El Ayuntamiento de Sevilla otorgará la licencia de la mezquita proyectada en el Polígono Sur una vez que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han finalizado los informes técnicos y jurídicos que se solicitaron, que han concluido que, por un lado, “el uso es compatible con la calificación de la parcela” y, por otro, “no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana”, como había pedido Vox, que ya ha anunciado que votará en contra.

Por tanto, la licencia de obra volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, 28 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales. “Estamos ante un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que cumple la normativa urbanística vigente”.

En este sentido, “negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica”, subrayan las fuentes consultadas. “Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado”, añaden.

“Ejercicio de democracia”

Una vez publicada la noticia, los promotores del proyecto resaltan que “estamos muy agradecidos por que el proceso haya salido adelante y, dentro también de esta contención, celebramos que haya hecho un ejercicio de democracia poniendo la ley por encima de cualquier ideología”, resalta Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, en declaraciones a este medio.

“Supone cumplir una etapa de muchísimo trabajo y esfuerzo tanto para la Fundación como para las personas que han colaborado en este proyecto”, subraya, “y, como entidad cultural de carácter islámico, estamos abiertos a hablar con todos los agentes sociales para explicar el proyecto y sus objetivos, con el fin de disipar cualquier duda y acaloramiento que pudiera surgir a nivel social”.

Ante el rechazo de Vox, la Fundación anunció la semana pasada que pediría una reunión con el partido político. Una petición que, asegura Nieto, ya han trasladado. “No hemos obtenido respuesta a día de hoy”, confirma, “pero como vecinos y ciudadanos andaluces tenemos abierto el diálogo con todas las asociaciones”. A su vez, adelanta que en septiembre recibirán la visita de una asociación de personas mayores que están interesadas en conocer en qué consistirá la construcción del Centro Cultural Islámico en el Polígono Sur.

Vox votará en contra

Vox consiguió la semana pasada que se retirara del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo el punto concerniente a la licencia de obras para levantar este espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, que incluye un minarete. Con una inversión de 10 millones de euros, el futuro Centro Cultural Islámico se levantará en una parcela privada en el Polígono Sur y contará con dos edificaciones, una dedicada a la mezquita y otra para las actividades socioculturales, anunciaron sus promotores.

En total, unos 6.300 metros cuadrados que, una vez conseguida la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de este año. Una vez iniciados los trabajos, la Fundación estimaba que se tardarían entre 18 y 24 meses en construir la instalación que estará ubicada entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva.

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla acaba de anunciar que votará en contra del proyecto urbanístico durante la sesión plenaria en la que el asunto sea sometido a consideración. El concejal Javier Navarro, a través de un comunicado, ha reiterado que no han tendi acceso al expediente de la Comisión de Urbanismo del próximo martes “no contiene ningún informe jurídico que resuelva los motivos argumentados por este grupo municipal que propiciaron la retirada del punto del orden del día de la pasada comisión”.

Tras la intervención del ya vicepresidente Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Gonzalo García de Polavieja, reclamaba hace unos días al Comisionado para el Polígono Sur que centrara todos sus esfuerzos en “resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos”, en lugar de “amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio”. No obstante, cabe recordar que el suelo fue comprado a la comunidad mormónica y que, según aseveran desde la Fundación, la compra no ha requerido financiación pública.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de enero de 2026 los requisitos y las condiciones mínimas que requerían las personas beneficiarias del grado III+ de dependencia, una línea creada para los pacientes de la ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Dos meses más tarde, en marzo, la Consejería de Inclusión Social anunciaba que Andalucía abría el trámite para pedir estas ayudas, y fue entonces cuando Teresa, pseudónimo, vio los cielos abiertos: por fin podía pedir la subvención para su padre, J. Con 68 años, vive postrado en la cama y conectado a un respirador que le ayuda a resistir. Sin embargo, necesita atención las 24 horas del día y, aunque su hija ha removido cielo y tierra para lograr la financiación, el plazo de tres meses máximo ha expirado sin una respuesta de la administración.

“Iniciamos el proceso para la dependencia e incapacidad desde 2021 y ya en 2024 teníamos el diagnóstico neurodegenerativo en firme”, relata Teresa desde Granada a través de una videollamada tras haber lanzado un comunicado a través de varios correos electrónicos pidiendo que se dieran eco de su caso. “Tenemos un poco de ayuda, pero todo ha sido por las reclamaciones constantes y, además, se nos niega un fisioterapeuta a domicilio cuando la ley lo contempla”, motivo por el que acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de apoyo.

La solicitud para que su padre recibiera el reconocimiento del grado III+ fue firmada el 17 de marzo, según ha constatado este medio. En el caso de J., los especialistas en neurología del Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, certificaron que padecía una atrofia multisistémica variante parkisoniana (AMSp), con origen en el año 2016, y en un estudio realizado en junio de este año, se indica que el paciente “se halla en situación de gravedad y gran dependencia” con síntomas propios de un estadio avanzado. “Se trata de una enfermedad neurodegenerativa grave que da lugar de manera progresiva a la alteración grave de la movilidad, disautonomía, alteración mental, problemas respiratorios, problemas del sueño, dolor y disfagia”, describe el facultativo.

En otro de los informes a los que ha podido acceder este medio, la neuróloga asevera que la intervención del fisioterapeuta “constituye un pilar crítico y necesario en el abordaje integral de la AMS”, ya que la evidencia científica demuestra “que mejora significativamente la función motora”. En función de las limitaciones de movilidad del paciente, la especialista solicita “facilitar la fisioterapia en el entorno domicilio” y, añade, “este es un derecho reconocido bajo el marco de la Ley ELA, que ampara de forma explícita a pacientes con enfermedades neurodegenerativas complejas como la AMS, garantizando así la continuidad asistencial y la dignidad en el tratamiento”.

“El día a día es traumático”

En la actualidad, J. tiene asignada 20 horas semanales, dos por la mañana y otras dos por la tarde de lunes a viernes, y el resto lo acompaña su esposa, A., que con 65 años apenas puede hacerse cargo del paciente, tanto por la falta de fuerza para manipularlo con soltura como por la carga mental que supone ver su paulatino e imparable deterioro físico. A partir de la pandemia, A. ha desarrollado varias dolencias en el ojo que le están haciendo perder la visión, además de que está sufriendo inflamaciones tanto en las caderas como en los hombros.

Intentando adelantarse a los tiempos de la Consejería, cuya respuesta es de 496 días —por encima de los 180 establecidos por ley—, ya le está empezando a tramitar la ayuda en dependencia. Pero, quien centra ahora sus preocupaciones es su padre, una persona vital, describe su entorno, que trajaba como comercial y formó una familia junto a A. y sus dos hijos. “Desde hace 15 años veo la evolución y J. ha pasado de ser una persona súper activa, que ha trabajado más de 35 años y lo ha dado todo por su familia y entorno, a no poder salir de una habitación, a pesar de que tu cerebro quiera. El día a día es absolutamente traumático”, relata Iván, la pareja de Teresa.

“Ve cómo esto afecta a la vida de los demás”

“Hay que asearle, darle de comer, desplazarlo, cortarle todo, se cae cada diez segundos. Cualquier ser humano merece una dignidad y él no la está recibiendo del Estado ni su entorno, y es lo que más me crispa: que el Gobierno alardee de leyes aprobadas y al final no lleguen al ciudadano”, comparte. Mientras Teresa lo escucha emocionada, su marido habla del sufrimiento de J. cuando contempla a quienes lo cuidan: “Ve cómo esto afecta a la vida de los demás. Esto no deja de ser una onda expansiva... La vida de mi suegro está sentenciada, lo que nos jugamos ahora es la vida de mi suegra, el trauma emocional de mi mujer, todo lo que está generando alrededor”.

El matrimonio, que vive a unas calles, está pendiente de los cuidados que necesite J., pero las cargas familiares y laborales impiden una entrega absoluta, aunque Teresa responde al teléfono cada vez que suena. “Mi padre ya apenas puede hablar. El otro día llamó y al contestar escuché los gritos y los llantos de mi madre de fondo. Colgué y fui”. Al entrar en la casa, la encontró desvanecida en el suelo después de sufrir un nuevo ataque de ansiedad.

Relata otro episodio, relacionado con la administración. Le pidió a un funcionario del Servicio de Valoración de la Dependencia de Granada, en la calle Joaquín Eguaras, que revisara el expediente de su padre. Insistió y, finalmente, le pidió que esperara. Al volver, le dijo que la trabajadora que se encargaba de los trámites tenía miles de carpetas sobre su mesa. Apenas faltan unos días para que comience agosto y, mediante el verano, teme que expire de nuevo la solicitud que registró en la ventanilla electrónica, aparte de la entregada en persona. ¿La atención privada es una alternativa? “Es inviable. El presupuesto son unos 9.000 euros mensuales para cubrir el día, pero sin que recoja lo que supone contratar a un especialista. El logopeda, el fisioterapeuta, la terapia ocupacional, todo eso queda aparte”.

Más de 90 solicitudes registradas

La Ley 3/2024, para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace dos años. Con el acuerdo de enero de este año, se definió que para acceder a las ayudas del grado III+ se necesita cumplir dos de tres criterios: necesitar soporte ventilatorio más de ocho horas al día, la necesidad diaria de aspiración de secreciones e inmovilidad del tren superior. Una vez expedido el certificado médico, se establece la cuantía, que tiene un mínimo garantizado de 3.200 euros y un máximo de 9.850 euros al mes.

Hasta la fecha, según las fuentes consultadas, la Agencia de Dependencia del Gobierno andaluz contabiliza un total de 92 expedientes en trámite desde que se abrió el plazo en marzo, de los que 73 corresponden a ELA y el resto a enfermedades de alta complejidad. Hasta hace unas semanas, solo había seis expedientes resueltos, unos datos para los que se ha requerido la confirmación de la Junta, aunque al cierre de esta edición no había respuesta.

Raquel Galán, trabajadora social de la Asociación ELA Andalucía, habla con este medio sobre los pros y contras de la adaptación del modelo en la comunidad. “No está yendo como esperábamos, pero están rodando, poco a poco”, indica. La organización, que tiene diálogo directo con la Agencia, intermedia para agilizar el proceso tanto para los socios como los no socios con el objetivo de que las solicitudes se registren a través de la Ventanilla Electrónica de la Dependencia (VED) y adquieran la calificación, en morado, de “urgente”. Una de las principales trabas es la adaptación del sistema informático para gestionar los datos que requieren el grado III+, unas “complicaciones” para las que espera una pronta solución. Pero la crítica va dirigida hacia el modelo adoptado para el acceso a las subvenciones.

El modelo andaluz frente al resto de autonomías

Galán pone el ejemplo de las comunidades autónomas de Asturias o Comunidad Valenciana. “Han conseguido que no se aplique el IRPF ni se tenga que aportar un copago”, indica. Andalucía calcula la cuantía económica según el coste del servicio de ayuda a domicilio o de asistente personal que se contrate y la capacidad económica de la persona, como recoge la consejería de Loles López, mientras que Cantabria ha apostado por aportar el dinero en función de la intensidad de los apoyos que requieran los pacientes con independencia de la renta.

Otro obstáculo con el que se enfrentan las familias que han solicitado las ayudas, como la de Teresa, es que no hay suficientes empresas dedicadas a la ayuda domicilio con la formación especializada para atender a los pacientes con ELA o de alta complejidad. “Quitarle las secreciones, apoyarles en ventilación mecánica, poder darles la comida por el estómago, y no hablamos de que solo una persona esté capacitada, sino de dos o tres en función de lo que necesite la familia”, y en base a la jornada laboral y a las sustituciones que requieran los propios trabajadores.

Las necesidades de la enfermedad neurodegenerativa no solo atañe al ámbito de la dependencia, sino que da de lleno con la sanidad. Una dualidad que requiere la cooperación entre las consejerías competentes y que, en muchas ocasiones, como reitera Galán, “queda muy bonito en el papel pero no se lleva a cabo”. En referencia a la estrategia sociosanitaria de Andalucía, indican que hay dificultades con las Consejería de Salud, al igual que sucede en el resto del país, como constantan a través de la confederación estatal de la que forman parte, ConELA.

La ley de 2024 supuso un hito en España, ya que se trataba de la primera norma que se enfocaba en una enfermedad. “Tardaron un año en ponerla en marcha, después de que cada partido intentara hacerla suya”, recuerda, “el grado III+ es lo que ha salido más pronto, pero la formación sanitaria, la de los cuidadores de las empresas o la atención de fisioterapias queda pendiente”. Mientras, Teresa continúa a la espera de que llegue la ayuda para su padre y, así, se palie un poco el sufrimiento del paciente y de su familia.

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación del grupo de 18 letradas que demandaron al Colegio de Abogados de Sevilla por mantener el genérico masculino en su denominación en vez de utilizar 'abogacía' como término inclusivo. Una decisión que cobra especial importancia porque, a partir de lo que determine el alto tribunal, se valorará si el nombre que mantiene la institución centenaria supone un uso sexista del lenguaje y, también, una discriminación indirecta por razón de sexo en virtud de los artículos que amparan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o las recomendaciones para el lenguaje inclusivo.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo dictó en junio de este año que las normas que serán objeto de interpretación por parte del tribunal son las relativas a la ley de Igualdad y, también, a la ley sobre Colegios Profesionales, según señala el auto al que ha podido acceder este medio. Así, prosigue la lucha de las letradas sevillanas que mostraron su rechazo frontal al acuerdo votado el 25 de junio de 2022, en el que se mantuvo la denominación del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), en vez de adaptar las recomendaciones deontológicas del Real Decreto 135/2021 en el que ya se alude a los colegios de la Abogacía.

Este paso supone para María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes, “un hito procesal importante”, dado que “considera que la cuestión trasciende nuestro caso concreto, reconociendo que existe una cuestión jurídica cuya interpretación conviene fijar y merece un pronunciamiento que puede dar lugar a crear doctrina jurisprudencial”. Por tanto, lo califica, en declaraciones a este medio, como “un ejercicio de ajuste entre la legislación vigente y la realidad social”, ya que, en este sentido, “el poder y la capacidad de influencia del lenguaje público es trascendental”.

“Puede trascender a otros ámbitos”

Lo más interesante para la letrada, afirma, es “si la sentencia entra en el fondo del asunto y fija criterio sobre el uso del lenguaje sexista por un colegio profesional, o sobre las obligaciones derivadas de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación”, dando lugar a que la doctrina sea utilizada en procedimientos futuros. Además, considera que con esta vía se abre la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, así como del deber de las corporaciones de derecho público a utilizar un lenguaje conforme al ordenamiento juírico, a la interpretación de la norma sobre igualdad y, añade, el alcance del control jurisdiccional sobre los estatutos de los colegios profesionales, “una cuestión que puede trascender a otros ámbitos”.

El litigio se ha ido extendiendo en el tiempo y en estos cuatro años ha habido dos sentencias cruciales. Por un lado, el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla desestimó en abril de 2025 la demanda contra el ICAS y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados debido a que era una “decisión democráticamente adoptada por los colegiados” y que, a pesar de provocar un “profundo respeto” por parte de la magistrada que “pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes”, como recogía el auto, “no hay norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo”. Asimismo, aseveró que “el término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo”.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó en febrero de este año el recurso interpuesto por las 18 abogadas. La sentencia también mantenía que no existía una “norma imperativa” en la legislación española, pese a las recomendaciones nacionales e internacionales, y se mostraba contraria a que la denominación aprobada por el Colegio de Sevilla fuera sexista. En todo caso, hacía referencia a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que “ha manifestado que el uso genérico del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna y que el uso del desdoblamiento entre masculino y femenino es artificioso e innecesario, fundado principalmente en razones extralingüísticas”.

A tal efecto, concluía con que, aun siendo “correcto” el uso de “abogacía” para comprender a los profesionales de ambos sexos, con el mantenimiento de abogados “no podemos concluir que su uso pueda, en la actual conciencia social, invisibilizar a las mujeres, dada la absoluta normalización del ejercicio de esta profesión por ambos sexos”. Una cuestión que alarmó a las letradas, ya que, a su criterio, de esta manera se “reducía” la conflictividad a un mero problema gramatical y no se metía “en el fondo de la cuestión: la discriminación por razón de sexo”.

Cuatro años de litigio y logros

La nomenclatura aprobada por la institución que lleva vigente más de 300 años va en el sentido contrario a las nuevas adecuaciones adoptadas por más de 30 Colegios de Abogados, de un total de 83 órganos, que pasaron a adoptar Abogacía, como en Almería, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Murcia o Santiago de Compostela. Un gesto que contrastaba con el uso del lenguaje inclusivo cuando este año se convocó por primera vez el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla, concedido a Amparo Díaz Ramos, quien mostraba su apoyo para la estandarización del término colectivo y, así, se “abarque” tanto a hombres, mujeres y a personas no binarias, declaraba a este medio.

Más allá de los sinsabores, el grupo de 18 letradas ha conseguido que el Supremo acepta el recurso de casación y, también, un triunfo que ha supuesto un antes y un después en el callejero sevillano, reflejo de la historia compartida de la ciudad. En diciembre de 2024, se descubrió la nueva rotulación de la Plaza de la Abogacía en un “acto de reparación”, como lo calificaron las asistentes, que supuso acabar con un espacio más en el que se invisibilizaba a las mujeres y que, además, contó con la presencia de la corporación local y del Colegio de Abogados en el acto inaugural.

Casi un lustro después, la abogada María Jesús Correa ve en la decisión del Supremo que “la razón está de nuestro lado porque la legislación está ahí y es exigible su cumplimiento”. “Si alcanzamos nuestro objetivo de un pronunciamiento que sirva para desterrar cualquier tipo de discriminación sexista en el uso del lenguaje, todo esfuerzo habrá merecido la pena. Así sea”.

Olivia ha esperado dos años y medio para que el DNI refleje su identidad. En su cartera, la menor trans todavía lleva un nombre y un sexo que no le corresponde, pese a que cursó la solicitud para adecuarlo en el Registro Civil de Madrid en 2024 y la Ley Trans establece un período máximo de cuatro meses desde la comparecencia inicial del procedimiento. Vive un momento de cambio, de crecimiento, de madurez vital y de grandes cambios académicos, pero el tiempo pasa lentamente para la joven de 16 años que, desde Sevilla, obtuvo por fin una respuesta en junio. Una resolución que le permitirá iniciar a ella y a toda su familia una nueva etapa, sin ningún tipo de obstáculo para mostrar y responder a su verdadera identidad. La única razón que encuentran para tal tardanza es el “colapso” de la administración.

“Tengo ganas de que me den mi DNI y vivir una vida normal”, afirma Olivia. A su lado, está su madre, Carolina, ambas con pseudónimos. En este período, ha acompañado a la joven con cariño y paciencia, aunque el hastío y la indignación asoman cuando constata que los plazos no se cumplen y relata los episodios que han afrontado. Entre ellos, la lucha para que se asuma y respete la identidad de la menor en el colegio, o la preocupación al ver cómo se pierde las experiencias que disfrutan sus compañeros, como las excursiones en la que debe presentar el DNI antiguo o los viajes a los que no ha ido porque ya no es la persona que está inscrita en el documento, donde está su dead name —término que hace referencia al nombre y sexo con el que nace la persona antes de elegir con el que se siente identificada.

Nacida en Bruselas, la normativa española establece que debe realizar el procedimiento para la rectificación de la mención registral a través del Registro Civil Central, en Madrid, en vez de acudir a la oficina de Sevilla. En este caso, la Ley Trans recoge que la legitimación pueda hacerla libremente toda persona mayor de 16 años, mientras que para la franja que comprende hasta los 14 años se requiere la asistencia de los representantes legales. Conociendo los requisitos, la familia de Olivia se puso manos a la obra y, en abril de 2024, contaban con la autorización judicial y registraron la solicitud para cambiar el DNI de la menor. Pero el tiempo pasaba y las reclamaciones caían en saco roto, sin que hubiera noticias hasta junio de este año.

El padre de la menor se trasladó a Madrid este verano para exigir una respuesta en persona tras más de dos años en espera, momento en el que le notificaron que la resolución había sido resuelta de forma positiva en junio. “Todo esto ha creado mucho malestar y no entendemos a qué se ha debido”, lamenta. Nada más saberlo, han pedido el certificado de nacimiento con el nuevo nombre y género de la joven, para lo que cuentan, ilusionados, los días.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio de Justicia explican que “no consta que existan retrasos generalizados” en la tramitación de los procedimientos de rectificación de la mención registral del sexo por parte de las oficinas del Registro Civil. Además, con la implantación definitiva del nuevo modelo, aclaran que la oficina encargada también es competente para practicar la correspondiente inscripción, sin necesidad de remitir la documentación a aquella en la que figure inscrito el nacimiento, contribuyendo así “a agilizar su tramitación”.

“Me quedé con la gente que me quería”

“Teníamos prisa para que se cumpliera durante la etapa de la ESO, y ahora más que empieza Bachillerato y vemos que el expediente va a venir con el nombre antiguo”, comenta la madre, ya que la documentación oficial, como los expedientes académicos, las actas de evaluación o la expedición de títulos refleja los datos del DNI vigente. En cambio, la normativa autonómica dicta desde 2015, a través del Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, que la documentación administrativa del centro se adaptará al nombre y al género con el que se siente identificado el alumnado.

Una década después, Carolina tiene que pelear cada inicio de curso para que se cumpla: “No hay formación en las carreras ni los equipos directivos saben lo que recogen las leyes... Todo esto lo evitaríamos si ya tuviera el DNI cambiado, como también nos ha ocurrido con la tarjeta sanitaria”, lamenta. A su lado, Olivia muestra una calma envidiable: se acepta tal y como es y solo quiere que el Estado cumpla con su compromiso. Quiere crecer sin esconderse y escuchar su nombre cada vez que lean el documento para embarcar, cuando la llamen por megafonía o los profesores pasen lista cada mañana. Es un deseo sencillo y asumible que la enfrenta con el resto del mundo.

A raíz de su condición trans, sufrió el rechazo de sus compañeros y, tras cambiar de centro, prefiere mantener un perfil bajo, por lo que no ha compartido sus vivencias con el resto de la clase. “Solo lo sabe mi tutora, no se lo he dicho a nadie más”, ni tampoco tiene por qué hacerlo. Es más, mantiene una actitud desafiante y contundente: “Me quedé con la gente que me quería y encontré a gente que me aceptaba. Cuando me cambié del instituto público al privado había gente de mi clase que no me querían hablar simplemente porque era trans, porque yo a ellos no les hacía nada”.

Echando la vista atrás, recuerda los días que precedieron a la revelación. Tenía 11 años cuando le dijo a su madre que, realmente, era una niña. “Lo llevaba pensando mucho tiempo... Mis amigas ya me trataban como una chica, lo que pasa es que pensaba que mis padres me dirían que era una tontería. Un día se lo dije a mi madre, me contestó que no pasaba nada, y ya está”, comparte. Carolina, emocionada, viaja al pasado y cuenta las veces que su hija escondía su cuerpo en el cuarto mientras se vestía.

“No estás sola”

Aquella primera fase la pasaron juntos, antes de dar con la asociación Chrysallis, enfocada en las familias para la infancia y juventud trans. La organización cuenta con una delegación en Andalucía y se convirtió en un espacio de encuentro en el que compartir experiencias, dudas, pesares, cuestiones que aparecen en el día a día y no saben cómo resolver hasta que encuentras una mano amiga. “Al entrar, te quedas impactada, porque ves que no estás sola. Fue un antes y un después”, rememora la madre.

A lo largo de esta etapa más ligada al activismo, Olivia pasó a dar charlas sobre diversidad LGTBIQ+ en los centros de educación, se manifestaba cada Día del Orgullo y participaba en los actos del colectivo. Sin embargo, las presiones que ha tenido que soportar terminaron por pesar en su lucha. “Llega un momento en el que piensas en ser anónima”, comenta su madre. “Esa es la parte dura del activismo: te expones a ti misma, estás al frente e, incluso, llegué a presumir de mi niña, pero me he vuelto cauta”, sobre todo a raíz de los comentarios, de las burlas de personas que creía afines, de los embates políticos, del comportamiento de los sanitarios que las atienden y cuestionan su identidad o la dejadez administrativa que, finalmente, le hacen pensar que “la sociedad no cambia”.

“Esta decisión no quita que con el tiempo se vuelva a retomar, si quiere, pero hacía falta un descanso emocional”, explica, aunque, un brillo vuelve a encender en sus ojos cuando afirma: “Creo que Olivia es más fuerte que yo”. Acude al móvil y muestra las fotos de cada marcha, de los encuentros a los que se sumaban en cada rincón del país, como la imagen en la que enarbola la bandera trans y la de Andalucía mientras participipa en una manifestación convocada en Madrid. “También, hay un matriarcado muy fuerte en este tipo de asociaciones”, añade Carolina.

“Falta mucha pedagogía”

Dibuja una imagen para explicar esa comunión: fletaron tres guaguas desde Andalucía para manifestarse contra las modificaciones en materia LGTBIQ+ promovidas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid, y estaba llena de madres que acompañaban a sus hijes. “Creo que las madres podemos asumir mucho más, aunque en el caso de Olivia su padre siempre ha estado ahí. Pero escuchas otros casos, donde ha habido separaciones porque el padre no quería asumirlo y la madre ve la necesidad de divorciarse para acompañar a su hije. Todavía falta mucha pedagogía”, determina.

Olivia cursará en septiembre el Bachillerato en Humanidades. No sabe todavía a qué se dedicará en el futuro, pero su conciencia política despierta en vista del pacto entre PP y Vox que se ha firmado recientemente en Andalucía y que, de una forma u otra, también la atañe. “Da miedo que haya cada vez más jóvenes que piensen que está bien lo que dice Vox”, señala, como que uno de los objetivos de la ultraderecha sea la derogación de la Ley Trans, tanto la nacional como la autonómica. Admira a cantantes como Bad Gyal, que “no se corta para pronunciarse sobre nada”, y a actrices como Jedet, mujeres que alzan la voz y son referentes para las futuras generaciones, como ella, que dentro de poco tendrá entre sus manos su nuevo DNI.

El acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía despierta voces críticas con un pacto en el que se rechaza frontalmente a los niños migrantes y se refrenda el negacionismo climático, pese a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo mencionara como un factor determinante en el incendio de Almería. Frente a la prometida estabilidad de la vía andaluza, organizaciones, entes sociales y sindicatos piden una apuesta común por el reparto equitativo de recursos y no ceder en los derechos adquiridos. El documento de 150 puntos se divide en 15 secciones que abarcan desde la fiscalidad, la inmigración, a la familia, la cultura y el turismo o las leyes ideológicas, que despiertan dudas y preocupaciones entre distintos sectores.

El reparto de las 150 medidas da cuenta de la importancia que le otorga a cada sección los partidos conservadores, el Sector Primario (33 puntos), la Sanidad (29), así como Vivienda (14), Inmigración (12) y Fiscalidad (11), se llevan la palma, a lo que luego le seguiría Educación (diez), Energía, industria y empleo (nueve), Familia (ocho), Medio ambiente (seis), Cultura y turismo (cinco), Gasto superfluo (cuatro), Justicia (tres), Movilidad y Transporte (tres), Leyes ideológicas (dos), y, por último, el punto 150 referido a la Lealtad institucional y Comisión de seguimiento.

Vox, que ha rebajado el tono en las cuestiones relacionadas con el feminismo y el colectivo LGTBIQ+ a lo largo de esta campaña autonómica para encarar las generales con el mayor espectro posible de votos, ha puesto énfasis en la 'prioridad nacional' a través de la inmigración y, a su vez, en el campo andaluz como sus dos estandartes principales, aunque finalmente la consejería designada para el líder andaluz de la ultraderecha andaluza, Manuel Gavira, haya sido Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El campo andaluz será feudo del PP, con Ramón Fernández-Pacheco al frente, al igual que Sanidad, que confía Moreno a su gestor fuerte, Antonio Sanz, y la recién creada Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a cargo de Rocío Díaz. Tres áreas que, aún siendo baluarte de los populares, se someten a las exigencias de la ultraderecha.

Las políticas agrarias: “No hablan de la falta de rentabilidad”

“Es paradójico que algo más de medio millón de andaluces, que representan el 6% de la población, marque las políticas agrarias de los próximos cuatro años”, sentencia Jesús Cózar, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía. “Muchas de las medidas propuestas ya se están llevando a cabo, como las relacionadas con la competencia en materia de aguas o la instalación de balsas de agua, y hay otras que no le competen a la Junta de Andalucía, como las relativas a la PAC [Política Agraria Común]”, detalla, “y ninguna de ellas habla del principal reto del sector primario andaluz: la falta de rentabilidad de las explotaciones”.

Al respecto, considera que la Junta debería de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para desarrollar y aplicar la Ley de la Cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil: el productor. “Se puede hacer mucho más para evitar el cierre de muchas plantaciones, pero no lo vemos, al igual que ocurre con el control de los productos que entran en nuestro territorio o, también, las exigencias en calidad”, asegura. En todo caso, rechaza el modelo de producción intensiva y extensiva: “Las pequeñas y medianas explotaciones somos las que evitamos la despoblación, la desertificación, los incendios, las que velamos por la sostenibilidad económica, social y ambiental, cosa que no ocurre con el modelo intensivo, donde los tenedores de la tierra son grandes fondos de inversión... Cuando no les salgan las cuentas, las pondrán en otra parte”, critica el representante de UPA.

Entre las medidas “positivas” está la reducción de tasas relacionadas con los trabajadores para ayudar a la productividad o, también, la implementación de productos locales en los comedores escolares y administraciones, una cuestión en la que, también, se venía trabajando. A su vez, da por buena la protección del suelo fértil para evitar la macroinstalación de placas fotovoltaicas, pero conllevará una importante discusión: “Nos topamos con la libre elección de cada ciudadano porque, una vez más, nuestros cultivos no son tan rentables como estos huertos solares”.

Un punto en el que Cózar contempla la mayor incongruencia del Gobierno andaluz es el negacionismo del cambio climático. “No lo entendemos. Somos el sector que está padeciendo directamente los problemas derivados del cambio climático, como en nuestras cosechas afectadas por golpes de calor, épocas largas de sequía, o las trombas de agua que han generado desperfectos que jamás habíamos visto. En abril alcanzamos los 40 grados, provocando la quema de la flor del olivo y mermando así las cosechas. El techo de nuestra fábrica es el cielo, y las consecuencias ya las estamos padeciendo”, razona, “que se evide la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, donde se intenta paliar y mejorar un poquito uno de nuestros principales retos: no tiene sentido común”.

“Convierten derechos en privilegios”

Acerca de los derechos sociales que toca el acuerdo en el marco de la 'prioridad nacional', englobados en el apartado de inmigración y que señalan tanto el empadronamiento de las personas en situación irregular como el rechazo a la entrada de niños migrantes, Maribel Mora, abogada y miembro de la APDHA, indica que los recortes se han ido profundizando en las dos legislaturas anteriores. “Ya había exclusión en el acceso a la vivienda, abandono de familias migrantes y refugiadas, deterioro de los servicios sociales, así como recortes encubiertos en igualdad, memoria democrática o cooperación, y una gestión cada vez más restrictiva de los derechos sociales”, mantiene.

“Lo que hace Vox ahora es obligar al PP a escribir sobre el papel lo que, en muchas ocasiones, ya venían haciendo por la vía de los hechos: convertir derechos en privilegios y señalar a las personas más vulnerables como problema político y enemigos de la sociedad”, subraya.

Frente al alarmismo desperdigado por Vox, hay varios datos a poner sobre la mesa. Por un lado, el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, publicado por el Ministerio de Sanidad en mayo de este año, refleja que el uso del sistema sanitario sigue siendo mayor entre las personas nacidas en España (92,3%) frente a las personas nacidas en otro país (90,6%). De este último cómputo, un 92% corresponden a ciudadanos de la Unión Europea mientras que los latinoamericanos representan el 94,4% y los africanos un 85,2%. Además, se subraya que la reforma que recuperó el acceso universal para las personas en situación irregular se ha implantado a nivel autonómico de forma “desigual, perpetuando algunas situaciones de exclusión sanitaria”. “Esto nos afecta a todos como sociedad y deberíamos estar muy preocupados, porque Vox consigue normalizar a través de su bandera ideológica que hay vidas que merecen menos protección institucional y dignidad que otras”.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reflejaba en la memoria de 2024 sobre el Sistema de información de usuarios/as de servicios sociales (SIUSS) que de un total de 3.445.227 millones de usuarios, un 78,5% eran españoles (2.708.067 personas) y un 21,4% eran de otras nacionalidades (737.160 personas). En este último porcentaje, se repartiría de la siguiente manera: América Central y Sur (9,26%); Magreb (5,21%); Unión Europea (2,7%) y del resto del continente europeo (1,5%), a lo que le seguiría África subsahariana (1,04%). A su vez, las dificultades para el acceso a la vivienda se verán ahora redobladas por los requisitos de arraigo que podrían perjudicar tanto a los andaluces residentes en el extranjero que deseen volver a la comunidad como a los recién llegados, llegando a ser un 65% los que sufren estrategias de bloqueo.

De igual forma, la pensión no contributiva se distribuye a 471.309 en todo el país y, según el perfil de 2025 publicado por el Imserso, hay un 91,7% (432.157) que son nacionales españoles, mientras que un 8,2% corresponden a otras nacionalidades (un 2,26% es del resto de la Unión Europea y un 6% a otros países). A ello, habría que sumar que, de media, las personas extranjeras reciben hasta 4.000 euros anuales de media en Andalucía que un español (26.337 euros frente a 22.063 euros). Por tanto, expresa Mora, la 'prioridad nacional' “es una estrategia diseñada expresamente para criminalizar a estas mismas personas a las que se lanza a una mayor exclusión”.

Rebajas del IRPF

PP y Vox coinciden en la rebaja de impuestos. Una tesis que refuerzan a través de 11 puntos, entre los que destacan las deducciones de hasta 1.500 euros por nacimiento o adopción para fomentar la natalidad, así como el incremento del 50% para las familias numerosas. Pero también habrá una bajada progresiva del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, pero, ¿quién forma parte de esa escala? Los datos de la renta media por hogar de las declaraciones del IRPF de 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ayudaron a crear el mapa de elDiario.es.

En Andalucía, la renta media anual neta por hogar es de 32.378 euros, por debajo de la nacional que se sitúa en los 38.326 euros. A partir del mapa, se observa que por debajo y alrededor de esta cifra está el 50% de la población (un 32% tiene una renta media de entre 18.600 y 30.800 euros, mientras que el 18% oscila entre los 30.800 euros y los 34.000 euros). Por tanto, hay hasta seis tramos superiores, y más ricos, que se beneficiarían de esta bajada de impuestos, alrededor de un 42% de los hogares andaluces. Al respecto, Rafael Gelo, secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, critica que, citando las palabras del propio presidente andaluz en referencia a las propuestas de Vox en campaña, “se está engañando a los ciudadanos”.

“Las rebajas fiscales comprometen los presupuestos del 27 al 30, ya que es un cheque en blanco para la desigualdad y no explican cómo se va a financiar la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales si van a disminuir los ingresos”. Aparte, menciona el rechazo a la condonación de la deuda para Andalucía y la financiación autonómica como una pérdida de recursos para equilibrar las cuentas de la comunidad. “Con esta reducción, las rentas más bajas no se verán beneficiadas, porque, o no declaran sus ingresos al estar por debajo del mínimo o será un porcentaje prácticamente inexistente. Bajar el mismo tipo a las rentas más ricas va a perpetuar la brecha social”, subraya.

Por otra parte, ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones a tíos y sobrinos —siempre y cuando lo permita las normas de sostenibilidad financiera, admite el acuerdo— resulta beneficioso “de nuevo, a las clases sociales más acomodadas, ya que la mayoría de las personas trabajadoras no reciben herencias significativas y la eliminación de este impuesto lo único que hace es ayudar a las desigualdades de origen”. Con respecto al sector primario, si bien admite que los autónomos y las pequeñas explotaciones necesitan apoyo, esta reducción tendría que estar condicionada por el mantenimiento del empleo y la exigencia del cumplimiento de los convenios colectivos y derechos laborales. “Hay que cuidar el sector primario en Andalucía, pero seguimos manteniendo el principio de, quien contamina, paga, porque serán las familias quienes pagarán los sobrecostes sanitarios de la contaminación”, asevera.

Con relación a la eliminación de los topes de renta para la aplicación de deducciones autonómicas para las familias numerosas, el representante sindical incide en que “el número de personas no determina por sí solo que tengan riesgos de vulnerabilidad, y de esta forma lo que se consigue es que los hogares ricos reciban lo mismo que las familias mileuristas cuando, para ser justos, debería considerarse la renta, la situación laboral y de dependencia, entre otras cuestiones”. Así como pide que las medidas para recuperar la natalidad sea basada en una educación “pública y gratuita”, en vez de incentivos “injustos”.

En cuanto al punto relacionado con los sindicatos, que el acuerdo advierte que reducirá las subvenciones en un 50% tanto para ellos como para las organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, Gelo es claro: “Nos mantenemos gracias a las aportaciones de nuestros afiliados y, en cualquier caso, trabajamos diariamente y contribuimos al bienestar de Andalucía”. Voces críticas con este acuerdo que, a partir de septiembre, será la hoja de ruta del Gobierno andaluz durante los próximos cuatro años.

La Fundación Mezquita de Sevilla defiende la viabilidad legal para la construcción de la mezquita frente a las presiones de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, con las que ha logrado que el PP paralice la adjudicación de la licencia de obras que iba a tramitar la comisión ejecutiva de Urbanismo el pasado viernes. Por ello, pedirán una reunión con el líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, para explicarle los pormenores del proyecto que se edificará en el Polígono Sur. “Lo único que esperamos es que no se imponga la ideología y la situación política actual a la ley”, manifestó Jadiya Martínez, consejera de la entidad.

A causa de la polémica provocada por la edificación de la gran mezquita, la Fundación decidió convocar a los medios de comunicación este jueves en Torre Sevilla para responder a las acusaciones públicas que se han vertido contra ellos. Amparados por la Constitución, tanto en el artículo relativo a la libertad de expresión como al del libre culto, Martínez mantuvo que el proyecto “está diseñada en una parcela privada comprada con fondos privados y desarrollada por fondos privados” y añadió que, de esta manera, “se aumentarán los servicios culturales del Polígono Sur sin restar a ningún vecino los servicios públicos”. El terreno, comprado a la comunidad de los mormones, es el emplazamiento elegido tras más de dos décadas en busca del lugar idóneo.

Frente al señalamiento de “oscurantismo”, explicó que la página web de la Fundación en la que están publicadas tanto las actividades como los informes. “A lo largo de los años se ha valorado diferentes opciones hasta llegar a esta parcela, que cuenta con la calificación urbanística para este fin y queremos recordar que la licencia de construcción se confiere por criterios técnicos y no ideológicos, y tenemos un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo”, aún así, mantiene que están “abiertos al diálogo, como lo llevamos haciendo años con los vecinos”. A su vez, reiteró que no responderían “a los mensajes de odio e ismófobos que hemos visto estos dios” y, en todo caso, denunciarán el allanamiento que se produjo ayer cuando dejaron restos de porcino en el terreno, “los animales no tienen ninguna culpa y el tema de los cerdos no es ningún tabú, simplemente, no nos lo comemos”.

El ejemplo de la mezquita de Granada: “La convivencia es fructífera”

Con respecto a la entrada de las mujeres al templo, la consejera de la Fundación, que se convirtió al islam hace más de cuatro décadas y se reconoce como sevillana y parte del tejido social de la ciudad, sostuvo que “todas las instalaciones, incluida la mezquita” estarán a disposición de toda la comunidad, tanto “hombres, mujeres y niños”. “Las mezquitas de todo el mundo están abiertas a las mujeres y las que no lo están, deberían estarlo”, aunque en el interior se mantendrá para el rezo la separación por sexos.

Por otra parte, hizo referencia a la mención de “prioridad musulmana” que apareció en prensa como una “desafortunada licencia lingüística que se tomó una redactora” y señaló que “en ningún momento” esa expresión ha sido utilizada por la Fundación. Al hilo de las acusaciones que ha vertido Vox sobre la “islamización” del barrio sevillano, Martínez advirtió que “el islam no es una cultura y, como musulmanes españoles, compartimos la cultura de este país”. “No queremos imponer nada”, tomando como ejemplo la mezquita mayor de Granada, que lleva “23 años abierta en el Albaicín y la convivencia con los vecinos es fructífera, es más, ha generado riqueza en el barrio”.

El futuro Centro Cultural Islámico de Sevilla, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, está previsto en una parcela triangular del barrio sevillano, entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, con una superficie de 6.300 metros cuadrados que se distribuirá en dos edificios, siendo uno de ellos el que albergará la mezquita, y una planta subterránea de aparcamientos. A la espera de la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de año y los trabajos durarán entre 18 y 24 meses, tal y como adelantó Ibrahim Fernández, presidente de la Fundación.

Un proyecto en vilo durante más de 20 años

Con una inversión de 10 millones de euros, el arquitecto Vázquez Consuegra, presente en el encuentro, detalló algunos aspectos del espacio. Inspirada en la arquitectura almorávide de La Giralda o el Patio del Yeso del Real Alcázar de Sevilla, el Centro Cultural Islámico combinará el diseño contemporáneo con la mirada tradicional histórica en los dos edificios que se dividirán mediante un patio triangular. Todo ello, en armonía con la vegetación que hay en la zona y con un acabado que permita que “la comunidad se reconozca e identifique con la mezquita”.

A un lado, la mezquita supondrá un 26,46% de la edificación, es decir, una cuarta parte del centro cultural con alrededor de 1.007 metros cuadrados repartidos en un primer piso dedicado a la ceremonia mientras que en el segundo estará el espacio de oración para las mujeres y las abluciones. En la otra parte, estará el centro cultural, cuyo primer piso tendrá dos grandes salas polivantes dedicadas a exposiciones, encuentros sociales, que incluirá una cafetería, tienda y entrada al garaje. Encima, habrá una serie de habitaciones dedicadas a actividades socioculturales. “Este proyecto cuenta con todos los permisos, cumple con todo el ordenamiento jurídico y las normativas urbanísticas e, incluso, tiene el visto bueno de la Agencia de la Seguridad Aérea para la altura del alminar”, aclaró el arquitecto.

Retrotrayéndonos en el tiempo, la construcción de la gran mezquita lleva más de dos décadas en vilo. El primer intento se dio en 2004 cuando el Ayuntamiento del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín cedió una parcela junto a la ronda SE-30. Pese al intento, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) finalmente lo tumbó. Tras barajar algunas parcelas situadas en Santa Bárbara o Pino Montano, la Fundación decidió comprarle la propiedad a la comunidad mormona tras “40 años en desuso”, indican fuentes de la entidad. Desde entonces, la entidad ha utilizado un centro que sirve como musal-lah (lugar de oración) y centro comunitario en la plaza Ponce de León desde 2002.

La mezquita, en el pleno del Ayuntamiento

Al mismo tiempo que transcurría la rueda de prensa con los medios, el Ayuntamiento de Sevilla celebraba el pleno, donde el PP de José Luis Sanz respondía a las preguntas de Gonzalo García de Polavieja, el nuevo portavoz municipal de Vox. El alcalde reiteró que la administración está “a la espera” de los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo “para cumplir con toda la legalidad” y acerca de la consulta pública que pedía la ultraderecha en base al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), “los informes dirán si es conveniente y cómo se hace”.

Vox pedía la aplicación del artículo 6.6.12.5. del PGOU de Sevilla, en el que se establece que las actividades dedicadas al rezo no podrán superar el 40% de la superficie, aunque los promotores del Centro Cultural Islámico establecen que, en este caso, es del 26%. La ultraderecha se ha opuesto frontalmente a la mezquita: “No queremos la islamización de nuestros barrios ni que los andaluces se sientan extranjeros en su propia tierra. Vox hará todo lo necesario para impedir su construcción”. Unas declaraciones en redes sociales que siguen la senda marcada por el ya vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que apartó a los representantes municipales y asumió el debate elevándolo al plano autonómico para engarzarlo con la 'prioridad nacional'.

Cabe recordar que el 9 de julio se anunció el acuerdo de cesión gratuita de la parcela E-7 del sector Entrenúcleos por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas a la Archidiócesis de Sevilla. Una firma que se dio entre José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Francisco Rodríguez, el alcalde del municipio. La superficie de 27.355 metros cuadrados, que no le ha costado nada a la Iglesia, permitirá construir un nuevo centro educativo y un templo. Una muestra de las disyuntivas religiosas que se viven en Sevilla, si bien la Fundación Mezquita de Sevilla agradeció las muestras de apoyo de monseñor, que “refrendó la libertad de culto como un derecho fundamental, al igual que al hermano mayor de La Sagrada Cena y a Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur.

La comunidad musulmana en Sevilla: unas 12.000 personas

Martínez, sevillana de nacimiento, se convirtió al islam en la década de los 80 y, como tantos otros, ha vivido su fe en una ciudad diversa que bebe directamente de las influencias que perviven del Al-Ándalus. A su lado, Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, habló sobre la importante labor que ha desarrollado en los barrios sevillanos, como en su oriunda Bellavista, tanto a nivel social como cultural: “Nos reconocemos como musulmanes europeos, sin que sea restrictivo a una etnia o colectivo. El islam no es una cultura concreta, sino una concepción universal que se amolda a lo local sin perder su esencia y este proyecto responde a una necesidad ciudadana para enriquecer la convivencia social y en beneficio de nuestra ciudad”.

La comunidad musulmana en Sevilla, según las estimaciones de la propia Fundación, ronda entre las 10.000 y 12.000 personas en el centro, sin sumar a quienes están en los alrededores de la provincia. En este cálculo estarían tanto las terceras y cuartas generaciones criadas en esta religión como a las personas migrantes que llegan tanto del África subsajariana como de Asia, como ocurre con las familias sirias que atiende la entidad. “Este centro está concebido para la integración de todos, no solo para los españoles, sino también para los migrantes y todos los sevillanos que vengan a disfrutar de los servicios que ofreceremos”, sostuvo.

El presunto asesinato de dos internos a manos de un tercero en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla en la madrugada del pasado lunes ha provocado una nueva denuncia pública por parte de CSIF, que tilda las instalaciones como “obsoletas”. Además, indican que las condiciones de las infraestructura obligan a aglutinar reclusos: “Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”. Quejas que vienen de atrás, como refleja el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, en el que se da cuenta de la “sobresaturación” de uno de los tres centros habilitados en el país para atender a los presos con dificultades psíquicas.

La Policía Nacional investiga al presunto autor del homicidio, de 26 años, que acabó con la vida de sus compañeros de celda, de 26 y 54 años. Las primeras hipótesis que se barajan son que, en un caso, hubo estrangulamiento, mientras que la segunda persona falleció a causa de los golpes recibidos. Este hecho ha tenido lugar un mes y cinco días después de que otro interno intentara incendiar su celda y forzara la evacuación de 30 personas, otro episodio más desde que el sindicato pidiera la dimisión tanto del director gerente como de la subdirectora médica del centro.

Abierto en 1990, la mayoría de las personas que se encuentran en el centro sevillano son internos judiciales que cumplen una medida de seguridad por haber sido declarados inimputables. En España solo hay tres instalaciones de este tipo: dos de ellas dependen de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Alicante y la propia Sevilla, y la tercera sería la Unidad de Hospitalización Psiquiátrico del Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona, por lo que las competencias están transferidas a Cataluña. Por tanto, la Junta de Andalucía no tiene poder de gestión, así que el sindicato ya elevó una denuncia por el déficit de personal a Inspección de Trabajo.

A preguntas de este medio, las fuentes penitenciarias dan una relación de los puestos de trabajo que hay para atender a los 148 internos que hay en la actualidad: cinco psiquiatras, dos médicos, cuatro psicólogos, 15 enfermeros, 13 auxiliares de clínica y otros tres que se incorporarán la semana que viene, y 18 celadores.

Faltan auxiliares de enfermería y funcionarios

“Pedimos que se complete y aumente la relación de puestos de trabajo (RPT), ya que, entre otras cosas, faltan TCAE, que son auxiliares de enfermería que ayudan tanto al reparto de la comida como a la propia higiene de los internos. De una plantilla de 24 personas, solo quedan cuatro”, afirma José Antonio Montero, delegado de CSIF Prisiones a nivel provincial. En abril ya se notificó a la Subdirección General de Recursos de Instituciones Penitenciarias la “situación crítica” que había, según ha podido comprobar este medio, debido a que había nueve vacantes.

Otra de las faltas estructurales que identifica en el personal es el relacionado con los funcionarios. “A la hora de que haya un problema, como una pelea, hay solo un funcionario por módulo cuando debería haber tres o cuatro”, explica. “Se informa por walkie del incidente, en el que no puedes intervenir para solucionarlo hasta que llegue el resto de compañeros”, dejando margen para que suceda un incidente mayor en unas instalaciones que tiene capacidad para 100 personas.

En el caso del presunto asesinato, sostiene que los funcionarios no registraron ningún tipo de enfrentamiento entre las víctimas y el presunto agresor durante el día anterior, pero lo que sí denuncia es que “se están ligando internos de diferentes tipos”. ¿Qué quiere decir? En las prisiones se divide a los internos en distintos departamentos y celdas según sus características. Entonces, aquellos que sufren una psicopatía son puestos en módulos separados del resto de internos para evitar incidentes.

“Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”, defiende, con lo que da cuenta de la falta de camas que hay en la infraestructura carcelaria. “La dejadez con este tipo de hospitales es de responsabilidad nacional”, es decir, del Ministerio del Interior, “que es quien tiene que invertir en personal y medios materiales”, ya que, asegura, todo está “muy anticuado”, como los sistemas de incendios, las cámaras, las alarmas del edificio o la propia apertura de puertas, que se hace con llaves. “Demandamos que se abran más centros de este tipo porque hay muchos internos que necesitan un hospital psiquiátrico y se encuentran en las prisiones normalizadas”, mantiene.

La falta de construcción de psiquiátricos penitenciarios obliga a que haya cada vez más casos de internos con problemas psiquiátricos que provocan mayores dificultades en el resto de cárceles, apunta Montero. “Necesitan un tratamiento diferente con especialistas, como los psiquiatras, que estén en su día a día para realizar la visita y supervisión de su estado”, subraya.

“Aglomeración”, y sin fecha para Alcalá de Guadaíra

Queda pendiente la reapertura del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, que se cerró en abril de 2024 para su reconversión en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario provincial en sustitución del actual. Una rehabilitación licitada por 5,8 millones de euros en 2023 por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) que aún no está finalizada. El nuevo edificio debería contar, según constaba en el pliego, con una unidad de crisis/agudos, una unidad de complejos, otra de estables, además de otro módulo para las mujeres y una unidad abierta o de “minirresistencia”. Todo ello, acompañado por espacios verdes que contrastarían con las pequeñas dimensiones y el cemento recargado que hay en las instalaciones que siguen operativas.

En este sentido, las fuentes penitenciarias determinan que aún está en construcción y la función de Alcalá de Guadaría será “descongestionar” y “trasladar” a los más de cien reclusos a un centro “más grande, amplio y moderno”. Otra instalación que aún está pendiente de construir es la de Siete Aguas, en Valencia. Un proyecto que lleva en vilo casi dos décadas y ha sufrido distintas transformaciones, pero que está contemplado en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), informa Las Provincias, y está pendiente de los Presupuestos Generales del Estado para su financiación.

El Defensor del Pueblo

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ya reflejó en 2020 las penosas condiciones del Psiquiátrico, para el que se pedía “una ampliación sustancial del tamaño de las instalaciones”, “una remodelación integral” y “considerar la ubicación de los pacientes en unas dependencias que reúnan una condiciones más adecuadas para la función rehabilitadora que se persigue”. La falta de personal tanto en número de auxiliares, celadores y psiquiatras, la suciedad o el déficit del sistema de videovigilancia ya eran motivo de queja hace seis años. La última visita se produjo en 2023, tal y como refleja el informe del órgano dependiente del Defensor del Pueblo.

Hace tres años, los observadores indicaban en sus conclusiones principales que había una existencia de sobremedicación, también de espacios reducidos, falta de individualización de los pacientes, así como ausencia de psicoterapias, reclusión con escasas posibilidades de salidas fuera del hospital, desarraigo y aglomeración. Asimismo, se reflejó una “escasez crónica” de personal, que continuaba tras tantos años, en especial, aquellos de primera línea, y se recomendó a la Administración que estableciera una consulta de psicología clínica, una cuestión que no se aceptó. Los datos que aportan las fuentes penitenciarias consultadas por este medio relacionados con los puestos de trabajo indican que ha habido una mejora en este trienio, pero las reivindicaciones de los sindicatos persisten para mejorar las condiciones en las que se encuentran los internos.

La actualización de los requisitos para que los menores con necesidades educativas especiales accedan a las escuelas de verano en Sevilla ha provocado un intenso debate político durante estos días, además de las críticas de los progenitores. El apartado en el que se determina que el alumnado con NEAE de las aulas ordinarias tuviera “suficiente autonomía” ha provocado un cruce de acusaciones entre el PP, en el gobierno local del Ayuntamiento, y el PSOE, pero también la censura de la plataforma Familias NEAE de Andalucía.

“No ven la discriminación, los padres nos han trasladado la queja y hemos leído las condiciones que había de un año para otro”, afirma Rocío Martín, coordinadora provincial de organización que vela por los derechos de estos menores. “Hay familias que sí están dentro, pero les duele lo que ocurre a las que le han dicho que no”, lamenta. La sorpresa surgió a raíz de una denuncia del PSOE la semana pasada tras la publicación de los Programas de Acciones Socioeducativas en situación de dificultad social, vulnerabilidad o riesgo social 2026, como adelantó Diario de Sevilla.

Una iniciativa que contenía el siguiente apartado relacionado con los participantes: “Menores con diversidad funcional o Necesidades Educativas Especiales matriculados en aulas ordinarias con suficiente autonomía personal para el desarrollo de las distintas actividades que comprende el programa en periodo estival”. Esta indicación no aparecía en 2025 ni en las anteriores ediciones, provocando la sorpresa tanto de la oposición como de las familias.

El pasado 3 de julio, como recuerda la plataforma, ya una madre elevaba una queja al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla por la exclusión de su hijo con autismo del campamento de verano en las instalaciones de San Pablo, mostró Diario de Sevilla. “La madre optó por irse a lo privado, y esto es lo que suele suceder: terminas privatizando el servicio”, y en referencia a la solicitud del Ayuntamiento, sostiene, “no le puedes dar apertura a un niño que está en un aula ordinaria y no en un aula específica y, si hacen esta referencia de forma descarada, es que no lo ven ni mal”.

“Igualdad”

A tenor de lo ocurrido, José Luis García, concejal de Derechos Sociales, Familia e Igualdad, compareció en el pleno de la Comisión de Control del Consistorio hispalense el pasado viernes, aparte de responder a este medio, indicando que “se hacía lo mismo [que en años anteriores], pero esta vez cuenta con una terminología más adaptada”.

En todo caso, acusó al PSOE municipal de Antonio Muñoz de querer “manosear” a este colectivo vulnerable y dar pie a la polémica. “Hablan de reducción económica cuando se ha incrementado de 1,5 a 6,8 millones de euros la partida, lo que permite la contratación de un mayor número de monitores específicos”. Además, afirmó ante la oposición que ya había 120 menores con necesidades educativas especiales admitidos para este periodo, al igual que otros 28 alumnos de aulas específicas “tras reunirse con los padres para explicar su situación”. Sin embargo, en la lista de admitidos y lista de espera publicada en la web no constan las solicitudes que han quedado excluidas, una práctica común en este tipo de procesos.

El PSOE lamentaba el jueves pasado que “no todas las familias tengan las mismas oportunidades” tras la publicación del nuevo pliego del Programa de Acciones Socioeducativas de 2026 a la hora de exigir “suficiente autonomía personal”, lo que vieron como “un claro retroceso” en comparación con el modelo de 2021. La concejala socialista Encarnación Aguilar pidió “explicaciones” sobre este documento en el pleno municipal y tildó de “mentiras” las respuestas dadas por José Luis García (PP).

A raíz de la solicitud para la escuela de verano, la representante de las Familias NEAE pide “igualdad” y advierte que “nos queda mucho por aprender de inclusión, porque estos niños son autónomos, pero necesitan una ayuda, como otros niños que están en las aulas ordinarias”. Por tanto, asegura que harán un seguimiento de las actuaciones del campus con tal de preservar la atención a los menores y revertir lo que, a su juicio, “es una práctica discriminatoria”. En este sentido, la plataforma avanza y registró una Proposición No de Ley (PNL) el pasado 9 de julio en el Parlamento andaluz con 13 reivindicaciones para demandar mejoras en educación inclusiva.

Un total de 84 entidades y colectivos sociales han emitido un comunicado conjunto contra la “extrema violencia” vivida el pasado 7 de junio en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, a la que se añade la presión y los meses de acoso que han sufrido los artesanos que aún quedan en la instalación. “Lo ocurrido es un ataque directo al derecho a la vivienda y a la vida en nuestros barrios”, han trasladado después del allanamiento de morada que causó la detención de tres individuos de la empresa de seguridad contratada por la propiedad.

Después de lo ocurrido, EFE ha informado que se ha interpuesto una orden de alejamiento contra los individuos que fueron detenidos en la tarde del pasado martes. No se podrán acercar a menos de 300 menos del edificio ni de la inquilina a la que echaron a la calle y que luego provocaría una serie de altercados en la vía pública.

“Denunciamos la impunidad con la que operan estas empresas, al servicio de la especulación inmobiliaria, así como la pasividad de quienes tienen la obligación de proteger a las vecinas”, critican en el manifiesto conjunto. La artesana y gestora cultural Estefi Yeah denunció el miércoles 8 de julio en los juzgados sevillanos a varios miembros de la propiedad Garajes Santa Inés S.L. y, también, de los miembros de la compañía de desokupación por un delito de allanamiento, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas. En el escrito se recogen las vejaciones e insultos contra la artista, a la que han amenazado de muerte y con la quema del edificio.

Ante la gravedad de los hechos, los 84 colectivos exigen cumplir con “la garantía efectiva de la integridad física y los derechos de las vecinas”, además del “cese de cualquier forma de acoso inmobiliario” y, por último, “la paralización de esta operación especulativa”. Por ello, llaman “a la solidaridad del conjunto de la ciudad”, porque, advierten, “defender los corralones es defender el derecho a la vivienda, el patrimonio común y la vida digna de nuestros barrios”.

“Normalización de la violencia”

Todo esto sucede en un clima tenso entre las partes a causa de la oferta de compraventa de los corralones de Castellar que comprenden los números 48, 50 y 52 a la promotora onubense Arenas de la Bellida S.L. por 12 millones de euros para la construcción de un hotel de cuatro estrellas y 29 viviendas libres, tal y como adelantó esta cabecera.

Una operación que de contar con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Sevilla borraría del mapa el pasaje histórico junto al colegio Calderón de la Barca, como ya ha sucedido con dos de los cinco corralones que hay registrados en la ciudad desde el siglo XIX en el pasaje Mallol número 8 y Bustos Tavera número 26. Al hilo de lo sucedido, los partidos políticos de la oposición y el propio gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) se han pronunciado, por una parte, reclamando soluciones, y por otro, anunciando que se estudiaría la expropiación mientras se señalaba a la ocupación como el origen de los problemas de este corralón.

Al respecto, los colectivos sociales piden una solución “urgente” para que la propiedad se expropie y pase a titularidad pública. “No es aceptable que se tarde en intervenir ante las reiteradas agresiones”, declaran los colectivos sobre la pasividad de la administración, ya que las presiones contra los artesanos se viven desde hace tiempo con numerosas denuncias ante los juzgados, donde se relatan los daños causados o la clausura de los locales sin previo aviso.

“Señalamos también el trasfondo de esta violencia extrema: una operación especulativa millonaria que pretende expulsar a las vecinas, talleres y espacios comunitarios para imponer un modelo de ciudad excluyente”, mantienen, “resulta inaceptable que la violencia y el negocio prevalezcan sobre la vida y los derechos de quienes habitan y construyen el barrio”. Reclaman: “Frente al acoso inmobiliario, organización y respuesta colectiva”.

Entre las entidades firmantes, se encuentra el Sindicato de Inquilinas, la Oficina de Okupación, APDHA Sevilla, Asamblea por la Vivienda de Sevilla, Comunidad Palestina, Entrepueblos, PAH Sevilla Este, Barrios Hartos, así como CGT, Asociación Trans de Andalucía, CNT, Facua, Oxfam Intermón, Federación Liberación, Fundación Triángulo, la CNT y Macarena Solidaria, entre otras. Una larga lista, hasta llegar a las 84 entidades, que muestran su rechazo a la “normalización de la violencia contra quienes defienden su hogar”.

“En unos días, lo veré todo calcinado”. Jorge Cantón conducirá hacia Almería por la AP-7, al costado de un paisaje arrasado en apenas unas horas. El tono amarillento del verano andaluz que da la aridez del terreno, lleno de arbustos y bajo las altas temperaturas, ha cambiado por una pátina de cenizas que recubre las más de 7.000 hectáreas quemadas por el incendio de Los Gallardos, que ya está estabilizado permitiendo el “regreso paulatino” de las 1.000 personas desalojadas. Un acontecimiento para el que pide medios y prevención: “Estamos perfectamente avisados de lo que está por venir y lo que ya está viniendo”. Una tarea que implica a instituciones públicas, propietarios y a la propia población que necesita prepararse, y que también tiene un coste económico: alrededor de 3.000 euros por hectárea para garantizar la vida útil entre los próximos cinco y diez años.

Cantón, técnico de planificación de incendios en Agresta - Sociedad Cooperativa, conoce de cerca la complejidad de los municipios de Los Gallardos, Antas y Bédar. Con un clima semiárido, caracterizado por la poca precipitación y la vegetación de matorral, es una “zona difícil” que ha estado “muy castigada” durante estas últimas décadas. Entre las razones, el abandono del pastoreo que limpiaba el suelo ha supuesto el crecimiento rápido de combustible vegetal, que, en inviernos como el de este año, marcado por lluvias torrenciales, ha crecido rápidamente.

“Llega el verano y este tipo de vegetación se seca y muere. Junto a las temperaturas con picos de 40 grados y muy poca humedad, hace que el incendio coja una intensidad muy importante, como sucede en otros territorios”, explica el experto.

Las llamas no discriminan entre especies, así que a su paso también ha acabado con aquellas plantas endémicas que mejoraban la biodiversidad del entorno. Una pérdida que “se va a tardar mucho en recuperar”, advierte, y para la que habría que ponerse cuanto antes manos a la obra. Entre barrancos, zonas escarpadas, difíciles accesos, Cantón estima una actuación en prevención de incendio oscilaría entre los 2.500 y 3.000 euros por hectárea, ya que la zona cuenta con una cantidad ínfima de arbolado, para lo que entonces ascendería a 5.000 euros.

Reducción de combustible vegetal y accesibilidad

¿A qué se dedicaría? Las actuaciones en prevención se centrarían en la disminución de la carga de combustible vegetal, tanto la eliminación o reducción en superficie, que está relacionado con los matorrales y pastizales, y en los árboles circundantes para evitar que las primeras ramas entren en contacto con las llamas y suba hasta las copas. Maniobras que se suelen dar en el borde de las pistas habilitadas para el acceso seguro de vehículos al monte, ya sean particulares o de equipos de emergencia en una situación crítica como la que está viviendo Almería.

“Se trabaja entre los 10 y 20 metros en alrededor dejando un 30% del matorral existente y en forma de golpes para que no haya continuidad del fuego y sirva como refugio para la fauna. Una labor que se intenta hacer con maquinaria siempre que sea posible, con desbrozadoras o tractores, pero en la mayoría de los casos los operarios trabajan a mano”, indica, “y esta zona de Los Gallardos es muy complicada, con muy poca accesibilidad, teniendo en cuenta que hay muy poco monte público y la mayor parte es privada”.

Los cerros almerienses, de poca altura pero muy escarpados, son un auténtico desafío para la planificación en emergencias. Por tanto, la clave es mejorar la accesibilidad. Con doce víctimas, Los Gallardos es el incendio más mortífero de este siglo en Andalucía y, también, del país, solo superado por el de Lloret de Mar (21 fallecidos en 1979) y el de La Gomera (20 muertos en 1984), con un abordaje dificultoso en cada una de las actuaciones. Mientras los equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Plan Infoca tenían dificultades para acceder con la maquinaria, se constató que cuatro de las muertes se produjeron cuando los afectados condujeron por un camino que los llevó directamente hasta las llamas.

“Aprender a protegerse”

“El entorno no es el mismo que hace 30 años, cuando el fuego avanzaba lentamente y se podía escapar con relativa facilidad. Ahora, la virulencia del incendio hace que la zona ya no sea tan segura, por lo que tenemos que aprender los riesgos que conlleva, conocer bien las rutas para evacuar y que las personas que viven ahí aprendan a protegerse”, detalla Cantón, “todo ello, junto a una buena accesibilidad para que los dispositivos de emergencias puedan circular e iniciar las maniobras de ataque o preventivas con seguridad desde diferentes puntos”, como ocurre con la construcción de las pistas, que pide que se les preste una mayor atención pese a que los planes de protección medioambientales dificulten su instalación.

La espontaneidad es la última opción en una situación tan extrema, pero para ello es necesario contar con las suficientes herramientas que permitan a cada vecino conocer previamente qué hacer en estos casos, en función de lo previsto por las autoridades. “El fuego puede estar subiendo despacio por una ladera y, de repente, se encañona, mientras que el miedo y el pánico hacen que vayas por un camino que termina por no ser adecuado”, lamenta.

Frente a las polémicas suscitadas por la falta de efectivos o la decisión de no enviar el mensaje por el sistema ES-Alert, el técnico se alinea con el resto de expertos en la materia: “Hay que tener el dispositivo adecuado y trabajar en prevención. Más allá de los números, tiene que haber más formación, más capacidad y equipos adecuados, también, mejores accesos, infraestructuras y recursos para preparar el monte”.

Cuando Cantón comienza en un proyecto, deja claro que, tarde o temprano, el monte se quemará. Una idea que necesita que cale en el otro para que el siguiente paso sea trabajar en paliar las consecuencias: que un fuego de alta intensidad arrase y el terreno quede baldío durante décadas, o preparar todo lo posible para que la regeneración sea más fácil y, sobre todo, no haya persona ni infraestructura dañada. “No es una cuestión política, sino de gestión: estar bien preparado, bien pagado, con las mejores condiciones para trabajar”, sostiene, “una vivienda bien defendida requerirá una pequeña brigada, pero una mal preparada obliga a llevar más efectivos para evitar que se queme”.

Más investigación

La consultora ambiental cuenta con experiencia internacional y en distintas autonomías, como Canarias, Comunitat Valenciana o Catalunya, además de en la propia Andalucía, en donde desarrolla dos importantes proyectos. El año pasaron entregaron a la Junta la cartografía de los modelos de combustibles forestales que hay en el territorio que sirve para conocer cómo se comportará el fuego en cada ecosistema, determinante para dirigir al lugar los efectivos y maquinarias adecuados. Esta herramienta permite planificar las actuaciones con mayor precisión, ya que da información sobre el tipo y la concentración de vegetación en según qué puntos, pistas, o si existen barrancos o zonas de cumbre más sensibles.

Asimismo, Cantón adelanta que, próximamente, comenzarán un estudio a nivel europeo con implicación de la comunidad para conocer a tiempo real la humedad de la vegetación y su relación con la carga del combustible. Es decir, ayudará a detectar qué zonas tienen mayor estrés hídrico, incrementando la vigilancia para evitar futuros conatos y la propagación de los incendios.

En el caso de Los Gallardos, se contaría con más conocimiento para saber dónde iniciar las labores de extinción tras haber perimetrado la zona. Así, los esfuerzos en la investigación se incrementan para tener más recursos contra los que combatir una realidad que ya está presente cada verano, donde el fuego se extiende sin freno y arrasa todo cuanto hay. “Nuestros vecinos portugueses ya lo vieron en las graves oleadas de incendios el año pasado. Estábamos sobre aviso de que esto podía pasar”.

La artesana y artista Estefi Yeah interpuso en la tarde de este miércoles una denuncia por allanamiento de morada, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas contra los dueños de los corralones de Castellar, Garaje Santa Inés S.L., tras los hechos ocurridos en el casco histórico. En un escrito presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, la inquilina ha relatado los pormenores de lo vivido el martes cuando varios miembros de la empresa de seguridad y desokupación García Seguridad Integral entraron en su domicilio para echarla junto a las personas que había en él. Igualmente, ha presentado pruebas de las intimidaciones que ha vivido en los días anteriores al incidente, donde se le llegó a decir “te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”.

El altercado se saldó con la detención de tres personas de la empresa de seguridad, mientras que otros tres miembros del colectivo que se arremolinó en las calles en apoyo a la inquilina tuvieron que recibir atención sanitaria después de haber sido agredidos “con palos” y, también, “gas pimienta”. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, la afectada indica que el principal objetivo de la empresa de desokupación es “coaccionar y amenazar, hasta el punto de sufrir varias agresiones por parte de M. G. G. y varios de sus supuestos trabajadores”, como quedó reflejado en la denuncia por un ataque físico que recibió a las puertas de su casa en agosto del año pasado.

En cuanto al día de los hechos, Estefi Yeah describe en la denuncia, presentada en compañía del abogado Javier García, que seis personas asaltaron su casa a la una de la tarde cuando había tres conocidos suyos dentro. “Entraron por la fuerza trepando por un patio interior” y, una vez lograron entrar en el piso, “golpearon” a las personas que se encontraban, al mismo tiempo que les “robaron sus DNI y dispositivos móviles”. Después, soldaron una de las puertas para evitar la entrada y salida de cualquier persona, dejando en el interior a una mujer y a una niña con la intención de crear una estrategia que confundiera a los agentes policiales una vez y acudieran al lugar de los hechos.

Gas pimienta

Después de echar a empellones a los habitantes del inmueble, se produjeron varios altercados en la calle Castellar que llegaron a cortar el tráfico debido a la concentración de gente. Entre ellos, la agresión con gas pimienta a un periodista del ABC y a otras personas que protestaban en contra del desalojo ilegal. Con la presencia de la Policía Nacional se logró apaciguar el conflicto que ha terminado en una denuncia formal ante los juzgados. Además, los supuestos agresores sustrajeron varios objetos de valor y documentación personal de la inquilina, como el carnet de conducir o las tarjetas bancarias, al igual que dinero en metálico, según consta en el documento.

A tenor de lo sucedido, la propiedad declinó hacer valoraciones sobre el asunto este mismo martes. En todo caso, comentaron que la situación “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”, atribuyendo la debacle a la ocupación ilegal del inmueble.

Estefi Yeah reside desde hace más de una década en los corralones y su contrato de alquiler continúa vigente, requiriéndosele en el 2015 que cambiara de inmueble dentro del espacio con las mismas condiciones contractuales. Tras el episodio vivido en las últimas jornadas, junto al corte de suministros de agua y luz y al presunto incendio provocado del contador eléctrico, la afectada ha estado abierta al diálogo. Sin embargo, defiende que la propiedad no le ha ofrecido ninguna opción viable y que, en todo caso, se le ha amenazado con llevar la causa a los juzgados, una cuestión que acepta. En este sentido, la inquilina advierte que el intento de desahucio que se produjo este martes es ilegal y que, en ningún momento, asegura que le haya llegado una orden judicial para abandonar su casa.

“Te tengo que matar, perra. Te voy a quemar, por mi padre”

Antes de que se produjera el conato de desalojo de este martes, la gestora cultural ha presentado en los juzgados varios testimonios, vídeos e imágenes sobre lo ocurrido en días anteriores. Entre ellos, el pasado 21 de junio hubo un trabajador de la empresa que se dirigó hacia ella impidiéndole la entrada en el edificio, mantiene, y diciéndole textualmemte “tengo ganas de gresca”. Al día siguiente, los representantes de Garaje Santa Inés S.L. comenzaron a “amenazarla” en el portal del edificio mientras que uno de los trabajadores de la empresa de seguridad “sujetó y chocó” a la víctima “contra la puerta de entrada”, dándole “varias patadas en la espalda”.

Al cabo de dos días, el 24 de junio, hay otro vídeo en el que se recoge cómo M.A.G., parte de la propiedad, se acerca a la afectada y le dice, literalmente, “droga la que te voy a meter a ti en la boca después de matarte, perra”, motivo por el que se mantiene la acusación por un delito de amenazas.

Seguidamente, un acompañante (D.) se une a la conversación y , en varios vídeos continuados, se destaca una amenaza de muerte: “Tú vas a salir hoy de aquí, porque te voy a coger de los pelos. Violencia, vas a ver la violencia, tú no sabes nada todavía de la violencia”. A lo que sigue: “Te voy a tortear, perra. (...). Nada más que te vea aquí abajo te torteo la cara. (...). Te voy a rajar. (...). Ahora no me voy a mover de aquí, ni hoy ni todos los días. No vas a poder ni sacar a los perros. (...). Te voy a fusilar hoy la cabeza. Baja pa bajo, ven, puta. (...). Nada más que te vea aquí abajo te rompo. Me da igual que seas una mujer, te rompo”. (...). “Te tengo que matar, perra. Te voy a quemar, por mi padre”.

Junto a este hombre, se unen M.A.G., A.V., T.P. y D., que continúan con los improperios verbales: “Ya tienes la guerra declarada”. (...). “Te voy a meter una patada en la boca del estómago que te voy a encharcar los pulmones de sangre. Te voy a dejar como una perra mal parida tirada ahí, perra”. (...). “Te vas a tener que ir de aquí, que lo sepas, y te vas a ir hoy porque me sale de la punta de mi polla a mí, te vas a ir hoy. Porque voy a subir para arriba y te voy a partir la puerta en dos”. (...). “Que venga, que venga la policía que me cago en los muertos de toa la policía también”.

“Te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”

En este momento, D. advierte de lo que ocurriría unos diez días después: “(...). Voy a coger una escalera y voy a subir para arriba y te voy a sacar de los pelos yo, a ti y a todo el que haya ahí que venga. Ya verás y no voy a subir yo solo, tú no te preocupes que te acabas de buscar la mayor ruina ahora mismo”. A continuación, hay más amedrentamiento: “Te voy a ahorcar. Te voy a ahorcar. Que lo sepas que te voy a ahorcar, puta. Te voy a coger y te voy a descuartizar, perra. A cachitos. Graba, graba que te voy a coger y vas a ver lo que te va a pasar, prima”.

En este punto, D. también amenaza con agredirla sexualmente: “(...). Te voy a clavá toa mi polla, te la voy a meter ahí en la boca apestosa esa que tienes”; terminando con la idea de incendiar el edificio: “(...). Que le voy a meter fuego a tu edificio, perra. Tú te acabas de buscar la mayor ruina que hay aquí hoy”.

Tras este intercambio, la denunciante describe que el 25 de junio se produjo un incendio en el contador de los suministros eléctricos. Doce días más tarde, se produciría el allanamiento de morada por el que fueron detenidas tres personas por la Policía Nacional y por el que se ha interpuesto la denuncia. En declaraciones dadas a los medios, Estefi Yeah detalló que en el corralón quedan varias personas viviendo, cuyas circunstancias son similares a la suya: contratos vigentes que continúa pagando mensualmente, pese a la decadencia de las infraestructuras o las clausuras de los locales. Sin una orden judicial de por medio, el ataque de la compañía contratada por la propiedad a la inquilina ha sumado un episodio de extrema violencia en los corralones de Castellar.

Una situación que viene a dar de bruces con la oferta de compra por parte de la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L., que desea adquirir las fincas de los números 48, 50 y 52 por 12 millones de euros, siempre y cuando sea viable el proyecto económico que presentaron en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla para la edificación de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, eliminando de la ecuación los corralones industriales y el colegio Calderón de la Barca. Una oferta que expira este verano, según las condiciones estipuladas en el contrato, y para lo que los activistas culturales y los partidos políticos exigen una solución, como la expropiación del terreno para que pase a manos públicas.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas este martes en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, por un delito de allanamiento de un piso alquilado con contrato vigente, según ha podido confirmar este medio. Los individuos pertenecen a la empresa de seguridad y desokupación García Seguridad Integral, contratada por los dueños de la propiedad, que actuaron al mediodía, cuando los gritos y forcejeos en el número 48 hicieron que corriera la voz y se concentraran varias personas en apoyo a los afectados. Una disputa que acabó con otras tres personas recibiendo atención médica. Esto es un episodio clave dentro del contexto consulvo que atraviesan los que quedan en el edificio, ya que la fecha límite para la compraventa por 12 millones de la totalidad de la finca es este verano, tal y como adelantó este periódico.

Cerca de la una y media de la tarde, Estefi Yeah, la artista que denunció el pasado 26 de agosto un ataque físico a las puertas de su casa con el fin de amedrentarla y ha alzado la voz en multitud de ocasiones junto al colectivo Defiende Los Corralones y otros artesanos, pidió apoyo a través de sus contactos y redes sociales, aparte de llamar a la Policía Nacional a causa del delito. Entre empujones y amenazas, los presuntos agresores echaron a la calle a la inquilina junto a otras personas, provocando una pelea en la calle. En este sentido, desde Subdelegación del Gobierno han confirmado a este medio que quedan pendientes la entrega de los partes médicos de las personas supuestamente agredidas y, también, de la interposición de las denuncias.

El hostigamiento ha alcanzado su punto álgido este martes con el asalto a la casa por parte de “seis miembros” de la empresa de desokupación que, a partir de lo relatado por las personas que había en la concentración a las puertas del corralón, “han echado a palos a todo el mundo” y han utilizado “gas pimienta” para herir a los inquilinos y a periodistas del ABC, como se muestra en los vídeos. Las imágenes recopiladas serán presentados este mismo miércoles ante los juzgados, asegura el abogado del colectivo, por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de robo con fuerza.

“Hay denuncias puestas con anterioridad y la semana que viene hay otro juicio por coacciones por un local habiendo un contrato legal, aparte de otro juicio por agresiones y hay otro caso en fase de investigación”, detallaron las fuentes conocedoras de las decenas de demandas contra la propiedad. “Esto es la película de nunca acabar”, lamentaron. En esta línea, los afectados denunciaron que llevaban días sufriendo cortes de luz y, también, les afectó el presunto incendio provocado del contador eléctrico, acusaron, lo cual redobla la presión sobre las condiciones precarias en las que viven dentro del espacio.

“Esto es un Estado ilegal paralelo”

Además, quienes contemplaban la escena mantienen que la empresa de desokupación, con ayuda de la propiedad, metió “a una mujer con una menor en la casa para así llamar a la policía y hacer creer que la casa era suya”. Una “estrategia” con la que pretendían confundir a los agentes y provocar la detención instantánea de todos los presentes. Sin embargo, la Policía Nacional tardó hasta tres horas en acudir al lugar de los hechos, según el relato de los presentes, momento en el que la madre y la hija salieron del piso sin mayor repercusión.

A causa de la aglomeración de gente en el casco histórico, se interrumpió el tráfico de la calle Castellar y, seguidamente, los agentes acordonaron la zona para impedir el tránsito. Una vez calmadas las aguas, la artista y el resto de afectados pudieron acceder de nuevo a su casa. En cambio, los individuos allí reunidos frente al número 48 en señal de apoyo fueron identificados por la Policía Nacional, advirtiéndoles que serían multados en caso de no dispersarse —al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza—. “Nos dijeron que nos iban a acusar de concentración ilegal”, agregó un miembro del grupo.

“Soy vecina del barrio y todos los días paso al lado de los corralones: tienen a unos nazis en la puerta”, criticó otra de las personas, que prefiere no ser identificada como el resto de los que acudieron a protestar. “Esto es un Estado ilegal paralelo”, aseveró otro joven, “y la policía hoy ha actuado porque esto se ha pasado de castaño a marrón oscuro”, en referencia a la actuación de García Seguridad Integral, la empresa contratada por la propiedad Garajes Santa Inés S.L. para la protección del inmueble.

En un momento dado, dos miembros en representación de la propiedad hablaron con la Policía Nacional y, de forma acalorada, con la inquilina afectada. Preguntados por este medio, la pareja declinó hacer valoraciones sobre lo ocurrido y comentaron que la situación en la que se encuentran “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”. Esta es la premisa que han utilizado los dueños a lo largo de estos años de dejadez en las instalaciones y conflictos con los artesanos, aunque muchos de ellos, tal y como ha podido comprobar este medio, mantenían en vigor sus alquileres de renta antigua tanto para en las viviendas como en los locales industriales.

Hotel de cuatro estrellas o que pase a manos públicas

Los corralones de Castellar están en el punto de mira de los propietarios debido a la posible compra por valor de 12 millones de euros que ha ofrecido la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. El acuerdo de compraventa fue firmado en junio del año 2023 y está en vigencia hasta este 2026. Todo ello, a expensas de que se apruebe el Plan de Reforma Interior (PRI) presentado a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, en donde se planea la construcción de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, con el consecuente derrumbe del colegio Calderón de la Barca.

El revuelo que ha levantado la operación urbanística, que se saldaría con una nueva promoción de viviendas a precios desorbitados como ocurrió en Pasaje Mallol 8 y Bustos Tavera 26, ha posicionado a los partidos políticos. Por una parte, las izquierdas han pedido que el corralón quede en manos públicas, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el PP, ha avanzado que estudia la expropiación, sobre todo para proteger el centro educativo. Una medida que casaría con el reclamo de los artesanos, ya que, como pidieron hace dos décadas, el espacio centenario podría catalogarse como Bien de Interés Cultural (BIC) y quedar bajo el amparo de la administración pública. Un acuerdo que todavía no está encima de la mesa mientras el expediente urbanístico avanza.

En la tarde de ayer, Susana Hornillo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, acudió a la calle Castellar y tildó de “pelotazo urbanístico” el planeamiento que hay en los corralones, donde “el único inconveniente que tiene la empresa es que siguen viviendo algunas artesanas y les están haciendo la vida imposible”. A su vez, acusa al PP de ser “conocedor” de todo el entramado, al igual que manifestó el PSOE en un comunicado. El portavoz municipal de los socialistas, Antonio Muñoz, pidió “garantizar la salud” de los afectados ante una situación “límite”, aparte de describir como “acoso inmobiliario” este tipo de acciones que “nunca debería permitirse en una ciudad como Sevilla”.

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que finalizó el 30 de junio. Un total de 161.557, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno a partir del balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un mes a contrarreloj y lleno de requisitos que, como el informe de vulnerabilidad, dejaron a las entidades perplejas por la barrera burocrática que suponía para el colectivo que, a sabiendas de su situación irregular, ya sufren la falta de accesibilidad tanto al mercado laboral, como de vivienda o servicios sociales. También, la falta de respuesta de la administración, los pagos de las tasas o la escasa colaboración de los países en origen han lastrado los resultados, mientras el Tribunal Supremo estudia la adecuación de la medida.

A nivel nacional, la cifra llega a las 1.174.987 solicitudes registradas, el doble de las previstas por el Ministerio, de las que 609.737 expedientes se encuentran en fase de tramitación, es decir, un 51,9% del montante administrativo. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) logró reunir más de medio millón de firmas con el respaldo de entidades como la Fundación para la Ciudadanía Global, Regularización Ya!, así como Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales para pedir conjuntamente una acción conjunta que diera respuesta a la situación irregular de tantas personas que conviven y trabajan en el territorio.

En el país, el pódium está liderado por Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, mientras que en Andalucía la provincia con más solicitudes fue Málaga (39.899). A ella, le siguió Sevilla (33.690); y Almería (32.638), donde Níjar, por ejemplo, es reflejo del progresivo peso de la población migrante en la carga productiva y el entramado social en el sur. Por debajo, se encontraría Granada (16.629); Cádiz (11.641); así como Huelva (10.359); Córdoba (9.951); y, por último, Jaén (6.750). Del número total un 58,2% corresponden a hombres mientras que un un 41,8% son mujeres.

Con respecto al más de 1,1 millón de solicitudes, el Ministerio especifica que un 79,6% fueron por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario y el 20,4% para solicitantes de protección internacional. De las mismas, el 83,2% se presentaron de forma telemática y el 16,8% a través de las oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas.

Jóvenes, de Colombia y en el sector hostelero

En cuanto al origen, la mayor parte de las personas acogidas a este proceso son de Colombia, con un 23,8% y, a renglón seguido, Marruecos, que corresponde a un 20,3%. A ellas, le seguirían Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); seguidamente, Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%), y el resto de nacionalidades suponen el 15,2% restante.

Asimismo, la edad, a nivel nacional, desvela que la mayor parte de los registros corresponden a jóvenes, ya que el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años. El 11,1% corresponde hasta los 15 años, mientras que el 17% va de los 16 a 24 años; le sigue, con un 31,3% a la franja de 25 a 34 años con el punto máximo; y, en descenso, el 21,6% va de los 35 a 44 años; el 11,9% de los 45 a 54 años; y, finalmente, de los 55 a 64 años representa el 5,2% y, para los mayores de 65 años, sería apenas un 1,9%. En todo caso, las ciudades españolas con mayor proporción de solicitudes fueron Madrid (17,23%), Barcelona (16,36%), Valencia (6,38%), Alicante (6,23%) y Murcia (3,85%).

El proceso de regularización extraordinaria ha logrado que, a 30 de junio, se dieran de alta 159.097 personas en la Seguridad Social en todo el país, de los que un 77,3% fueron contratados indefinidos y un 22,7% temporales. El mayor sector de actividad beneficiado fue el hostelero (24,4%), al igual que el comercio (12,7%) y las actividades administrativas (12,1%). Al cuarto lugar cae la construcción (11,5%), el ámbito agrícola (9%), el transporte y almacenamiento (7%) y la industria manufacturera (6%).

Trabas en los ayuntamientos y “tramitación compleja”

¿Cuáles son las principales trabas que han sorteado las asociaciones? La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), a preguntas de este medio, critica la falta de medios adicionales que han destinado la mayoría de entidades locales andaluzas, “cuyos servicios sociales deberían haber colaborado en este proceso”, al contrario que en otras comunidades autónomas. “También ha sido deficiente la labor de la propia Administración General del Estado, que ha promovido este proceso y que, sin embargo, no ha puesto los medios necesarios para la tramitación de expedientes”, lo cual queda patente en que el 48,1% de los expedientes no han sido tramitados.

En este sentido, la APDHA afirma que “la mayor parte” de las tramitaciones “siguen aún a la espera de ser aceptados a trámite por la Administración, con lo que, aunque el plazo para presentar solicitudes haya terminado, aún nos queda mucho trabajo por hacer”. La entidad atendió a más de 1.000 personas en Andalucía e intermediaron para que, al menos, otros 1.000 demandantes obtuvieran el certificado de vulnerabilidad. Una labor que han llevado con “orgullo” gracias a la colaboración de socios y socias, militantes, y activistas de colectivos afines. Sin embargo, recuerdan que “las grandes entidades del ámbito de la Cooperación, que reciben una ingente cantidad de fondos públicos, eligieron ponerse de perfil, siendo entidades más pequeñas que, como APDHA, las que han asumido esta tarea”, matizan.

Quejas que van en la línea de lo referido por el colectivo Regularización Ya!, que agrega que los pagos de tasas, al igual que las citas de huellas en comisaria para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), han sido obstáculos a lo largo de estos 60 días. En un comunicado, el colectivo hace referencia a la escasa colaboración de algunos países en origen que han hecho “imposible” la obtención de certificados y exige al Gobierno central que “frene las deportaciones” de personas en proceso de regularización, como se ha denunciado, y expresan su repulsa hacia el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y la Ley de Extranjería.

Por su parte, la Federación Sur Acoge atendió a través de 11 asociaciones y dos delegaciones con alrededor de 200 personas voluntarias a más de 20.000 personas en “una tramitación compleja y con plazos ajustados” entre el 20 de abril y el 30 de junio, tal y como describían en este medio. En vista de la urgencia de la medida, el colectivo cuestiona las políticas migratorias que imperan en el Estado: “¿Qué nos dice de nuestro modelo migratorio que más de un millón de personas hayan necesitado una medida excepcional para poder acceder a una autorización de residencia?”.

Una perspectiva que compartía la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho. La organización se reunió por primera vez en Andalucía con el propósito de exigir a las corporaciones locales que cumplieran con la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local e inscribieran al colectivo en el padrón, independientemente de su situación, ya que, en todo caso, se necesita conocer el total de población para planificar y gestionar los recursos. Es más, tal y como criticaron, el Gobierno central admite esta parálisis en las administraciones debido a que no se ha requerido el certificado de empadronamiento para el proceso de regularización y, por tanto, “se reconoce indirectamente que el bloqueo existe”.

El casco histórico de Sevilla muta bajo la mirada de los paseantes bajo la influencia de la afluencia turística y la gentrificación de los barrios, como ha sucedido con los corralones. El vestigio del pasado industrial de la ciudad, refugio y lugar de trabajo para decenas de artesanos que preservan el oficio siglos después, es una sombra de lo que fue. De los cinco identificados en la calle Castellar 48, 50 y 52, también, Pelícano 4, Pasaje Mallol 8 y 11, y Bustos Tavera 26, solo quedan en activo tres, habiendo en Castellar un proyecto para construir un hotel y varias viviendas. Pero Arenas La Bellida S.L. planea nuevas incursiones en el centro, muy cerca: en la Fábrica de Sombreros.

Así se desprende del Plan de Reforma Interior que ha presentado la empresa a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, tal y como ha podido consultar esta cabecera. En uno de los apartados del documento se especifica que el Plan General de Ordenación Urnaba (PGOU) de 2006 delimitaba hasta 6 ARIs dentro del Distrito Casco Antiguo. El más cercano a Castellar es el ARI-DC 04 Fábrica de Sombreros, en el que “tampoco se ha desarrollado” las actuaciones de reforma interior contempladas en la planificación, “pero que desde aquí podemos avanzar que también va a ser impulsado contemporáneamente por este por el mismo promotor”. Por tanto, se deduce que la propuesta se realizará más pronto que tarde para sacar rendimiento económico a la zona.

A continuación, el documento expone que el desarrollo del área Castellar-Dueñas en las condiciones actuales “es claramente disfuncional y antieconómico”. El PGOU contempló en las fichas que el desarrollo del ARIs de la zona (actuaciones de reforma interior) fuera “preferentemente público”, pero denominan la operación como inviable según las exigencias del artículo 105 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, “circunstancia sobradamente acreditada por el simple transcurso del tiempo”.

“Van a desarrollarse contemporáneamente”

Es decir, tras 20 años no se ha operado ningún cambio en las fincas, pese a que los dueños expresaran en el pasado su deseo de rehabilitar el espacio y que, de otra parte, se intentara llegar a un acuerdo con la Junta y el Consistorio para que pasara a manos públicas.

A ese intento frustrado le siguió la degradación y expulsión de los artesanos que trabajaban en su interior, sufriendo hoy presiones y daños por parte de la propiedad que representa Garajes Santa Inés S.A., que los acusa de ocupación. Unos dueños a los que ya se suma la empresa Arenas de la Bellida S.L., que posee el 66% del inmueble y ha ofrecido 12 millones de euros por la totalidad, siempre y cuando el plan urbanístico sea viable para construir un hotel de cuatro estrellas de 90 habitaciones y otras 29 viviendas libres, para lo que necesita la aprobación en pleno municipal.

El Plan de Reforma Interior presentado por la compañía onubense procede a “establecer nuevas condiciones de aprovechamiento que habiliten el efectivo desarrollo urbanístico, jurídico y físico del ámbito de manera autónoma, pero considerando además la relación de complementariedad que Castellar-Dueñas tiene con el aledaño Fábrica de Sombreros, pues como sabemos van a desarrollarse contemporáneamente”. Dando por sentado, así, la operación.

Ante el malestar vecinal y la amenaza de derribo del colegio concertado Calderón de la Barca, la solución de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Sevilla pasa por pasar las parcelas a manos de la administración pública. En respuesta a la oposición, el pasado jueves el gobierno de José Luis Sanz admitió que se podría plantear una expropiación con tal de garantizar la viabilidad del centro educativo y en pos de la convivencia vecinal. A preguntas de este medio sobre la Fábrica de Sombreros, las fuentes municipales se han remitido al comunicado.

El Calderón: “Una suerte de ejercicio de concentración educativa”

En el documento que aborda la remodelación de Castellar se plantea la paulatina pérdida de alumnado en el colegio Calderón de la Barca, ya que, como justifican, el número de matriculaciones ha descendido hasta las 236 en el curso 2023/2024. A la Gerencia de Urbanismo le explican que “el centro ha pasado de tener listas de espera hace una década a ver cómo se quedan cada vez más plazas vacantes en Infantil, aventurando una paulatina reducción en su oferta por falta de alumnos”.

A tenor de lo comentado, la memoria del Plan de Reforma Interior insiste en que “a la vista de esta tendencia, sería plausible que la propia Consejería se adelantase para plantear una suerte de ejercicio de concentración educativa para finales de esta misma década, reorganizando líneas entre toda la comunidad educativ concernida por este escenario. En este caso, la reorganización conllevaría el traslado de algunas líneas a otros centros, situación que ya es innata en el Calderón para sus alumnos de Bachillerato, quienes deben trasladarse al IES Velázquez o el IES San Isidoro”, sugiriendo su desaparición. Pero, más allá de los números 48, 50 y 52, ¿qué ocurre con el resto de corralones que hay en el casco de Sevilla?

Pasaje Mallol 8 y 11

Manuel Fernández, coordinador del Distrito Centro en Izquierda Unida, muestra los restos de un patrimonio industrial que data de los siglos XIX y XX, tal y como reseñan varias publicaciones científicas que dan cuenta del origen obrero de estas barriadas que hoy en día, por su ubicación y la expansión del turismo, son carne de especulación. El grupo municipal Podemos - Izquierda Unida registró el pasado 1 de junio una propuesta a debatir en la Junta municipal del Distrito Casco Antiguo para que se tomaran medidas relativas a los corralones de la calle Castellar, al igual que adelantó el PSOE que realizaría un seguimiento en las próximas semanas para abordarlo en el pleno municipal.

Los corralones registrados en Sevilla son los de calle Castellar 48, 50 y 52, también, Pelícano 4, así como Pasaje Mallol 8 y 11, y Bustos Tavera 26. La primera parada en el camino es el Pasaje Mallol número 11, cuya fachada blanca no recoge en ninguna planca o seña que fuera patrimonio industrial. La web de La Cooperativa de Arquitectos muestra el diseño del proyecto de rehabilitación y ampliación del edificio plurifamiliar: 10 viviendas-taller, nueve viviendas y 49 garajes que comprenden los números 11, 13 y 15.

No obstante, los vecinos consultados por la zona comentan que en el interior no se produce ninguna actividad y, en todo caso, hacen referencia a los corrales próximos, del número 11. “En su momento se vendieron por 400.000 euros”, comenta una lugareña. En vista de la transformación de la edificación, el movimiento activista denunció durante la remodelación el alto coste de estas propiedades que va contra el espíritu primigenio de los corralones: alquileres de bajo coste, comunitarios, que permitan la actividad artesanal.

Además, en este tramo también se preveía que los restos de una vivienda tardoislámica del siglo XI pudieran contemplarse a través de una cristalera en el sótano de la propiedad y, pese a que las obras estaban proyectadas para acabar en 2021, no hay señalización que permita apreciar este hallazgo. En frente, se encuentra Pasaje Mallol 8, cuyas puertas aún se mantienen abiertas y deja a los paseantes contemplar el interior de la actividad a pequeña escala. Es la única referencia que toman los artesanos de su vecino más próximo, el corralón de Pelícano número 4.

El corralón de Pelícano 4

Una placa da la bienvenida a las calles empedradas, llenas de árboles y coches aparcados a un lado y a otro. Colgado en la pared están los azulejos que datan de septiembre del año 2000, y reza: “Dios bendiga este patio de artesanos de plaza Pelícano nº 4 para que Dios les dé trabajo, salud y paz”.

En el taller hay una cabecilla que intenta encajar las piezas. La artesana cuenta su experiencia a este medio, aunque prefiere reservar su identidad. En el espacio rectangular conviven los ritmos dispares de los artistas, hay materiales desperdigados por las mesas de trabajo, lienzos de pintura, caballetes, tornos para limar los metales. Cientos de piezas que une desde hace más de una década. Confía en que la propiedad, que ha pasado a manos de los herederos, no ponga ningún obstáculo y permita que sigan con sus labores, ya que nadie ha comunicado ningún cambio en el uso de las infraestructuras. “Aquí somos cuatro artesanos y, en total, hay como 20 personas trabajando”.

El proyecto urbanístico que se planea sobre el corralón de la calle Castellar ha tenido otro efecto en la comunidad: la movilización. En redes sociales, a través de asambleas con los afectados, la cuestión es mover ficha antes de que haya una nueva desaparición y reactivar el tejido asociativo que se dio hace 20 años. En el barrio de San Julián crecen las posibilidades y la artesana cuenta el transcurso de los acontecimientos: “Hay iniciativas para revitalizar el barrio, como el mercado y la ruta artesana, porque reivindicamos los espacios del barrio. Esto no deja de ser un doble lastre: aparte de hacer tu trabajo diario tienes que estar ojo visor de lo que ocurra en los otros corralones”.

En busca de figuras de protección

En el año 2006 se intentó modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla y que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento asumieran la gestión pública de los corralones. Con la crisis económica de por medio, no llegó a fructificar ninguna medida que blindara el futuro de las parcelas. “Llegamos a ser 90 artesanos trabajando en la calle Castellar en aquel año y, al poco tiempo, empezaron a echar a la gente y subieron los alquileres, que pasaron de 180 a 500 o 600 euros”, menciona, “aparte, hubo quien aprovechó para montar bares ilegales, por lo que le dieron argumentos a la propiedad y supuso la expulsión de al menos la mitad de los que estaban allí”.

“Hay miedo”, lamenta. La única opción a la que ve posibilidades es retomar el curso de 2006 y la gestión pública del recinto. “El PGOU tiene 20 años y a saber si cambiar los usos del suelo... Se iría todo a tomar por culo”, pero nota el hastío o la desesperanza del colectivo social. Hace dos décadas se reunían en aras de conseguir mejoras conjuntas, pero los obstáculos se encadenan: a la presión urbanística se le añade la precarización del oficio y el aumento de las responsabilidades personales, ya sean familiares o el pago de la hipoteca o el alquiler. “Unir a todo el mundo es muy difícil, pero si ves el movidón en Castellar... No es solo allí, es todo. Hay que resistir”.

“El pasaje Mallol y Pelícano no tienen un peligro real, por ahora, pero queremos adelantarnos y declararlos Bien de Interés General y Etnológico”, consiguiendo así reforzar su protección. Un paso antes de que cualquier otro proyecto urbanístico haga temer por la pervivencia del enclave sociocultural.

Bustos Tavera, 26

La última estación de este recorrido se encuentra en Bustos Tavera, número 26. Habría que remontarse al 2007 para conocer qué pasó en este recodo hispalense. Una información del día 6 de noviembre de aquel año en el ABC Sevilla, y de otros blogs locales, relata el desalojo de los últimos artesanos después de que la propiedad resolviera los contratos de alquiler. En aquel entonces, la Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo de Sevilla (PACA) denunció los hechos y alertaba sobre la especulación que presionaba la zona norte. Ya se pedía el amparo de la administración pública y la organización llegó a entrevistarse con la Consejería de Cultura para que se declarara el inmueble como Bien de Interés Cultural. Una iniciativa ahora rescatada a contrarreloj.

El futuro de Busto Talavera ya estaba sentenciado, pero no fue hasta septiembre de 2024 cuando las obras hicieron aparición y alertaron a la oposición. Fernández, representante del grupo municipal Con Podemos - Izquierda Unida, registró una pregunta a la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, que asegura que sigue sin responderse. En ella, cuestionaba la demolición “completa” del edificio “sin respetar el deber de conservación de los elementos de la fachada y la primera crujía de la finca”. Al asomarse a las obras, apenas quedan restos de la infraestructura original.

La promotora Puntal de Dueñas ha desarrollado ya el 50% de las obras que supondrán la construcción de 12 viviendas y 10 viviendas-taller, describe en la página web y dossier adjunto, en el que no hay imágenes de los espacios dedicados a oficios, como ocurría en Pasaje Mallol número 8. La propuesta va encaminada a convertirse en un lujoso edificio residencial con “loft de alta gama” que contará con pisos, patios interiores y piscina en su azotea en el marco de un diseño “minimalista contemporáneo e industrial”. El único vestigio que quedará de los corralones industriales en el recinto será esa descripción.

Juanma Moreno marca distancias con el resto de los presidentes autonómicos del PP que validaron el acuerdo de gobierno con Vox en sus discursos de investidura. Las negociaciones continúan a puerta cerrada para alcanzar un punto de encuentro que valide durante los próximos cuatro años un ejecutivo que permita, cuanto antes, aprobar los presupuestos autonómicos, según reclamaba repetidamente este lunes el líder de andaluces. No pronunció ‘prioridad nacional’, como hizo su homóloga en Extremadura, pero tampoco dio pie a relacionar inmigración e inseguridad, evitando el gesto a la ultraderecha. Una de cal y otra de arena con el objetivo de que la ‘vía andaluza’ recoja lo perdido tras no renovar la mayoría absoluta en las elecciones del 17M y que volverá a ser el camino marcado de cara a las generales, como bastión de Núñez Feijóo y guiño a las municipales.

Es más, las palabras más duras del discurso de investidura de Moreno no tuvieron otra diana que la oposición y el Gobierno de Pedro Sánchez. A las izquierdas las acusó de ni siquiera haber intentado, aunque bien lo sabía, recabar apoyos ante los resultados de unos comicios que él mismo “no quería” y, de alguna forma, obligarlo a tender la mano a sus contrincantes más directos. Pero la ‘vía andaluza’ se toma sus tiempos y, a pesar de que Moreno escenificó un distanciamiento ideológico y gestor de Vox, en el Parlamento andaluz quedaron el consejero Antonio Sanz y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, tratando de reconducir las negociaciones en la tarde del lunes. 

Al contrario de Andalucía, los barones del PP que gobiernan con Vox llegaron al hemiciclo con los deberes hechos a la jornada de investidura: Guardiola firmó el pacto en Extremadura el 17 de abril y cinco días más tarde fue proclamada presidenta tras cuatro meses de paralización; mientras, en Aragón, el PP de Jorge Azcón rubricaba el documento con Vox el 22 de abril para ser elegido el día 28; y Castilla y León protagonizó el último acuerdo el pasado 3 de junio, antes de que Fernández Mañueco fuera refrendado como presidente autonómico el 10 de junio. ¿Darán los de Santiago Abascal este balón de oxígeno a Moreno tan rápido? Las exigencias a las que se ha plegado el PP en el resto de comunidades no serán una excepción en el sur, aunque Moreno haga gala de su número de escaños:53 frente a los 15 de la ultraderecha. Aún así, el voto a favor o la excepción será la moneda de cambio.  

La extremeña Guardiola, de lleno con la inmigración

Moreno dejó pasar hasta 12 días después del 17M para levantar el teléfono, le recriminaba Manuel Gavira, la cara andaluza de Vox, al igual que “las prisas” con las que los apremiaban los populares, conocedor de la importancia de contar con esos 15 diputados que facilitarían su acción de gobierno. Eso sí, “cuando toque”, declaró hace dos días. Y la sorpresa se dio cuando llegó el “no”: un “no” esperado, pero temprano, ya que llegó 40 minutos antes de que terminara el discurso de investidura en el Parlamento, un golpe duro para quienes persiguen que haya una foto a pesar de las cortapisas de Moreno. “Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones: bloqueo y repetir elecciones o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces”, manifestaba en el atril, para lo que pidió evitar el enrocamiento entre ambas partes y “saber ceder buscando el interés general de los andaluces”.

La pujanza económica, la industria, la creación de empleo, los servicios públicos, el turismo, el sector agrario... Moreno solo pronunció tres veces el nombre de Vox mientras que “Estado” llegó a escucharse hasta en siete ocasiones y “Gobierno central” otras doce; y la “prioridad” se dirigió a la vivienda, a los jóvenes, al sistema público de salud y a las políticas de agua.

En cambio, Guardiola se metió de lleno el pasado 18 de abril en la inmigración: “El inmigrante no es un culpable por defecto, es una persona con sus derechos y con sus deberes, pero la gestión que ha hecho el Gobierno de Sánchez ha sido un absoluto fracaso que tiene lamentables efectos a nivel político, pero sobre todo a nivel humano”, intentando diferenciar las circunstancias del individuo con las políticas estatalas a las que enfila el ala conservadora. “Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quien no tiene ninguna legitimidad”, en alusión a Cataluña, el eslabón perdido del PP, que sirvió en cada uno de los discursos, incluido el de Moreno, para hablar de una injusta financiación autonómica. Así, Guardiola lograba contentar a la ultraderecha a la vez que armonizaba con los principios del PP.

Entre los puntos firmados por cada gobierno del PP con Vox hay varios relacionados la ordenación migratoria, como el total desamparo a los menores migrantes. Si bien la extremeña reconoció su protección, habló de “la creación de una unidad de verificación del fraude prestacional y del padrón”, una concesión al partido ultraconservador para trampear la prioridad nacional, ya que, a día de hoy, el requisito que se puede extender para acceder a las ayudas y servicios sociales son los años de residencia en el territorio, y no la nacionalidad. En total, apenas tres minutos dentro de la amplia y detallada exposición que ya daban por hecho los ultras.  

Aragón y Azcón, “inspirados por la prioridad nacional”

Guardiola marcó el tono para los siguientes barones del PP en este nuevo ciclo electoral donde Vox centra su ofensiva contra la inmigración a través del principio discriminatorio de ‘prioridad nacional’ o deriva su discurso contra las políticas medioambientales de la Unión Europea. Temas más simples y generales, menos conflictivos y arriesgados, evitando así volver a poner el foco el negacionismo de la violencia de género o el rechazo al colectivo LGTBIQ+. Una rebaja de decibelios que son producto de una lepenización, en la senda de la extrema derecha francesa, para lograr arrancar el voto femenino y del colectivo queer de manos del PP. Temas incómodos que defendió Moreno en su intervención con mención a las políticas de igualdad y en diversidad, y que pasaron por alto Azcón y Mañueco.

En Aragón, Jorge Azcón salió al hemiciclo y defendió sin pudor su pacto con Vox en aras de la aprobación de las cuentas autonómicas durante los próximos cuatro años. “Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, ensayó, “es un principio fácil de entender: quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven”. El PP sonríe, porque acepta la treta, sin hablar de principios normativos, modificación legislativa, porque sabe que excede a sus competencias. Un teatrillo que contemplan sus socios, ¿a qué costo?

“Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad”, repitió, recriminándole a la oposición que “dejara de rasgarse las vestiduras”, porque “estos criterios llevan operativos en España desde tiempos de Felipe González”. Por tanto, las medidas de los populares pasan por endurecer la exigencia de mínimos, un grave escollo tanto para las personas recién llegadas como para un nacional que vuelve a su hogar, sin llegar a torpedear la sanidad pública universal, que volvió a entrar en vigor en el país este marzo. Así y todo, Azcón solo le dedicó tres minutos a la ‘prioridad nacional’, que pronunció dos veces, en el bloque intermedio, diluyendo así el efecto sobre su discurso.

Castilla y León renuncia a los retrocesos

Otros tres minutos y solo una mención a Vox. “Porque dialogar es escuchar, reflexionar y aceptar. Es acercar. Es recordar que todos tenemos parte de verdad, pero nadie tiene toda la verdad. Un diálogo que, en definitiva, es democracia”, amansó a la bancada de la oposición y a los propios Alfonso Fernández Mañueco al inicio de la investidura en Castilla y León. ¿La verdad de Vox que intentarán compensar los populares con medidas a medio gas? El barón popular conoce a sus socios de gobierno, con quienes ya rompió en el pasado, al igual que Juanma Moreno, y se refirió al principio esgrimido a partir “del arraigo real y verificable de sus beneficios con nuestra tierra”.

Esta es la única manera que tiene el PP de eludir e incluir en su discurso los requiebros éticos y legislativos a este mandato discriminatorio, tal y como expuso en los tres puntos de referencia que se marca el Gobierno autonómico: acatar “de manera escrupulosa” lo que dicen las leyes, nombrando a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, un sistema que no reconocen sus socios; segundo, “prestando de manera general” los servicios públicos esenciales sin alusión a las expulsiones de personas irregulares que firmaron; y tercero, “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra comunidad”.

El paso a la contra que marcó con sus predecesores fue la referencia a la inmigración, que, aunque mantiene los mandatos del PP, recoonce su aportación en la riqueza de la autonomía: una “inmigración legal y ordenada es fuente de progreso, por ello, siempre serán bien recibidos y tendrán nuestro apoyo”, achacando a “las políticas fracasadas” del Estado el resto de males. “Quiero una Comunidad al servicio de todas las personas que viven aquí, por encima de sus orígenes o diferencias”, remató, “quiero una Comunidad rica en valores, humanista, tolerante”.

Moreno, que evitó la confrontación directa, tomó también las referencias humanistas del discurso del papa León XVI en el Congreso de los Diputados aludiendo “que lo legal sea verdaderamente humano” y a su consabido “diálogo, moderación y cercanía” para marcar el tono en el que se deben dar los siguientes cuatro años. Unas declaraciones que acarrearon el portazo de Vox en pleno debate de investidura, porque la estrategia nacional de la ultraderecha está en homogeneizar a todos los barones del PP y presentarlos como un partido más del sistema, obsoleto, así que la imagen de la ‘excepción Moreno’ no es una opción. Como dice el refrán, cuando una puerta se cierra, otra ventana se abre, la que continúa para las negociaciones.

“¡Viva una Andalucía libre, igualitaria y orgullosa!”, gritó Belén Mayoral, del colectivo JANDA, desde el escenario de la Alameda de Hércules. A sus pies, miles de personas reivindicaban la memoria, el legado de las activistas que se dejaron la piel y sufrieron la represión y la violencia estatal, para que los derechos LGTBIQ+ fueran una realidad. Bajo el lema Desde el campo a la ciudad, ¡orgullo, lucha y libertad!, Sevilla clamó por la defensa de estas conquistas sin dar ni un paso atrás ante el avance del discurso del odio tanto en los poderes políticos como en distintas esferas sociales y rechazó de pleno la institucionalización del acto y el intento de control, dado que, aseguraron, el manifiesto tuvo que ser enviado previamente al Ayuntamiento de Sevilla antes de ser leído en la plaza.

“La lucha es el único camino!”, “¡el orgullo no desfila, el orgullo reivindica!”, coreaban las calles durante la tarde. Entre el gentío estaban Nicolás y Ana, procedentes de Dos Hermanas que ven con preocupación los pactos que se den la próxima semana. “Se nota la influencia del discurso del odio, sobre todo en las redes sociales”, comparten, “y como andaluz me siento un poco decepcionado”. “Yo tengo miedo, y espero que la gente arranque”, expresó la joven, que sufre todavía el estigma de la invisibilización de la bisexualidad asegurando. Ante sus ojos, las banderas de los colectivos, las familias diversas, el orgullo crítico, el de la tercera edad, uno de los más olvidados, las drags y los carteles por el avance hacia el no binarismo mostraban el camino que aún queda por recorrer entre la población andaluza.

Con purpurina, abanicos, brillantes en sus caras, estaban contemplando la manifestación un grupo de amigas. Ainhoa, Almudena o Ana, todas ellas de primero de Bachillerato, de 16 años, y con ganas de participar a las puertas del 28 de junio, fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969. “Sí hay odio, sobre todo en redes sociales, donde se pueden esconder”, dicen varias, “hay más amenaza en el discurso de odio de la ultraderecha, por ejemplo”. Incluso, los compañeros de clase “muestran comentarios de asco, como las personas más mayores que eran de otra época” y una de ellas admite que conoce a quien con la edad ha abierto su mentalidad ante la diversidad, “algo que no sucede con ellos”. ¿La solución? “Educando desde muy pequeño, desde el principio, sin hacer raro nada ni excluir”.

“No se atreverán”

A escasos metros Almudena declara que “ha habido un cambio radical”. Mirando la actualidad, apunta que hay otros países “con más amenaza”, sobre todo cuando lo compara con hace apenas unos años cuando fue apedreada por ir de la mano de su pareja en una Sevilla que no permitía vivir con libertad su orientación sexual. Este hecho, tan lejano en el tiempo pero tan presente en su memoria, la lleva a recordar su participación en Colectivo, una asociación con la que participaba en las primeras manifestaciones por el movimiento queer y resistía frente a la persecución de la policía. Andalucía, pionera en una ley trans y, en concreto, la capital hispalense como cuna de la primera marcha por la libertad sexual del 25 de junio de 1978 encabezada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR).

Con total seguridad, afirma que “Vox no se atreverá” a echar atrás los derechos LGTBIQ+. Esa misma idea la comparte uno de los manifestantes que se declara votante de la ultraderecha. “No lo harán”, contesta a su pareja hombre, con quien lleva 44 años y que, pese a que los distancie sus ideologías, comparte una historia de vivencias y evoluciones sin paragón. “Antes estabas en el pueblo, sin móvil, sin poder salir de allí, en cambio, ¿ahora? Los jóvenes lo tienen mucho más fácil”. Su compañero sonríe y, al mismo tiempo, le asegura que “sí noto que hay más odio, yo lo siento, siento ese rechazo”. A su familia le costó aceptar su orientación sexual, pero, poco a poco, pudieron contar con su apoyo. Su madre contempla la marcha desde una silla de ruedas, acompañada por su hijo y su yerno.

En otra silla, más bien en un capazo, está la hija de Alberto. Ahora se sube a los hombres de su pareja con alegría y soltura, que no se quiere perder ni un detalle de lo que está sucediendo. “En las aulas se ven cambios, pero todavía hay mucho por hacer”, asegura el docente, aunque reconoce que es más fácil vivir la disidencia en las ciudades porque quedan “muchos ambientes que son difíciles”. Con la llegada de la pequeña a la familia, experimentó un cambio: “Muchas veces he visibilizado mi realidad en las clases, sobre todo a raíz de ser padre, porque tenerla a ella... Me ha hecho mostrarme más”, como signo del cambio, como muestra de que existe y nunca más será ocultado.

Frente al intento de control: “Somos la última mierda”

La Alameda de Hércules fue el punto y final de una marcha, que transcurrió por la Ronda Histórica a causa de las obras en la ciudad, con la lectura del manifiesto por el Orgullo LGTBIQ+. En el escenario, Raúl González, de la Fundación Triángulo, apuntó directamente a la ola conservadora que intenta derribar los cimientos de una sociedad más plural y diversa: “La ofensiva internacional de la ultraderecha contra los derechos humanos, que en España representan Vox, Se Acabó la Fiesta y Aliança Catalana, entre otros. Una ofensiva que promueve el odio, legitima la violencia y señala a las personas más vulnerables”. A lo que sumó la deriva trans excluyente que “con la excusa de salvaguardar los derechos de las mujeres, pretenden imponer una agenda tránsfoba y homófoba”.

“Este es el manifiesto de las entidades LGTBIQ+ que trabajan durante 364 días al año y este manifiesto ha tenido que ser enviado al Ayuntamiento de Sevilla: estamos hartos de pedir permiso, por lo que hoy pido perdón. Veinte años de Orgullo que queríamos que fuéramos grande, grandísimos, pero no este institucionalizado, en el que las entidades LGTBIQ+ somos la última mierda”, clamó, “y probablemente el año que viene no me veáis aquí, como ocurrió el año pasado, cuando alguien decidió que prefería verme abajo, por lo que la lucha debe seguir”.

Como recordó Carmen Sivianes, del colectivo ICHTHYS: “La Constitución afirma que todas las personas somos iguales ante la ley, sin embargo, la realidad sigue demostrando lo contrario”. La identidad de género o la orientación sexual, así como la corporalidad, la situación migratoria o el estigma asociado al VIH, entre tantas cuestiones, continúan siendo una losa para el colectivo. Una losa que rompen cada vez que salen a la calle para luchar por sus derechos: “Porque no hay Orgullo sin lucha, porque no hay libertad sin igualdad, porque no habrá igualdad mientras exista discriminación”.

A su lado, Aaron García, de la asociación ILBS, recordó que para muchas personas “vivir en un pueblo o en una pequeña localidad sigue significando más aislamiento, menos recursos y mayores dificultades para ejercer derechos que deberían estar garantizados”, subrayando que “nadie debería renunciar a ser quien es por el código postal en el que nació, decidió vivir o las circunstancias le forzaron a vivir”. El llamado sexilio, que obliga al individuo a emigrar forzado por el odio y el rechazo que le rodean, lo llevó a proclamar: “Defendemos también unos servicios públicos fuertes y una fiscalidad justa que permitan financiar políticas de igualdad reales”, como en los entornos rurales en los que, apuntó, “la asistencia en materia de salud mental y sexual continúa siendo escasa”.

Cumplimiento de las leyes trans y LGTBI y nueva ley Intersex

Frente a los recortes presupuestarios, el Orgullo en Sevilla pidió “el cumplimiento efectiva de las leyes trans y LGTBI, que obligan a todo el Gobierno andaluz, no solo a una consejería”, criticó Agustín Burgos, del grupo Crezco, además de pedir a todas las administraciones “facilitar los procesos de regularización de las personas migrantes”, especialmente para aquellas del colectivo que son perseguidas.

En este sentido, Abel Guerrero, de la ONG Stop, recalcó la necesidad de aprobar una ley Intersex “que complete y fortalezca la protección de los derechos humanos de las personas intersex y sus familias”, al igual que desarrollar políticas de diversidad que lleguen a todo el territorio. En un momento en el que los delitos de odio crecieron en 2025 tanto en el conjunto del país como en la comunidad, donde se registraron un total de 295 incidentes, de los que 75 fueron por orientación sexual y de género y otros 22 por discriminación por sexo o género. En este punto, cabría señalar que el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia notificó en su último infome, en 2021, que se alcanzaron 367 incidencias, con mayor incidencia en Sevilla, Cádiz y Málaga.

Más allá de los datos, hoy mismo se produjo la detención de 12 personas, siete de ellas menores de edad, por su presunta implicación en dos agresiones homófobas ocurridas en Palencia en septiembre de 2025, apuntaron sobre el escenario. “Frente al odio, Orgullo, frente al miedo, comunidad, frente a la discriminación, derechos, y frente a quienes quieren hacernos invisibles, más visibles que nunca, porque la fiesta no solo no ha acabado, sino que acaba de empezar”, recalcó Belén Mayoral al finalizar el manifiesto.

“Todos los andaluces, sin distinción”

En los días previos a la manifestación, la Plataforma Orgullo LGTBI de Andalucía, entidad organizadora, emitió un comunicado en el que criticaba la actuación del Consistorio dirigido por José Luis Sanz (PP). Una publicación realizada por el Ayuntamiento contenía la denominación Pride Sevilla como un festejo organizado por la corporación y usaba un lema “que no tenía nada que ver” con el acordado. A su vez, se describía la marcha como “cabalgata de junio” o “feria de junio”, lo que para la plataforma supone “una falta de respeto” y “una apropiación política”.

A la petición para la retirada de la publicación también se sumó la Fundación Triángulo Andalucía, que compartió un escrito en el que subraya que “las manifestaciones no las hacen los gobiernos, sino la ciudadanía” y recordó que en 2025 “se intentó decir lo que teníamos y lo que no teníamos que decir” en la lectura del manifiesto en la Alameda. Junto a la rectificación, también pidieron “enterarse de las políticas LGTBI en el seno del Consejo LGTBI de Sevilla o al menos en el pleno municipal y no en FITUR”, aparte de aplicar la regla presupuestaria del 50%: por cada euro dedicados a grandes eventos del colectivo, al menos otro para políticas sociales.

La discrepancia entre colectivos y ayuntamientos no se da solo en Sevilla. En la provincia vecina, la Plataforma Córdoba por la Diversidad criticó duramente el enfoque del Ayuntamiento de José María Bellido (PP) y realizó su propia hoja de ruta con una manifestación para mañana domingo, adecuándose al 28J en vez de hacerlo con anterioridad el día 13. La fragmentación de la organización responde, según avanzó la plataforma, con la necesidad de recuperar el espíritu de “lucha y protesta colectiva” en las calles, más allá de la agenda lúdica municipal.

En una jornada marcada por las reivindicaciones sociales con las marchas por la vivienda en Córdoba, Cádiz y Málaga, con miles de personas clamando por soluciones efectivas para la crisis habitacional, la población andaluza sale una vez más a reivindicar sus derecho en contraposición a que el rechazo tome de nuevo las instituciones. Es más, será el mismo martes cuando el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se someta al debate de investidura en el Parlamento, donde necesitará el apoyo de Vox para validar su mayoría y dar inicio a la próxima legislatura. Sin embargo, los de Manuel Gavira y Santiago Abascal ya han avanzado que, entre sus objetivos, está la derogación de la ley trans y los recortes en materia de igualdad. En lo simbólico también marcan las distancias, como que no se presentaran en el acto de izada de la bandera del Orgullo en el Parlamento andaluz.

Al respecto, la consejera en funciones de Igualdad, Loles López, afirmó antes del inicio de la manifestación por el Orgullo que durante “los 365 días del año” ondean la bandera LGTBIQ+. Preguntada por las líneas rojas a marcar con su probable socio de gobierno, aseveró que “el presidente se ha pronunciado: queremos un gobierno que gestione para el bien de todos los andaluces y buscamos el bienestar de todos los andaluces, sin distinción”.

El objetivo de Juanma Moreno es tender puentes para ser investido en primera votación el próximo martes en el Parlamento andaluz, aunque sea a contrarreloj. El presidente autonómico en funciones aseveró que, por el momento, “no hay ningún acuerdo con Vox” y se seguirá “negociando hasta el último minuto” para lograr un nuevo gobierno “lo antes posible”. Una posibilidad a la que la ultraderecha responde: “Estamos discutiendo todas las medidas y el objetivo es tener un buen acuerdo que beneficie a todos los andaluces”.

Así se pronunció el candidato a la Junta de Andalucía en declaraciones a los medios en Almonte, Huelva, donde coincidió este viernes en el interior de la ermita del Rocío con el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira. “Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros”, manifestó en referencia al hecho de que el 30 de junio se someterá a la primera votación del debate de investidura ante el pleno del Parlamento y se desconoce en este momento si contará con los votos suficientes para alcanzar la mayoría absoluta que se requiere, para lo que necesita los votos de Vox.

A su salida de la ermita, Moreno adelantó que “no hay ningún acuerdo a día de hoy” con los de Abascal. “Andalucía es una comunidad suficientemente importante para que no demoremos la acción del gobierno”, ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que su intención es que “haya gobierno lo antes posible”: “Pero no depende de nosotros y, por tanto, vamos a seguir dialogando hasta el último minuto”.

“Cuando toque”

Por su parte, Manuel Gavira afirmó que “la voluntad de trabajo de las partes es positiva”, pero “luego hay que poner las intenciones de uno y de otro en un documento, y en eso es en lo que estamos”. Al contrario de lo que ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde los plazos se han alargado durante meses, parece ser que el objetivo de ambos partidos es alcanzar un acuerdo en tiempo récord. Al respecto, afirmó que estos gobiernos autonómicos “tienen buenos acuerdos, y nosotros queremos trasladarlos a la Junta de Andalucía”.

Entre las materias comprometidas, el líder de Vox atendió que el acuerdo “pasa por la defensa del campo, la bajada de impuestos, la prioridad nacional en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda”, pese a que el PP ya ha mostrado sus reticencias con respecto a la viabilidad y utilidad de las medidas que discriminan a los solicitantes por nacionalidad.

En este sentido, Gavira afeó que el PP dejara “pasar 12 días antes de hablar con Vox” y que ahora estén “con las prisas del PP hablando de los presupuestos”. “Vamos a ver si de aquí al lunes o al martes se llega a un acuerdo, si no, pues de aquí al jueves de la semana que viene, que es cuando se repetiría la votación y, si no, cuando toque”.

Hace tres días, el Gobierno central anunciaba un real decreto de financiación a la dependencia que supondrá una fuerte inyección económica para las comunidades autónomas: 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 con el propósito de llegar al compromiso de financiación del 50%, tal y como marca la ley. En Andalucía, el montante económico se situaría en los 954 millones de euros, que se dividiría en 317,9 millones para este ejercicio y 635,8 millones de euros para el próximo año, según las fuentes gubernamentales consultadas por este medio, que quedaría en manos de la Junta de Andalucía para reforzar el sistema.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) lograría mayor robustez para alcanzar a las 1,6 millones de personas registradas en todo el país, de las que 352.209 personas están en Andalucía con prestaciones reconocidas a razón de la cifra publicada por el Imserso el 31 de mayo. El incremento de la cuantía que reciben los gobiernos autonómicos por cada persona era uno de los compromisos marcados en la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar. Una ampliación que entrararía en vigor, previsiblemente, a partir del 1 de julio, por lo que la dotación aumentaría un 128% en grado III (gran dependencia), que subirán de 290 a 660 euros al mes por persona; un 100% para aquellas en grado II (dependencia severa), donde se duplica de 130 a 260 euros; y el grado I (dependencia moderada) quedaría en un 18%, ya que aumenta de 76 a 90 euros.

El real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, deberá pasar por el Congreso, una propuesta que vendrá acompañada por la ley de discapacidad y de dependencia. Con estos datos, la Junta de Andalucía recibiría 318 millones de euros más en 2026 y 636 millones en 2027. En total, como adelantan las fuentes consultadas, la aportación estatal a la dependencia andaluza será de más de 957 millones de euros en 2026 y de más de 1.200 millones de euros el curso siguiente. Una suma que, de no haberse aprobado tal medida, se hubiera quedado en alrededor de 639,7 millones de euros.

Esta aportación de dinero público se realiza para cubrir las cuantías que el Estado por cada persona con grado reconocido, en la que no se incluye la inversión adicional que supone el nivel acordado. Esta cantidad, adelantan las fuentes consultadas, se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD el próximo lunes 29 de junio.

49.513 personas en espera en Andalucía

El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia indicó en mayo que la “falta de incremento presupuestario” por parte del Ministerio en los tres últimos años, que no mantuvo la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque para el trienio entre 2021 y 2023 suponía una “clara ralentización” del aparato administrativo a la hora de atender a los usuarios. Es más, en este último mes la lista de espera aumentó en 7.293 personas y, en total, hay 265.503 en todo el país, aunque el gráfico ha disminuído desde 2022 cuando había 332.062 personas sin respuesta.

En el caso de Andalucía, hay 49.513 personas en espera, solo por detrás de Cataluña (80.827 personas) y, si bien los tiempos se redujeron en 50 días y aumentó el reconocimiento al derecho a la dependencia en un 3,3%, uno de los mejores valores estatales, la media para obtener una resolución continúa siendo de las más altas del país y se queda en los 446 días, más de un año. A lo largo de estos cinco primeros meses, fallecieron en la comunidad 2.204 personas pendientes de una resolución de grado y de PIA.

El acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco firmado en abril del año pasado ha servido como telón de fondo para esta apuesta en la dependencia. En la Comisión Mixta del Concierto Económico se aprobó la financiación 50-50, una medida que ahora se extiende al resto del territorio, tal y como reclamaba la ahora consejera en funciones de Inclusión Social, Loles López. No obstante, el Gobierno andaluz ha afirmado en más de una ocasión que aporta más recursos que el Estado en la financiación del sistema de dependencia, pero los informes del Imserso y de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) desmienten tales sentencias.

Andalucía es de las comunidades con mayores fondos por parte del Gobierno central, recibiendo un 34,90% en 2024 (a falta de los datos consolidados de 2025), por encima de País Vasco (15,07%), Madrid (27,23%), Cataluña (22,59%), aunque estos porcentajes disminuyeron levemente en comparación con 2023. Sin embargo, el análisis de FOAM puntualiza que la comunidad ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB en las cuentas autonómicas entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue estando por debajo de la media nacional: 7.173 euros frente a los 8.631 euros. Ahora, con la vista fijada en cumplir con la Ley de Dependencia de 2006 y la cofinanciación del 50%, este balón de oxígeno a las arcas públicas revertirá en mayores recursos para la población andaluza.

El nuevo proyecto en los corralones de Castellar traerá consigo un hotel de cuatro estrellas con un rango de entre 75 y 90 habitaciones y 29 viviendas libres, por lo que se incrementaría la edificabilidad del solar en un 150%. Estos nuevos detalles sobre el reordenamiento del espacio los ha dado el grupo municipal del PSOE, que tilda de “pelotazo urbanístico” al trámite iniciado por la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. en enero tras registrarlo en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla. Ante el peligro que entraña para el patrimonio industrial, la oposición pide que se pare la “operación de especulación urbanística” y pase a titularidad pública.

A escasos metros de los números 48, 50 y 52 de Castellar, tramo vigilado por los trabajadores de la propiedad de los corralones, se encontraba Antonio Muñoz, portavoz socialista en el Consistorio. En la esquina de la calle Heliotropo que conduce a la antigua Fábrica de Sombreros se dio cita con los medios para explicar que la transacción prevista de 5 millones de euros pasará a ser de 12 millones de euros siempre y cuando se cumplan con la viabilidad económica del proyecto, es decir, que se modifique el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), tal y como avanzó elDiario.es. “El modelo del PP pasa por sacrificar los espacios culturales, también un centro educativo cuando no sobran plazas escolares, y esta seña de identidad”, aseveró, en referencia al centro educativo Calderón de la Barca.

El Plan de Reforma Interior, presentado por la oferta procedente de Huelva a fecha de 27 de enero de 2026, vendría a modificar el Plan Especial de Protección que fue aprobado en noviembre de 2013 por el Consistorio hispalense. Para ello, la memoria de la propuesta determina la necesidad de modificar el PGOU, ya que se calificaba el abordaje de las obras en las condiciones actuales de los corralones como “claramente disfuncional y antieconómico”, como comprobó esta cabecera. Además, resaltó el portavoz socialista, todas las viviendas pasarían a ser libres y ninguna se contemplaría bajo el paraguas de protegida, al contrario de lo que determina el PGOU con un mínimo de cuatro VPO, por lo que pasaría a ser una zona exclusiva en el centro histórico.

Asimismo, el socialista avanzó que se suma la eliminación de un total de 1.848 metros cuadrados de techo que el planeamiento destinaba a Servicios Avanzados. Esos metros cuadrados se trasladan íntegramente al uso residencial, permitiendo aumentar la superficie destinada a vivienda y “mejorando así las perspectivas de rentabilidad privada de la operación”, una práctica que ya se realizó en el canal de la Expo, comentó.

La seguridad de los vecinos y la continuidad del colegio

En un comunicado, Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Consistorio hispalense, rechazó las palabras de Muñoz sobre la actuación en los corralones. “No se va a permitir ninguna actuación que ponga en riesgo la seguridad de los vecinos ni la continuidad del colegio Calderón de la Barca”, a lo que añadió que “cualquier decisión urbanística que afecte a esta parcela tendrá como condición innegociable garantizar que el Calderón de la Barca siga funcionando con normalidad”.

En cuanto al trámite, la Gerencia de Urbanismo está valorando en estos momentos “la posibilidad de expropiar los corralones” como vía para garantizar tanto la seguridad del entorno como la continuidad del centro educativo. Junto a ello, achacó la situación actual como resultado de “ocho años de abandono y dejadez por parte del PSOE”: “Es una herencia que nos hemos encontrado y de la que nos haremos cargo”. No obstante, señaló “la complejidad” en la manera de abordar el entorno de los corrales, afirmando que “se han producido ocupaciones irregulares completamente ajenas al colegio que generan problemas de convivencia” y culpando a la Ley de Vivienda del Gobierno central, pese a que varios de los artesanos entrevistados por este medio demostraban tener su alquiler en regla.

Queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz

Por su parte, Muñoz reiteró que “la mejor manera de quitar esa espada de Damocles es que los corralones se conviertan en un espacio público”, criticando que la transacción “vaya a contar con el visto bueno de Sanz”. Por ello, exigen paralizar el expediente, evaluar económicamente el terreno que comprenden las tres fincas y proceder a la compra o expropiación para pasarlas a titularidad y gestión pública. No obstante, el tiempo corre en contra. El acuerdo de compraventa entre Arenas de la Bellida y la propiedad se dio en junio de 2023 y tiene un periodo de tres años de vigencia, momento en el que la compañía ha presentado el Plan de Reforma Interior al Ayuntamiento para valorar si, finalmente, se podrá ejecutar el proyecto urbanístico.

En la actualidad, la propuesta debe pasar primero por la Junta de Gobierno, una vez aceptado este trámite estará en exposición pública y, finalmente, se habría de aprobar en el pleno municipal. Antes de dar cualquiera de estos pasos, Muñoz pide que el Gobierno de Jose Luis Sanz no admita las tramitaciones y se deje “morir” el expediente que afecta al ámbito Castellar-Dueñas, incluido en el sector San Andrés-San Martín del conjunto histórico. En paralelo, el socialista aseguró que se ha reunido con alguno de los vecinos afectados, con quienes presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y, también, escalarán a Bruselas. Además, en septiembre presentarán una moción para que el alcalde “no esté de perfil” frente a la degradación del complejo industrial.

La polémica viene de muy atrás. En 2006 fue cuando la Plataforma de Artesanos y Artistas del Casco Antiguo (PACA) denunciaba el desalojo de varios propietarios, una práctica que continúa a día de hoy en los corralones de Castellar, donde las amenazas y los desalojos han motivado las denuncias por parte de varios trabajadores que estuvieron en los talleres desempeñando su oficio durante décadas. El movimiento intentó negociar un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, justamente para que la propiedad pasara a manos públicas, pero la crisis económica y la pérdida del interés en la reformulación del espacio hizo que la propuesta quedara en agua de borrajas.

Preguntado por estas conversaciones infructuosas, Muñoz ató su elección como alcalde en las elecciones municipales de 2027 al futuro de los Corralones: “Esperamos que esta culminación no se dé antes del mes de mayo” y se comprometió a dar este “equipamiento cultural” al barrio para que permanezca “como una seña de identidad”. La presión política llega casi un año después de que la artista y programadora cultura Estefi Yeah denunciara a la Policía Nacional una agresión a las puertas de los corralones .

La propiedad, a día de hoy, está dividida entre 62 propietarios y, fruto de las herencias, tienen porcentajes de reparto que oscilan entre el 0,6% y el 2,8%. Es decir, cantidades que, aunque parezcan irrisorias, son significativas a la hora de acordar la venta completa del inmueble. En este entramado, cabe destacar que Arenas de la Bellida ya entró en el reparto en el año 2023, cuando adquirió el 66% de la propiedad.

El salario medio en Andalucía crece en 2024 un 4,1% con respecto al año anterior, sin embargo, sigue muy lejos de la media nacional y la brecha salarial con relación al conjunto del país alcanza el 13,2%, aumentando un 1,2% en comparación a 2023. Un trabajador andaluz recibe de media un suelto bruto anual de de 26.090 euros, es decir, 2.174 euros en 12 pagas. En cambio, la media española creció un 5,3% a lo largo del ejercicio anterior, por lo que la retribución media fue mayor y alcanzó los 29.540 euros, alrededor de 2.462 euros brutos. Pese al empujón económico, el encarecimiento del precio de la vivienda o del alquiler siguen superando los valores salariales en la comunidad.

El Informe sobre la encuesta de estructura salarial de 2024 en Andalucía, publicado este miércoles por CCOO a partir de los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), da una vista panorámica sobre el estado de los sueldos en la autonomía, que se encuentra solo por delante de Castilla-La Mancha (26.062 euros brutos anuales de media), Canarias (25.120 euros) y Extremadura (24.979 euros), mientras que País Vasco (35.170 euros), Madrid (34.410 euros), Navarra (32.605 euros) y Cataluña —con 8,2 millones de habitantes, población similar a la andaluza— (31.730 euros) lideran el listado.

De todas las provincias andaluzas, Jaén se sitúa con el peor dato debido a que su salario medio se sitúa en torno a los 17.792 euros brutos anuales. Al respecto, Silvia de la Torre, secretaria general de CCOO en el territorio, criticó que “la coyuntura actual es de crecimiento económico y no de crisis, por lo que bajo ningún concepto se pueden seguir tolerando salarios de mera subsistencia”. La escalada de precios tanto en la compra de una nueva vivienda como en el aumento de los alquileres de nuevas contrataciones afecta al análisis, ya que, como marca el Índice de Precios de Vivienda (IPV) y el Índice de precios de la vivienda en alquiler, hay un encarecimiento del 10,4% con respecto a 2023, mientras que el arrendamiento creció un 8,5%. Dos cifras que se encuentran por debajo del 4,1% salarial.

Brecha salarial de género y por edades

A la brecha salarial entre comunidades habría que añadir la de género. En Andalucía, el salario medio de los hombres fue de 17,32 euros la hora, por el contrario, las mujeres fue de 16,22 euros. Una barrera del 6,8% que supone un aumento de dos décimas más que en 2023, tal y como señala el informe sindical. En términos de media, el salario anual bruto para los varones es de 28.296 euros y para las féminas de 23.679, lo que representa una diferencia del 19,5%. Además, las mayores diferencias se dan entre los salarios más bajos referentes al 25% de la población, cuya separación es del 33%: un hombre andaluz cobra de media 17.907 euros y una mujer 13.513 euros.

En cuanto a los grupos de edad, la mayor diferencia salarial con la media nacional se encuentra entre las edades de 25 a 34 años, donde los salarios en Andalucía tendrían que aumentar un 22%, ya que cobran 20.580 euros cuando la media en España es de 25.103 euros. El resto de franjas quedaría de la siguiente forma: los andaluces con menos de 25 años, con 13.782 euros (decrecimiento del 0,1% y diferencia con la media estatal del 9,8%); de 35 a 44 años, con 25.132 euros (aumento del 5,4% y diferencia del 17,5%); de 45 a 54 años, con 28.906 euros (aumento del 3,2% y diferencia del 11,4%); y, por último, más de 55 años, con 30.485 euros (aumento del 3% y diferencia del 5,1%).

Barreras por nacionalidad y sectores

Asimismo, la Encuesta de Estructura Salarial del INE analizada por CCOO muestra la diferencia salarial según la nacionalidad. De esta forma, una persona con nacionalidad española en Andalucía recibe unos 26.337 euros anuales. Sin embargo, una persona extranjera recibe 22.063 euros al año, aunque la tendencia durante 2024 haya sido a mejor, ya que ha habido un aumento del 4,1% y 6,5% en cada caso. Una cuestión que, desde CCOO, atribuyen a la reforma del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por último, entre 2023 y 2024 el sector de la construcción fue el que más incrementó los salarios medios, situándose en los 24.529 euros, un 4,4% más que en 2023. Pese a ello, sigue siendo una de las áreas con menor remuneración: 21.641 euros. Por encima está el sector servicios, con 25.779 euros (4,2% más) y la industria, con 29.616 euros (3,9% más). En el resto de sectores, la media es de 26.090 euros brutos anuales.

Los representantes sindicales reclaman “derecho al trabajo, derecho al techo y derecho al tiempo para disfrutar de una calidad de vida”, insinuando que, en caso, contrario, este 2026 se verá abocado “a una alta conflictividad laboral”. Entre las prioridades de las organizaciones está alcanzar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un documento clave para las subidas salariales y aminorar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto en el que ya no solo el mercado inmobiliario está tensionado, sino que la inflación afecta a la compra de los bienes más básicos.