Andalucía da los primeros pasos para atender a las personas con poliomielitis cuatro años después de que la Ley de Memoria Democrática las reconociera como víctimas del franquismo. Una adaptación del circuito asistencial que conllevará la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tiene como fin dar respuesta a las más de 10.000 personas afectadas en la comunidad, el mayor número del país. Sin embargo, los llamados 'niños de la polio' piden más rapidez y una respuesta integral acompañada por los servicios sociales para apoyar con todos los recursos posibles a una población ya altamente envejecida.

“El reconocimiento está hecho, pero en la práctica no hay nada”, cuestiona Pedro Varo, presidente de la Alianza por la Polio y la Postpolio en Andalucía (APPA). “El colectivo, ahora ya mayor, está sufriendo los síntomas de la postpolio, que es como si te pegara por segunda vez, por lo que pedimos investigación y que nos favorezcan para entrar en la Ley de Dependencia”. Para conmemorar el Día Mundial de la Poliomielitis, la APPA, perteneciente a la federación española, vuelve a pedir este 24 de octubre una ley de Apoyo, Asistencia y Atención Integral a las víctimas de Polio en Andalucía.

En este sentido, el pasado 8 de octubre, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS emitió una instrucción específica para abordar el tratamiento de los pacientes de polio, aunque aún hay lagunas en la forma en la que está planteada para la asociación.

“La persona con secuelas de polio o síndrome pospolio no tiene un interlocutor único y debe peregrinar por siete ventanillas distintas para cubrir necesidades que son simultáneas y relacionadas entre sí”, como ocurre con la rehabilitación y cronificación, la dependencia, la investigación que piden que haya sobre la enfermedad, o el censo estatal que aún no está confeccionado. “Es especialmente grave, porque hablamos de una población envejecida, con multimorbilidad y un síndrome que trae nuevas deficiencias décadas después de sufrir la polio aguda”, sostiene.

La Consejería de Sanidad indica, en respuesta a este medio, que el objetivo será “unificar criterios de derivación, definir competencias, identificar necesidades formativas e implantar un circuito asistencial homogéneo en todo el SAS”. Así, se analizará caso por caso las secuelas de la enfermedad y el impacto en su actividad diaria y, para quien lo requiera, se organizará un plan personalizado. “Se establecerán circuitos de derivación y seguimiento para evitar duplicidades y demoras innecesarias”, detallan, potenciando la cooperación entre la atención primaria y las especialidades hospitalarias como medicina física y rehabilitación, neurología, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia.

“Se considera comprensible la preocupación expresada”

Una serie de actuaciones que ya ponía sobre la mesa la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que recogía la ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. Un avance que aún carece de una perspectiva holística, tal y como se desprende de un informe al que ha tenido acceso este medio.

Fechado en octubre de 2025 pero entregado a los afectados el pasado 15 de octubre como respuesta a una reclamación, el SAS especifica que hay 8.783 personas con diagnóstico de poliomielitis aguda, secuelas y síndrome pospolio registradas en la sanidad andaluza. A tenor de la cifra, y “mientras se diseña e implanta el circuito”, los centros atenderán a los pacientes conforme a las recomendaciones de la Guía elaborada por el Ministerio de Sanidad.

El SAS asume la asistencia sanitaria, la rehabilitación, la fisioterapia y la planificación de sus recursos humanos. Por contra, responde que el registro estatal de personas afectadas excede a sus competencias, aunque admite que podría colaborar con la información disponible aún “con la limitación conocida de la infranotificación en historia clínica”, apuntan. En este sentido, se admite que “se considera comprensible la preocupación expresada por las personas afectadas respecto a los plazos, dado que se trata de una población de edad avanzada”.

En esta línea, el informe descarta dar atención relativa al programa de termalismo social (prestación que lleva el Imserso), la regulación de la situación de dependencia y su valoración, para lo que se ajusta a la emisión del informe de salud que se incorpora a la valoración final; así como la investigación, cuestiones que, recalcan, “corresponden a otras administraciones u órganos”. En el documento, no se menciona la posibilidad de crear un aparato integral para dar una respuesta única en vez de dejar a la suerte del paciente los trámites de forma disgregada cuando se trata de individuos con graves problemas de movilidad y dolor crónico.

“Déficit absoluto y relativo” de médicos rehabilitadores

El análisis pone de relieve que la plantilla de facultativos especialistas de área en Medicina Física y Rehabilitación (MFR) tiene “una presión asistencial elevada”, con 1 millón de entradas en consultas durante 2025 y más de 86.000 pacientes pendientes de primera consulta en mayo de 2026, frente a una plantilla de 310 plazas y una ratio media de 3,60 FEA por 100.000 habitantes. Para ello, los presupuestos históricos de 2027 contemplan la creación de 144 nuevas plazas entre 2027 y 2032 dado “el déficit absoluto y relativo” en los hospitales. Así, “esta incorporación amplía la capacidad de atención para las personas con discapacidad funcional crónica, entre ellas las afectadas por secuelas de polio y síndrome postpolio, y facilita el tratamiento rehabilitador pueda continuar en su centro de salud”.

En cuanto los servicios de fisioterapia, el SAS añade que dentro de los planes de contratación se incluirán 29 nuevas plazas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Andalucía. “Aunque su destino es el paciente crítico, constituye el punto de partida autonómico para el refuerzo de esta categoría en el ámbito hospitalario”, excusan. Aún así, reiteran: “La incorporación de estas plazas está sujeta a la aprobación definitiva del Presupuesto de 2027, y los incrementos posteriores se concretarán en la programación de los ejercicios siguientes”.

Por otra parte, la podología se dirige a la diabetes y al pie diabético, observando que en el caso de la polio se remitirá a la ortoprotésica, así que no se contempla un seguimiento clínico.

“Deja al colectivo sin respuesta operativa”

Una vez conocida esta información, la Asociación Alianza por la Polio y Postpolio en Andalucía cuestiona la capacidad de la administración: “El informe reconoce el problema, pero no lo aborda”. Varo recalca que “no hay ni un solo compromiso concreto, cuantificado y específico para las secuelas de polio y el síndrome pospolio”, aparte de que tampoco hay calendarios ni indicadores para evaluar el plan. Asimismo, apunta a que el reconocimiento de la falta estructural de profesionales “no se traduce en una respuesta proporcionada” siendo el horizonte 2030, ¿cuántas personas mayores podrán entonces disfrutar de ello?

“Se diagnostica la enfermedad y se prescribe un tratamiento a seis años vista, sin garantía de que se dispense”, ya que este incremento de plantilla viene condicionada por los presupuestos autonómicos y el desarrollo de los recursos asistenciales. A ello, añade que “el informe se limita a señalar lo que es suyo sin tender puentes, por lo que deja al colectivo sin respuesta operativa”, para lo que pide mecanismos de coordinación entre las administraciones.

Andalucía, a la cabeza con más afectados

La polio fue negada por la dictadura franquista entre 1950 y 1960 pese a que ya campaba por toda Europa, lo que impidió que se administrara en el país la primera vacuna a la población. Una década perdida con más de 2.000 casos y unas 200 muertes al año que afectó especialmente a la infancia, pero no sería hasta 1963 cuando se produjo la primera campaña de vacunación. Sin registros oficiales de la época, el Ministerio de Memoria Democrática publicó en mayo de 2025 el Informe de comisión de personas expertas en las personas afectadas por la poliomielitis, efectos tardíos de la polio y el síndrome postpolio, donde se recoge que hay 43.782 españoles afectados.

Andalucía cuenta con 10.259 pacientes con polio, seguida por Cataluña (6.538), Madrid (6.162) y Comunidad Valenciana (4.843), según los datos que se extraen del Imserso de 2023. Del total nacional, se estima que hay un 64% de esta población con un grado de discapacidad de entre el 33% y el 65%, detalla el informe. Seguidamente, hay un 27% con más del 65%; y el 8% se sitúa en el grado del 33%. A pesar de estas cifras, el informe recoge que a un 67% de este grupo no se le encuentra el certificado de dependencia, pese a las secuelas.

Una batalla en la que el tiempo corre en contra debido a que la mayor parte de estas personas son de avanzada edad: 20.172 personas tienen entre 60 y 70 años; y otras 17.377 ya cumplen más de 80 años. “Esta espera se hace insufrible para los pacientes, que tienen una media de 70 años, ¿cuánto más van a esperar”, cuestiona Antonio David Sánchez, médico traumatólogo y autor del libro La poliomielitis: una negligencia del franquismo.

“La dictadura negó la epidemia en un momento en el que había mucho miedo. Los síntomas se manifestaban a los tres o siete días y aparecía como fiebre y una debilidad extrema, no podían levantarse de la cama o se caían al suelo”, cuyas secuelas físicas principales son la atrofia muscular, las deformidades esqueléticas o la dificultad para respirar, entre otras. Sánchez ha recibido a pacientes de toda Andalucía y contempla el daño que produce el síndrome pospolio: “Muchos de ellos se refieren a él como si volvieran a coger la polio por segunda vez”.

“Años después”

A día de hoy, no existe un tratamiento farmacológico para las personas con polio y, para las nuevas generaciones, la vacunación en lactantes es superior al 98% en Andalucía, según los datos trasladados por la Consejería de Sanidad, mientras que la dosis de vacuna a los 6 años, implantada desde el 2023 por indicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una cobertura consolidada superior al 93%.

“Lo que sí se ha demostrado es que los pacientes con polio tendrían que ser llevados en consultas multidisciplinares, con estudios rehabilitadores y tratamientos fisioterapéuticas”, indica el especialista, medidas acompañadas por los aparatos ortopédicos necesarios para su movilidad. No obstante, hasta sustituir un aparato por otro puede ser un obstáculo: “Tienes que convencerles para que lo utilicen, porque hay ocasiones en las que cambiar de ortesis les provoca muchos dolores, y prefieren la suya, aunque esté en peores condiciones”.

El especialista recibió la orden del SAS, pero subraya que viene “años después”. Años de esfuerzos y trabajo conjunto de las asociaciones que persisten frente al sistema. El pasado 23 de septiembre, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) relativa a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la poliomielitis. Cuatro años después de la ley de Memoria Democrática y casi 50 años después de que sus afectados la contrajeran. Un largo camino por recorrer si la administración continúa dilatando los tiempos.

La renta media bruta en el barrio de Santa Cruz, en el centro de Sevilla, fue de 106.223 euros en 2024, un 43% más que en 2019, lo que la sitúa entre el 1% más rico de Andalucía y el 3% en España. A escasos kilómetros, el Polígono Sur se queda entre el 1% más pobre con unos 20.000 euros de media. Una fractura que deja ver las costuras de un sistema que ha sido debatido en el pleno municipal en un día removido por el movimiento social. Concentrado a las puertas del Ayuntamiento y gritando en el interior, varios colectivos reclamaron políticas públicas que mitiguen estas diferencia durante el debate en el que se abordó la crisis de vivienda y los altos precios de las viviendas protegidas (VPO), para lo que el alcalde José Luis Sanz admitió que tampoco le gustan.

A las doce del mediodía, los vecinos de Jiménez Becerril exigían en una convocatoria en la plaza de San Francisco este jueves que sus casas se incorporen al parque público municipal. “No están con los ciudadanos, sino con los fondos buitres”, criticó Sandra Cruz, vecina afectada por la compra que hizo un fondo buitre del número 27 de Jiménez Becerril en donde viven 102 familias. “Nos enteramos por terceros en abril que nuestro edificio había sido vendido por la Caixa al fondo Inmocriteria Arrendamiento SLU”, con un precio por inmueble de 40.000 euros. “Pedimos al Ayuntamiento que ejerza su derecho de tanteo y retracto y lo sume a su parque de vivienda público”, añadió.

Sin embargo, PP y Vox tumbaron la moción en julio para proteger las VPO que, a fecha de hoy, ya han sufrido “un aumento del alquiler del 47% y la no renovación de varios contratos, además de que no hay un mantenimiento del bloque”, aseguró desde la plataforma que se concentró en la plaza de San Francisco, que acusaron al alcalde José Luis Sanz y al delegado Juan de la Rosa de “mentir”. Esta reivindicación se produce dos días después de que el Ayuntamiento hispalense anunciara que mantendrá una “vía permanente de comunicación” con la asociación de vecinos para revisar los expedientes de las 102 familias.

Sevilla concentra desde el 1% más rico al 1% más pobre del país

El grupo de afectados, apoyado por CGT, el Sindicato de Inquilinas y la plataforma Barrios Hartos, fue al Salón Colón a protestar y del que fueron desalojados en una jornada estuvo salpicada por las protestas vecinales. “Si se invierte más que nunca y hay más desigualdad que nunca, ¿qué está fallando? A lo mejor está fallando el modelo, porque no se está corrigiendo la desigualdad en nuestra ciudad. Quiero que investigue qué está fallando: la deuda con nuestros vecinos no se paga con propaganda, sino con voluntad política”, enfatizó Ismael Sánchez, del grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida, que preguntaba al regidor hispalense por las medidas para combatir estas disparidades.

Los datos difundidos hace tres días por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una diferencia abismal entre los barrios sevillanos. Estas cifras detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales y deja a la barriada de El Carmen, El Turruñuelo, Amate, Los Pajaritos, Palmete, Santa Justa, Macarena, al rojo vivo. Así, se distinguen las zonas más empobrecidas de la riqueza que se aglomera en el centro de la capital andaluza.

“Los datos son demoledores y, si se están desarrollando programas sociales, por qué Torreblanca sigue teniendo 11.500 euros de renta media, una de las más bajas del Estado español”, cuestionó frente al récord de turistas que han aterrizado en la ciudad durante este último año en una jornada en la que se ha aprobado de forma unánime una moción en la que se solicita al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la financiación necesaria para la ampliación del Aeropuerto de Sevilla.

En respuesta, el alcalde José Luis Sanz admitió que, aún estando “orgullosos del esfuerzo inversor”, todavía “queda mucho por hacer”. En todo caso, subrayó que ha habido 560 millones de euros destinados a política social durante el mandato y que, en los últimos presupuestos municipales, un 21% estuvo dedicada a esta partida. “Rescatamos los servicios sociales del abandono de los socialistas”, adelantando que hay 40 nuevas viviendas transitorias para familias en riesgo inminente o el aumento del presupuesto de los centros de día. “Si mantenemos o incrementamos el nivel de inversión, poco a poco veremos una transformación en los barrios pero no se consigue de un día para otro”, sostuvo.

En cuanto a los elevados precios de las viviendas protegidas (VPO) construidas en Sevilla, respondió al concejal de IU que “a mí tampoco me gustan”. “Si yo hubiera formado parte del Gobierno de coalición, le hubiera pedido ayudas a la compra, a las hipotecas, a la fiscalidad... Esa era la forma de bajar el precio de la vivienda protegida”, recalcó. Un eco de las palabras dirigidas por la portavoz de Jiménez Becerril, que criticó que los precios estén “en 280.000 euros”.

Al respecto, Carmen Fuentes, del grupo socialista, pidió “construir viviendas asequibles” durante la exposición de la moción para apoyar las medidas urgentes del Gobierno central en materia de vivienda y su aplicación en Sevilla, que fue rechazada. “Una VPO cuesta más de 350.000 euros y eso no es una solución para las familias trabajadoras o que un alquiler sea más del 30% no es una solución real”, criticando que han “mirado a otro lado” en la desazón que atraviesan las familias de Jiménez Becerril. “Le pedimos que utilicen sus competencias”, recalcó.

“¡Sueldo digno!”

El pleno, marcado por varias interrupciones de la ciudadanía que vino a protestar ante los concejales, iban siendo desalojados uno a uno después de que se reclamara la vuelta al orden. Entre las reclamaciones, tres vecinas gritaban “¡Flora, pública, abierta y de calidad!”, en referencia a la reapertura de la residencia universitaria en las Tres Mil Viviendas que la Universidad Pablo de Olavide clausuró y del que ha excedido el plazo para su reapertura. Esta manifestación se produce cinco días después de que el estudiantado se manifestara a las puertas del edificio buscando una respuesta de la institución, que ha pospuesto abrir unas 32 viviendas el próximo 1 de diciembre.

Frente al abono de los servicios para el Plan de Navidad a la Policía Local, las trabajadoras en dependencia también exigieron mejoras: “¡Sueldo digno a las auxiliadoras de ayuda a domicilio!”, un colectivo que, aparte de reclamar la municipalización del servicio, llama a mejorar las condiciones retributivas de la plantilla, una lucha en la que llevan varios años y con movilizaciones como la acampada de más de un mes que hicieron ante el Consistorio. Junto a ellas, otro grupo de trabajadores del Ayuntamiento pedían “jubilación anticipada” tras 40 años cotizados.

Vuelven a educación los 3 millones que iban a Emvisesa

Un pleno revuelto en el que, además, se ha dado un paso atrás en la reasignación de 3 millones de euros a Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, tras quitárselo a la partida de educación. Un mes después de que se aprobara la modificación presupuestaria, el gobierno de José Luis Sanz (PP) se ha retractado, para lo que el PSOE y Podemos-IU han pedido explicaciones. “El informe de Intervención, de seis páginas, especifica que no se había argumentado lo suficiente para justificar el desvío de crédito”, recalcaba Hornillo, “cuestiona la viabilidad de esta operación”.

Además, el concejal socialista Francisco Páez acusó al PP de “ocultar” a la oposición la carta en la que desde Emvisesa “manifiesta por escrito que ya no se necesitaba la partida para la renovación de infraestructuras”. “Nadie ha visto la carta del señor gerente de Emvisesa”, subrayó, “quitaron el dinero de una partida de colegios para dedicárselo a la rehabilitación de vivienda y ahora vuelven atrás, esto es prueba de los malos gestores que son al frente del Ayuntamiento”. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, desvió el debate hacia el hecho de que hay “2.071 casas” que están en régimen de alquiler y serán rehabilitadas, sin responder a las cuestiones relativas a la marcha atrás de este procedimiento.

El Ayuntamiento de Sevilla recortó en un 83% la partida dedicada a la cooperación al desarrollo en el presupuesto de 2026. Hecho por el que el gobierno municipal del PP fue duramente criticado tras haber aceptado las condiciones de Vox para sacar adelante las cuentas. Por vez primera en una década, se rebajaba la cuantía por debajo del millón de euros (en concreto, a 347.405 euros) y las consecuencias ya se notan: ruptura de compromisos e imposibilidad de atender a cientos de personas, así como las dificultades para las labores de sensibilización en ayuda humanitaria. Pero ha sido ahora cuando la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), dirigida por el PP, ha reconocido al consistorio hispalense por su compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo.

“¿Qué clase de compromiso con la cooperación es acabar con ella? Hay un sentimiento colectivo de indignación en el sector: las políticas del Ayuntamiento hasta el 2025 han sido continuistas y no ha habido un afán de fortalecerlas o mejorarlas, y en 2026 han supuesto su total desaparición”, responden desde la Asociación Sevilla de ONGD (ASONGD) sobre el reconocimiento entregado desde la FAMP, entidad que preside el alcalde cordobés José María Bellido (PP) al Consistorio hispalense de José Luis Sanz (PP). En un contexto marcado por la confluencia autonómica entre el PP y Vox, el gobierno municipal es una pieza más de las políticas que intenta consolidar la ultraderecha en la comunidad andaluza más allá de su tira y afloja, como apunta la asociación que engloba a 37 entidades locales: “La desaparición de la cooperación en Sevilla coincide con un recorte tremendo en Andalucía”.

El acto de la FAMP se celebró el 23 de septiembre durante una jornada organizada con motivo del Día de las Personas Cooperantes. A la cita acudió José Luis García, concejal de Derechos Sociales, donde destacó en un comunicado posterior que la distinción comprometía a la institución y, de igual manera, mencionó el papel de los gobiernos locales como actores fundamentales de la “cooperación descentralizada”. “La responsabilidad de una institución pública no termina en sus límites territoriales. Vivimos en un mundo profundamente interconectado y, por eso, la solidaridad tampoco puede entender de fronteras”, destacaba. Una vez conocida la entrega de la distinción, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ismael Serrano, calificó como una “auténtica burla” este reconocimiento.

A preguntas de este medio, el Consistorio ha preferido no hacer valoraciones sobre este asunto. No obstante, apuntan a que se está trabajando en el nuevo Plan Director tras caducar el anterior en 2025 y, acerca de la posibilidad de volver a aumentar la partida de cara a 2027, las mismas fuentes comentan que es pronto para saberlo.

“Ya no se pueden seguir pagando nóminas”

El Ayuntamiento de Sevilla dejó en 347.405 euros la partida para cooperación al desarrollo en 2026. El punto más bajo tras diez años de mantenimiento. Retrotrayéndonos en el tiempo, 2016 marcó el inicio de la escalada con un montante de 1 millón de euros; cantidad que creció hasta los 2 millones al año siguiente, continuó entre 2018 y 2019 en los 1,9 millones de euros; y, en el año de la pandemia, bajó a los 1,7 millones a pesar de la alerta sanitaria. Seguidamente, descendió a los 1,6 millones en 2021, y tuvo un leve repunte de 1,7 millones en 2022, cifra similar al año siguiente, 2023, con 1,7 millones. En 2024 alcanzó de nuevo los 1,9 millones de euros y en 2025 llegó a los 2 millones (2.064.584 euros) otra vez. Por lo que el tijeterazo en 2026 fue drástico.

Como explican desde la ASONGD, “esto supone tratar de hacer lo mismo con menos dinero cada vez”. Los recortes les han llevado a “romper compromisos con contrapartes” y “dejar de atender a mucha población beneficiaria”. Además, adelantan que “muchos profesionales van a tener que dejar el sector porque sus ONG ya no pueden seguir pagando sus nóminas”. El tejido se va desmantelando poco a poco y, en suma, lastran el compromiso de la capital: “La imagen de Sevilla como ciudad solidaria y la política pública de cooperación en terceros países la han forjado las ONGD sevillanas durante años, y la experiencia y el saber acumulado por quienes trabajan en este sector con unos sueldos muy por debajo de lo que se pagan en el sector público y privado están en riesgo de perderse irremediablemente”.

El acuerdo entre PP y Vox para aprobar las cuentas de 2026 trajo también recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer, los planes de igualdad y la propia cooperación en un contexto en el que la ultraderecha tiene entre sus objetivos reducir cualquier gasto dirigido a los sindicatos y a las entidades sociales, como se refleja en la alianza autonómica. En un primer planteamiento, la Memoria del Presupuesto de 2026 reflejaba que la dotación era de 1,48 millones de euros para el programa, destacando que la dotación para el convenio del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) era de 0,2 millones y las transferencias al exterior por otros 0,98 millones.

Sin embargo, las enmiendas al anteproyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla presentadas por Vox recogían los “recortes” tanto en este ámbito como en memoria democrática o en igualdad de género, “que estaban destinados exclusivamente a sufragar actividades de propaganda y promoción”.

Asimismo, añadían en el escrito remitido que conseguían “que se recortaran todas las partidas económicas que estaban destinadas a asociaciones que trabajaban con inmigrantes ilegales, sabiendo que no podemos fomentar bajo ninguna circunstancia y desde ninguna administración cualquier tipo de ayuda o política que pueda suponer un fomento de un fenómeno, el de la inmigración ilegal, que está poniendo actualmente el mayor problema social de nuestro país”.

Vox carga contra la ayuda humanitaria: “Espabilados”

En agosto de este año volvía a encenderse el debate debido a que se suspendió la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional para 2026, una cuestión que la ultraderecha celebraba. “Las ayudas municipales, que emanan de los impuestos de los sevillanos, están para atender las necesidades de los sevillanos, no para los bolsillos de los espabilados”, afirmaba García de Polavieja, portavoz municipal de Vox en las redes sociales, “si algunas ONG van a cerrar por depender de los recursos gubernamentales es que no andamos descaminados cerrando el grifo”.

Pese a lo transmitido por los ultras, el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021 - 2025 recoge una valoración sobre si la sociedad sevillana debe participar en actuaciones de cooperación al desarrollo a través del Ayuntamiento. La encuesta quedaba de esta forma: 41,5% afirmaba que “sí, se debe apoyar”; el 45,3% respondía que “sí, se deben realizar campañas de sensibilización y comunicación”, mientras que el 5,9% opinaba que “en parte, pero no a través de una política específica”, y, finalmente, un 7,3% dijo que “no, hay prioridades en el municipio que requieren más atención”. Es decir, el 86'8% se mostraba a favor de que se llevaran a cabo estas iniciativas.

El Parlamento de Andalucía aprobó por primera vez en 1995 una línea presupuestaria en este ámbito y se apoyó en el movimiento social que el año anterior había pedido la cesión del 0,7% del PIB a favor de las iniciativas sociales, una línea que también sufrió recortes a causa de las baremaciones en 2025 entre las medianas y pequeñas asociaciones. A partir de los 90, la implicación evolucionó en la comunidad con la creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y la creación del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, además de programas en la capital hispalense que, en el último periodo, se han alineado con la Agenda 2030 impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ahora, entre las tareas pendientes del Consistorio también queda renovar el Plan Director de Cooperación al Desarrollo para los próximos cuatro años tras caducarse en 2025 el anterior. Entre los puntos recogidos en el antiguo plan, se firmó un Protocolo General de Actuación entre la Delegación de Cooperación al Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el que, ha podido confirmar este medio, no se ha solicitado, todavía, la renovación por parte del Ayuntamiento.

La herramienta acordada con la AECID tenía una vigencia de cuatro años y permitía la formación continua de los funcionarios municipales, también la participación en acciones de sensibilización y visibilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en tercer lugar, facilitaba la cooperación técnica para la asistencia en terceros países.

Asimismo, la ASONGD elevó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, con quien se reunió un día antes de que se hiciera entrega del reconocimiento al Ayuntamiento por parte de la FAMP. En el encuentro, el Área de Vulnerabilidad se comprometió a recabar información sobre el contexto en que se habían dado de los recortes, aunque a fecha de hoy todavía no hay resolución.

“No se puede planificar una política pública sin fondos”

Al respecto, desde la ASONGD indican que en las asambleas de julio y septiembre han colaborado “solo lo imprescindible” con “una institución que recorta hasta su desaparición las subvenciones a la cooperación”. Así se lo trasladaron a la empresa consultora encargada de crear el nuevo plan director y a la Delegación de Derechos Sociales. “La necesidad de participar en la elaboración de un plan es mucha, porque nos va mucho en ello, pero estamos en un contexto en el que ni del anterior se ha presentado una evaluación final. Tampoco se puede planificar una política pública sin fondos”, remarcan.

En todo caso, tienden la mano para “sentarse y colaborar” con la Delegación de Derechos Sociales y afirman que se encuentran “en el trance de que haya un cambio y se recupere la buena relación que hemos mantenido con el Ayuntamiento hasta la fecha”, pese a que Vox considerara que este tipo de políticas públicas fueran un “gasto superfluo”. Aun así, tienen la esperanza de “volver a ese compromiso” que el gobierno de José Luis Sanz ha mostrado en años anteriores, “y que dice seguir teniendo allí donde se le pregunta”.

ASONGD recuerda que la cooperación sevillana desarrolla proyectos en 20 países de África, Sudamérica y Asia, relacionados con el acceso al agua, la igualdad de género, la salud comunitaria o la respuesta humanitaria, entre otros ámbitos, beneficiando a más de 134.000 personas. En Sevilla, además, más de 23.000 personas participaron en acciones formativas sobre derechos, democracia y desigualdad global.

“No es normal que haya gente que muera esperando”, denuncian miembros de Mareas Blancas a las puertas del Parlamento andaluz este martes en una concentración para apoyar la iniciativa legislativa popular que hoy se debatió en la Comisión de Sanidad tras contar con 60.000 firmas ciudadanas. “No sabemos si el PP y Vox tumbarán esta ILP, que es bastante probable, pero no vamos a consentir que se carguen la sanidad”, aseveró Luis González, portavoz del movimiento que lucha por el sistema público.

“No estamos solas en esta pelea, contamos con el apoyo de pensionistas, sindicatos y, sobre todo, con decenas y miles de andaluces y andaluzas que han firmado la ILP y han participado en las movilizaciones”, subrayó en una atención a medios durante la manifestación que se convocó por la tarde, donde varios manifestantes se vestían de negro “por el entierro de la sanidad pública”. Con ataúdes, pañuelos, plañideras y con el luto, pedían una reacción por parte del Ejecutivo autonómico: “¡Bonilla, más plantilla!”.

A su lado, una compañera del movimiento reivindicaba el carácter apartidista de la organización, que está enfocada en que se mejoren los recursos disponibles: “Consignas políticas son las suyas. Tenemos los mayores presupuestos de la historia, pero la mayor parte van a centros privados. No sirve de nada. El fin de las empresas privadas es ganar dinero, es justo, pero que monten una tienda de zapatos, ¡la salud es un derecho, no es un artículo de lujo y con eso no se juega!”. Al hilo de lo comentado, recordó que un estudio publicado en la Gaceta sanitaria advierte que entre 2019 y 2024 hubo un aumento en la mortalidad por cáncer, en concreto, 3.701 muertes más de las esperables por estadística en Andalucía. Un hecho que los investigadores erlacionaron con la devaluación de la infraestructura sanitaria.

Debate en la Comisión de Sanidad

El Parlamento de Andalucía ha contado este martes con una representación de agentes sociales para valorar en comisión la ILP, cuyo propósito es la “recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía” y, en último término, reformar la Ley de Salud de Andalucía de 1998. Una medida promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas en la pasada legislatura y que, finalmente, aceptó debatir el PP, con mayoría absoluta en la Cámara hace apenas unos meses, a raíz de la crisis de los cribados de cáncer de mama y las múltiples manifestaciones que se circunscribieron en todo el territorio.

Entre los actores invitados, se ha contado con los sindicatos CCOO y UGT Andalucía, así como CSIF, el Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). También están citados, entre otros, representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, así como de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

La iniciativa cuestiona el desvío de fondos a la sanidad privada, mediante la derivación de miles de pacientes, plantea restringir los conciertos con estos hospitales y clínicas para que en un plazo de cinco años no quede ninguno, y plantea recuperar la subasta de fármacos, que los populares eliminaron nada más llegar al Palacio de San Telmo, sede de la Junta. La misma iniciativa popular, casi literal, se ha presentado en cientos de ayuntamientos de Andalucía, donde fue mayoritariamente rechazada por el PP, aunque, en noviembre de 2025, decidieron tomarla en consideración para que se produjera el debate.

Entre las exigencias más apremiantes, Rafa Gelo, y Antonio Macías, de UGT Servicios Públicos Andalucía, pidieron reforzar los servicios públicos y garantizar unas condiciones laborales dignas para los profesionales que sostienen diariamente el sistema sanitario. Destacaron, según ha recogido Europa Press, que conseguir una cita médica puede suponer esperas de entre diez y 14 días, “una realidad que termina desplazando a parte de la población hacia la sanidad privada o incrementando la presión sobre los servicios de urgencias hospitalarias”.

A su vez, recordaron que, en base a la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 y de la Encuesta Andaluza de Salud, casi el 20% de la población andaluza percibe su salud mental como regular o mala, mientras que la depresión diagnosticada afecta al 8% de la ciudadanía. En esta línea, el malestar psicológico afecta al 23% de las mujeres frente al 13% de los hombres, así como en la brecha socioeconómica que sufren los hogares con menores ingresos.

“Que el deterioro de la sanidad pública no vaya a más”

Por su parte, Juan José Sánchez, secretario general de Satse Andalucía, Juan José Sánchez, argumentó que la recuperación de la calidad asistencial pasa necesariamente por una apuesta estratégica por los profesionales, advirtiendo de que problemas como las listas de espera, las dificultades de acceso a consultas o la sobrecarga asistencial están directamente relacionados con la insuficiencia de recursos humanos. Para ello, consideró prioritario un aumento progresivo de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas y, al mismo tiempo, mejoras laborales para fidelizar, reducir la temporalidad y garantizar la cobertura de puestos de difícil cobertura, sobre todo en zonas rurales.

Una serie de requerimientos que van en consonancia con lo expuesto por la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la crisis de cribados de cáncer de mama que se dio hace un año en la comunidad, donde se reflejaba que que el Hospital Virgen del Rocío trabajó durante dos meses al 170% de su capacidad y derivó en diciembre 700 mamografías al concierto privado. Lo que, en principio, sostiene la tesis de la asociación Amama y de las denuncias que dio a conocer El País por parte del exjefe de Radiodiagnóstico, que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad del centro hospitalario.

Al respecto, se ha pronunciado la líder de la oposición, María Jesús Montero, quien ha apoyado a la plataforma que “lleva años planteando en Andalucía para que el deterioro de la sanidad pública no vaya a más, y para que se recupere el orgullo del sistema público que siempre ha presidido la política andaluza en relación con la sanidad”. Además, ha criticado que el rediseño del sistema anunciado por consejero de Sanidad, Antonio Sanz: “Parece que a hurtadillas, a oscuras, porque no da ninguna clave”, criticando que esa es la línea de actuación del Gobierno del PP, que “siempre dan sensación de movimiento para que no cambie nada”.

Reforma del sistema sanitario

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anunció a finales de septiembre que este mes se iniciarán los trámites para llevar al Consejo de Gobierno la creación de un comité de expertos con el que abordar la “mayor reforma y actualización” del sistema público de salud que contará, previsiblemente, con la participación de profesionales, investigadores, colegios profesionales, sindicatos y representantes del conjunto del sistema sanitario.

Este comité, según anunció en un desayuno informativo organizado por Europa Press, pondrá las bases para la redacción de la nueva Ley de garantía sanitaria, con la que Andalucía quiere “blindar” la sanidad pública para que el presupuesto en esta materia siempra crezca. Para aprobarla, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha ofrecido a los sindicatos un acuerdo de legislatura que confía en alcanzar ya que hay precedentes de “grandes acuerdos” sanitarios en la anterior legislatura.

Cáritas atendió durante 2025 a un total de 5.000 personas en toda Andalucía, cifra similar a la del año anterior y que, en un contexto marcado por la crisis de vivienda, afecta más a los hombres y a las edades comprendidas entre los 35 y 60 años. La distribución entre las provincias no ha trascendido, aunque desde la entidad indican que es similar, habiendo utilizado los recursos en Sevilla un total de 400 personas. Frente al sinhogarismo, exigen un mayor acompañamiento para que estas personas puedan reconstruir las relaciones de apoyo y confianza y, sobre todo, que “la administración apueste de manera decidida” por erradicar esta lacra y “cubra esta realidad”.

Con un marcado tono crítico, Francisco Sánchez Heras, presidente de Cáritas Regional de Andalucía, subrayó que hay una “falta de recursos para personas sin hogar y una falta de políticas integrales”, ya que, finalmente, este colectivo “llega a formar parte del paisaje y lo peor es que nos acostumbremos a esta vulneración de derechos”. “La casa es preservar la intimidad, la identidad, además de sentirse parte de una comunidad”, indicó, “las personas no pueden abandonar el sinhogarismo sin ayuda y sin el reconocimiento a sus derechos y de su dignidad como personas en una situación tan dramática como la vivienda”.

Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que se conmemora el próximo 25 de octubre, la entidad presentó sus datos de atención junto a la campaña realizada para este año bajo el lema Un hogar es mucho más que un sitio donde vivir, es un lugar al que pertenecer en un panorama marcado por los altos precios de la vivienda y el alquiler. El riesgo de la pobreza y la exclusión social ya se extiende a 3 millones de personas en la comunidad, tal y como refleja el informe de la EAPN Andalucía, y las calles reflejan esta precariedad estructural que afecta a la población.

“El poder adquisitivo no va de acuerdo con la carestía de la vida”

El perfil mayoritario que se encontró Cáritas era en un 85% correspondiente a hombres y, con respecto a la edad, entre los 35 y los 60 años. Con frecuencia, se trata de personas solteras, con bajo nivel de formación y escaso o ningún apoyo familiar o vecinal, para lo que piden una especial atención al tejido comunitario: “No solo han perdido el empleo, por ejemplo, sino los ambages de su vida para salir adelante, ya que, sin apoyo familiar, vecinal o de amigos, es difícil salir del sinhogarismo”. Además, indican que la proporción entre personas nacional y extranjeras es muy similar. No obstante, Heras destacó que hay un repunte de situaciones de calle “de personas nuevas, edades, mujeres, y uno de los mayores dramas es que hay personas mayores que no pueden acceder a residencias”.

Así, ya no solo se trata de personas con adicciones o problemas de salud mental, sino familias que están siendo afectadas por la crisis habitacional e inflacional. “Ya lo estábamos viendo, perfiles de familias que venían a pedir ayuda y se sentaban incómodas en los salones parroquiales porque no estaban acostumbrados a esto. La Iglesia estaba haciendo de dique de contención, pero esta crisis inflacional ha destapado que el poder adquisitivo de la clase media no va de acuerdo con la carestía de la vida”, manfiestó.

“Nos preocupan que los procesos de ayuda se interrumpan”

Cáritas empleó a 118 trabajadores y cuenta con el apoyo de 700 personas voluntarias en Andalucía con una inversión de 4,3 millones de euros, de los que un 55% procedía de fondos propios, como socios, hermandades y cofradías, mientras que la parte restante viene de la ayudas públicas entre las que reciben aportaciones de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. En Sevilla, el montante económico superó los 1,1 millones de euros, con el 50% de financiación privada, y la contratación de 23 profesionales y colaboración de 294 voluntarios.

Al respecto, el presidente regional apuntó que las subvenciones de la Junta provienen de las aportaciones del 0,7% del IRPF y en virtud de la Estrategia Andaluza de Personas Sin Hogar, “que hay que desarrollar de manera más amplia”, especificó. El año pasado obtuvieron una menor puntuación en la convocatoria pública supuso la pérdida de alrededor de unos 700.000 euros que afectaron a los proyectos sociales de la entidad. Para ello, se presentó un contencioso-administrativo en el que se demostró que se había infravalorado la propuesta y, así, lograron salvar el escollo.

En esta línea, Heras valoró la actuación del Gobierno de Juanma Moreno después de que elDiario.es desvelara que se suspendían las ayudas a tres ONG –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– que atienden a personas sin hogar, cuyo perfil mayoritario son personas migrantes en situación irregular: “Cáritas no se ha visto afectada, pero nos preocupan que los procesos de ayuda se interrumpan. Es caer de nuevo en el sinhogarismo. No tenemos más información sobre los términos de esos acuerdos, pero, si llega el momento, lo aclararemos”.

Barreras administrativas y en los empadronamientos

“La falta de vivienda social y la presión del mercado inmobiliario impide acceder a una vivienda segura y estable, y denunciamos la aporofobia y la estigmatización que sufren quienes no disponen de recursos para salir de la invisibilidad”, destacando que, desde hace años, la vivienda ha sido uno de los principales obstáculos del que ha venido alarmando el informe FOESSA. También, piden más respuestas ante “las barreras administrativas” que afectan, especialmente, a las personas migrantes que se enfrentan a “discursos alarmantes”.

A tenor de lo comentado, Miguel Ángel Carbajo Selles, director de Cáritas Diocesana de Sevilla, pidió una mayor accesibilidad a los servicios sociales, y agilidad en el reconocimiento de la dependencia o una política de vivienda que aumente las alternativas asequibles. “Necesitamos una atención a la salud mental continuada y una coordinación sociosanitaria efectiva”, sobre todo con el fin de evitar que la administración las trate de manera separada y eso signifique un desdoblamiento de los recursos en vez de atender a la persona de forma global. Así, clamó porque los ayuntamientos están dificultando los empadronamientos de las personas sin hogar: “Nos estamos encontrando con situaciones muy complicadas”, una cuestión de la que ya viene alertando el movimiento social.

“Los prejuicios y la aporofobia dan lugar al rechazo y a la violencia, incluso a las personas que se acercan para acompañarlas”, admitieron. La red de Cáritas se ha ampliado este año con un nuevo recurso en Sevilla y otro que próximamente será abierto en Huelva, donde, añadieron, la cuestión es “crear un vínculo para que la persona, cuando esté preparada y por decisión propia, inicie el proceso”. La máxima es respetar el principio de autonomía de cada usuario que acuda a los centros, que en Sevilla está compuesto por cuatro iniciativas parroquiales de atención en calle: el proyecto Beato Pedro Dónders (Santísimo Redentor, en Nervión) atendió a 122 personas; mientras que el de Lázaro (San Sebastián, Porvenir) contribuyó a la atención de 91; junto a ello, Levántate y Anda (en el centro, San Vicente Mártir) colaboró con 78 personas; y Emaús, en Triana-Los Remedios, con 66.

A esta red se ha incorporado el Centro de Noche Saiz Meneses, inaugurado recientemente y fruto del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Tiene cabida para 12 personas, previamente derivadas por los proyectos de atención en calle de Cáritas que ya las acompañan. “La Iglesia no puede atender a todas las personas y estas infraestructuras se ponen a disposición con mucho esfuerzo y mantenerlo no es tan fácil”, sostuvo el presidente regional de Cáritas, para lo que, una vez más, pidió la implicación de los poderes públicos. “Se puede salir de la calle, es un deber de la sociedad y de los poderes públicos”, coincidieron, para lo que demandan “un trabajo comunitario que prevenga el rechazo vecinal y convierta los barrios en espacios de corresponsabilidad”.

¿Cómo encontrar o utilizar las palabras cuando no sabemos que existen o desconocemos su significado? Las experiencias en diferentes territorios, trayectorias vitales y contextos dificultan en ocasiones el aprendizaje al llegar a un nuevo lugar, en el que todo cambia bajo un prisma nuevo. Ese es una de las tesis que maneja Fátima Morales a la hora de abordar la salud mental, el acceso a la sanidad o la prevención de la violencia de género trabajando con las mujeres migrantes, para lo que ha incurrido en un nuevo proyecto donde el arte es protagonista: Piel Común.

Morales, profesora titular del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Sevilla, es la impulsora de este proyecto que cuenta con el apoyo de la Unidad de Igualdad de la US. Del 19 al 23 de octubre se impartirá el taller Piel Común, en el que la creadora teatral Marina Pallarés invitará al escenario a un grupo de mujeres que, a partir de la interacción en vivo, pondrán su cuerpo y voz a esas emociones y pensamientos que quedan relegadas al olvido de la rutina cuando, realmente, hablan del estado anímico, y físico, de cada persona. Una experiencia en la que se derrumban las barreras socioculturales para interactuar desde la empatía sin prejuicios.

Todo empezó cuando Morales formó parte como voluntaria de una iniciativa que ayudaba a identificar la adicción a las bebidas energéticas y a los cigarrillos electrónicos en los menores del barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas. “Les dábamos a los niños noticias sobre el alcohol o el efecto de los vapeadores para que hicieran a partir de ellas una interpretación teatral”, relata en una entrevista con este medio. Su inspiración en un primer momento fue la corriente del teatro oprimido, técnica impulsada por el dramaturgo Augusto Boal, y, posteriormente, la acción de la compañía Teatre del Sí que dirige Marina Pallarés. Tras intercambiar conversaciones, notas y reflexiones sobre cómo abordar en contextos vulnerables distintas temáticas, como la salud mental o la violencia de género, confluyeron.

“Importa mucho más el código postal que el código genético”

“De ahí salió la idea de traer esta iniciativa a la US para hacerla con profesionales, estudiantado y miembros del PAS de la universidad”, apunta. “El teatro crea un espacio seguro en el que se pueden visibilizar muchas problemáticas del día a día”, utilizando la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP) para la interacción en tiempo real. ¿Cómo será la dinámica? “Se hace sobre la marcha. Marina pregunta cómo te sientes hoy y empezamos a representar el cansancio, por ejemplo, entre todas las participantes. Analizamos ese cansancio, cómo se representa, de dónde viene, si está más ligado al trabajo o a otra cosa, y así creas cada historia. Al finalizar los cinco días se representará una obra coral”, adelanta. Ahora mismo, las plazas ya están agotadas, pero quedan asientos para ver el trabajo final.

La investigadora universitaria ha abordado las dificultades que afronta este colectivo en distintos estudios, como el artículo Acceso de las mujeres migrantes a los servicios de salud sexual y reproductivo. Entre las barreras identificadas para acceder a los servicios de salud pública se identificaban la falta de información (57%) que tenía este grupo, al igual que cuestiones relacionadas con la lengua (43%), las diferencias culturales (39%), el estatus económico (25%), las barreras administrativas (25%) y la discriminación (14%). Todo ello como parte de una torre de Babel inexpugnable para la que hay que sensibilizar y formar a los futuros profesionales del sector.

“No se puede comparar la ansiedad de una persona migrante que tiene las cargas del tránsito que atraviesan, muchas de ellas, desde África con un contexto colonizador o el racismo, a las personas nacionales que conocen el sistema”, describe. Diferencias que se pueden constatar en cómo perciben, por ejemplo, la salud mental y el concepto de intimidad, ya que, por cuestiones culturales, hay pudor o cierto recelo a la hora de expresarse con total transparencia en una consulta médica. “Nuestro concepto de estrés para muchos de ellos son una tontería a raíz de las problemáticas tan fuertes que atraviesan. Su nivel de resiliencia es mucho mayor”.

Para ello, pide al alumnado que la escucha en cada clase que tenga una visión holística del paciente que atiende, en la que no solo hay que fijarse en la sintomatología que presentan, sino en los determinantes sociales que condicionan su salud: “Como vimos con Maricarmen, muchas veces importa más el código postal que el código genético; si son personas migrantes, racializadas, dónde viven, si tienen problemas familiares... Todo esto afecta”.

Experiencias desde la Casa Pumarejo

Otra experiencia similar e igualmente enriquecedora fue desarrollada en la Casa Pumarejo de Sevilla en colaboración con la asociación Mujeres Supervivientes y de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US. En la investigación Una estrategia comunitaria para la prevención de la violencia de género dirigida a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad en Sevilla, publicada en octubre del año pasado, se demostró que la mayoría de las mujeres, mayoritariamente migrantes, que acudían al comedor social de la entidad no identificaba las primeras muestras de violencia de género ni conocía los recursos públicos disponibles para afrontarla, como el teléfono 016.

“Muchas de estas mujeres habían sufrido violencia y la habían normalizado y, además, estaban desinformadas. A través de los talleres participativos pudieron darse cuenta de lo que habían vivido y, con ese apoyo en comunidad, se sintieron más seguras y con mayor bienestar”, detalla la experta.

De esta forma, la iniciativa viene a demostrar que la intervención comunitaria participativa no solo recoge datos científicos, sino que mejora la alfabetización en salud, su capacidad de detección y prevención de la violencia, y fortalece las redes de apoyo. En aquella ocasión, utilizaron el body mapping, una herramienta de autoexploración en la que se incentiva el conocimiento a través de lo que siente el cuerpo. De esta forma, reconocían el sufrimiento que habían somatizado y evaluaban los riesgos a los que estaban sometidas, los patrones del amor romántico o las relaciones tóxicas de forma temprana. Como contrapunto, se centraron en fomentar el amor propio y la sororidad.

“Es una forma de representar las vivencias, como ocurre con el teatro”. Así, Morales basa su estrategia investigadora en la experiencia real y comunitaria para ayudar a desarrollar estrategias con el fin de mejorar la salud individual y, finalmente, que revierta en la mejora de la salud pública.

Comienzan los preparativos para la huelga general del 11 de noviembre a través de los comités que se organizarán en los barrios sevillanos y la unión de los distintos colectivos sociales y sindicales. Por ello, el Sindicato de Inquilinas será la primera organización en abandonar la acampada bajo las Setas de Sevilla y, posteriormente, será el domingo cuando en asamblea se decida cómo continuará la movilización que ha reunido durante más de dos semanas a decenas de personas que claman por un cambio en las políticas de vivienda del país. El movimiento social y laboral confluyen para maximizar la capacidad de su actuación y movilizar a toda la sociedad de cara al paro nacional.

“Queremos una huelga que pare todo el tejido productivo de Sevilla, de Andalucía y de España y pedimos una serie de cuestiones para ganar derechos para el conjunto de la población”, afirmó Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Sevilla, en una rueda de prensa convocada este viernes por el movimiento social y obrero, “la vivienda no es independiente del trabajo, porque el rentismo y la especulación están sirviendo para que unos pocos se enriquezcan, robando el beneficio a los pequeños coemrciantes y de los sueldos de los trabajadores”.

Las organizaciones sindicales CGT, CNT, SAT y USTEA, junto con el Sindicato de Inquilinas, la Asamblea por la Vivienda de Sevilla, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Oficina de Ocupación prepararán acciones conjuntas para que esta “no sea únicamente una huelga de carácter social”. La vivienda ha sido el principal acicate de esta ola que se originó por el desahucio de Maricarmen, pero las reivindicaciones son múltiples, como el establecimiento de contratos indefinidos para alquileres, el freno de la compra de vivienda para fines especulativos o las subidas salariales que hagan recuperar el poder adquisitivo.

“La clase política no ha dado una respuesta a la demanda social”

Es más, hace apenas tres días, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ampliaban el listado de exigencias ante los discursos de PP y Vox que han ido expandiendo la desconfianza hacia distintos derechos laborales costosamente adquiridos en la precampaña de las elecciones generales. Motivo por el que la huelga general también será el escenario propicio para defender el sistema público de pensiones y la protección social de las bajas laborales, así como las prestaciones o salarios de los trabajadores cuando están enfermos en vez de que recaigan sobre las mutuas. Cuestiones que quedarán reflejadas en el registro de la convocatoria ante la Dirección General de Trabajo el 19 de octubre y para el que esperan el recurso de la patronal.

“Ha habido una incapacidad total de la clase política para dar respuesta a la demanda social de intervenir sobre el mercado de la vivienda”, insistió Díaz ante los medios, “algunos han tenido ocho años y no han hecho lo que tenían que hacer”, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez. A su lado, Antonio Castellano, secretario general de CGT Sevilla, detalló que maximizarán la comunicación a todos los centros de trabajo y centros estudiantiles para lograr la movilización total y la colaboración en los piquetes informativos y en transporte y logístico para que “haya impacto en el tejido productivo”.

“No va a ser una huelga de Instagram, sino una huelga real”, reclamó el sindicalista, “porque los salarios y la vivienda nos afectan a todos”. En cuanto a la acampada en las Setas, el representante de CGT no solo valoró su función como herramienta de coordinación y unión entre entes sociales, sino también como la oportunidad para que “entre nueva savia”. En un ecosistema basado en la comunicación y gestión horizontal, se ha creado un sistema propicio para “dar entrada a nuevas personas en la lucha por la vivienda”.

“Estamos en un país que no nos ofrece un futuro”

En las tiendas de campaña han estado día sí y día también Noel García, Amanda Garrido y Samuel Torres, representantes de esta concentración que se inició el pasado 28 de septiembre. “El movimiento por la vivienda ha traspado nuestras fronteras”, como los 200 activistas que llegaron a la Puerta del Sol para inspirarse en esta movilización y trasladarla a Irlanda, Alemania, Portugal o Suiza. “La acampada es una herramienta para reclamar nuestros derechos, pero no es el fin, sino el medio”, adelantaron, “nos mantenemos ante este fallo del sistema”.

Un sistema que obliga, como relataron, a compartir piso con cuatro personas en zonas gentrificadas pagando 400 euros al mes por una habitación o que, en el caso de algunos activistas presentes en la acampada, los ha dejado “prácticamente, en situación de calle”. Con pocos recursos, trabajos precarios y escaso o nulo apoyo económico de sus familias, “dependen de la solidaridad que se ha fraguado en la acampada”.

No obstante, Garrido no quiere individualizar esta crisis habitacional: “Representamos la problemática sistemático del colectivo de jóvenes. Estamos en un país que no nos ofrece un futuro. Por tanto, estamos dispuesto a unirnos para conseguir el futuro que queremos, para nosotros, para los que vengan e, incluso, para la gente que está en nuestra contra, porque también les afectará”.

Desde las comparecencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid ironizando sobre la muerte de Maricarmen, pasando por la denuncia del Ayuntamiento de Almería, o las provocaciones de los grupos de ultraderecha, se ha intentado desmantelar esta iniciativa que partió del hartazgo social que llevaba tiempo fraguándose. Aún así, Noel García toma estos dardos con mesura: “Los ataques desde las instituciones demuestran que lo que hacemos tiene realmente un peso y que estamos consegiuiendo cosas, como una huelga y un adelanto electoral, o unos decretos que, aunque no resuelven nada, es un movimiento político. Por eso nos mantenemos”, defendió.

En un comunicado conjunto, los entes sociales y sindicales coincidieron en que “el 11N no es un plebiscito sobre quien debe o no gobernar después de las próximas elecciones generales”, en todo caso, observan que es “la demostración de que la lucha por una vivienda y una vida digna es imparable”. Por lo que rechazan las afirmaciones de, en este caso, la líder socialista andaluza, María Jesús Montero, que afirmaba que se trataba de una huelga contra la oposición —extremo con el que también ironizaba José María Aznar días antes.

“Esta huelga va contra los responsables de la miseria del pueblo”

Al respecto, Antonio Morales, representante de CNT Sevilla, aseguró que la huelga “va contra todos y cada uno de los responsables de la miseria de los trabajadores y del pueblo: la oposición, los que gobiernan, las administraciones y los sindicatos que han estado colaborando con esta pandilla de sinvergüenzas”. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han sido diana de las críticas y optaron finalmente por una convocatoria común a la que puedan concurrir todos los sindicatos para mostrar la transversalidad del paro.

El camino hacia el 11N se da en unas circunstancias de agitación política en la que cualquier movimiento es examinado. Como el ejecutado por el Gobierno de Juanma Moreno en el día de ayer cuando anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para poner freno a los desahucios hasta 2030. En esta ocasión, la alianza entre PP y Vox alega que se trata de una “invasión de competencias” y “vulneración del derecho a la propiedad privada” e incurren, una vez más, en la contienda judicial después de haber recurrido en junio la Ley estatal de Vivienda, también, ante el Constitucional.

“No nos sorprende ni es una novedad que el Gobierno andaluz haga esto”, afirmó Beatriz Roncé, miembro de la Asamblea por la Vivienda en Sevilla. Con un calendario que se irá estructurando en las próximas semanas para alcanzar la mayor movilización social de cara a la huelga general, mantuvo que “gobierne quien gobierne, defendemos la vivienda contra el sistema capitalista y rentista”. La vista está puesta más allá del horizonte de las elecciones generales del 29 de noviembre, ya que su propósito es total y lleno de aristas: reclaman cambios estructurales que proporcionen una vida digna a las personas trabajadoras.

Reforzar plantillas, mejorar los salarios para no perder poder adquisitivo o cumplir con los compromisos adquiridos a través de la firma de los convenios. Los objetivos son muchos y Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, apremia a la Junta de Andalucía, el principal interlocutor del sindicato, a avanzar paulatinamente en vez de firmar deprisa y corriendo en el último tramo de la legislatura, como ocurrió antes de las elecciones autonómicas de mayo.

El tono de Girela no ha cambiado en su última etapa en el frente andaluz: es claro y, al mismo tiempo, amable en formas. Pero mantiene que su principal función está enfocada en mantenerse vigilantes y dispuestos a la negociación, más en un momento en el que Vox, en el Gobierno andaluz, marca distancias con las organizaciones sindicales. La mayor crítica es la falta estructural de trabajadores en Sanidad, Educación y Justicia, que se estima en unas 25.000 personas, en un periodo en el que avanza la privatización de la formación profesional o se sobresaturan los juzgados.

Alcanzaron un preacuerdo para el VII Convenio Colectivo que afecta a 21.000 personas. ¿En qué mejora las condiciones de los trabajadores? Tras más de dos décadas para aprobarse, ¿se puede revertir esta tónica?

Hay que revertirla, y tenemos que impulsar espacios de negociación para poder revertir esa tónica. No es de recibo que un convenio no se actualice en 24 años, el antiguo databa de 2002. Estamos muy satisfechos con la firma de este preacuerdo, aunque ahora requiere de un desarrollo reglamentario que también va a surtir los efectos oportunos, pero hay avances importantísimos.

Entre ellos, hay una actualización en cuanto a avances retributivos que tienen que ver con la carrera profesional, reclasificación, cuestiones que tienen que ver con mejora en la jubilación, en la movilidad, en la conciliación, en la posibilidad del teletrabajo. Esperemos que el VIII convenio no tarde tanto como este.

¿Qué fechas manejan?

Ahora tiene que pasar todos los trámites del Consejo de Gobierno, pero entendemos que la firma del preacuerdo tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero del 26, por lo que antes de finalizar el año estará perfectamente vigente.

¿Qué convenios colectivos son los más urgentes de renovar?

Tenemos pendientes los que se derivan de los acuerdos que firmamos en Mesa General, entre ellos, este VII Convenio que ya tiene un preacuerdo y que servirá como faro guía para el resto del sector público instrumental, que tiene, aproximadamente, 27.000 trabajadores repartidos en más de 70 organismos que tienen que actualizar su convenio. Es bastante trabajo.

Venimos de unas elecciones autonómicas en donde se puso el foco en los servicios públicos. Desde CSIF, se estima que falta un gran contingente profesional. ¿Cree que la contratación es posible tras un periodo de estabilización?

Esta cuestión no tendrá la inmediatez que nos gustaría, ni será fácil, pero como organización sindical no podemos renunciar a que las plantillas se refuercen con carácter estructural ante la falta de unos 25.000 efectivos, hablando solo de los servicios esenciales. Sanidad requiere unos 18.000 efectivos, no ya para mejorar la sanidad y dar la calidad que nos gustaría sino para igualar la media nacional de ratio entre profesional y paciente. En el caso de Educación, son unos 6.000 profesionales, mientras que en Justicia unos 500, como mínimo. Estamos hablando de servicios públicos esenciales para poder ofrecer a la ciudadanía un servicio de mayor calidad. Vamos a estar en esa lucha.

Ya hay fecha para la huelga general, el 11 de noviembre, ¿cuál es su posicionamiento?

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas, CSIF no va a secundar la huelga general convocada. Somos un sindicato profesional e independiente y nuestra actividad responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.

Sin embargo, la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia. Ya anunciamos una huelga general cuando estábamos negociando la subida salarial de las empleadas y empleados públicos de todo el país, pero llegamos a un buen acuerdo. Lo que ahora toca es reunirse con los partidos políticos para trasladarles nuestras propuestas de mejora en la sanidad, la educación, la justicia y otros tantos ámbitos.

Volviendo a lo autonómico, Educación tuvo un error técnico en la adjudicación de plazas a interinos al inicio de este curso. Tras haberse reunido con la Consejería, ¿cómo valoran esta situación y qué mejoras se necesitan?

El fallo de la adjudicación de SIPRI es imperdonable y grave. Un fallo que ha afectado a muchos compañeros que se han desplazado a los sitios donde les habían dado destino con una reserva de alojamiento ya hecha, por lo que ha ocasionado un daño importante. No se puede consentir en la administración del siglo XXI este tipo de errores. Ahora tenemos por delante movilizaciones relacionadas con los interinos, porque solicitamos que haya peticiones comarcales y las adecúen a las posibilidades de conciliación con su familia. Vamos a estar en eso.

En el final de la legislatura pasada tuvimos algún avance importante, como el acuerdo que permitirá una bajada progresiva de ratio y la disminución de la burocracia. Un acuerdo que va en la dirección correcta, pero es insuficiente y tenemos que profundizar más. Está en juego la calidad del sistema educativo, como hemos visto en el último informe PISA, que nos pone en muy mal lugar y nos tiene que hacer reflexionar cuando la inversión que hay por alumno en Andalucía es sensiblemente inferior a la media nacional, casi 500 euros menos.

El crecimiento que ha tenido la FP privada ha sido de un 1.200% mientras que en la pública ha sido del 50%

¿Cree que se traducirá esta demanda en los próximos presupuestos autonómicos?

Desgraciadamente, no se está haciendo. Espero que en los próximos lo tengan en cuenta, ya que, sin menospreciar el argumento de las pantallas digitales y de lo que supone como obstáculo a tener mejores resultados, el sistema educativo tiene que avanzar en otras muchas cosas, como el refuerzo de las plantillas.

En la última década, ha habido un aumento importantísimo de alumnado con necesidades educativas especiales y con necesidades específicas de apoyo educativo, en alrededor de un 50%, lo que hace mucho más compleja la situación en un aula para mejorar y avanzar. Al igual que reducir la burocracia: los profesionales de la docencia tiene que dedicarse a lo que saben hacer, que es enseñar a los niños en todas las competencias.

Aquí al lado tenemos un centro de formación profesional. ¿Van a emprender acciones concretas para pedirle a la Junta que revierta la privatización de esta enseñanza?

Es una constante que se repite en cada reunión con la Consejería de Educación. No es posible que este Gobierno esté dejando que caiga en manos de la privada toda la oferta, o de una manera muy importante. El crecimiento que ha tenido la FP privada ha sido de un 1.200% mientras que en la pública ha sido del 50%. Eso requiere que la administración haga una apuesta importante por la FP en la red pública.

Lo hemos pedido primero en la vía de la negociación, luego en la vía de la movilización y llegaremos a los extremos que haya que llegar para revertir esta medida. Es una irresponsabilidad por parte de la administración andaluza, que está dejando en manos de la privada la formación de muchos jóvenes andaluces.

El dispositivo Infoca que ha estado en la época de riesgo no ha estado al 100% en ningún momento

Esa fue la tónica de la pasada legislatura: negociación, presión y movilización. ¿Creen que se repetirá en esta?

En la última fase de la legislatura se avanzó en algunos sectores con déficits importantísimos. Al final, es el ABC de una organización sindical: negociación, movilización e, incluso, huelga cuando sea necesario para revertir situaciones tan dramáticas como esta.

¿Hay suficientes efectivos en el Infoca?

Es una de las asignaturas pendientes de muchas administraciones, en especial en Andalucía. El dispositivo Infoca que ha estado en la época de riesgo, que se prolonga hasta el 15 de octubre, no ha estado al 100% en ningún momento.

Esto hace que se colapse de manera importante la atención y la respuesta rápida a dar. Me parece una irresponsabilidad y, siempre lo decimos, los incendios se apagan en invierno con un importante dispositivo que trabaje en prevención y en la preparación de nuestros montes para que el verano no se corran los peligros actuales. Hay mucho camino por recorrer.

Se cumplió un año de la crisis de cribado de cáncer de mama y, en respuesta, se puso en marcha un plan de choque. ¿Cómo valora el servicio y la transparencia de la Junta, ya que el Defensor del Pueblo o las propias asociaciones, como Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer, piden más datos?

Las explicaciones de la Junta de Andalucía nos parecen del todo insuficientes y de lo que sí estamos convencidos, y lo hemos dicho, es de que esto es un ejemplo dramático y gravísimo de la falta de plantilla de forma estructural que hay en determinados servicios, que, a veces, conduce a ciertos errores que no son achacables a los profesionales sino a la ausencia de efectivos. Esperamos que haya transparencia y que los mecanismos que se pongan en marcha funcionen y, sobre todo, que nos trasladen toda la información porque, en estos momentos, nosotros tenemos la que tiene el resto de la ciudadanía.

En cuanto a la información que tenemos sobre las contrataciones, se ha aumentado el número de trabajadores que tienen entre sus competencias el cribado, pero no el que se pretendía en un principio, entre otras cosas, porque es difícil encontrarlos. El problema de fondo de retener el talento, como lo denominan, es que en nuestra comunidad subyace una falta de refuerzos estructurales, una cuestión que tiene que abordar el Gobierno andaluz: si queremos tener un número suficiente de profesionales, debemos replantear qué tienen que cobrar y cuáles son sus condiciones laborales, que van atadas a la movilidad o a la vivienda.

La crisis de los cribados es un ejemplo dramático y gravísimo de la falta de plantilla de forma estructural que hay en determinados servicios

¿Cómo se está viendo perjudicado el poder adquisitivo del trabajador andaluz?

Depende de cada categoría profesional, pero en torno a un 50% o más en el caso de muchos empleados públicos. Tenemos casos sangrantes en la Costa del Sol, donde hay compañeros que trabajan en los hospitales y están durmiendo en una furgoneta adaptada o en caravanas porque son incapaces de pagar un alquiler. Un problema muy importante en el que la administración tiene mucho camino que recorrer y, en ese sentido, veremos si la nueva Consejería de Vivienda es capaz de dar respuesta a la ciudadanía y, especialmente, a la juventud.

El interlocutor de CSIF es, sobre todo, la administración pública. ¿Cuán importante es lo que se consiga en este sector para que se replique en el privado?

Es importantísimo, porque la administración ejerce como punta de lanza para las mejoras y conquistas de los derechos laborales. Lo viene haciendo en múltiples facetas, ya sean las bajas maternales y paternales con el aumento de semanas, y todos los pasos que dé para facilitar la vivienda a sus empleados públicos y adecuarlo al poder adquisitivo seguro que serán ejemplificantes para la empresa privada.

En cuanto al Pacto para la mejora de la atención primaria, ¿cómo está siendo el seguimiento?

Una de las reivindicaciones que tenemos es su cumplimiento y sufre una evolución muy desigual, como el de otros muchos acuerdos. Esta tiene que ser la legislatura del cumplimiento. Uno de ellos es el pacto por la mejora de la atención primaria. La atención primaria es la puerta de acceso al sistema sanitario y ahí hay que poner toda la carne del asador para aliviar la presión asistencial de los hospitales, a pesar de las dificultades, como ha ocurrido con la última OPE para cubrir las plazas de médicos, que no se ha hecho en su totalidad.

Exigimos la actualización retributiva de los profesionales de la Justicia en Andalucía ante el agravio comparativo con el resto del país

También, comentaba la falta de profesionales en justicia, un área que está en manos de Vox, partido que está en contra de las organizaciones sindicales. ¿Se han reunido con el consejero Manuel Gavira?

No, aún no nos hemos reunido. CSIF se ha reunido con dirigentes de la Consejería y del sector y hemos puesto encima de la mesa las no pocas urgencias que hay, como el incremento de algunos efectivos o la implantación de los nuevos juzgados de instancia, que están siendo un absoluto caos. También, hay otro obstáculo estructural a modificar: Adriano, el programa informático que gestiona todos los trámites de la Consejería de Justicia. Y otra cuestión urgente es la actualización retributiva de los profesionales de la Justicia en Andalucía ante el agravio comparativo con el resto del país, en el que todos han llegado a un acuerdo para aumentar el complemento específico.

La reciente polémica entre el Ministerio de Igualdad y la Consejería sobre las unidades de valoración para las víctimas de violencia de género también está relacionada con que Vox ya pidió una relación de sus trabajadores cuando entró en el Parlamento andaluz.

Vamos a estar vigilantes en una cuestión tan importante y tan real como es la violencia de género, además de para que no se reviertan en estas políticas y no demos ni un paso atrás para el cumplimiento de los planes que hay y que se conduzca a mejorar este drama que no solo tenemos en Andalucía, sino en el país. La igualdad está en el ADN de nuestra organización, siempre lucharemos por ella.

¿En cuanto al posicionamiento de Vox con respecto a los sindicatos?

Es algo que a nadie se le escapa. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox hay alguna cuestión relacionada con la disminución de las subvenciones a las organizaciones sindicales: a nosotros no nos preocupa en absoluto, porque no necesitamos subvenciones para funcionar. Somos independientes, no solo en términos ideológicos sino económicos. Pero sí estaremos vigilantes en la negociación colectiva y el diálogo social necesario con las organizaciones sindicales para que se lleven con normalidad. En todo caso, esperamos que sea más abierto y plural de lo que ha sido hasta ahora para tener una imagen más moderna y representativa del mundo actual.

¿Qué esperan de la nueva Consejería de Inteligencia Artificial?

Esperamos información sobre las cuestiones que hará. Nos movemos en el mundo de la digitalización y la inteligencia artificial va a afectar al mundo laboral y hay que ponerlo en juego de la mano de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores, por lo que hay que tener una comunicación fluida con las organizaciones sindicales. Eso hasta ahora no ha ocurrido. De todas formas, espero y deseo que el consejero tenga una relación fluida con nosotros, ya que es responsable de Función Pública. Así que espero que trabajemos en la incorporación de la IA o los procesos de digitalización sin que afecte a la calidad de empleo y al tejido de la administración.

¿Cómo ve la diferencia entre el teletrabajo en lo público, que ya está consolidado, y en lo privado, en retroceso?

En principio, tenemos este acuerdo de teletrabajo que debería haber salido para este mes de septiembre. Se va a retrasar y eso incumple lo comprometido por la administración. En todo caso, el teletrabajo es una forma no presencial de trabajo y tiene que haber un control efectivo sobre las tareas. Nadie tiene que tener ninguna duda sobre que la jornada de teletrabajo tiene que ser igual de efectiva que una jornada de trabajo presencial.

Cierto es que, en la empresa privada, hay un aumento importantísimo, sobre todo en los sectores tecnológicos y de perfiles informáticos, pero hay un cierto retroceso, para lo que tenemos que hacer una reflexión al respecto y valorarlo, porque hay puestos de trabajo para desempeñarse de forma no presencial que permiten una mayor conciliación y una menor huella en el impacto ambiental. Todo ello, hay que hacerlo de manera responsable, planificada y consensuada.

El colapso existe en, prácticamente, todos los centros penitenciarios de Andalucía, y hay una falta de personal importante

La apertura del nuevo hospital psiquiátrico penitenciario en Alcalá de Guadaíra parece que se retrasará por el hallazgo de amianto. Sin embargo, la presión que sufre el actual hace que los trabajadores clamen por mejoras. ¿Esta saturación se extiende al resto del sistema penitenciario andaluz?

El colapso existe en, prácticamente, todos los centros penitenciarios de Andalucía, y hay una falta de personal importante. Como competencia nacional, hay reivindicaciones urgentes, como el plan de reestructuración de instalaciones, al igual que ser capaces de activar mecanismos de emergencia, como el botón del pánico, para anticiparnos a lo que sufren los compañeros y que pueden acabar en agresiones.

También, ser capaces de establecer medios coercitivos como las pistolas táser que, aunque haya visiones encontradas en la ciudadanía, puedo hablar del día a día de los compañeros delegados en las prisiones, que viven situaciones muy peligrosas, para lo que hay que darles herramientas suficientes. Además, hay que construir más centros penitenciarios o establecer una reorganización de los presos en función de su catalogación, por eso nosotros pedimos un nuevo sistema de clasificación.

A la vista de lo que ha sucedido con Airbus, que no solo se ha saldado con una huelga importante, también ha habido desconfianza hacia los sindicatos y peleas internas. ¿Notan que haya desafección?

A veces, las organizaciones sindicales tenemos criterios diferentes a la hora de llegar a un mismo objetivo, pero, en nuestros principios, está la coherencia y la cercanía con los trabajadores: explicamos lo que hacemos. Creo que los sindicatos crecen y tienen crédito cuando son útiles a los trabajadores y son responsables, es decir, elegir el camino más largo aunque el corto sea el más tentador.

¿En CSIF tienen afiliados jóvenes? ¿En qué situación se encuentran ahora?

Estamos en el mejor momento de la historia de CSIF en cuanto a afiliación. A nivel nacional tenemos más de 265.000 afiliados y aquí tenemos más de 88.000 personas afiliadas, que es la mayor cifra a nivel andaluz. Aunque es verdad que los empleados públicos tienen una media de edad muy elevada, incluso por encima de los 50 años, cada vez se incorporan más jóvenes.

Hacemos gala de ser un sindicato independiente, profesional y moderno, y eso atrae a muchos trabajadores jóvenes, y explicamos lo que hacemos en cada momento y tenemos unos principios clarísimos. Somos el sindicato más representativo en las administraciones públicas, pero también el que más crece en empresas privadas. No podemos estar más que muy satisfechos.

Espero que trabajemos en la incorporación de la IA o los procesos de digitalización sin que afecte a la calidad de empleo y al tejido de la administración

¿Cómo ve esta legislatura?

Esta legislatura vamos a velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el tramo final de la pasada, que no es poca cosa, porque las administraciones, desgraciadamente, muchas veces acuerdan cosas que les cuesta luego poner en juego. Vamos a avanzar en reforzar los servicios públicos porque es una de nuestras máximas, al igual que la consecución del empleo de calidad, la mejora de la negociación colectiva y la igualdad; esos son nuestros cuatro pilares por los que velaremos.

¿Qué opina sobre las declaraciones vertidas por Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral y las bajas?

Se habla de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la administración y de la empresa privada con cierta ligereza. El mundo laboral de hoy es complejo y hay una afectación muy importante de todos los cambios habidos, como en la salud mental. Sin embargo, no se trabaja en prevención de manera decidida cuando es un eje fundamental en la política de empleo y en los centros de trabajo. Tanto la administración como la empresa privada deben cuidar a las personas trabajadoras para que tengan suficiente dignidad y calidad de empleo con el fin de minimizar ese absentismo laboral o esas bajas laborales, que no son lo mismo.

Cuando una persona está de baja laboral es porque tiene un problema sanitario y el médico le ha prescrito una baja médica y, por tanto, se ausenta del trabajo, mientras que el absentismo está relacionado con otras cuestiones que habrá que analizar en cada caso y hacerle un seguimiento de las mismas. En cualquier caso, invito a las administraciones y a las empresas privadas a que pongan la prevención de riesgos laborales en el centro de sus políticas.

Invito a las administraciones y a las empresas privadas a que pongan la prevención de riesgos laborales en el centro de sus políticas

A nivel nacional, CSIF prepara acciones jurídicas sobre la actuación de las administraciones públicas en Ceuta. ¿Desde Andalucía harán alguna recomendación particular, mas cuando no se ha activado el convenio que existe entre las dos administraciones para el traslado de menores extranjeros no acompañados?

Las denuncias van dirigidas a ver si las administraciones están haciendo todo lo que deben para poder dar servicio y cobertura a las necesidades que surgen en la sociedad. Ante una crisis como esta, nos ponemos al lado de los compañeros de nacional, que gestionen este tipo de reclamaciones.

En cuanto al tema del traslado sobre los menores no acompañados, lo que tenemos que decir al respecto es que desde la dimensión de los servicios públicos tiene que dar cobertura a las necesidades que en cada momento se produzca y, para ello, las administraciones se tienen que poner de acuerdo y coordinarse. El colapso sanitario en Ceuta es brutal y los compañeros de las fuerzas y seguridad del Estado están doblando turnos continuamente, así que no se están poniendo todos los mecanismos para dar cobertura a esta situación tan crítica.

Maricarmen encendió la mecha de una desazón social que llevaba tiempo cociéndose en un país atravesado por la crisis habitacional. Pérdida de poder adquisitivo, alquileres cada vez más altos, desahucios, precios de compra desorbitados, emancipación juvenil tardía, gentrificación y ausencia de vida de barrio frente a las cifras récord de la industria del turismo o de las inversiones inmobiliarias. La ola expansiva de la lucha de la vecina madrileña frente a un fondo buitre llegó a Sevilla y, bajo las Setas, acampan decenas de personas desde hace más de diez días como signo de resistencia. Desde el Sindicato de Inquilinas, aseguran que, más allá de la huelga o del resultado electoral, la acción no parará hasta que la vivienda sea efectivamente un derecho y no una inversión.

Frente a las escaleras del monumento estaba José María Ruiz, Tomín, vecino de 88 años. Estaba solo en mitad de la multitud, llevaba pegada una pegatina por la vivienda en su camisa, y contemplaba a los que se plantaron este jueves para pedir un cambio en el rumbo de las políticas de vivienda en el acto homenaje a Maricarmen tras su fallecimiento. “Yo no tengo problemas de vivienda, pero los pueden tener mis hijos, bisnietos, mis vecinos, y habrá que darle una salida a esta situación”, dice en solidaridad con quienes viven en sus carnes la especulación. “La vivienda lo es todo en la vida: para comer, arreglarte, para darle cobijo a tus hijos, da seguridad, es todo, y tienen que solucionarlo”, para lo que pide “un pacto de Estado”, porque “esto no lo soluciona un partido solo”.

Animado, entre el griterío de las proclamas y la lectura del manifiesto, se mostraba orgulloso de la articulación social, de la energía que se desprende en las calles: “La respuesta de la ciudadanía es extraordinaria”, mientras señalaba como los principales causantes de esta debacle al “sistema capitalista y los gobiernos que no han sido capaz de regular un mercado tan salvaje”. Porque Maricarmen es solo la punta del iceberg, como recuerda el sevillano, cuando hay voces de esta crisis que han quedado silenciados o invisibilizados: “Hay miles de Maricarmen y de familias, de ahora y de antes, que llevan tiempo así. Maricarmen fue una gran luchadora y nos ha dejado el camino abierto”.

“Queremos cambiar leyes a nivel andaluz”

“Sevilla, en el contexto actual de huelga y movilizaciones, tiene que jugar un papel muy importante como quinta ciudad de España en tamaño”, reflexiona Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas en la provincia. “Los tiempos de la política son peculiares y hay momentos excepcionales, de movilización y de concienciación masiva, en el que, de repente, pasa todo”, envites para los que hay que estar preparados y hacer un trabajo previo de hormiguita, ya que la constitución del sindicato, allá en 2018, se viene fraguando en la capital hispalense desde hace año y medio. “Si el sindicato no hubiera tenido capacidad, Maricarmen hubiera sido desalojada y nadie se hubiera enterado”, sentencia.

La muerte de la vecina madrileña de 87 años impactó de lleno en las movilizaciones y en el marco político a nivel nacional y regional en un momento en el que la caída de los dos decretos de vivienda presentados a causa de la presión social indignada por su desahucio, la convocatoria de elecciones y el camino hacia la huelga general revuelven el debate y sacan a relucir el malestar de la población. “Nos ha llegado esta bomba que ha sacado muchas cosas latentes o explícitas de la sociedad”, apunta Díaz, que cuestiona la regulación autonómica y local en materia de vivienda. “Más allá de la huelga, el mundo va a seguir de una manera u otra, por lo que nuestro planteamiento es hacer campaña para cambiar determinadas leyes a nivel andaluz”, que tiene las competencias transferidas en vivienda.

Acerca de la regulación autonómica y local, el portavoz del Sindicato de Inquilinas en Sevilla reclama: “Necesitamos un parque de vivienda pública permanente y con precios asequibles, de alquiler y para quien la necesite, en vez utilizar los recursos públicos para dinamizar el mercado inmobiliario con dinero que irá a parar a los bolsillos de constructores y promotores”. En este caso, se refiere a la aprobación de elevar los límites del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), provocando que una unidad familiar con 46.200 euros puede acceder a una VPO y, en el caso de las viviendas con precios limitados, la renta puede llegar a ser de 58.800 euros. “¿Qué tipos de vivienda se están construyendo, cuando hay promociones de 250.000 o 300.000 euros?”, cuestiona.

La Junta de Andalucía recurrió en junio al Tribunal Constitucional el Plan estatal 2026-2030 planteado por el Gobierno central que blindaba las viviendas de protección oficial (VPO) y daba 1.200 millones de euros a la comunidad por invasión de competencias, pese a que había contado en un primer momento con su aval. A ello, habría que sumar que el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) aprobó por la vía de urgencia el anteproyecto de la ley autonómica de vivienda, que entró en vigor en enero de este año, en el que se simplificaban los trámites admistrativos para facilitar la puesta en marcha de los planes. Además, deja en manos de los ayuntamientos la edificación de VPO en espacios públicos sin necesidad de recalificarlos o elimina la obligación de depositar la fianza de un inquilino ante la Administración.

“La expulsión del centro histórico sigue funcionando”

Al respecto, Díaz comenta que “hay riesgos”, ya que, expone, “se corre el riesgo de utilizar la emergencia habitacional para cambiar los usos, cuando en un barrio son necesarios hospitales, comercios y demás, y deja sin solucionar el problema: la dinámica de expulsión del centro histórico sigue funcionando”. Con más de 640.000 pisos vacíos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Andalucía afronta un reto mayúsculo, y Sevilla también.

Las competencias para regular a los pisos turísticos (denominados formalmente como viviendas de uso turístico, VUT) son de ámbito local, mientras que la Junta es quien establece la norma sobre los apartamentos turísticos (AT). En este sentido, el Ayuntamiento, en manos del PP con el apoyo de Vox, aprobó en octubre de 2024 limitar la tramitación de nuevas licencias y establecieron un tope del 10% para frenar la presión inmobiliaria.

En el centro, ya están saturados los barrios de Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, San Lorenzo, San Vicente y el centro de Triana, por lo que la oferta ha disminuído pero se desplaza hacia la periferia en un momento en el que hay alrededor de 6.000 pisos en activo de los 9.650 disponibles en Sevilla, aunque queda margen para llegar a los 22.750 unidades, como estableció la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro). “El Ayuntamiento retrasó todo lo que pudo esta regularización”, critica el portavoz sindical, “se han perdido unos 5.000 habitantes en el centro y han sacado un plan para repoblarlo de manera oportunista y sin explicar los detalles”, en referencia al Plan Sevilla Centro Vivo, que fue presentado por el gobierno municipal en junio.

“No pueden ignorarnos”

María José y Raquel tienen 23 años, son estudiantes universitarias y, desde el primer día, están en la acampada de Sevilla. ¿Por qué decidieron quedarse? “Queremos mantener nuestra relevancia política y estando en las Setas es imposible de ignorar un problema que es evidente, ¡sale en las fotos de todos los guiris! Tanto la Junta de Andalucía como nuestra ciudad tienen que reconocer lo que está pasando”, afirmó una de las manifestantes este jueves durante la concentración en memoria de Maricarmen. “La incapacidad de la juventud de conseguir tanto alquileres que no sean abusivos como una vivienda el día de mañana están ahí”, subrayaron.

María José vive con sus padres y todavía no se ha podido independizar porque, por una parte, no puede contar con el apoyo económico de sus progenitores, y, por otra, es incapaz de asumir los precios de la vivienda, tanto en Sevilla como por fuera. Motivo por el que tuvo que quedarse en vez de estudiar en otra provincia.

En una situación similar está Raquel, que pudo emigrar desde Málaga a Sevilla a estudiar el doble grado de Ciencias Políticas y Sociología. Todo gracias a que su abuela pudo hospedarla, y con quien paga ahora un alquiler de 850 euros al mes. “Mi hermana se ha tenido que quedar en Málaga, porque no hay opciones, y yo ahora, que quiero estudiar un máster, tendré que quedarme forzosamente en Sevilla aunque hubiera preferido irme fuera”, señala. Una pérdida de oportunidades, a nivel académico y de futuro laboral, que la ha llevado a asentarse en la plaza de la Encarnación.

En el camino hacia la huelga general y con el propósito firme de cambiar el paradigma más allá de los resultados electorales, Iban Díaz destaca que el sindicato no es partidista y se centrarán en los cambios legislativos en materia de vivienda. “El oportunismo político del Gobierno [central de Pedro Sánchez], que no ha hecho nada o muy poco y equivocado en gran medida, no altera para nada nuestra hoja de ruta: gobierne quien gobierne seguiremos movilizándonos”. Así, se centrarán en articular la respuesta para el 11 de noviembre a través de la constitución de comités de huelga por barrios para que “se pare la producción, haya un impacto social y se cambien las cosas”.

“Terminar un mandato con este tema es muy interesante”, adelantó Jesús Maeztu en la que, a no ser que se vuelvan las tornas, será su última rueda de prensa como Defensor del Pueblo Andaluz. El Informe Anual de Infancia 2025 revela un nuevo rostro dentro del padecimiento de la soledad no deseada: el de los niños y adolescentes. A partir de un cuestionario realizado en distintos colegios de Andalucía, se constata que el 79% de los menores en Primaria se ha sentido solo alguna vez, mientras que el 92% sabe que se puede estar solo rodeado de gente. Cuestiones que hacen que el Defensor describa este fenómeno como una “epidemia silenciosa”.

El análisis, en el que participaron 143 alumnos y alumnas, revela que el colegio es el lugar donde con mayor frecuencia manifiestan sentirse solos, en un 47%, y , también, en las casas en las que viven, con un 25,7%: “Las políticas públicas se han centrado casi en exclusiva en las personas mayores y la soledad en la adolescencia ha quedado invisibilizada”, adelantó el Defensor durante su presentación. También, se describe que los menores acuden en primer término a sus familias para comunicarles su malestar, en un 90%, y, en segundo lugar, están las amistades, en un 81%. En cambio, solo el 37% busca apoyo en el profesorado.

Unos datos que dan una primera visión del sufrimiento que hay entre los menores, ya que, como aseguró Maeztu, “el gran problema es que no sabemos con precisión cuántos niños la sienten, ya que las fuentes son fragmentadas y, por ejemplo, el Barómetro de la Soledad no Deseada en España (2024) excluye a los menores de 14 años”. A causa de estas diferencias, el informe plantea dos recomendaciones cruciales para la administración andaluza: un sistema público de información, medición y seguimiendo de la soledad no deseada en la infancia y, por otro lado, poner en marcha una Estrategia Andaluza para su prevención y abordaje.

“Necesitamos medir para poder actuar”, mantuvo, de ahí que la idea de una estrategia pública andaluza cuente con una perspectiva “en derechos”, que no medicalizada, que aborde de forma multifactorial el estado de los menores, desde su situación socioeconómica, de identidad, discapacidad, problemas de salud mental o entorno familiar: “Esta estrategia debe tener especial atención a la equidad y a los colectivos de mayor vulnerabilidad”. Con relación a esta petición, Maeztu también citó las estrategias que ha emprendido la Organización Mundial de la Salud (OMS), en especial, el estudio de la Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), en el que se describe que entre un 10% y 13% de los adolescentes europeos afirma sentirse solo con frecuencia.

“Ser escuchado y comprendido”

“Hay soledades escondidas en dinámicas familiares o en el uso de las pantallas como desahogo, y reitero, no es un signo de debilidad individual”, enfatizó este jueves en el Parlamento andaluz. Es más, mientras que la media nacional del uso del móvil es del 67,9%, en la comunidad la penetración de este dispositivo entre menores de 10 a 15 años ya se sitúa en el 72,2%. “No depende del número de personas que haya alrededor, sino de la calidad de los vínculos y de ser escuchado y comprendido. Se sienten mal, evitan hablar, hay desesperanza, se trata de un fenómeno multicausal al que afecta el estrés económico, la movilidad geográfica, el poco tiempo de calidad, o la baja autoestima y las vivencias de violencia”, añadió, subrayando que dar respuesta a este sufrimiento es clave para un desarrollo pleno como adultos.

Andalucía cuenta con 1.497.234 menores de edad, expone el informe, lo que supone la cifra más baja en 20 años. Este segmento representa un 17,3% sobre el total de población censada en la comunidad, y en este sentido, Almería (19,2%), Sevilla (17,8%) y Málaga (17,1%) son las tres provincias que cuentan con un peso mayor de la población joven respecto a su población total. Por el contrario, Jaén (15,9%) y Córdoba (16,3%) son las provincias en las que la población menor de edad cuenta con un menor porcentaje.

Además, un apartado en el que hizo especial hincapié el Defensor fue el maltrato infantil. El Sistema de Maltrato Intrafamiliar (SIMIA) recogió en 2025 un incremento del 10,4% respecto al año anterior tras registrar 13.016 notificaciones, donde un 52,5% fueron valoradas como maltrato grave y un 47,5% como leve/moderado. En cuanto al tipo de maltrato, la negligencia (87,2%) y el maltrato emocional (80,9%) fueron las tipologías más frecuentes, pero hay que prestar atención a las referencias a maltrato físico, en un 42,4%, y el abuso sexual, con un 28,3%.

Asimismo, la violencia de género impacta en la vida de estos menores, ya que, entre 2015 y 2025, hay un total de 96 menores huérfanos por la violencia machista ejercida contra sus madres. También, en este apartado, el informe reseña que ha habido durante esta década 55 víctimas mortales de este tipo de violencia por debajo de los 18 años, habiendo 30 de los 55 menores asesinados que tenían de 0 a 6 años en el momento de su muerte, 19 tenían entre 7 y 12 años y seis tenían entre 13 y 17 años.

Ideas: la Estrategia Andaluza y el banco para la soledad

Así, el Defensor dio diez pasos para construir esta futura Estrategia Andaluza, recogida en el informe que hoy fue presentado a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre. La primera, que los propios menores sean parte activa del proceso y aporten sus ideas, “si no participan, no vale ninguna estrategia”; seguido por una identificación temprana, mejorar la educación emocional, y tener protocolos actualizados en exclusión y acoso escolar. En este sentido, se debería atender a mejorar la capacitación de los profesionales educativos y dar cabida a entornos digitales “seguros, con apoyo, acompañamiento y participación de las familias”. Todo ello, con su respectiva evaluación y seguimiento para coordinar políticas públicas en la infancia.

Estas no son las únicas medidas. El informe, que pregunta a los menores participantes en el estudio publicado, transcribe algunas de las respuestas de los escolares. Entre las ideas más emotivas, curiosas y, por qué no, efectivas, están las siguientes: “Pondría un botón para que cuando alguien lo presionara alguien viniese a ayudarte”; o, destaca también, “yo en mi barrio pondría casas de acogida para que todas las personas que se sientan solas puedan ir ahí y ya no estar solos”; y, la que más emocionó al Defensor: el banco para la soledad.

Como dice el menor encuestado, “que haya un banco para la soledad, es decir, cuando alguien se sienta solo o sola que se siente en ese banco y los demás ya saben que esa persona se siente solo o sola y aunque sean de otro curso o clase vayan a preguntarle si le pueden ayudar, ir a jugar con ellos o ellas…”. Una idea que hace por reunir y tejer comunidad en un momento en el que está en juego la salud mental de los menores, tal y como recordó Maetzu al mencionar el caso de Meta contra 47 estados de EEUU. El gigante tecnológico, dueño de WhatsApp, Instagram y Facebook, llegó a un acuerdo extrajudicial y pagará 18.000 millones de dólares sin pasar por el tribunal, para enmendar el diseño adictivo de sus aplicaciones y su impacto negativo en adolescentes.

Menores de Ceuta

Si bien el informe tiene un apartado especial en el que se recoge que los menores extranjeros no acompañados son “especialmente propensos a sentirse aislados” debido a las dificultades que afrontan en el entorno al que llegan sin la protección ni la seguridad emocional de sus allegados, Maeztu puso el foco en el convenio firmado entre Andalucía y Ceuta para el traslado de menores en una contingencia migratoria, como la actual crisis humanitaria que vive la comunidad autónoma, que evita activar tal recurso.

“Andalucía cuenta con 3.009 plazas y tiene un convenio donde puede traerlos”, señaló el Defensor en la rueda. Cabe recordar que, a 31 de agosto de este año, el Gobierno de Juanma Moreno atendía a un total de 1.800 menores extranjeros en sus instalaciones, por lo que el margen de acogida es amplio en cumplimiento del Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros, aprobado en junio del año pasado.

Con los documentos que recogen tanto el acuerdo suscrito entre los gobiernos del PP andaluz y ceutí, así como la normativa, Maeztu manifestó: “El convenio está firmado, pero se está jugando políticamente con él, están jugando con los niños”, describiendo como el problema de fondo el embate político entre oposición y Gobierno central. “Andalucía fue en 2018 la más generosa, con 5.000 menores por los que no recibimos ninguna financiación”, recordó, “pero ahora la extrema derecha está odiando a todo el mundo, aunque este acuerdo esté aquí, en los papeles”.

“No sé quién me sucederá, pero que sea de consenso”

Acerca de Vox también habló Maeztu sin tapujos. A los de Manuel Gavira, y Santiago Abascal, les pidió que se abstuvieran en la votación que dará nombre a la próxima Defensoría, ya que, como le han expresado en otras ocasiones, opinan que este órgano supone “un chiringuito” o “una ideología”. Sin embargo, el Defensor defendió el papel fundamental que realiza este órgano, cuya función es garantizar los derechos de la ciudadanía y fiscalizar de forma independiente la acción de las administraciones, andaluzas en este caso.

El año pasado el PP retiró en el último momento a su candidata, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, pero la Mesa de la Cámara, donde los populares tienen mayoría, ya acordó este miércoles los plazos para presentar a sus candidatos a consejeros en el Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual, el Consejo de la Transparencia y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que lleva en funciones desde 2024.

La fecha límite es el 13 de octubre y, posteriormente, los candidatos se someterán a la Comisión de Nombramientos el día 20 y, finalmente, elegidos en el pleno del 21 de octubre, a excepción del nuevo Defensor, que será en noviembre. “Mi tiempo ha terminado”, explicitó una vez más Maeztu, y tomó como ejemplo el pacto que se ha llevado a cabo en Castilla y León, donde se ha contado con los votos de PSOE y PP y la abstención de Vox. “Los que pueden sumar, que sumen, y se sienten para conseguir los tres quintos”, votación mínima para alcanzar el nuevo nombramiento.

“El perfil a elegir tiene que ser de consenso, un perfil que sepa de derechos y soluciones, que sea imparcial, tenga relación con los colectivos sociales y la ciudadanía y, por último, que crea en la cultura de paz”, recordó, en vista de la resolución alcanzada en el 40º aniversario de la Defensoría. “Todo esto es para que la institución no la toque ningún interés privado”. A las preguntas de los periodistas, aseguró que no sabe nada sobre posibles candidatos: “Ojalá sea un perfil plural, que no dependa de ningún partido, y sea de consenso”.

“Las elecciones tendrían que haber sido hace mucho tiempo. Si la coalición de Gobierno actual se pudiese formar otra vez, el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, la unidad y la monarquía parlamentaria, se termina”, evidenciando la posibilidad de ir hacia una República. “Estamos ante unas elecciones determinantes, ya que, quien cuestione la unidad de España y quiera transformarlo en plurinacionalidad está llamando a la rebelión constituyente”, afirmó el expresidente José María Aznar durante el ciclo 1936: La guerra que todos perdimos.

En el marco de la XI edición de Letras en Sevilla, a cargo del escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, Aznar aseveró que “el ciudadano español tiene que saber que va a votar sobre eso, por lo tanto, el futuro sí depende de nosotros de manera determinante”. En todo caso, observó que estas elecciones son “una rendición de cuentas” y, aseguró, “estamos hablando de la supervivencia institucional de nuestro país”. En cuanto a las aritméticas de la bancada conservadora, añadió que “el gran sueño de quien ha convocado las elecciones es hacer el mayor daño posible al PP y el mayor favor posible a Vox”. En un momento en el que la ultraderecha crece como la espuma, Aznar defendió que “un gobierno fuerte tiene que estar sustentado en un número de diputados sólidos”.

Así, manifestó que “el Estado de Derecho se quiere romper sistemáticamente todos los días” y que la contienda política “está afectando al diálogo”. A tenor de las manifestaciones que abogan por resolver la crisis de vivienda, el expresidente se mostró indignado con los decretos preparados por el Gobierno de coalición en el que, criticó, “se criminaliza” a los propietarios con arrendamientos. Además, en vista de la convocatoria de huelga general, cuestionó: “¿Contra quién? Lo que nos faltaba por ver en España es una huelga general contra la oposición”.

“¿Es posible discutir tranquilamente y organizar el desacuerdo sobre temas como la seguridad y la defensa, como la política internacional, como el desarrollo de la inteligencia artificial?”, lanzó al público, manteniendo que “llegar a objetivos comunes y compartidos es una de las grandes lecciones de la Transición” con tal de “no deslizarnos más hacia la polarización y el desentendimiento”. Sin embargo, el expresidente mantuvo las dudas sobre un posible pucherazo electoral a raíz de la ley de nietos, uno de los caballos de batalla del PP de Núñez Feijóo: “Se llama alterar el censo electoral. Toda llamada de cuidado ante una alteración del censo electoral me parece correcta”.

“Este país apoya a quien no debe”

La última intervención del expresidente fue hace apenas un mes en Madrid, cuando relacionó la crisis migratoria de Ceuta con la ruptura de relaciones de España con Israel a partir del genocidio de Gaza. “Estos días comprobamos con el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes. De esos aliados con los que conviene contar en las crisis”, decía, y rechazando calificar como genocidio la muerte de más de 70.000 personas en el territorio palestino a manos del ejército israelí. Un posicionamiento que salió a la palestra durante esta jornada sevillana, donde volvió a cuestionar la presencia internacional “de un país que tiene una tendencia más creciente a apoyar a quien no debe”.

Aznar ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez desde diferentes tarimas. La frase que más ha calado ha sido aquel el que pueda hacer, que haga, pronunciado el 2 de noviembre de 2023, poco antes de la investidura del socialista. “Si la casa se está quemando, no vamos a andar con matices [...]. El que pueda hablar, que hable. El que pueda actuar, que actúe. Cada uno en su responsabilidad”, recomendó en una charla junto a Alberto Núñez Feijóo. En otra ocasión, durante un acto con FAES, reclamó que los españoles fueran “agentes activos para evitar la destrucción del sistema constitucional y del Estado de derecho”. Unas reivindicaciones que recogen el espíritu de la ultraderecha, que no ha cesado en llamar “traidor” al presidente del Gobierno.

“Quieren devolvernos a los tiempos de enfrentamiento”

La Fundación Cajasol, en la capital hispalense, reúne hasta el jueves a numerosas figuras de los ámbitos periodísticos, político y de la historia para dialogar y reflexionar sobre este episodio bélico que dejó miles de muertes y represaliados a raíz del golpe de Estado, donde el expresidente del Gobierno ha participado en la mesa de debate Olvidar o recordar.

Un diálogo en el que mantuvo que, si bien en la actualidad no hay amenazas de golpe de Estado, sí calificó el 1-O catalán como tal: “Lo hubo”, cuestionando la función de la amnistía para los políticos catalanes que la articularon. “En un sentido general, sí perdimos la guerra [en referencia a la Guerra Civil del 39]. No hay nada peor que una guerra civil”, zanjó con respecto a este período histórico en el que hay equidistancia desde ciertos sectores de la derecha.

No obstante, Aznar sí que afirmó: “Niego que haya en la España de hoy descendientes de los bandos de la guerra. Se saldó, y bien saldado, en la Transición cuando se produjo la reconciliación. Una cosa es que la guerra sea parte de nuestra historia y otra que seamos parte de esa guerra”, rechazando la ley de memoria democrática como un acto de reparación, ya que, según su punto de vista, “hay políticas que quieren devolvernos a los tiempos de enfrentamiento, hay que superarlas y hacer un ejercicio de ciudadanía responsable y votando en las urnas”. Una charla que, con sentencias críticas y llenas de amenazas veladas hacia el sistema democrático imperante hoy, terminó con este mensaje hacia los más jóvenes: “Que busquen siempre la concordia y no el enfrentamiento”.

El título del ciclo, esta vez, sin interrogantes

A finales de enero, el ciclo Letras en Sevilla fue cancelado por Pérez-Reverte debido a, según achacó, una campaña “intolerable” promovida por Podemos y los partidos de “ultraizquierda”, motivo por el que decidió con la Fundación Cajasol trasladar la organización a finales de año cuando las aguas se hubieran calmado. El primero en retirarse fue el escritor David Uclés debido a que se contaba en el cartel con la presencia del expresidente Aznar y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. A esta salida, le siguieron la de la portavoz del PSOE andaluz, María Márquez, el coordinar de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la investigadora Zira Box.

Además, las entidades memorialistas tacharon el póster de la XI Edición de Letras en Sevilla que se celebrara entre el 2 y el 5 de febrero como una provocación, remarcó la presidenta de la Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, María Luisa Hernández Portales, que criticaba que “es un bulo eso de 'todos perdimos', la guerra la ganaron unos y otros la perdimos”. Sin embargo, para esta ocasión se ha optado por obviar el “error de maquetación”, como excusó Pérez-Reverte en su momento, y se ha dejado el título sin ningún tipo de interrogantes: La guerra que todos perdimos.

Esta vez, el encuentro ha optado por reciclar la cartelería y anunciar en rueda de prensa que el ciclo se desarrollará entre hoy y el jueves 8. “En enero dijimos que estaríamos aquí y lo hemos cumplido. Lo que buscamos es que aquí se hable y se dialogue”, destacaron durante la presentación, a lo que añadieron que “estos días van a tratarse temas y asuntos que no a todo el mundo le van a gustar, ideas diferentes, pero es que de eso se trata”. Entre los invitados, estarán los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres, así como Alberto Ruiz-Gallardón y Manuela Carmena, o las periodistas Ana Pastor, Nativel Preciado, Juanma Lamet, Pablo Guimón y Jesús García Calero.

El Observatorio de Discriminación 2.0 registra un total de 140.081 menciones antigitanas a lo largo del primer semestre de 2026, lo cual ha impactado de forma directa en unos 3,3 millones de usuarios donde la negatividad es el sentimiento que predomina. Del total, el 87,37% de los comentarios se concentraron en la red social X y, en un 58,13%, los mensajes estaban relacionados con la ira o el asco. Una situación que califican como “preocupante” y para lo que se apuesta por un cambio en el imaginario colectivo desde Fakali.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali publicó el Informe de incidencia este lunes, para el que se ha servido de la inteligencia artificial con el objetivo de ampliar el campo de estudio a redes sociales, blogs y foros. La herramienta utilizada fue Mention, con la que se logró alcanzar las más de 140.000 menciones tanto en redes sociales como en material audiovisual. En paralelo, se utilizó Google Analitics para rastrear el contenido web, que recogió 2.836 publicaciones y entre las que se detectó 184 casos de posible antigitanismo, de los que se reportaron 101 publicaciones. “Es preocupante, pero no nos sorprende debido al clima social que hay ahora mismo”, explica a este medio Carmen Carbón, periodista y miembro del equipo de Comunicación de Fakali.

Una tendencia que coincide con el aumento de delitos de odio en Andalucía, entre los que el último informe del Ministerio del Interior destaca la islamofobia, el racismo y la discriminación de género, habiendo a nivel nacional un 23,6% más en 2025 y donde la tasa andaluza pasó del 2,59 al 3,40 con un total de 292 hechos conocidos. “Es más importante que nunca que hablemos de estas problemáticas en la sociedad con tal de tener redes y que nos mantengamos fuertes y unidas. El odio hace mucho ruido, pero nosotras somos muchas más”, subraya.

Cambiar el discurso

El Observatorio 2.0 sitúa el pico máximo de publicaciones antigitanas se dio en marzo cuando hubo 48 casos notificados, en cambio, el mínimo se dio en abril, con 18 detecciones, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

¿Por qué hubo tal ascenso? La concesión del Premio Goya a Mejor Actor Revelación al actor gitano Antonio Fernández Gabarre, oriundo del barrio madrileño de Cañada Real, removió a los internautas por el cambio de discurso que expuso ante el público. Al respecto, Carbón reflexiona sobre los estereotipos que arrastra el pueblo gitano frente a la reivindicación del joven: “Utilizó este pedazo de logro dentro de la industria del cine español como un altavoz para reivindicar a su familia y a su barrio, como pasó con Quique Sánchez Flores cuando entró al Sevilla”.

Una imagen que contrasta con la idea de “superación” del viaje del héroe clásico que sale de la marginación para triunfar según los estándares sociales, y más clasistas. “Cuando se habla del logro de una persona gitana se muestra como una flor en un campo de espigas, lo cual también es problemático, porque se retrata como alguien que se ha esforzado para salir de lo marginal, un ambiente que rechazamos”, indica.

“La otra representación de las personas gitanas en medios de comunicación y en las producciones culturales suele ser, históricamente, una relacionada con la criminalidad, dicen cosas como peleas de los clanes -una palabra estigmatizante- o con lo artístico. En el caso Antonio Fernández Gabarre, él no pretendía ser una flor en un campo de espigas ni deshumanizar lo marginal. Al contrario, sigue allí, en Cañada Real y está orgulloso de su gente”, mostrando la realidad del barrio que fue escenario de la película Ciudad sin sueño.

No obstante, el impacto de los mensajes basados en el odio antigitano produce “un alcance a una escala muy superior a la capacidad de respuesta de una sola organización”, indica el informe, al que se suma la acción de actores internacionales, como el racismo del que hizo gala el ministro húngaro János Lâzár, que vinculó a la población gitana con tareas de servidumbre. De ahí que las alianzas institucionales y el trabajo diario sean esenciales para quitar esta lacra: “¿Por qué tenemos que salir del barrio en vez de aspirar a vivir mejor en él? Una tarea que depende de las instituciones, como el suministro eléctrico o los servicios básicos, como la educación”.

Acciones en positivo

Con tal de ampliar el foco y presentar narrativas alternativas que rompan con los estereotipos, Fakali publicó 157 contenidos en sus perfiles sociales a lo largo de este último semestre que sumaron 1,7 millones de impactos positivos. Además, el Observatorio 2.0 contabilizó 388 menciones directas a la federación, cuya actividad reivindicativa por el 8 de abril en redes superó los 560.000 impactos. Un trabajo que tiene mayor repercusión en Instagram y Facebook, donde predomina la emoción de la alegría y para lo que, desde la asociación, determina que es “un entorno propicio para el contradiscurso, fidelización de la comunidad y construcción de narrativas”.

“Ahora se vienen elecciones y es importante que los derechos de todos queden asegurados y garantizados”, indica Carbón a tenor de la convocatoria de elecciones generales que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quedan campañas pendientes desde la federación, adelanta, entre ellas, el 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, en la que resaltarán la imagen de las mujeres gitanas “como transmisoras de valores de solidaridad y sororidad frente al odio” o acciones divulgativas sobre la venta ambulante para derribar estereotipos, “pagan sus puestos en el mercado y reclaman los derechos como el resto del comercio, como un baño público, toldos o servicios sanitarios”. Una serie de iniciativas que toma a Fakali como “un órgano de referencia” para “construir un nuevo imaginario colectivo”.

Cada dos días y medio, muere una persona en un accidente laboral en Andalucía: 95 trabajadores han perdido la vida, a fecha de octubre, tal y como muestra el análisis elaborado por UGT Andalucía a raíz de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Una cifra que supone un 10% más que en el mismo período del año anterior. “Está en juego la vida de los trabajadores”, remarca Pablo Sánchez Villegas, secretario de Salud Laboral del sindicato, para lo que pide medidas urgentes, como la implantación de la figura del delegado territorial y, sobre todo, más prevención.

“Cuando ocurre un accidente mortal, en más del 40% de las ocasiones la empresa donde ha ocurrido no tenía hecha la evaluación de riesgos laborales”, subraya Sánchez, “hay un incumplimiento bastante grande”, que hace que se desconozcan las zonas de peligro en los puestos laborales y, en consecuencia, no se les ponga remedio. Al respecto, describe que el tejido empresarial de la región está mayormente integrado por pymes y micropymes, por lo que en muchas de ellas no hay representación sindical ni delegado de prevención a causa del reducido número de trabajadores: “No llega la cultura preventiva”.

De los 95 accidentes mortales (los datos oficiales hasta agosto arrojan 90 fallecidos), 15 decesos se produjeron en Almería, mientras que en Cádiz ascienden a 11, Córdoba con nueve personas; Granada le sigue con siete fallecimientos; Huelva con otros seis; y Jaén notifica cuatro a lo largo de este 2026. Las provincias con mayor incidencia fueron Málaga, con 20 trabajadores muertos, y, en Sevilla, con 23 muertes. Del total de accidentes, alrededor del 60% se produce en el sector servicios por número de trabajadores, si bien el mayor índice de incidencia se da en Construcción seguido de Industria.

Más recursos y actualización de la ley

En este sentido, UGT pide una mayor investigación por parte de la Junta de Andalucía, que notifica por ley a la Fiscalía estos siniestros: “Pero hay varias excepciones, como los accidentes laborales in itinerie o salvo una patología no traumático, como puede ser un infarto o un derrame cerebral, algo que pedimos que se modifique: se debe informar siempre al Ministerio Fiscal”.

El informe anual de la Fiscalía de Andalucía, correspondiente al año 2025, apunta a que las causas pendientes de tramitación aumentan en Almería, Cádiz, Sevilla y Jaén, mientras que se reducen en Huelva, Granada y Málaga, manteniéndose el número en Córdoba. Aunque notifican que los plazos de tramitación se están reduciendo, la “elevada complejidad técnica” hace que haya una duración media de cinco años, “pese a los intentos de impulso procesal”, resolviéndose causas que datan de los años 2014 o 2017.

Por otra parte, Sánchez Villegas hace hincapié en que el estrés o la ansiedad sufrida en el entorno laboral puede afectar al individuo de tal manera que, por ejemplo, le provoque una parada cardiorrespiratoria, así que contempla que hay relación entre ambas variables. “No se informa a priori, pero, si hubiera más inspección de trabajo, se llegaría al fondo de estas cuestiones”, expone. Por ello, esgrime la figura del delegado territorial como indispensable para que, aún sin haber representación sindical en estos centros de trabajo, se pueda notificar el cumplimiento o no de las normas en prevención de riesgos laborales.

Al respecto, también clama por una actualización de la ley, que tiene más de 30 años. “A día de hoy, muchos riesgos han cambiado, como la digitalización o los riesgos psicosociales”, reflexiona, “necesitamos la actualización de una ley que, una vez más, no llega al Congreso”. En una jornada marcada por la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, esta solicitud sindical se queda en agua de borrajas una vez más. “Hay que ir a por los empresarios incumplidores, más en un momento en el que va ‘in crescendo’ los riesgos psicosociales con niveles de presión que crean más ansiedad y estrés”, añadiendo que no se están realizando las mediciones adecuadas. “Es el elefante en la habitación”.

Paso a paso: qué hacer en caso de un accidente laboral

Pero, ¿qué hay que hacer en caso de un accidente de trabajo? Primero, hay que avisar inmediatamente al responsable y recibir los primeros auxilios antes de acudir a la mutua. Si es grave, habría que llamar al 112 y, al mismo tiempo, también se avisará a los delegados de prevención. Seguidamente, se deberá entregar el volante de asistencia, un documento indispensable para que el trabajador recibe atención médica por la mutua, en la que se debe informar claramente de lo sucedido y que no haya incongruencias.

Si la mutua no considera el accidente de trabajo como laboral, habrá que acudir al INSS para solicitar el cambio de contingencia. Previamente solicitar a la Mutua un informe donde motive el por qué no lo considera accidente de trabajo y presentar una reclamación en la mutua.

A partir de ahí, hay un plazo de cinco días para que la empresa emita el parte de accidente por la plataforma Delt@. En concreto, sería cinco días hábiles para accidente con baja, mientras que se debe dispensar en 24 horas para los grave, muy grave o mortal. Aquellos que no requieran de baja médica, contarán con un mes de margen.

¿Y si la mutua rechaza el accidente? Por una parte, el trabajador tendrá que acudir a la Seguridad Social y solicitar al médico de cabecera un informe que refleja la contingencia como laboral. Al mismo tiempo, deberá presentar una queja formal por escrito ante la mutua o la Oficina Virtual de Reclamaciones de la Junta de Andalucía.

La eliminación de la perspectiva de género en los presupuestos autonómicos se produjo hace dos años cuando un macro-decreto de simplificación administativa recortó la Ley de Igualdad para saltarse este requisito que había estado vigente durante 17 años. Una decisión que para Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer en CCOO Andalucía, marcó un rumbo para el que el sindicato y las asociaciones feministas piden rectificaciones para reforzar las políticas en igualdad en un momento en el que la comunidad pasa a tener 12 víctimas de asesinatos por violencia de género.

“En el pacto de Vox y PP no se aborda ningún aspecto concreto que tenga que ver con la igualdad y lo relacionado con la mujer está directamente supeditado a la natalidad o a la familia”, señala, ya que las únicas menciones referidas en el documento de acuerdo que se firmó el pasado 2 de julio no hay mención a la violencia machista ni a la violencia de género, aparte de ninguna medida, plan o apartado dedicado a abordar específicamente este tipo de violencia, mientras que la única referencia directa a “mujer” en el texto está vinculado a la prohibición del burka y nicab en los espacios públicos autonómicos y la puesta en marcha de un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada.

Al respecto, Carrasco incide en que “se habla de cuidado, pero no se habla de desarrollo o autonomía de la mujer”, al igual que critica la eliminación de “los denominados gastos superfluos”. “Hemos lamentado otra mujer más asesinada recientemente en Sevilla y también en Málaga, la provincia con más casos, ¿cómo es posible que se deje en manos de un partido que niega la violencia de género las unidades de valoración de las víctimas?”, se cuestionó la representante sindical, tal y como reclaba el Ministerio de Ana Redondo. Igualdad confirmó este martes que Andalucía contabiliza en este año un total de 12 asesinatos por violencia machista, la séptima víctima mortal por violencia de género en Málaga y la número 41 a nivel nacional.

En ese sentido, Carrasco resalta que “en el día a día de los delegados y delegadas sindicales se trabaja para reducir esos machismos, para eliminar la las discriminaciones y desigualdades, para eliminar y combatir las violencias que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de la empresa, incluido en el ámbito digital, que cada vez va más en auge y donde también se está produciendo violencia hacia las mujeres,”. “Trabajamos para que todas esas herramientas que tenemos se trasladen a las empresas y sirvan para avanzar en igualdad y para reducir las brechas que sufrimos las mujeres. Porque entendemos que reducir la brecha favorece que las mujeres puedan romper los círculos de violencia que tienen. Las mujeres víctimas de violencia de género puedan ser autónomas y romper con esas situaciones de violencia que están sufriendo”, añade.

Además, la responsable sindical destaca que CCOO trabaja “para que en las empresas, las mujeres víctimas de violencia de género puedan acceder a los derechos que le son reconocidos como víctimas de violencia de género, y favorecemos el acompañamiento de estas mujeres a través también de un servicio de defensa legal de la mujer que tenemos en marcha para atender las situaciones de acoso, discriminación y desigualdad que sufren las mujeres en el ámbito de la empresa”.

Una serie de medidas y orientaciones en las políticas públicas que también tienen su trasvase en el día a día de las ciudadanas de a pie, que viven en sus carnes lo que acontece. Desde lo macro a lo micro, el movimiento feminista analiza cada estrato en el que la violencia machista hace presión para perpetuar la desigualdad.

“La palabra 'micromachismo' le resta importancia”

Histéricas, wokes, reaccionarias, chiringuitos, son algunas de las mil y una forma de referirse al movimiento feminista por parte de un sector que busca su deslegitimación. Este señalamiento, directo y sin ambages, rechina en el lenguaje, mientras que otros términos referidos a las mujeres o camuflados en las expresiones, como ser una zorra, gallina, coñazo, que, en contraposición con ser un zorro, gallo, o que sea la polla, pasan de asociar lo vejatorio o humillante a lo femenino a lo positivo o premusible en lo masculino. Una muestra más de lo que se denominan micromachismos, como gestos y actitudes inconscientes o nimias que traducen el comportamiento machista en la rutina.

Un comportamiento inconsciente en el que CCOO también quiere incidir. “Preferimos llamarlo machismo directamente, porque consideramos que utilizar la palabra 'micromachismo' lo que hace es darle menos importancia cuando siguen siendo actos misóginos y del sistema patriarcal”, algo que siguen viendo reflejado en el vocabulario, expresiones, o en la universidad. “Hay diferencias en el trato que hay hacia las mujeres y los hombres en clase, también ellos ocupan más espacio a la hora de hablar y cuando se trata de tomar la iniciativa, las mujeres se suelen quedar atrás”, dice Ana.

La estudiante de 20 años estuvo acompañada por Marina, de 18 años, para participar en la concentración que hubo el pasado 28 de octubre con motivo del Día Internacional del Aborto y aniversario de la publicación de la crisis de los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Forman parte del Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide y comparten que muchas de las reivindicaciones están relacionadas con el feminismo: “Un consejo de universidades debe ser un lugar seguro en el que todas las estudiantes puedan acudir a clase y estar tranquilas, que se les escuche y dé voto”, coinciden. Un compromiso que luego llevan a las calles y a las manifestaciones.

“El poder de la lucha feminista”

Un caso reciente ha sido la confirmación de la condena a un profesor de la asignatura de Estadística del Grado en Economía de la Universidad de Sevilla por tres delitos de abusos sexuales llevados a cabo sobre tres alumnas durante las revisiones de exámenes de su materia. Así lo ratificó la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a este hombre a una pena de 20 meses de multa con cuota diaria de seis euros, así como una orden de alejamiento a una distancia no inferior de cien metros durante dos años. Todo ello, en un contexto en el que las universidades públicas españolas han registrado más de mil casos de acoso sexual, por razón de sexo, género u orientación en una década.

“La conciencia feminista es algo que crece desde pequeña, porque sufrimos el machismo diariamente”, indica Marina, “notas que se te trata diferente a un hombre o como algo menos, y no es hasta la universidad, como ha ocurrido en mi caso, en el que das con estas organizaciones, instituciones, en el que se fomentan las bases teóricas y el poder de lucha del feminismo”. Una experiencia que las ha hecho formarse y que militan con tal de compartir con sus congéneres la importancia de alcanzar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El contenido de esta información ha sido elaborado con la colaboración de CCOO Andalucía.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha rechazado que se produjeran negligencias en el Hospital Comarcal de La Axarquía (Torre del Mar, Málaga) tras conocerse que se conservaron reactivos caducados entre 2020 y 2025, lo que cuestiona la fiabilidad de los resultados de los análisis, como desveló este medio. Al respecto, ha subrayado: “No ha quedado acreditado el uso de reactivos caducados o no aptos”, a lo que añadió, “con la información disponible hasta hoy, no se ha acreditado que la seguridad de los pacientes se haya visto comprometida”.

Por otra parte, Sanz ha reconocido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “inició la investigación mucho antes que la Fiscalía”, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Luis Rodrigo Serrano, del grupo parlamentario de Adelante Andalucía. En relación a las investigaciones abiertas, ha enfatizado que “los mecanismos de control existen y funcionan” y que “la Fiscalía investiga y nosotros siempre vamos a colaborar”.

A ello, el consejero ha requerido a la oposición: “¿Está usted diciendo que los profesionales sanitarios engañan a la máquina?”, para lo que ha pedido “prudencia” y “responsabilidad” frente a la “generación de alarma social a los ciudadanos”. “Los analizadores del laboratorio están programados para bloquear y rechazar cualquier reactivo caducado”, ha apuntado el consejero Sanz a partir de los controles que habría realizado el SAS en el Hospital de la Axarquía, por lo que ha pedido que “dejemos que actúe la investigación”.

Investigación de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía está estudiando una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en la que se da cuenta del uso de reactivos caducados o con pérdida de estabilidad (abierto por más tiempo del indicado por el fabricante) en ese laboratorio.

La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia. El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.

Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.

“Las trabajadoras están sufriendo acoso laboral”

En este contexto, Adelante Andalucía ha manifestado además que “las trabajadoras que han denunciado esto han visto como no ha cambiado nada en el hospital, salvo una cosa, están sufriendo un acoso laboral brutal”, demanda a la que no contestó el consejero Sanz en su siguiente intervención. En paralelo, las asociaciones Amama, Marea Blanca de Málaga, Jubilados del SAS y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria anunciaron para el 15 de octubre una concentración en defensa de la sanidad pública.

Asimismo, el partido de José Ignacio García ha vinculado estas denuncias con la crisis de los cribados de cáncer de mama de hace un año, afirmando que “es fundamental que no nos mientan a la cara” en materia de calidad asistencial. Cuestión, la del cáncer de mama, a la que el consejero Antonio Sanz ha replicado minutos antes en sede parlamentaria que ya se ha contratado el 90% de los 700 profesionales de refuerzo para el plan de choque que se anunció tras conocerse los fallos, con 2.317 mujeres afectadas junto a siete mujeres fallecidas, según Amama.

Por su parte, la diputada socialista María Márquez ha insistido en defender una partida presupuestaria para indemnizar a las afectadas por los errores de comunicación en las pruebas diagnósticas en vez de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) evite llegar a un acuerdo en las más de 200 reclamaciones patrimoniales que ha dejado de contestar y que, finalmente, irán a la vía de lo contencioso-administrativo, dilatando los tiempos. “El presupuesto de la Junta tiene que acordarse de estas mujeres. ¿Dónde tienen ustedes el corazón?”, se ha preguntado Márquez.

Imagine que pueda producir, consumir, almacenar y vender energía renovable de forma colectiva. Se trata de una fórmula que ya existe: las comunidades energéticas y en la que España avanza con la presencia de 837 durante el año pasado. Un ámbito que Andalucía impulsa cada vez más, pero para la que hay serias trabas legales y administrativas que están a la espera de la aprobación de un real decreto ley específico que aporte un marco jurídico estable y que dé a los ayuntamientos mayores competencias.

Esta fue una de las claves analizadas durante la III Cumbre de Comunidades Energéticas, organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Agencia Andaluza de la Energía que este miércoles tuvo lugar en Sevilla. Una cita en la que la región tiene mucho que aportar, ya que, como comentó Jorge Paradela, consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación durante la inauguración, se ha superado para este año las expectativas en cuanto a la generación de energía con instalaciones colectivas, con 68 megavatios (MW) de potencia y 1.776 instalaciones.

“Las energías limpias no son solo la fórmula para la transición energética sino una gran palanca de industrialización en Andalucía”, pasando de 2023 a 2026 a ser “la primera comunidad en potencia renovable instalada”, aportando el 25% en el país y el 37% en este último trimestre. “Sin Andalucía no hay transición energética a nivel nacional”, destacando que de los 20 MV generados, 14 de ellos proceden de la fotovoltaica. Además, un 11,5% procedente del autoconsumo gracias a las 213.000 instalaciones que hay repartidas por el territorio.

“Andalucía tiene una hoja de ruta”

Pero, ¿qué ocurre con las comunidades energéticas? Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas y Electrificación de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), señala que “el claro avance es en el número total de comunidades energéticas, 837, que la hemos visto en tres años”.

Además, las ayudas económicas fueron un punto de inflexión para las entidades, pese a que “no haya un marco normativo muy estructurado, si bien están definidas en el sector energético”. El informe anual de ECODES hace referencia a la participación de los ayuntamientos, donde destaca Canarias, aunque Andalucía no se queda atrás: “La transición energética se hace escuchando al territorio y con las corporaciones y ciudadanía y pymes”.

Acerca de la “democratización de la energía”, destaca que la comunidad autónoma ha hecho un “acompañamiento esencial”, tanto para difundir este ecosistema y colaborar con las empresas instaladoras, por ejemplo. “Está visibilizando muy bien a estas comunidades, no solo instaladores, sino empresas de software, empresas de la gestión de la gobernanza para ver cómo participan las personas”. Así, “Andalucía ha hecho una hoja de ruta muy importante y está uniendo todas las piezas para una mejor gestión”.

Frente a ello, quedan dudas por despejar, como se analizó en la mesa de debate ¿Cómo se están desarrollando las comunidades energéticas en España? ¿Está funcionando el marco normativo y estratégico?, que moderó el director de elDiario.es / Andalucía, Javier Ramajo, y contó con la presencia del subdirector general de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Energética, Jesús Ferrero, así como por el representante del Departamento de Internacionalización de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), Joaquín Villar, la directora del ICAEN, Ana Camp, la abogada Carlota Pallejà y el socio de Samso, Joan Herrera.

“Un proyecto no puede esperar un año a conectarse”

“Hay muchas iniciativas, pero la mayoría están en un estado inicial”, indicó Villar, representante de la Agencia Andaluza de la Energía, “hay en Málaga, Huelva, Sevilla, y hay ocho oficinas de transformación comunitaria que apoyan esa fase inicial, por lo que hay, junto al autoconsumo colectivo, una capacidad real de crear esta red”. Al respecto, añadió que hay 14 convenios firmados y 34 manifestaciones de interés para avanzar en estas comunidades, al igual que han creado un formulario para identificar el número exacto y, así, crear un catálogo y posterior mapa interactivo en el que dar esta información a la ciudadanía. Un proyecto con diversas patas, como los derechos y obligaciones que asumen, la cooperación internacional o la innovación, según los estándares europeos.

Sin embargo, “persiste la inseguridad” en el marco jurídico que aún no dota de suficiente autonomía a las corporaciones locales cuando “las comunidades energéticas impulsadas por los ayuntamientos avanzan de una forma más rápida”. A ello, habría que añadir el obstáculo en financiación, “una barrera importantísima”, de ahí que las ayudas autonómicas sigan siendo indispensables para animar a los hogares y a las empresas a invertir en este tipo de instalación energética. “Hemos mejorado mucho, pero un proyecto no puede estar esperando un año para que se conecte”, como ocurrió con Torreblanca Ilumina, “por lo que será muy importante que el real decreto aporte todas esas cuestiones, que dé seguridad jurídica y aclare derechos y obligaciones”, añadió con respecto a la disposición europea.

A su lado, el ponente del MITECO prefirió no avanzar fechas, aunque se insistiera. Con la oportunidad de tener a este interlocutor de calado, el experto Joan Herrera pidió una “actitud exigente” a los distintos actores, para presionar y garantizar la aprobación, desarrollo y aplicación efectiva de la norma, haciendo hincapié en el reparto de enriquecimiento energético. “Hay que garantizar accesos a los datos de los contadores, más cuando el Datadis da tantos fallos; también, ser legítimos en vulnerabilidad energética, ya que las comercializadoras de último recurso [aquellas compañías autorizadas por el Gobierno para operar en el mercado, como Iberdrola o Endesa] no dan la oportunidad en ciertos proyectos; y que la mayoría de los beneficios repercutan en el territorio”.

“Almacenamiento distribuido y compartido”

En esta línea, Herrera pidió un registro “abierto y voluntario” de las comunidades junto a un eslabón fundamental: un “almacenamiento distribuido y compartido”, que sigue siendo uno de los grandes retos del país después de sucesos sobrevenidos como el gran apagón que afectó a gran parte del territorio peninsular el año pasado. Un tema sensible y que despierta gran interés: “Si esto no aparece, el almacenamiento pasará a estar en manos de grandes inversiones en vez de en manos de la ciudadanía, pymes o entes locales”.

Además, propuso “abrir el melón” sobre la participación de las propias comunidades energéticos como “un activo de generación”, dotándoles de un mayor reconocimiento y siendo parte esencial en el mercado de la energía frente a las grandes compañías. Una cuestión para la que la normativa tendrá que hilar fino dado que, entre otras claves, los ayuntamientos obtendrán un papel fundamental en su desarrollo, que Herrera llevó más allá: “Más que acompañamiento, deben ser impulsores, ayuntamientos, cabildos o diputaciones” para desarrollar todo el potencial y saltar del campo a la zona urbana.

Acercar conocimientos, coordinar y ofrecer posibilidades a la población fue una de las grandes premisas, como defendió la abogada especialista en la materia, Carlota Pallejà, que subrayó que el reto del próximo año está en “conseguir que el ciudadano pueda acceder a unas reglas previsibles y unos procedimientos concretos, ya que el éxito modelo radica en que la regulación no paralice la capacidad de participación en el sector energético”. Más en casos como en Sevilla, donde la pobreza energética, que no vulnerable, está centrada en solventar los problemas términos, como sucede con la escasa adecuación de los hogares a las altas temperaturas. “Eso significa aprovechar la oportunidad de electrificación”, añadió Herrera.

Unos planes en los que avanza la legislación, pero, mientras, ¿cómo se solucionan los problemas del día a día? Andalucía cuenta, como ocurre en la administración catalana, con una Mesa de Autoconsumo dentro de la Agencia Andaluza de la Energía para intermediar y “desatascar” algunos proyectos, aunque “jugar con los tiempos es difícil porque juegas con las expectativas de las personas, y no es posible esperar un año para que se conecte una instalación”. De esta forma, como indicó Ana Camp, la labor de la administración pública “sería la de facilitador, que no stopper, para tener este ecosistema bien organizado” y ampliar su proyeccción, ya sea bien hacia las redes de frío y calor, en el sector rural con biomasa, o las plantas de biogás y los motores de cogeneración “para darle energía durante 24 horas a las comunidades”. “El fondo social para el clima tiene una oportunidad muy grande”, determinó.

La empresa de Desocupación García Seguridad Integral, junto al dueño de la propiedad, ha encerrado a varias personas en el interior de la Fábrica de Sombreros de Sevilla durante, al menos, una hora, a raíz de un conflicto con una persona, M., que acudía al espacio. El recinto industrial, frente de los corralones de Castellar, ha sido escenario este miércoles de un nuevo episodio de tensión entre los usuarios y la propiedad, como ha venido ocurriendo en los últimos meses a causa del interés de una promotora en comprar tanto los corralones como la Fábrica, inmueble protegido, para construir nuevos edificios de uso turístico y residencial.

Los sucesos comenzaron alrededor de la 13.30 horas cuando M., antigua inquilina de los corralones de Castellar que fue desalojada de uno de los locales que alquilaba, visitaba a una compañera que mantiene su taller en la Fábrica de Sombreros, según ha podido saber este medio hablando con la afectada y con las personas que se congregaron rápidamente a las puertas del edificio para apoyar a los compañeros que se quedaron en el interior. “Identificaron mi bicicleta y fue entonces que vinieron para acá para sacarme de aquí también”.

Fue entonces cuando la libre circulación de esta persona se vio amenazada. En representación de la propiedad, Garajes Santa Inés S.A., se personó uno de los dueños, Miguel, junto a un miembro de la empresa de desokupación y cerraron los portones de la puerta “para impedir que entrara la gente”. A escasos metros, se encontraba la acampada en las Setas con motivo del decreto Maricarmen contra la especulación urbanística, por lo que el llamamiento corrió como la pólvora en escasos minutos. Así, a las puertas del edificio, había varias personas, dueños de los locales que denunciaban lo que había ocurrido y que habían podido salir con minutos de diferencia, y medios de comunicación.

“Debo dar un preaviso”

Alrededor de una hora después, sobre las 14.22 horas, dos agentes de la Policía Nacional se personaron en la calle Heliotropo. Una de los agentes pidió que se dejara de grabar y que actuaría solo cuando las cámaras se apagaran, sin embargo, un joven respondió que “era un espacio público”. Inmediatamente, le pidieron que se identificara aunque no hubiera cometido ningún delito ni existiera indicios de que lo fuera a cometer, contrario a lo que dicta la Ley de Seguridad Ciudadana. Una vez identificada, procedieron a entrar en la Fábrica y mediaron en el conflicto.

Minutos más tarde, y con el refuerzo de otros dos policías nacionales, finalmente se abrió el portón y M. explicó que se había llegado a un acuerdo con la propiedad: “Debo dar un preaviso cada vez que vaya a venir”.

En el interior del edificio conviven alrededor de unos 30 artesanos con talleres de fotografía, joyería, danza y pintura, entre otros. Una de las afectadas que se encontraban por fuera del inmueble aseveró que desde febrero del año pasado se ha requisado la llave a los inquilinos de los espacios. “Cuando entré aquí, el portón estaba abierto 24 horas y los usuarios tenían la llave, pero por las lluvias decidieron remodelar una fachada, para lo que se cerró la calle Heliotropo. Pero no se hizo nada. Cuando reabrieron la calle, pusieron a una persona a abrir y cerrar la Fábrica”, critica.

La construcción de un hotel y viviendas

V., la afectada, que fue desalojada hace meses del corralón de Castellar, ha vivido esta presión en una jornada en la que iba a participar en un taller de danza, aseguró, tras haberse reconocido su bicicleta en las inmediaciones. Un nuevo episodio en los alrededores de los corralones que se suma a los enfrentamientos que se han vivido este verano con varios momentos violentos, como el allanamiento de morada de Estefi, la inquilina del espacio industrial, agresiones, o las continuas amenazas recibidas. Todo ello, bajo la vigilancia a la que está sometida por parte de la empresa de Desocupación García Seguridad Integral, que tiene un trabajador sentado en su portal.

Así, se acumulan los signos de tensión que vive en centro histórico. El motivo, publicado por este medio, es que hay un acuerdo para la compra por 12 millones de euros de los solares por parte de la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L., que proyecta un hotel de cuatro estrellas con 90 habitaciones y 29 viviendas libres. El acuerdo expiraba en junio de este año en función de la aprobación del Plan de Reforma Interior de los terrenos, que debe aprobar la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, pero fuentes próximas aseguran que el promotor “está dispuesto a esperar”.

En el proyecto presentado al Consistorio hispalense por la constructora, se adelante que en la Fábrica de Sombreros no se han desarrollado las actuaciones de reforma interior contempladas en la planificación, pero sería “impulsado contemporáneamente por este mismo promotor” para llevar a cabo una remodelación.

El acusado por la muerte de Ana Buza en la madrugada del 7 de septiembre de 2019 ha explicado al jurado popular que lo juzga por asesinato que, mientras conducía acompañado por su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona, vio que la joven “se tiró” del vehículo: “Noto una bocanada de aire y veo su cuerpo cayendo” y, debido a que se incorporó, “el coche se desvió”. El hombre ha tratado de apuntalar así la hipótesis de suicidio en el juicio contra él, que entra en su recta final después de siete años y cuya última sesión con las conclusiones finales ha sido aplazada al viernes.

El Ministerio Público sostiene hasta ahora que el acusado aceleró y sobrepasó ampliamente el límite velocidad en la salida de la autovía, provocando que ella, que tenía 19 años, saliera despedida del asiento de copolito e impactara contra el quitamiedos. La acusación particular cree, en cambio, que la joven se bajó del coche en marcha y él la atropelló para matarla. El acusado, por su parte, ha insistido este martes en que ella se arrojó del coche en marcha con la intención de suicidarse.

A la espera de si alguna de las acusaciones modifica la calificación y la petición de penas en sus conclusiones, el fiscal pidió en su escrito de acusación tres años de prisión por homicidio imprudente, mientras que la familia cree que no existió imprudencia, sino un asesinato o, subsidiariamente, un homicidio doloso, y solicita veinte años de prisión.

“No sé si Ana llevaba puesto el cinturón”, ha contado el acusado a la Audiencia Provincial de Sevilla durante la octava sesión del juicio. Así, describió que la sevillana, con quien mantenía una relación desde septiembre de 2018, estaba sentada en el asiento trasero derecho e “iban en silencio” tras haber mantenido una discusión. “No me pidió bajar en la autovía”, afirmó con respecto al trayecto que realizó desde Lora del Río a Sevilla cuando la joven le pidió que la llevara a su casa.

“En el momento que escucho a Ana, suelto el volante”, recordó ante el jurado popular. A respuestas del Ministerio Fiscal, justificó el cambio de versiones sobre los hechos debido a que “estaba en shock”. “Ido”, resumió. “No recuerdo las caras de esa noche. No sé por qué lo dije”, expresó sobre los distintos relatos. Una vez Ana Buza “se tiró”, expuso que salió del vehículo e intentó parar a los coches que pasaban. “Estaba oscuro, intento buscar el móvil y hago un gesto con la mano y se paran algunas personas, que me prestan algo para iluminar”.

El novio niega que manipulara el móvil de Buza

Posteriormente, describió que se encontró el cuerpo a unos metros de donde dejó aparcado el coche con la ayuda de quienes le estaba auxiliando y aseguró que “no habló” con la madre de él en ningún momento, en todo caso, “fue otro hombre” quien contactó con ella a través de su móvil. “La Guardia Civil me hizo los test, me dieron calmante en la ambulancia y me llevaron al hospital. Estaba ido” y, mantuvo, que “no llegué a ver el móvil de Ana”.

Un hecho significativo y sobre el que se abundó debido a que, en la séptima sesión del juicio, agentes de la Guardia Civil aseguraron que el móvil dio señales en los repetidores los días 7 y 15 de septiembre, el día del fallecimiento y una semana después. Todo ello, teniendo en cuenta que el móvil de Buza fue encontrado a 70 metros del lugar del accidente el 26 de septiembre.

En este sentido, según apuntaron los informes periciales, el 8 de septiembre el móvil se conectó por Bluetooth al de su entonces novio y, aseveraron, que las visitas a artículos relacionados con el suicidio en la noche del día 7 se introdujeron a posteriori, el día 13. Para ello, el móvil se conectó a un ordenador y se instaron tres aplicaciones de limpieza de dispositivos, como reflejaron en la sesión recogida por El Correo.

“Es imposible que manipulara el móvil. Yo estaba en Sevilla. Todo es mentira”, sosteniendo que fue el padre de la víctima quien, días después y antes de que se hallara el móvil, le pidió el pin para desbloquearlo.

En cuanto al transcurso de los hechos durante aquella madrugada, indicó que, a la salida del hospital se dirigió directamente al tanatorio en Sevilla: “Me cambio en el tanatorio y, en la noche del 7 al 8, estuve en el tanatorio de Carmona”, indicó a las preguntas de la Fiscalía. Además, añadió que “tampoco tenía los conocimientos” para hacer cambios en el móvil, ya que “solo tenía Bachillerato” y no contaba con las habilidades informáticas para distorsionar el dispositivo.

“Era bastante inestable”

El inculpado se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular ejercida por los padres de la fallecida. A preguntas de su abogado, ha descrito a la joven como “bastante inestable, con picos de alegría y tristeza, y por motivos que no eran de peso”, apuntando al comportamiento de Buza y los escritos de su diario para reforzar la hipótesis del suicidio. Aparte, describió la relación con su padre como que “no era buena” y tachó al progenitor como “muy exigente”, situando la ruptura de comunicación con el que fuera su suegro el 19 de septiembre, días después de la muerte.

Al respecto, situó en enero de 2019 una conversación que mantuvo con la joven, con la que se comunicaba a través de correo electrónico y para lo que negaba que él le hubiera prohibido tener WhatsApp o redes sociales, sobre el hecho de que “quería pedir ayuda”, psicológica en este caso. Así, describió la relación sentimental con Buza como “buena o normal”, indicando que “no tenía celos” pero sí “cierta desconfianza” por una supuesta infidelidad que le había comunicado la joven.

Un testimonio que se contradice con la orientadora escolar que atendía a Buza y una compañera de clase del Grado en Filosofía que cursaba en la capital hispalense, que comparecieron en la sesión de este martes junto al médico de la familia. En todos los casos, desmintieron que Buza tuviera una actitud depresiva o con tendencia al suicidio y, en la versión de la compañera y la psicoterapeuta, describieron la relación como “tóxica”.

En cuanto a la orientadora, subrayó que Buza “estaba harta de él” y le había puesto como condición sine qua non para continuar con la relación sentimental que fueran juntos a terapia después de que el 6 de marzo de 2019 “mandara un correo para pedirme ayuda”. “No me siento libre y estoy intentando solucionarlo antes que dejarlo”, aseguró que le había confesado Buza en un correo electrónico.

Tras varias sesiones, indicó que el punto de inflexión fue un encuentro en la universidad, a donde él acudía para esperar o más adelante acompañarla en alguna clase, en el que “él se muestra violento”. Después de varios intercambios con el acusado tras la muerte de Buza, en las que admitió ante el abogado defensor que mantenía una actitud consoladora con él porque “prefirió no levantar la liebre”, decidió enviar el correo en el que Buza pedía ayuda al padre de la víctima el 18 de septiembre tras conocer el archivo de la muerte. “Se equivocó en el día que lo dejó”, aseguró ante el jurado popular.

Por su parte, la compañera de clase, con quien tenía una notable diferencia de edad edad, aseguró que se pasó “todo el curso intentando hablar con ella” sobre la situación que observaba, “pero él siempre estaba delante”. “Era muy preocupante”, expuso, “espiaba lo que había en el interior de la clase y, si Ana no salía en los descansos, él iba adentro con ella”. En un momento dado, la compañera decidió llamar al 016 para alertar de la situación, pero dijo que la respuesta había sido que “ella era mayor de edad y yo no era familiar”. Al respecto, el acusado afirmó que no tenía conocimiento de quien era esta compañera y nunca la había visto en la interacción con los demás compañeros.

El caso Ana Buza

La muerte de Ana Buza del 7 de septiembre de 2019 ha movilizado a lo largo de estos siete años a distintos colectivos feministas y sociales bajo el reclamo Justicia para Ana Buza que, a tenor de lo exigido por la familia, pedían que se profundizara en las circunstancias del fallecimiento y que se investigara en un Juzgado de Violencia de Género.

Finalmente, se ha descartado esa posibilidad. El acusado enfrenta una petición fiscal de tres años de cárcel por un presunto delito de homicidio imprudente mientras que la familia, en calidad de acusación particular, solicita 20 años por un presunto delito de asesinato u homicidio doloso de forma subsidiaria.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, recogido por Europa Press, se expone que el acusado mantenía desde septiembre de 2018 una relación sentimental con la fallecida, de 19 años, precisando que, en la noche del día 6 de septiembre de 2019, la pareja se encontraba en la localidad de Lora del Río, lugar de residencia de la familia del investigado, en cuyo domicilio “tenían pensado pernoctar”.

No obstante, “tras una discusión” entre ambos, la joven “decidió que no quería dormir en Lora del Río”, pidiendo al acusado que la llevara al piso de estudiantes donde habitualmente residía ella en la capital hispalense, de forma que, entre las una y las dos de la mañana, el encausado le pidió el coche a su padre, que montó como copiloto mientras la víctima se ubicaba en el asiento trasero derecho. Una vez dejó a su padre en casa de su abuela paterna, llevó a su pareja a su casa por la A-4, sin que la víctima pasara al asiento delantero.

La Fiscalía añade que, “a la altura del PK 511, coincidiendo con la salida 511 hacia la localidad de Carmona, lugar donde rige una limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora, el acusado no guardó la prudencia y diligencia requerida como conductor, pues pese a la situación de tensión y enfado existente en la pareja y al límite de velocidad indicado, prosiguió su marcha circulando a 117 kilómetros por hora”. Posteriormente, esto “determinó que, en un momento dado”, la joven, “por razones no determinadas, cayera del vehículo en marcha, sufriendo lesiones de tal gravedad que causaron su fallecimiento”.

Un hecho para el que los peritos han intentado discernir en estas jornadas en la que se ha debatido si fue un suicidio o si fue atropellada por su novio. En este sentido, cinco de los seis expertos coincidieron en que la causa de la muerte fue un desnucamiento por la fuerza del golpe, como se le dice coloquialmente y, a su vez, describieron como clave la lesión que presentaba Ana en la parte posterior de los muslos, señalada como los peritos como un golpe con el quitamiedos que le habría fracturado los fémures. No obstante, terminaron la sesión sin coincidir en cuál fue el motivo.

Un año después, la versión oficial la Junta de Andalucía sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama es que hubo un error en el protocolo que afectó a 2.317 mujeres, incidiendo en que no se contemplaba la obligatoriedad de informar a las mujeres con resultados no concluyentes. Una respuesta a la que se unió la puesta en marcha de un plan de choque, cambios en ese protocolo y el cese de varios cargos. Entre ellos, el del exjefe de Radiodiagnóstico que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío. Las explicaciones son insuficientes para la oposición para el Parlamento andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer: piden saber qué recursos había disponibles, cuál era la carga asistencial y dónde están las listas de espera para analizar el error estructural.

En un segundo intento, el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se unieron el pasado día 23 y presentaron una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama. A esta propuesta, Vox manifestó su rechazo aunque antes de las elecciones y de formar parte del Gobierno andaluz había mostrado su apoyo y, por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tachó de “ridículo” el comportamiento de las izquierdas, refiriéndose en comisión parlamentaria al “fracaso que han tenido en los tribunales con las denuncias”. Sin embargo, el responsable del PP obviaba dos cuestiones: la vía penal interpuesta por los partidos ha sido archivada mientras más de 200 reclamaciones patrimoniales de las pacientes afectadas proseguirán su camino hacia lo contencioso-administrativo ante el silencio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras quedan dudas sin resolver.

“Hemos pedido que se amplíe la información: número de mujeres por provincias, cómo están funcionando las unidades de mamografía, cuáles son los tiempos de espera”, exige Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, en declaraciones a este medio. También, añade, han pedido saber “si se ha detectado cáncer de mama en algunas de las mujeres, qué protocolos de urgencia aplicarían en ese caso para atender con la máxima celeridad a esas mujeres, y qué profesionales van a contratar en cada una de las 32 unidades de mama andaluzas”. Lo que más preocupa, resalta, es “solucionar rápidamente el problema y dar certidumbre a las personas afectadas”.

“No han respondido a todas” las demandas

Sin embargo, “no han respondido a todas” estas demandas. La asociación forma parte del Plan Asistencial del Cribado de Cáncer de Mama y estuvo presente en las tres reuniones que se han celebrado hasta la fecha de la comisión de seguimiento de la crisis que activó la Consejería de Sanidad, con quien califican el diálogo como “fluido”. Aun así, Cantero subraya: “Siempre hemos pedido transparencia, responsabilidad y generar confianza en las mujeres andaluzas sobre los cribados y la importancia de la detección precoz del cáncer”. En esta línea, demandan que Andalucía se integre en los programas internacionales de evaluación de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en su totalidad, como ya ha empezado a hacer con el cáncer colorrectal.

Por ello, las reclamaciones las concentra Cantero en que la Asociación participe como agente externo en la Ponencia de Cribados de la Comisión interterritorial, así como poner a disposición de las autoridades administrativas la herramienta Más datos Cáncer “para volcar los datos de los programas de cribado”, ya que, frente a las negligencias del sistema, han detectado desconfianza en muchas mujeres a la hora de participar en los cribados considerando que “podría ser ineficaz”, aunque trabajan mano a mano con las pacientes, las familias y la sociedad civil para “ofrecer una atención más humana e integral que cubra sus necesidades”.

En la cara opuesta, Amama resolvió levantarse de la segunda reunión organizada en el comité de seguimiento después de que se les pidiera firmar una orden de confidencialidad. En un continuo tira y afloja, las relaciones con la Junta se han terminado por empantanar, ya que observan que hay un rechazo continuo a sus peticiones para aclarar qué sucedió para que 2.317 mujeres fueran afectadas y se produjera, según han constatado, la muerte de siete mujeres a causa del desarrollo del tumor por el fallo sanitario.

La resolución del Defensor ante la “parquedad de información”

Quien también reclamaba más explicaciones ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. Jesús Maeztu abrió una investigación de oficio tras el estallido social, haciendo un primer requerimiento al Ejecutivo autonómico en octubre. No obstante, el informe remitido por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue tachado como “claramente insuficiente”, motivo por el que el Defensor salió ante los medios de comunicación para criticar el silencio del Gobierno de Juanma Moreno. En marzo de este año declaraba que “no se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Siete meses después, el equipo de Maeztu publicó una resolución que pasó de puntillas en mitad de las elecciones autonómicas. Este documento refleja que las actualizaciones pedidas nunca llegaron y se insiste en que la respuesta no satisface los requerimientos solicitados para analizar el alcance y las consecuencias de la crisis del cribado.

¿Qué evitó responder la Junta? La resolución señala que la Consejería de Sanidad y el SAS no informaron sobre cómo funcionaba el protocolo que estaba vigente. Tampoco en lo relativo a si el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se ajustaba a este protocolo o no y qué razones llevaban a aplicar una resolución u otra. Además, se rechaza dar los datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera y no aclaraba el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado antes de que en octubre se pusiera en marcha la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz a raíz de la alerta sanitaria.

“La parquedad de la información recibida no impide a esta institución formar un recto juicio, ni renunciar a la salvaguarda del derecho a la protección de la salud de las mujeres, que hacemos valer tanto reflejando las deficiencias constatadas como el mismo hecho de no haber llegado a poder desvelar su causa”, asesta la resolución de mayo.

La Unidad de Radiología trabajó al 170% de su capacidad

Entre las conclusiones, se da cuenta de la plantilla que había en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, única entidad que remitió información en abril de 2026. “En octubre de 2025, se disponía de 6,3 facultativos en la Unidad de Radiología de Mama y la plantilla ha pasado de 5,3 puestos efectivos a 8,3 puestos efectivos en la actualidad, además de haber sido contratado personal técnico en número de 4 y 1 administrativo de apoyo a la Unidad”.

A renglón seguido, el Defensor subraya que “la suficiencia o insuficiencia de estos recursos de personal solo puede ser evaluada en función de la demanda, obviamente”. Ahora bien, a la luz de los datos facilitados, da la siguiente relación.

“Los facultativos disponibles en octubre de 2025 trabajaron durante dos meses al 170% de la actividad normal para resolver todos los retrasos; en diciembre de 2025 un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa de cribado tuvieron que ser derivadas al concierto externo; incluso tras el actual refuerzo de personal, la Unidad ha tenido que ser dotada de más continuidades asistenciales por semana para el equipo que la integra”. Pese a que hay quejas registradas a causa de la crisis del cribado desde las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Málaga, solo este centro hospitalario contestó al requerimiento del Defensor.

“Un fracaso”

“Lo acaecido ha supuesto un cuestionamiento del funcionamiento del Programa de Detección Precoz y la desconfianza en su eficacia”, señala, “un fracaso en una importante línea de trabajo dentro de las estrategias de salud pública, que puede llegar a producir efectos colaterales o secundarios si desincentiva la participación, con nefastas consecuencias personales, sanitarias y sociales”. A ello, se apunta que “con estos signos de advertencia” resulta “difícil comprender la tendencia a ampliar cada vez más el arco etario [el aumento de la franja de edad] del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama sin contar con la garantía de su correcto cumplimiento”.

Asimismo, la resolución ahonda en que lo que se cuestiona en la crisis de cribado no es la pericia o negligencia de los profesionales encargados del estudio, sino “la suficiencia de los medios dedicados a posibilitar el correcto funcionamiento del Programa, y si el infradiagnóstico vinculado a la insuficiencia de recursos sanitarios ha supuesto una pérdida de oportunidad en la protección del derecho a la salud”. Es decir, ante el plan millonario que anunció la Junta, ¿qué garantías hay de que se reviertan los errores ocurridos si no se dan cuenta de ellos?

Lo deseable: “Afrontar una crisis con decisiones humanas”

Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en el tratamiento humano hacia las pacientes y la vía judicial en la que ahora están embarcadas a causa de la estrategia que ha emprendido la Junta: “En el escenario más doloroso de las mujeres que han determinado depurar responsabilidades, hubiera sido deseable una Administración sanitaria cuyos responsables hubieran sido capaces de afrontar una crisis como la acaecida con decisiones compasivas y humanas, acordando de oficio la iniciación de los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial”.

Así, el Defensor concluye con cuatro recomendaciones, entre las que destaca la implantación de un programa con “un sistema uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática”. Asimismo, pide dotar dotar “de medidas de refuerzo” para atender adecuadamente a las pacientes y cumplir con los plazos. Una resolución, en todo caso, parcial ante respuestas incompletas.

El clamor social por la vivienda prendió la mecha con el desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años que fue desahuciada de su piso, y ha llegado hasta Sevilla. El llamamiento de este lunes encontró respuesta en las Setas de la Encarnación con más de mil personas en una jornada marcada por el aniversario de la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía que llevó a la plataforma Marea Violeta Andalucía a salir a las calles. Dos caras de una misma moneda: el hastío convertido en movilización para demandar cambios al Gobierno central y autonómico en plena crisis de vivienda y clamar frente al retroceso en materia de igualdad del Gobierno de Juanma Moreno.

La rapidez en la organización de las protestas para apoyar una y otra causa hizo que chocaran las convocatorias en el calendario y en las horas, ambas a las ocho de la tarde, pero no fue impedimento para que reclamaran unos derechos que van de la mano. “Fin del fraude, del alquiler vacacional y del alquiler de habitaciones. Basta de precariedad. No puede ser que nuestros salarios no suban a la misma velocidad”, leían en el manifiesto el Sindicato de Inquilinas de Sevilla, que, junto a la fuerza atronadora de miles de personas, sacó la rabia gritando “rentistas culpables, Gobierno responsable”, y “¡Sevilla será la tumba del rentismo!”.

Muchas de las manifestantes luego marcaron el rumbo hacia las Setas para apoyar las protestas convocadas por la Confederación del Sindicato de Inquilinas con la proclama ¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda, tanto en Sevilla como en la plaza del Palillero de Cádiz y frente al Ayuntamiento de Málaga, ciudad en la que se han concedido hasta cien apartamentos turísticos que quedaban pendientes de entregar justo antes que entrara en vigor la moratoria de tres años que aprobó el mismo Consistorio. Un hecho que ha sido recordado por la multitud que llenó las escaleras y la plaza con pancartas, palmas y clamando: “Hoy Maricarmen, mañana eres tú”.

Sevilla, que vive la presión turística y el fenómeno de la gentrificación en sus propios barrios, se congregó alrededor de uno de los monumentos más visitados al año, donde la marca de la ciudad se promociona en unas letras vistosas, de dos metros de altura, que al final de las escalinatas ofrecen una feliz estampa para los visitantes. En las alturas, los visitantes disfrutan del espectáculo lumínico de las Setas mientras las banderas de los sindicatos ondeaban a pie de calle. “Estamos cansadas del rentismo y que nuestro trabajo sirva para enriquecer a nuestro caseros”, animando desde el manifiesto a que “la lucha es el único camino”. “No nos rendiremos, nos tendrán al frente, unidas, fuertes”.

La celebración de la gala de la revista Escaparate hace dos semanas removió la conciencia ciudadana, que ha organizado dos sentadas espontáneas en la plaza Virgen de los Reyes como acto de protesta y en contra de la privatización del espacio público. Un hecho que movilizó a los vecinos, al igual que las imágenes del desahucio de Maricarmen, que ha tenido una repercusión siningual y ha logrado que el Gobierno de coalición se siente in extremis a negociar un decreto de vivienda que quiere dar respuestas al malestar social.

Uno de los casos más paradigmáticos del tejido sevillano es el de los vecinos de Palmete. El Ayuntamiento hispalense atendió al grito de auxilio de 11 familias tras varias amenazas de desahucio y llegó a un acuerdo con el Banco Santander en febrero de este año, a través de la empresa municipal Emvisesa, para adquirir el edificio situado en la calle Verdad y, así, evitar el desalojo de estas viviendas de protección oficial. “¡El banco se va, las familias se quedan!”, clamaba la plataforma Barrios Hartos. Y así, tantos ejemplos para los que la asfixia del mercado inmobiliario es el sino de cada día, para lo que una de las respuestas del gobierno local de José Luis Sanz es “repoblar el centro”.

La protesta también se dirigió al regidor, al igual que al presidente andaluz Juanma Moreno y al presidente Pedro Sánchez: “¡Bonilla, culpable, Gobierno responsable!”. Una estampa que habla del ánimo de Sevilla, que gritaba “¡viva la lucha de la clase obrera!”, en un momento en el que el objetivo del Gobierno andaluz es construir 20.000 viviendas asequibles en cinco años a causa de un parque público mínimo, aunque los límites de ingresos de los demantes de VPO han aumentado, creando un mercado de lujo para viviendas enfocadas a la población con menos recursos.

11 víctimas de violencia machista en Andalucía

Algunas de los participantes habían estado minutos antes en la plaza de la Contratación en la convocatoria realizada este lunes por Marea Violeta Andalucía bajo el lema Contra el negacionismo, derechos y políticas públicas feministas. Así, el movimiento feminista exigió rectificaciones al PP tras dejar en manos de Vox la unidad de valoración de violencia de género, al tratarse de un organismo adscrito a la Consejería de Justicia que ahora detenta Manuel Gavira, y en un día marcado por el asesinato de dos mujeres en la provincia.

Día aciago para Andalucía, la comunidad con más asesinatos machistas registrados, que hoy ha confirmado la víctima número 11 por violencia de género el asesinato de la localidad sevillana de La Campana. Además, cabe recordar que el día 21 murió una mujer en el hospital tras ser estrangulada por su pareja, el día 25 un joven de 20 años asesinó a una mujer que ejercía la prostitución e intentó acabar con la vida de una segunda, y el recién declarado del día 27 cuando un hombre mató a su pareja en plena calle mientras hablaba con una vecina. Tres asesinatos en una semana. “Ni una menos, vivas nos queremos”, gritaron.

En el manifiesto, Marea Violeta Andalucía reclama “la puesta en marcha de políticas pública de igualdad que cuenten con recursos humanos y económicos suficientes”. Como ocurre para ejercer el derecho al aborto en Jaén. Un continuo obstáculo para las mujeres que quieren proceder a la interrupción voluntaria del embarazo y que no encuentran respuesta en la sanidad pública, donde solo se practica por prescripción médica, ni en la privada, en donde se rechaza. Motivo por el que, según las últimas estadísticas, más de 700 se han visto obligadas a desplazarse a otros centros.

Con motivo del Día Internacional del Aborto, el Ministerio de Sanidad anunció que el objetivo es incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria, sin embargo, de aquí a que la reforma se produzca, quedan desamparadas cientos de mujeres que buscan una respuesta urgente. Aún así, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, aseguró esta mañana en Huelva que “se cumple la ley” y que “otra cosa son las circunstancias de que no se haya presentado ningún centro”, pero aseguró que “se ofrece una alternativa” a las afectadas.

Al respecto, Blanca, de 22 años, respondía que le parecía “inconcebible” que aún exista esta barrera. “Estamos en 2026 y este derecho debería estar reconocido en todos los rincones y, estamos en septiembre, ¿cómo tenemos ya estas cifras de asesinadas? ¿Cómo puede pasar esto por el simple hecho de ser mujeres?”. Otra cuestión sobre la que quiso hacer hincapié es en la “violencia” y “agresividad” de los jóvenes influenciados por la llamada manofesra, donde la misoginia campa a sus anchas. “Las redes sociales, el algoritmo, desde que detecta cual es tu edad hace un sesgo instantáneo”, también criticó.

A su lado, Yolanda Carrasco, activista, señaló varias de las políticas del Gobierno del PP como la eliminación de la perspectiva de género en los presupuestos autonómicos, hecho en 2024, o el polémico nombramiento de Enmanuel Moreno Molina al frente del Instituto Andaluz de la Mujer. “Las mujeres tenemos pocos espacios de poder y dar esto fue un sinsentido”, criticó, “y muestra la falta de comprensión y compromiso por parte del actual Gobierno de Andalucía”.

“Quien dice ser moderado ha puesto en manos de quien niega la principal lacra social que vivimos las mujeres un órgano sensible”, como es la unidad de valoración de víctimas de violencia de género. “Se habla de familia y de cuidados, pero no se habla de autonomía y desarrollo de la mujer, y vienen eliminando lo que llaman 'gastos superfluos', que son gastos de justicia social”, poniendo en evidencia que las protestas continuarán en vista de los recortes en políticas públicas de igualdad.