicatos a las trabajadoras ha logrado la interposición de demandas y la intervención de Inspección de Trabajo.

Además, hace un lustro se introdujeron dos nuevas órdenes ministeriales, la Orden TMS/1426/2018 y la TMS/1277/2019, con el fin de mejorar las actuaciones de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para controlar que se cumple correctamente la normativa laboral, a raíz de las polémicas que saltaron a la palestra mediática y, también, en función del acuerdo sobre mano de obra que se firmó entre España y Marruecos, adoptado en 2001. En su artículo 6, se establece que “los trabajadores y trabajadoras marroquíes gozarán de los derechos y privilegios que les conceda la legislación española”.

“Ninguna de estas mujeres quiere salir en la foto: tienen miedo”, critica Fátima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMINA). Antes de llegar a los juzgados o a las autoridades competentes, intermedian con los empresarios para llegar a una solución entre las partes, haciendo hincapié en las actitudes o exigencias de los encargados son los principales problemas que se encuentran en el día a día.

“En una finca en Moguer, la cocina estaba quemada, el grifo de la cocina estaba amarrado con una cuerda, las paredes llenas de humedades... Nos presentamos en la finca y recogimos pruebas con todo ello”, explica. Nombra el caso de una trabajadora que durante ocho años soportó las condiciones de la infravivienda hasta que las amenazas y los malos tratos por parte de los responsables de la finca mellaron la relación y no pudo aguantar más: “El empresario no quiso hacer nada, es más, si no hubieran hecho ese daño, habría seguido en la misma situación”.

Ezzohayry llegó a la provincia en el año 97, antes de la Orden GECCO. Venía en un contingente procedente de Marruecos y conoció al que ahora es su marido. Hasta el año 2017 trabajó en el campo, pero las ernias en su columna vertebral provocaron que le dieran una incapacidad laboral para tales tareas. Fue entonces cuando decidió implicarse en la lucha sindical: “El campo ha empeorado. En mis tiempos era mejor porque estaban las personas españolas, no las migrantes, que no conocen las normas, muchas no saben leer el idioma, y temen perder el trabajo o que no las vuelvan a llamar si se quejan”.

Abusos sexuales

La Audiencia Provincial de Huelva corroboró la existencia de abusos sexuales por parte de cinco patronos españoles a varias trabajadoras marroquíes, de entre 18 y 30 años, el 24 de abril de 2014. El auto recogía que algunas de las vejaciones eran “putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre” o “hijas de puta, tontas, inútiles”. Los agravios hacia las temporeras dieron el salto mediático en el año 2018, después de años de ostracismo laboral y social. También, alrededor de 100 trabajadoras declararon haber sufrido abusos sexuales por parte de jefes y trabajadores en un reportaje en el diario alemán Correctiv. En un frente común, se registró la primera denuncia judicial por parte de cuatro temporeras marroquíes al encargado de una explotación agraria de Moguer y, seguidamente, una segunda denuncia ante la Audiencia Nacional de diez temporeras marroquíes a la empresa Doñana 98 por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

El artículo Influencia en la agenda mediática en la cultura de la violación: los casos de La Manada y las Temporeras de Huelva en la revista Investigaciones Feministas analiza la influencia que tuvieron tales hechos en los medios de comunicación de aquel entonces. Mientras que los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín en Pamplona impactaron y movilizaron a la sociedad española, los que se daban en el sur andaluz quedaron relegados a un segundo apartado, pese a la gravedad de lo denunciado y la reiteración de los daños infringidos cada campaña ante la ausencia de unos organismos públicos que velaran por su protección. La cultura de la violación, tal y como se detalla, actúa a través de una triple dominación: la nacionalidad, el sexo y la clase.

La portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha rompe una lanza a favor del sector y sentencia que la violencia sexual “no es mayor” que en otros sectores. Pero las condiciones propician escenarios peligrosos: “Las mujeres que viven en asentamientos chabolistas sin papeles están más expuestas, sin ningún tipo de seguridad, y, por otro lado, las que tienen contrato en origen van por caminos secundarios, no tienen transporte... Imagínate ir andando por ahí y, si pasa algo, tener luego que demostrarlo porque no tienes testigos; están muy expuestas y vulnerabilizadas”.

La medida de regularización extraordinaria que anunció el Gobierno central la contempla como una oportunidad para darle salida a estas realidades, tan menospreciadas: “No es normal que en menos de 24 horas haya una sentencia judicial en la que se dictamine que una mujer tiene intereses espurios para quedarse en España”.

¿Es la migración circular la solución? Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apoya a las diferentes asociaciones y las personas que viven en los asentamientos que hay desperdigados por el territorio con asesoría y acompañamiento. “Aquí se juega con la necesidad, con el temor, y las fincas tienen una actitud bastante hostil hacia las asociaciones por el daño a su imagen”, indica. En todo caso, Pinto zanja el asunto: “Este monocultivo funciona en base a la explotación laboral, porque en unos meses se quiere la mayor producción posible y un aumento del PIB tanto a nivel provincial como nacional. Se expolia el medioambiente, pero se quiere que Andalucía sea exportadora a nivel mundial y cuenta con el beneplácito de mucha gente y de los partidos”.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla satisface a Vox al haber declarado su apoyo a la moción que se votará en el pleno municipal el próximo jueves que trata sobre la prohibición del burka y el niqab en las dependencias municipales. Con el sí rotundo, el único argumento esgrimido en contra fue que no hay amparo en la normativa estatal para que el consistorio realice tal procedimiento, por lo que los populares echaron mano a la confección de un posible informe jurídico para calmar las aguas, de no prosperar la medida.

En la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno, el grupo de ultraderecha sorteó las propuestas relativas al Día Internacional de la Mujer para entrar rápidamente al terrero: en aras de la seguridad para el “correcto” funcionamiento del servicio público, la concejala María Cristina Peláez mantuvo que la medida era “sencilla, proporcionada y legal” y solo se ajusta a que “quien se dirige a la administración, debe ser identificado”. “No planteamos prohibir prendas religiosas en la vía pública ni cómo viste nadie en su vida privada”, matizó, sin embargo, acusó a los gobiernos centrales de “promover políticas migratorias irresponsables” y del aumento de la población musulmana en el país, “principalmente de origen marroquí”, relacionando, por tanto, un hecho y otro.

Quien minutos antes había negado la existencia de la brecha salarial por razón de género, comentó que no se trataba de “un debate teórico o una discusión teológica abstracta”, obviando deliberadamente la ofensiva que lleva Vox a nivel nacional tras el fracaso de su propuesta en el Congreso de los Diputados. “El burka o el niqab no es una expresión cultural inocente ni una simple forma de vestir, es el símbolo más evidente de discriminación hacia la mujer en las sociedades islámicas”, reiteró, “la izquierda está aceptando su sometimiento, porque nosotros estamos con aquellas mujeres que luchan en el mundo por no llevarlo”. No obstante, se han posicionado para prohibir también los menús halal o defienden la cultura cristiana como la vertebradora de la sociedad actual.

El PP, replegado

En representación del gobierno local, el primer teniente de alcalde Juan Francisco Bueno confirmó que “sí” apoyarán la iniciativa, porque “no nace en ningún caso del rechazo a ninguna religión ni de la negación de la libertad religiosa”, sino que, a su juicio, se hacía en base a “los valores de nuestra democracia”. Aun así, el concejal admitió lo siguiente: “Me he pronunciado en un 'no' claramente al burka y al niqab”.

El concejal pedía “un debate sereno” para abordar un tema de tal calibre en el que se ha volcado la derecha y extrema derecha en los últimos meses, pero decía “no entender” las razones compartidas por la izquierda en el debate municipal. En cualquier caso, admitió que desconocía si el Ayuntamiento podía dar establecer esa serie de restricciones “si no hay una ley que lo ampare”: “Esa es la única duda que tenemos, de si podremos ponerlo en práctica”. Por ello, motivó la elaboración de un informe jurídico antes de continuar con el procedimiento, pidiendo al mismo tiempo el apoyo a nivel nacional de la propuesta de ley de su partido.

Así, el PP municipal se repliega ante Vox, del que ha dependido tanto para la aprobación de presupuestos como para las horas extras de la Policía Local, entre otras medidas, cuando a nivel autonómico y estatal hay un pulso por separar los enfoques de los partidos en el intento de atraer a un votante cada vez más volátil. Fue el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, quien inició el ataque en aras de proteger su mayoría absoluta de 55 diputados tras el 28F, atacando a los de extrema derecha mediante las consignas que presentan para disolver las autonomías, “¿para qué están ahí sentados?”, aludía. A pesar de las directrices, los ayuntamientos populares se han asociado a Vox a la ahora de abordar la migración, como ha sucedido en los municipios almerienses de Níjar o El Ejido, aunque se abstuviera en Málaga.

“Problema ficticio”

Si bien Peláez criticó que la izquierda se escudara en “cifras y estadísticas” para no apoyar la moción, la cuestión es que, tal y como defendió Ismael Sánchez, del grupo Con Podemos-Izquierda Unida, no hay ninguna queja formal en las dependencias municipales ni por parte de las fuerzas de seguridad que custodian la administración. “Las trabajadoras municipales del distrito, a quienes hemos consultado, nos dicen que eso no pasa y desde la policía local nos dijeron que hubo un caso en un distrito: simplemente se levantó el velo, comprobaron la identificación con el DNI y ya está”, zanjó el portavoz.

Por tanto, calificó la moción como “un problema ficticio” que venía a “fabricar un enemigo imaginario, a sembrar odio y a utilizar a una minoría de mujeres como diana política”. “Estamos ante una maniobra de propaganda ultra que solo quiere atraer islamofobia y xenofobia”, aduciendo que tales prohibiciones solo fomentan “un aislamiento mayor” que dificulta la protección de las mujeres que pertenecen a esta comunidad. En este punto, su posicionamiento lo resumió así: “No queremos que ninguna mujer tenga que llevar ninguna prenda por imposición”.

En una sentencia del Tribunal Supremo de 2013, que anuló así varias de las normas impuestas por los ayuntamientos en otro periodo de tensión política como eran las graves consecuencias de la crisis económica de 2008, se razonó que el veto podía provocar un “efecto perverso”. Por ejemplo, el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”. Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. 

“Desde los derechos humanos y la educación”

Otra sentencia judicial a la que se aludió durante la comisión fue la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, al contrario que hizo Vox, su razonamiento está alejado de cuestiones de género o religiosas. La Corte de Estrasburgo mantenía que la prohibición de las prendas que ocultan la cara era aceptable, pero exigía que los motivos que las promovían también lo fueran. Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Alemania y Bulgaria ya han promulgado leyes que se amparan en esta resolución, que defendía “las reglas básicas de la comunicación social” y la “convivencia mutua”, pero admitiendo que hay mujeres que las llevan por elección propia y, en aras de la consabida seguridad, solo se aplica en lugares sensibles, como aeropuertos, o en una emergencia.

Desde la bancada socialista, Sonia Gaya, aun mostrando su rechazo al burka y al niqab, defendió su negativa a la moción que “trae un debate cultural para generar problemas de convivencia que no existen”. “La forma no es señalar el burka o el niwab para que queden excluidas en sus casas, sino desde los derechos humanos, y la educación: el foco lo ponemos en las mujeres, no en el patriarcado y en el machismo”, sostuvo, subrayando que la ley de Seguridad Ciudadana -ley mordaza- permite la identificación del rostro de cualquier persona en caso de que haya un peligro inminente.

8 de marzo

La moción se debatía después de un debate acalorado en torno al Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, donde el presidente de la comisión pidió calma a los grupos en diversas ocasiones. A falta de una declaración institucional, PSOE y Con Podemos-IU presentaron una iniciativa en la que, entre otros puntos, se reclamaba la reactivación del Consejo de la Mujer, la distribución de los cuadernos sobre educación afectivo-sexual o el cierre de la oficina antiaborto, además de una estrategia divulgativa para la prevención de violencia de género en el ámbito digital.

En respuesta a las exigencias y presumiendo del uso de la inteligencia artificial, José Luis García, concejal de Familia, Igualdad y Derechos Sociales, criticaba el posicionamiento de la oposición ante lo ocurrido en el Consejo de la Mujer. “Expulsan a muchas entidades del grupo de WhatsApp, porque no bailan al son que ustedes tocan, quieren controlar el consejo y quedan para aleccionar”, indicó, quitándole valor a los puntos expuestos por 26 de las 40 asociaciones que conforman el órgano que reclama un papel más efectivo dentro del consistorio hispalense.

Al respecto, mostró los éxitos de la legislatura, como la licitación de la Casa de la Mujer después de que lo aprobara el Gobierno de Espadas (PSOE) en el año 2021 o la ejecución del 88% del presupuesto en el área de Igualdad, frente al 53% del épocas anteriores. Sin embargo, las concesiones que le ha hecho el PP a Vox dentro de la agenda política son muchas y sonantes, como los recortes en las partidas en igualdad, cooperación, atención a la población migrante o la cláusula antipalestina a la hora de pactar los presupuestos municipales, mientras que los oficios religiosos de San Fernando y la Inmaculada aumentaban en 100.000 euros.

En la resaca del 8M, la concejala de Vox, Peláez, decidió afirmar lo siguiente: “Existen mujeres con unos trabajos determinados y unos hombres con otros trabajos y una remuneración específica; no hay una desigualdad salarial en Andalucía o España”. Pese a lo reiterado, la Comisión Europea define y reconoce tal diferencia entre mujeres y hombres y, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, hay una brecha en la actualidad del 20%, la cual asciende al 26% en Andalucía. Es decir, el salario medio anual se situaba en 31.116 euros para los hombres y 25.958 euros para las mujeres a nivel nacional. Una casuística sobre la que la socialista Encarnación Aguilar fue directa: “Lea”.

Por su parte, Susana Hornillo (Podemos) defendió que el debate sobre la igualdad y el papel que articula en la sociedad moderna “es más necesario que nunca ante el avance del negacionismo de la violencia machista y el discurso de odio contra el feminismo, que pretende ridicudizarlo y borrar décadas de conquistas sociales que han permitido que todas las mujeres vivan con más libertad”.