La familia de Kerman Villate, el joven de 31 años fallecido a las puertas de la discoteca Mítika de Vitoria el pasado mes de febrero tras la agresión que sufrió por parte de un portero del local, ha mostrado su “profunda preocupación y desasosiego” ante el auto de la Audiencia Provincial de Álava que concede la libertad provisional bajo fianza del acusado. La misma sala, en otra resolución, ha dado la razón a la Fiscalía, que pedía calificar inicialmente los hechos como “homicidio imprudente” y no como crimen “doloso” o “asesinato”, aunque cabe una revisión por parte del Supremo y la instrucción sigue abierta.

En un comunicado, recogido por Europa Press, los familiares de la víctima han lamentado que la resolución judicial “minimiza la gravedad de los hechos y presenta serias deficiencias en la valoración de las pruebas”, en aspectos como “la autopsia, la secuencia de la agresión, la indiferencia con la que el asesino abandona la escena y la conciencia de la letalidad de un puñetazo de esa naturaleza”. En este sentido, ha cuestionado que la Audiencia Provincial considere que el agresor no podía prever que su puñetazo podría resultar mortal, a pesar de que se trató de “un golpe directo a una zona extremadamente delicada”.

En su opinión, no se valoran adecuadamente elementos esenciales como la fuerza del golpe, la parte del cuerpo afectada y las consecuencias inmediatas, ya que el golpe a la mandíbula del joven “provocó su desvanecimiento inmediato, la ruptura de su mandíbula superior e inferior”, así como “proyección de fragmentos de hueso que se le incrustaron en la lengua”. A juicio de la familia del fallecido, el ataque se produjo de forma “súbita y violenta, dirigida a una zona vital, sin provocación por parte de la víctima, y mediante engaños y aislamiento social”, ya que el joven “estaba situado en la zona que le dijeron los porteros esperando a entrar en breve, tal como le habían referido las personas con autoridad delegada en control de acceso”.

Además, han denunciado que la agresión se produjo “con pleno control de la situación por parte del agresor, y en un espacio previamente identificado como conflictivo y delictivo por otras víctimas, usuarios y cuerpos policiales, cuya actividad fue incomprensiblemente permitida por las autoridades políticas y policiales locales”. Por todo ello y a su entender, el auto “omite datos fundamentales” que demuestran la gravedad del ataque, seleccionando solo información parcial que facilita una “calificación más leve” de lo que corresponde.

También ha cuestionado la “falta de análisis sobre la alevosía” de la resolución, una circunstancia que “no estudia de forma seria, a pesar de que ha sido reconocida incluso por el fiscal en su última comparecencia ante el juez instructor”. “La no consideración de este elemento clave debilita la resolución y deja sin respuesta un elemento que podría haber mantenido el caso ante un tribunal del jurado”, ha lamentado. Por otra parte, ha reprobado que el auto presenta la huida inmediata del agresor como un “modo de proceder no escrito” de los porteros. “Huir tras una agresión, dejando a la víctima en estado crítico, nunca puede considerarse normal ni justificable”, ha censurado.

La familia del joven fallecido ha explicado que la autopsia establece que “el golpe homicida provocó un grave traumatismo facial, desencadenando todas las demás lesiones”, para cuestionar que poner el énfasis en otras “concausas”, como hace el auto, “constituye un intento de minimizar la gravedad del ataque”. También ha criticado que la resolución judicial afirme que “es muy difícil que un hombre medio pudiera representarse el resultado de la muerte de forma previa”, una afirmación, a su juicio, “sorprendente por su desatino”, ya que “es de conocimiento público que el agresor posee características físicas extraordinarias y una fuerza muy superior a la de una persona normal, por lo que resulta perfectamente razonable pensar que un golpe suyo podría desencadenar una serie de circunstancias con consecuencias fatales”.

Para la familia, la decisión de dejar en libertad al agresor con la “irrisoria” fianza de 6.000 euros, además del “profundo daño moral” que le provoca, resulta “completamente desproporcionado respecto a la gravedad de los hechos y la pena que, en cualquier caso, le correspondería”. También critica que esta puesta en libertad que supone “un riesgo evidente de fuga, dada la escasa entidad de la fianza impuesta”. Tras este auto de la Audiencia Provincial de Álava que no es firme, la familia ha anunciado que estudia la presentación de un recurso de casación ante el Supremo, así como otras medidas legales, con el objetivo de “corregir las deficiencias” que entienden se dan en la resolución.

La Audiencia Provincial de Álava ha aceptado el recurso de la Fiscalía y ha accedido a rebajar a “homicidio imprudente” la tipificación provisional del crimen bajo investigación de Kerman Villate, un joven de 31 años golpeado por un portero de la discoteca Mítika del centro de Vitoria en una noche de fin de semana de comienzos de 2025. En otra resolución paralela, la misma sala ha entendido que la rebaja de la calificación comporta también una posible pena de cárcel mucho menor y ha accedido a la finalización de la prisión preventiva.

La familia ha encajado con enfado ambas decisiones -solamente se conoce su sentido, no las resoluciones completas-, pero no es el final del camino para este caso. Por un lado, tienen capacidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que se vuelva a abrir la puerta a la calificación de “homicidio doloso” o incluso de “asesinato”. Las fuentes consultadas dan por hecho que continuarán peleando. Por otro lado, la instrucción sigue abierta y hay posibilidad de que se incorporen al sumario nuevos elementos que puedan volver a situar el caso en esa dimensión.

Con un posible caso “doloso” o “asesinato”, además de que la condena se iría incluso hasta los 22 años, el juicio sería por jurado. Este formato, además, no impide que el fiscal, Josu Izaguirre, pueda defender hasta el final su postura de que no hubo intencionalidad en el crimen. Sin embargo, si la calificación inicial es de “imprudencia”, además de quedar residenciado el expediente ante un tribunal profesional, las acusaciones no podrían elevar la tipificación y la familia, por lo tanto, no podría sostener que fue un “asesinato”.

El magistrado instructor, Álvaro Silván Hernández, en un auto, sí vio base para celebrar un juicio por el tipo penal más agrava. Habló de al menos un “dolo eventual” y explica que el imputado tenía una “complexión muy fuerte, de aproximadamente 145 kilomgramos”, y que “era conocedor” de que un golpe suyo propinado a una persona “media” podría “con probabilidad rayana en la certeza” generar “un resultado incompatible con la vida”. “Noqueó directamente a la víctima, cayendo bocabajo o de lado contra el suelo”, abunda sobre los hechos acaecidos en la entrada exterior del local, en el centro comercial Dendaraba. Por su fuerza, “un golpe del investigado puede ser equivalente o incluso más gravoso que un golpe con un arma u objeto contundente”. Además, se añade que después del impacto “no acudió rápidamente a socorrer a la víctima”. “Huyó hacia el interior del local rápidamente”, se precisa.

La Fiscalía, por el contrario, ha venido defendiendo que no ha quedado acreditado el “ánimo” de matar del portero, el elemento clave para la tipificación de los hechos como un crimen deliberado. Apoyado en la autopsia, insiste en que el golpe que le propinó al joven fallecido no fue la causa única del óbito, ya que se sumaban también su estado de embriaguez y la mala caída, que le causó en última instancia incapacidad para respirar. La familia de Villate lleva meses denunciando el mal trato institucional y también ha encajado con disgusto estas consideraciones.

La sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), compuesta por el propio presidente, Iñaki Subijana, y por los magistrados Nekane Bolado y Manuel Ayo, ha ratificado en un fallo muy reciente al que ha tenido acceso este periódico una condena en primera instancia de dos años de prisión y 3.000 euros de responsabilidad económica a un varón por corrupción de menores. Ha quedado acreditado que el acusado usó una supuesta asociación de captación de futbolistas procedentes de África y América para clubes europeos y que tenía sede en Vitoria, F5 Sport Arena, para ofrecer “trabajo” a una mujer que en el momento de los hechos, 2021, era menor de edad. En la entrevista, le ofreció alcohol y dinero a cambio de fotografías, vídeos y prácticas sexuales. La Fiscalía, sin éxito, intentó con un recurso elevara la calificación de lo sucedido por su gravedad.

Los hechos se produjeron en enero de 2021. La supuesta oferta de trabajo era para “promoción” de la agencia de captación de futbolistas, particularmente en redes sociales. La víctima principal acudió con una amiga. El varón, mayor de edad, recogió a las mujeres en la estación de autobuses de Lakua y las trasladó en una furgoneta a un pabellón en Ali-Gobeo, la oficina de F5 Sport Arena y que estaba a las afueras de la capital. Allí, “sabiendo en todo momento” que al menos una de ellas era menor de edad, les sirvió alcohol y les ofreció una elevada suma de dinero a cambio de contenidos sexuales que fueron grabados en su teléfono móvil. Después, se produjo un acto sexual aunque la sentencia, pese a tratarse una menor, refiere que “no consta acreditado que tuviera su capacidad de consentir anulada”. En febrero hubo otra sesión similar en el mismo lugar.

Se da la circunstancia de que la joven ya había sufrido en el pasado una agresión sexual de un “familiar cercano” y tenía una “problemática” de “vulnerabilidad social”, según está acreditado en las actuaciones y por una trabajadora social. El tribunal, sin embargo, estimó que la incidencia en la adolescente de estos hechos fue “leve” y recalca que el varón nunca supo estos antecedentes.

El caso se elevó de la Audiencia Provincial de Álava al Superior por dos recursos. Por un lado, la defensa del acusado pedía la rebaja de la pena, su absolución. ¿Por qué? Sostenía que no había pruebas más allá de los testimonios de la víctima, su amiga y otras personas del entorno. Por otro lado, la Fiscalía pedía una reevaluación de los tipos penales aplicados. El fiscal Josu Izaguirre, por ejemplo, citaba el artículo 182 del Código Penal vigente entonces, antes de la reforma conocida como 'sí es sí' y que recogía textualmente como un delito adicional el “engaño o abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima” cuando tuviera entre 16 y 18 años, como era el caso. Además, lamentaba que el tipo sí aceptado, el de corrupción de menores, con penas de entre uno y cinco años, se aplicase en la mitad inferior. Izaguirre destacaba que la “insistencia”, las prácticas sexuales “completas” o que intentara captar a otras menores eran agravantes más que suficientes. Pero su tesis no cristalizó.

Una de las claves del caso es que el acusado, cuando iba a ser detenido por la Policía en el pabellón de F5 Sport Arena, tiró por el inodoro el teléfono móvil en el que tenía los archivos grabados. La defensa lo emplea para recalcar que no hay pruebas de cargo sobre los hechos que se le imputaban. Pero sostiene el Superior que es “significativo” que intentara destruir el aparato y apela a un llamativo precedente para afirmar que eso es un indicio sólido de culpabilidad. Los magistrados Subijana, Bolado y Ayo apuntan que el Tribunal Supremo, en un auto intermedio del caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, determinaron que “esa actitud de intentar destruir las piezas de convicción o borrar datos de los móviles” es un “indicio a tener en cuenta para valorar la culpabilidad del acusado”.

En este caso, ni la Guardia Civil ni la Ertzaintza lograron rescatar la información, pero tanto en primera como en segunda instancia se ha considerado que el resto de pruebas “periféricas” son suficientes para dar verosimilitud total al testimonio de la víctima. Principalmente porque hay otras conversaciones de WhatsApp que confirman que estuvo en el pabellón, que había fotografías y que mantenían conversaciones sobre asuntos sexuales. “Efectivamente, el acusado en esa primera cita grabó un vídeo y realizó unas fotografías de contenido sexual a la menor”, se puede leer en la más reciente de las sentencias. La sala también se pronuncia sobre la cantidad indemnizatoria, 3.000 euros. Es un daño moral “leve” y se fundamenta en que la menor se sintió “sucia” tras lo ocurrido, expone el fallo, pero la constatación de que se agravó su “vulnerabilidad”.

La pena impuesta incluye otras accesorias. Por ejemplo, una orden de alejamiento de 200 metros y prohibición de comunicaciones con la víctima durante tres años, dos años de libertad vigilada tras salir de la cárcel -aunque es probable que no haya ingreso porque todas las condenas de dos años o inferiores no se ejecutan si no hay antecedentes u otros motivos excepcionales-, cuatro años de prohibición de empleos u ocupaciones con menores y cuatro años también de imposibilidad de ejercer la patria potestad.

La Fiscalía y los abogados del portero de la discoteca Mítika que golpeó a un cliente el pasado mes de febrero -Kerman Villate, de 31 años, que falleció como consecuencia de estos hechos- han recurrido su procesamiento por un presunto delito de “homicidio doloso” o “asesinato con alevosía”, con posibles penas de entre 10 y 22 años de prisión. El ministerio fiscal, según fuentes judiciales, insiste en que se trató de un “homicidio imprudente”. La Audiencia Provincial de Álava tendrá la última palabra y su decisión dilucidará si el juicio se celebra con jurado -como exige la ley para los casos de asesinato- o por un magistrado profesional.

El fiscal del caso, Josu Izaguirre, sostiene que no ha quedado acreditado el “ánimo” de matar del portero, el elemento clave para la tipificación de los hechos como un crimen deliberado. Apoyado en la autopsia, insiste en que el golpe que le propinó al joven fallecido no fue la causa única del óbito, ya que se sumaban también su estado de embriaguez y la mala caída, que le causó en última instancia incapacidad para respirar. La familia de Villate lleva meses denunciando el mal trato institucional y también ha encajado con disgusto estas consideraciones. En una vistilla celebrada en septiembre, la Fiscalía también se opuso al juicio con jurado por los mismos motivos.

El caso ha sido investigado por el juez instructor de Vitoria Álvaro Silván Hernández. En un auto, ha determinado que sí hay base para celebrar un juicio por el tipo penal más agravado y que, por lo tanto, podría comportar elevadas penas de prisión. Habla de al menos un “dolo eventual” y explica que el imputado tenía una “complexión muy fuerte, de aproximadamente 145 kilomgramos”, y que “era conocedor” de que un golpe suyo propinado a una persona “media” podría “con probabilidad rayana en la certeza” generar “un resultado incompatible con la vida”. “Noqueó directamente a la víctima, cayendo bocabajo o de lado contra el suelo”, abunda sobre los hechos acaecidos en la entrada exterior del local, en el centro comercial Dendaraba de Vitoria. Por su fuerza, “un golpe del investigado puede ser equivalente o incluso más gravoso que un golpe con un arma u objeto contundente”. Además, se añade que después del impacto “no acudió rápidamente a socorrer a la víctima”. “Huyó hacia el interior del local rápidamente”, se precisa.

Prospere o no el recurso, la Fiscalía podría mantener en todo momento su tesis de que fue un “homicidio imprudente”, incluso ante un jurado. Sin embargo, a la contra, si la Audiencia Provincial atiende la supresión de la etiqueta de “asesinato”, la familia tendría que aquietarse a ese criterio en un juicio penal ordinario. En el caso, se señala también como posibles responsables civiles a dos empresas, la que explotaba la discoteca, Niecor, y la que gestionaba la seguridad, Le Basque Team.

Por el momento, el procesado continúa en prisión preventiva. Fuentes judiciales indican que recientemente la defensa ha solicitado también su puesta en libertad, pero apuntan que esto ha sido ya denegado porque se mantienen los mismos niveles de riesgo que motivaron el encarcelamiento provisional. Aquí la familia sí ha contado con el respaldo de la Fiscalía. Otro fiscal se opuso a la petición de los abogados del portero de la Mítika, siempre según las fuentes consultadas.

Un juez de Vitoria ha determinado que un jurado popular emita veredicto de culpabilidad o inocencia sobre el fallecimiento en febrero del joven Kerman Villate, de 31 años, tras recibir un golpe del portero de la discoteca Mítika del centro comercial Dendaraba de Vitoria, según ha podido saber este periódico. Esto es así porque, inicialmente, los hechos se han tipificado como “homicidio doloso” o “asesinato con alevosía”, con posibles penas de entre 10 y 22 años de prisión para el agresor. La Fiscalía, en cambio, entendía que fue un “homicidio imprudente”, penado con un máximo de cuatro años de cárcel, y que, por lo tanto, debería ser juzgado por un tribunal profesional ordinario. La resolución no es firme y caben recursos.

El magistrado Álvaro Silván Hernández, titular del juzgado de Instrucción 3 de Vitoria y de actualidad por su papel en el caso de las denuncias de posibles casos de violencia sexual en el campamento con menores de Bernedo, celebró en septiembre una vistilla para escuchar a las partes una vez finalizada la investigación. Finalmente, según una resolución dictada en las últimas horas y notificada este jueves, se atiende el criterio de la familia de interpretar lo sucedido como un acto voluntario y premeditado frente a la tesis sostenida por el fiscal del caso, actualmente Josu Izaguirre, que “dejó rota” a la familia, que ha hecho pública en varias ocasiones su desazón por la respuesta que están recibiendo desde las diferentes instituciones.

La normativa establece que ese tipo de delitos han de ser juzgados mediante un jurado y así será en los próximos meses, aunque todavía no hay una fecha cerrada a expensas de los recursos. La instrucción ha sido ágil en comparación con otros procesos judiciales en Vitoria. De cara a las vistas, si se confirma que se tramitará con jurado, las partes tendrán posibilidad de vetar a algunos candidatos y serán quince las personas elegidas para emitir un veredicto. De la sentencia sí se encargaría un magistrado de la Audiencia Provincial. Antes, las partes deberán presentar sus escritos de calificación. La Fiscalía, técnicamente, podría insistir en el “homicidio imprudente” incluso aunque el caso vaya a jurado.

Esta resolución, no obstante, es recurrible ante la Audiencia Provincial. Si prosperaren los posibles recursos y se rebajara la calificación a “homicidio imprudente”, las partes no podrían sostener una petición superior en aplicación siempre de las garantías procesales de la que gozan los imputados en la vía penal.

Los hechos se produjeron en febrero, en una noche de sábado a domingo, en un local del centro de Vitoria que luego quedó clausurado durante varios meses y que ahora ha reabierto con otro nombre. El detenido fue enviado a prisión provisional. En marzo, después del crimen, este mismo portero fue juzgado y luego absuelto por otra denuncia de agresión física cuando trabajaba para otro local, el Glass. Son hechos de 2023. El Departamento de Seguridad, en todo caso, le revocó al imputado 'a posteriori' la habilitación administrativa para trabajar en los controles de accesos.

La familia, en este tiempo, ha sido muy activa en denunciar las “negligencias institucionales” que, a su juicio, propiciaron lo sucedido. “Una mínima asunción de responsabilidad institucional por su asesinato es lo menos que merece nuestro hijo”, escribieron en una carta. Han puesto mucho énfasis, por ejemplo, en que una agente de la Policía Local envió advertencias sobre agresiones anteriores protagonizadas por quien ahora será juzgado. Esta semana se ha conocido que el Ayuntamiento ha archivado sin consecuencias la investigación interna abierta en abril a la luz de esos datos. También se han quejado de falta de interés de la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. El caso ha propiciado que el Departamento de Seguridad haya iniciado una modificación de la normativa de habilitación de este tipo de personal en locales de ocio nocturno.

Los servicios antiterroristas de la Ertzaintza elaboraron el 12 de marzo de 2004 un informe “secreto” con el código 101L0400250 y bajo el título “Repercusiones del atentado de Atocha” en el que explicaban que el Gobierno de José María Aznar movilizó a los espías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Euskadi “para buscar informaciones que relacionaran a ETA” con la autoría de la masacre ocurrida en Madrid 24 horas antes. Un confidente de la Policía vasca en la capital de España trasladó que el Ejecutivo del PP estaba “intentando por todos los medios relacionar a ETA con los árabes hasta después de las elecciones” generales, que iban a tener lugar 48 horas después. “Si esto no se conseguía, todos se iban al paro”, se puede leer en el documento confidencial al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi y que evidencia que las maniobras para manipular a la opinión pública se pusieron en marcha inmediatamente después del ataque.

El informador, con apodo 'Zulo', tenía la calificación más alta como fuente en la base de datos de la Unidad de Información y Análisis (UIA, las siglas que tenía por entonces el equipo antiterrorista de la Policía vasca que también ha sido AVCS, DAI o ahora OCI). La Ertzaintza, al menos en aquella época, manejaba una escala de tres niveles para clasificar a sus confidentes: 'A' para los mejores, 'B' para los intermedios y 'C' para las menos fiables. 'Zulo' era del tipo 'A'. En cuanto a la “fiabilidad” de las revelaciones, medida también en la escala de 'A’, ‘B’ y ‘C', recibió una 'B' porque “la información habría que trabajarla un poco más”.

El reporte está escrito íntegramente en mayúsculas, que es cómo trabajaba la UIA. Está elaborado a las 10.15 horas del 12 de marzo, con prisa, a tenor de los abundantes errores de redacción. El más relevante, que obligó a hacer una corrección posterior, es que llamaba “Alkaeida” a “Al Qaeda”, la organización yihadista más activa en aquella época, que arrancó dos años y medio antes con el 11S en Estados Unidos. Por aquel entonces, la UIA estaba volcada en la lucha contra ETA y su entorno, y tenía nula especialización contra este tipo de terrorismo. Años después, ya reconvertida en OCI, ha ido evolucionando e incorporando nuevos perfiles de analistas y fuentes. Hay ya agentes que dominan el árabe, por ejemplo.

¿Qué dice el informe confidencial? La Ertzaintza explica que, “tras el atentado de Atocha, personas relacionadas con el CNI en Gasteiz fueron movilizadas para buscar informaciones que relacionaran a ETA con Alkaeida [sic]”. La Policía vasca indica que “estas personas”, es decir, los servicios secretos españoles y, por lo tanto, el Gobierno, “sabían desde el mediodía” del 11M que “había un coche con explosivos y algún documento árabe” –en referencia a la furgoneta localizada en Alcalá el mismo día 11 con siete detonadores y una cinta con versos coránicos– no pistas que condujeran a ETA. Era tal el interés por buscar nexos que, “según transcurría el día, empezaron a buscar una página web de origen italiano que podía comentar la relación de ETA con organizaciones árabes”, recoge el informe.

El CNI contactó con 'Zulo' a las 20.00 horas del 11 de marzo de 2004, el mismo día del atentado. Hablaron “varias veces”. El confidente, que también tenía contactos en la Guardia Civil, reportó después a la Ertzaintza: “El Gobierno de Madrid [en referencia al de España] está bastante odido [sic] porque sabían que no había sido ETA y sí Alkaeida”. “Había que intentar por todos los medios relacionar a ETA con los árabes hasta después de las elecciones, ya que si esto no se conseguía, todos se iban al paro”, se puede leer también el documento. Los servicios secretos llegaron a pedir a su interlocutor que, en su trabajo, hiciera lo posible por difundir la tesis de la autoría de ETA o, al menos, sobre la relación con “los árabes” de la organización vasca. “Había que crear confusión hasta después de las elecciones ya que había mucho en juego”, se indica también.

El hecho de que el Gobierno de Aznar señalara a ETA motivó que el lehendakari, entonces Juan José Ibarretxe, del PNV, realizara una dura declaración en las primeras horas de la mañana del día 11 contra esta organización, a cuyos integrantes llamó “alimañas”. “No son vascos; son simplemente asesinos”, declaró con contundencia. Más tarde, el ya entonces líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, negó en una rueda de prensa que ETA estuviera detrás de la matanza de Atocha, por el 'modus operandi' y por sus objetivos. Explicó también que la hipótesis más lógica era la del yihadismo y lo relacionó con el apoyo de España a Estados Unidos en la guerra de Irak. Su formación se llamaba entonces Batasuna y estaba ilegalizada por dar cobertura política a la violencia. ETA no había matado desde mayo de 2003 y no lo volvería a hacer hasta diciembre de 2006, en la T4 del aeropuerto de Barajas, aunque en el verano de 2004 sí puso bombas sin víctimas mortales en diferentes ciudades de la costa española.

Las maniobras puestas en marcha tras los atentados de Atocha por el Gobierno de José María Aznar, como las que detalla el informe, no dieron resultado ante las crecientes pruebas de la autoría yihadista. Cinco personas fueron detenidas por su vinculación con los atentados durante la jornada de reflexión. El 14 de marzo de 2004 se celebraron las elecciones generales. El PP, que estrenaba a Mariano Rajoy como líder, perdió frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El origen del informe: un sumario de corrupción

Este documento y otros informes internos de la Ertzaintza sobre la izquierda abertzale, la Guardia Civil, el entorno de ETA o cuestiones políticas vascas relevantes en aquellos años fueron desclasificados en el marco de una investigación de corrupción. En marzo de 2010, ahora hace 14 años, el juez de Vitoria Roberto Ramos y el entonces fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, ordenaron la detención de tres dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Se registraron sus viviendas y se incautaron de sus equipos informáticos.

Era el inicio del 'caso De Miguel', la mayor trama destapada hasta ahora en Euskadi y que tiene a los tres en prisión desde el año pasado, al igual que al también excargo del PNV Xabier Sánchez Robles. En la revisión de un disco duro de Tellería, que también había sido concejal en Vitoria y juntero o director de Agricultura en Álava, aparecieron seis fichas con apariencia policial. Se mencionaban confidentes de la Ertzaintza, estaban escritos en mayúsculas y mencionaban por su apodo interno a algunos agentes de la UIA.

Por este motivo, Ramos e Izaguirre abrieron una pieza separada e imputaron también a dos ertzainas de la oficina de Álava de la UIA que, además, eran afiliados del PNV o muy próximos a él. Desde esa misma unidad se había accedido antes de modo irregular al sumario del 'caso De Miguel' en el mismo día de las detenciones. Es en esta investigación donde aparecieron decenas de documentos internos de los servicios antiterroristas de la Ertzaintza. El caso 'quemó' fuentes y procedimientos y desnudó las debilidades de la UIA, que muchas veces tenía que recurrir a agentes dobles para obtener datos. Hubo un juicio en 2013 y Tellería y los dos policías fueron absueltos porque las fichas halladas no eran como tal documentos internos y porque faltaban pruebas para demostrar que Tellería dirigía una red de espionaje paralelo valiéndose de medios policiales.

Debido a la sensibilidad del material, el informe sobre el 11M y el resto de reportes internos llegaron al juzgado con las máximas medidas de seguridad. El ertzaina 03701, de la Policía judicial, recogió en la base central del cuerpo, en Erandio, un saco con el material confidencial el 5 de enero de 2011. Se le puso el precinto C153556. Cuando llegó a Vitoria, el ertzaina 06312 se encargó de su custodia. Pasadas las festividades navideñas, el 10 de enero, se hizo entrega al juez Ramos del saco. Una secretaria judicial levantó acta de la apertura de la bolsa. La describió como “una bolsa-consigna o saca de color azul oscuro” que venía “perfectamente precintada” y que “cierra con una cremallera que se encuentra lacrada”. “En el lacrado de la cremallera figura la siguiente numeración: C153556”, escribe.

El propio juez Ramos abrió la bolsa y encontró un oficio del jefe de la unidad antiterrorista con una explicación del material, un archivador de color rojo con los informes (175 páginas) y también un listado de confidentes policiales entre los que, por ejemplo, figura el nombre de un familiar directo del líder de uno de los principales partidos políticos de España, además de periodistas, agentes de otros cuerpos o empresarios.

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Aitor Tellería fue el primero de los excargos del PNV de Álava que pudo ir a la cárcel, allá por 2013, y está siendo el último de los condenados en el marco del 'caso De Miguel' de corrupción en ver ejecutada la pena de prisión, en su caso de seis años, un mes y quince días. Con sus excompañeros de partido y exsocios en una asociación ilícita para cobrar comisiones Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano ya encarcelados desde julio, al igual que el exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles, que entró en mayo en el penal alavés de Zaballa, Tellería tiene pendiente de que se analice si los problemas de salud que ha alegado son suficientes para que se le suspenda el cumplimiento efectivo de la condena. Con agosto como mes habitualmente inhábil en los juzgados, su caso se demorará al menos hasta septiembre, según indican fuentes judiciales.

Entre los cuatro implicados en la trama que sí o sí tienen que entrar a la cárcel por el alcance de sus delitos, fueron dos los que alegaron motivos de salud, Ochandiano y Tellería. Para el primero, se estimó que sus patologías no eran incompatibles con la estancia en Zaballa y que, en su caso, podría recibir atención allí. Tellería sí logró un primer dictamen favorable a sus intereses aunque la Fiscalía requirió un análisis más exhaustivo y ahora es la Audiencia Provincial de Álava, en concreto los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta, la que tiene la última palabra. Asimismo, Ochandiano y Tellería, al igual que De Miguel, esperan igualmente la resolución de los indultos políticos que han solicitado al Gobierno de España. Eso sí, la petición de la medida de gracia no comporta automáticamente evitar la cárcel mientras se resuelve, como ha acreditado el tribunal en variadas ocasiones en los casos de De Miguel y Ochandiano, que así lo habían solicitado.

El precedente del 'caso Tellería'

Tellería ya pudo evitar la cárcel hace una década. Cuando se inició la investigación del 'caso de Miguel', se llevaron a cabo registros en las viviendas y otros despachos de los primeros implicados, entre ellos De Miguel, Ochandiano y Tellería. El primero almacenaba en sus equipos informáticos información de variadas empresas en las que aparentemente no figuraba. El segundo guardaba un cuaderno con notas sobre movimientos económicos opacos y dinero negro. Y el tercero, entre otras cosas, tenía archivos informáticos que motivaron una pieza separada y una compleja investigación paralela a la del 'caso De Miguel'. La encabezaron el mismo instructor, Roberto Ramos, y el mismo fiscal, Josu Izaguirre.

¿Qué había en esos documentos? En lo que se conoció como 'caso Tellería' se llegó a celebrar un juicio en marzo de 2013 contra el expolítico, que ha sido concejal en Vitoria y juntero en Álava, entre otros cargos, porque la Fiscalía sostenía que esos archivos tenían apariencia policial por la forma en la que estaban escritos y por su contenido. En ellos se aludía, por ejemplo, a agentes y confidentes de los servicios de información de la Ertzaintza, entonces conocidos como UIA, y con Tellería acabaron en el banquillo dos ertzainas de ese grupo que, además, eran militantes del PNV. Desde esa misma unidad se acreditaron accesos indebidos a los atestados del inicio del 'caso De Miguel'.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Álava Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez consideraron en la sentencia “verosímil” que Tellería hubiese creado con policías afines un “entramado” para la “canalización de información” policial hacia el exterior pero se consideró que al no ser esos archivos ficheros policiales como tales y al no haber pruebas del perjuicio concreto causado por esa labor los tres imputados quedaron absueltos. La Fiscalía se quejó públicamente de que no tuvo medios para indagar bien dentro de la unidad más inexpugnable de cualquier Policía. “Es como intentar talar el Amazonas con una navajita de playa”, protestó en una de las vistas el fiscal Izaguirre.

Al menos dos de los encarcelados por la corrupción del 'caso De Miguel', el exdirigente del PNV de Álava Koldo Ochandiano y el exdirector de Juventud del Gobierno Xabier Sánchez Robles, han buscado ya una rebaja de la pena de cárcel que están cumpliendo desde julio y mayo, respectivamente. En concreto, según explican fuentes judiciales, quieren que se tenga en cuenta en el cómputo total algún tipo de compensación por las medidas cautelares que tuvieron desde que se conoció la sentencia de primera instancia (diciembre de 2019) hasta su efectiva entrada en la cárcel de Zaballa, a las afueras de Álava. Se trata de la retirada del pasaporte y de la posibilidad de salir de España, así como de la obligación de firmar en el juzgado dos veces al mes para evitar fugas.

En principio, se trata de una rebaja mínima, del entorno de un día por cada diez firmas y de un día por cada seis meses sin pasaporte, como mucho. Un cálculo aproximado muestra que se han podido producir del orden de 80 firmas, lo que implica ocho días menos en la cárcel, y siete semestres con libertad de movimientos limitada, lo que supondría otra semana de descuento. Eso sí, el efecto es casi imperceptible: Sánchez Robles tiene siete años, un mes y quince días de pena máxima y Ochandiano, seis años y nueve meses. Ahora bien, rebajaría también el simbólico paso de la mitad del cumplimiento, otro momento clave para la progresión de grado y la obtención de beneficios penitenciarios. En ambos casos, el final de su pena se sitúa en el entorno de la primavera de 2030.

Las fuentes consultadas recalcan que la libertad con cautelares es descontable, al igual que lo sería la prisión provisional o incluso las horas que pasaron detenidos en el calabozo en marzo de 2010, cuando la Ertzaintza les arrestó por orden del juez de Vitoria Roberto Ramos tras una denuncia del fiscal Josu Izaguirre. Se da la circunstancia de que las condenas ya son más bajas de lo que según el Código Penal tendrían que ser porque se les aplicó en primera instancia una reducción por “dilaciones indebidas”, esto es, por los retrasos acumulados en el sumario desde que se completó la investigación de Ramos (marzo de 2015) hasta que se inició el juicio (enero de 2018).

El tercer excargo encarcelado por esta trama, Alfredo de Miguel, que da nombre al caso y tiene la pena más alta, ya tiene fecha de liquidación para el 2 de julio de 2032. En su caso, es también algo inferior a los nueve años puros de cumplimiento máximo que tenía fijados por la sentencia firma del Tribunal Supremo, ya que entró el 6 de julio. Queda un cuarto implicado en el 'caso De Miguel' que aún no ha entrado en prisión. Se trata de Aitor Tellería, igualmente exdirigente del PNV alavés. Alegó problemas de salud para no ingresar en Zaballa y obtuvo un primer dictamen forense favorable, pero la Fiscalía pidió más aclaraciones y está pendiente de resolverse esta cuestión. Todo apunta a que agosto, siendo mes inhábil en la Administración de Justicia, no acarreará novedades en este sentido. Su pena pendiente es de seis años y mes y medio.

Asimismo, queda pendiente que sean resueltos los indultos políticos que solicitaron De Miguel, Ochandiano y Tellería al Gobierno de España, que es quien puede dictar una medida de gracia conforme a la decimonónica regulación de esta figura. La Audiencia Provincial de Álava, encargada del seguimiento de los condenas, ha plasmado en varias resoluciones que la búsqueda de este resquicio no impide el cumplimiento de la pena en tanto se resuelva e incluso ha subrayado que son peticiones de escasa prosperabilidad.

Expertos del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) han entregado ya a la Audiencia Provincial de Álava sendos informes forenses sobre el estado de salud de los exdirigentes del PNV de Álava Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, que están buscando evitar el cumplimiento de su pena de prisión por la corrupción del 'caso De Miguel' por este motivo pero que también han pedido un indulto político al Gobierno. Fuentes de la defensa de Tellería han explicado a Efe que el dictamen forense desaconseja su ingreso en un centro penitenciario, mientras que el de Ochandiano es negativo para sus intereses. Sea como fuere, otras fuentes judiciales indican que la Fiscalía ha solicitado algunas aclaraciones a los expertos antes de emitir un informe sobre la cuestión, particularmente en el caso de Tellería.

En todo caso, la última palabra será del tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta, que no tiene un plazo fijo para responder. Las fuentes consultadas indican que, habitualmente, las penas se suspenden por motivos de salud únicamente en caso de una enfermedad grave que no permita ser tratada en prisión o incluso con las salidas oportunas a un centro sanitario. Es un debate similar al que se está teniendo en el caso de los ERE de Andalucía, con exdirigentes socialistas implicados. El sentido de la resolución judicial no tiene por qué ser el mismo que el del informe pericial.

Tellería recibió una pena de seis años de prisión por ser integrante de la trama de corrupción encabezada por su colega de partido Alfredo de Miguel, que era el 'número dos' del PNV alavés. Ochandiano, de su lado, fue castigado a siete años. Los tres crearon una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para cobrar comisiones ilegales y blanquear dinero. La pusieron a nombre de las esposas de los tres. Los problemas de salud de ambos ya estaban sobre la mesa cuando en enero llegó la sentencia definitiva del Tribunal Supremo y en marzo, cuando se hizo firme. De hecho, cuando Ochandiano fue despedido de su puesto en una sociedad pública del Gobierno vasco, el parque tecnológico de Miñano, ya llevaba tiempo sin acudir a trabajar.

En las últimas semanas, se está repitiendo la idea de que el propio De Miguel está alegando también problemas de salud y que está pendiente de una exploración forense. Es una información errónea, según recalcan fuentes judiciales y del entorno de los expolíticos condenados. De Miguel sí está agotando todos los recursos posibles para no entrar en la cárcel y también ha buscado la gracia del Gobierno de España, al que ha pedido un indulto parcial. En su caso, la pena es de doce años (nueve de cumplimiento máximo). Pero nunca ha esgrimido esta baza.

Así las cosas, meses después de que llegara la sentencia firme del 'caso De Miguel' solamente uno de los condenados está cumpliendo la pena. Se trata de Xabier Sánchez Robles, también del PNV y exdirector de Juventud del Gobierno vasco. Entró en Zaballa en plena campaña de las municipales y forales y no ha presentado una sola objeción en toda esta fase. Por el contrario, ya se ha decidido que todos los demás condenados, una decena, vean suspendida su pena por considerarse que son delitos de baja duración y que han cumplido otros requisitos en general como el abono de las responsabilidades económicas.

Hay dos casos excepcionales. Son el del exedil del PNV Iñaki San Juan y el del empresario Josu Azkarraga (antes Josu Montés). Ellos recibieron penas de más de dos años pero sin que ninguno de los delitos individuales pasara esa barrera, que es la que se considera comúnmente como la razonable para las suspensiones. Con informe negativo del fiscal del caso, Josu Izaguirre, lograron del tribunal que la suspensión solicitada, pero ahora el ministerio público ha interpuesto en recurso de súplica, según indican fuentes judiciales y de las defensas.

La esposa de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao, pretende sortear su condena por corrupción sin abonar la multa económica que le corresponde y sin pisar la cárcel. Según fuentes judiciales, su nueva abogada, compartida con su marido y que se llama Estefanía Rojo, ha recurrido a un resquicio legal para condenados con escasos recursos, que es pedir la ampliación de la estancia en prisión en compensación por no abonar esa parte de la responsabilidad económica. Sin embargo, acto seguido, había propuesto también la suspensión de la entrada efectiva en un centro penitenciario. Ello le dejaría sin ninguna de las dos penas a efectos prácticos. La Fiscalía ha emitido ya un informe contrario a esta maniobra y, de hecho, ha pedido que sea encarcelada al igual que la esposa de otro de los exdirigentes del PNV de Álava condenados en este proceso, Iratxe Gaztelu-Urrutia, pareja de Koldo Ochandiano.

En el 'caso De Miguel' de cobro de comisiones ilegales y contratos públicos irregulares, los exmiembros del Araba Buru Batzar del PNV De Miguel (conocido como Txitxo), Ochandiano y también Aitor Tellería crearon una empresa pantalla llamada Kataia Consulting. La sociedad, eso sí, estaba a nombre de las esposas del trío, Bilbao, Gaztelu-Urrutia y Araceli Bajo. Su nombre, de seis letras, son las iniciales de todos ellos (incluida la T de Txitxo). Aunque pretendieron hacer valer la estrategia de la infanta Cristina y dar a entender que eran meros testaferros, Bilbao y Gaztelu-Urrutia recibieron penas de cárcel y económicas, mientras que Bajo se quedó solamente con una sanción de unos 18.000 euros que también le ha sido requerida en las últimas horas. Tiene un mes para pagarla.

Sin embargo, los condenados y su entorno daban por supuesto que las esposas no ingresarían en prisión porque su pena es inferior a dos años, el marco habitual para acordar suspensiones. Eso sí, no es un automatismo y, en este caso, la Fiscalía ha planteado que no sea aceptada esta petición. En el caso de la esposa de De Miguel, además, entiende que es una familia con un patrimonio suficiente para afrontar también las sanciones económicas. El expolítico estuvo cobrando una nómina de 57.000 euros anuales de una sociedad pública del Gobierno vasco hasta hace apenas unas semanas. Con todo, el ministerio fiscal ha planteado que no se levanten los embargos a los bienes del matrimonio y que, hipotéticamente, evitarían posibles impagos.

Bilbao, que realizó movimientos con billetes de 500 euros y que se valió de fondos de Kataia Consulting para vicios personales como viajes, ha recibido una pena de año y medio de cárcel, doce meses por formar parte de la asociación ilícita encabezada por su marido y los otros seis por blanqueo de capitales. En cuanto a las multas, son 3.600 euros individuales y otro abono de 175.000 solidario con otros de los condenados. También en grupo, ya afrontó con De Miguel la devolución de unos 146.000 euros esquilmados al Gobierno vasco por contratos irregulares del área de Juventud. La Administración vasca ya ha recuperado el dinero. En el caso de Gaztelu-Urrutia, la pareja de Ochandiano, su condena es idéntica. Ella también realizó operaciones como llevar 30.000 euros en billetes de 500 euros en plena calle a De Miguel.

Ahora la última palabra la tendrá el tribunal, la Audiencia Provincial de Álava. Los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta habrán de resolver si acceden a los intentos de suspensión de Bilbao y de Gaztelu-Urrutia, así como los otros temas que tienen pendientes. De Miguel, por ejemplo, busca una suspensión extraordinaria porque está pendiente de un posible indulto del Gobierno de España -a lo que la Fiscalía también se ha opuesto- y Tellería y Ochandiano -y solamente Tellería y Ochandiano- están pendientes de que se compruebe su estado de salud para decidir si tienen que entrar o no en prisión.

Se da por hecha la entrada –pero no hay fecha para ello– de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud y que no ha intentado ningún resquicio para evitar la condena. Su posición es más delicada porque su esposa, Josune Gorospe, es diputada del PNV en el Congreso y el partido lleva tiempo queriendo marcar muchas distancias con cualquier maniobra que implique el no cumplimiento de las condenas. Hay dos condenados más, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés) que tienen penas de más de dos años en total pero sin que ninguno de los delitos individuales supere esa barrera. Ellos han pedido una suspensión (Azkarraga incluso ha pagado más de 6.000 euros de multa ya) y, ante la oposición del fiscal Josu Izaguirre, la pelota queda de nuevo en el tejado del tribunal.

Finalmente, la Fiscalía ha dado el visto bueno a que eviten la cárcel Jon Iñaki Echaburu, constructor corruptor próximo a De Miguel, y Sergio Fernández Oleaga, otro empresario que abonaba comisiones y que ya ha pagado sus responsabilidades económicas. En todo caso el ministerio público quiere elevar de dos a cinco años el período en el que no podrían delinquir para que se mantenga suspendida la pena privativa de libertad. En paralelo, se están ejecutando también las penas de aquellos implicados con penas exclusivamente de inhabilitación, como es el caso de Alfonso Arriola.

La Fiscalía ha fijado dos premisas muy claras como criterio de respuesta ante las peticiones generalizadas de los condenados en el 'caso De Miguel' de corrupción de que queden en suspenso sus penas de cárcel o, en tres casos, de buscar también un indulto político. La posición que se fijará en los informes preceptivos que ha de emitir el ministerio fiscal, que en 2009 inició la investigación de esta causa tras la denuncia de Ainhoa Alberdi, es “no” en ambos casos, según indican fuentes judiciales. “En corrupción, siempre postura negativa”, resumen estas fuentes como criterio general ante hechos de especial “gravedad” y trascendencia pública. Dicho de otro modo: se perseguirá la entrada en prisión en el plazo más breve posible. Ni siquiera está garantizado que se haga una excepción con las condenas más bajas, de menos de dos años y que en el entorno de los condenados se daba por hecho que quedarían suspendidas. “En muchas penas cortas el fiscal se opone. No se hará nada distinto de otros casos”, abundan estas fuentes. Sea como fuere, la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Álava, un tribunal compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta.

Hasta ahora, las partes no han recibido ninguna notificación con la posición de la Fiscalía, según confirman tanto desde el juzgado como desde las defensas. Hay una excepción. Ya trascendió antes de Semana Santa que la Fiscalía había emitido un criterio desfavorable al recurso de súplica -el último posible- que presentó la nueva abogada del principal condenado Alfredo de Miguel, Estefanía Rojo, donde adelantaba tanto la petición de suspensión como el indulto. Y la Audiencia compartió ese criterio.

La posición con De Miguel en esa fase se irá repitiendo ahora que se acerca el momento de concretar las entradas efectivas en prisión y de dar respuesta a las peticiones individuales de suspensión presentadas. Esa tarea ha sido asignada a Josu Izaguirre, que fue el fiscal que inició la causa en 2009 y llevó el juicio en 2018 pero que ya no es fiscal jefe. Carmen Cotelo, la nueva titular de esa plaza, deberá encargarse de enviar al Ministerio de Justicia los informes negativos a los indultos, ya que se trata de una tarea reservada a los fiscales-jefe. Cotelo, tras tomar posesión, afirmó en una entrevista con este periódico que mantendría la “firmeza” contra la corrupción de su predecesor. Será solicitado otro informe similar al propio tribunal.

¿Cómo está la ejecución de condenas en el 'caso De Miguel'? “Confusión” es una sensación compartida en quienes forman parte de la causa. Oficialmente, solamente Aitor Tellería, exdirigente del PNV alavés como De Miguel, e Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa del también exmiembro del partido 'jeltzale' Koldo Ochandiano, tienen en su poder un mandamiento de entrada en prisión en diez días hábiles. En puridad, este 19 de abril se cumplía ese plazo en el caso de Tellería, pero no se conoce la respuesta del tribunal a su doble petición de suspensión, una por motivos de salud y otra por indulto. De hecho, un médico forense debería explorar a Tellería para disponer de un diagnóstico oficial antes de adoptar la decisión.

También confirman fuentes de la Audiencia de Álava que en el caso del exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, se le permitirá recoger ese mandamiento en Bilbao, su lugar de residencia. A través de un exhorto, se empleará esa misma fórmula para que De Miguel, agotado ya su recursos de súplica, no tenga que desplazarse a Vitoria y pueda hacer ese trámite cerca de su lugar de residencia, en Gorliz, donde su familia posee una casa reformada por un constructor a cambio de favores. Solamente cuando se le haga entrega de ese papel se iniciará una cuenta atrás de diez días hábiles -no cuentan ni fines de semana ni festivos como San Prudencio o el 1 de mayo- para la entrada efectiva en prisión. Eso sí, se da por hecho que su letrada intentará de nuevo bloquear ese trance con nuevos intentos de suspensión, en los que repetirá argumentos. Todo ello pegará más y más ese momento definitivo a la campaña electoral.

Entre los condenados en el 'caso De Miguel' hay cuatro grupos. Uno no forma parte de esta laberinto de notificaciones y plazos porque ha recibido una pena sin cárcel. Es el caso de Alfonso Arriola o de María Justina Angulo, por ejemplo, penados exclusivamente a inhabilitación por prevaricación. Son los otros tres los que entran en juego en esta fase. Por un lado están quienes tienen penas mínimas, de menos de dos años, como Jon Iñaki Echaburu o Sergio Fernández Oleaga, entre otros. Cuando se conoció la condena de primera instancia en 2019, la Fiscalía no pidió para ellos el ingreso cautelar en prisión. Por otro lado están los cuatro expolíticos con penas altas, que son De Miguel, Tellería y Ochandiano -los tres exdirigentes del PNV han pedido el indulto- y Sánchez Robles. Les esperan entre seis y nueve años de cumplimiento efectivo.

En medio quedan Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés), con una pena nominal de más de dos años pero sin que ninguno de los delitos individuales superen esa barrera. De hecho, para ambos el Tribunal Supremo previó expresamente un sistema de cálculo con esas condiciones para facilitar una posible suspensión, como demandaron sus defensas. La aclaración de este extremo motivó un retraso de enero a marzo en la firmeza final de la sentencia definitiva. Se pueden consultar aquí todas las condenas en detalle.

Si el tribunal asumiera los postulados de la Fiscalía y no acordara suspensiones, todavía cabría una posibilidad de recurso de súplica. Y los condenados lo agotarían. En cuanto al indulto, las fuentes consultadas indican que pedirlo no implica evitar entrar en la cárcel automáticamente. Hay una posibilidad de que así sea si se entiende que la duración de la tramitación, por larga, haga ineficaz el perdón político. Sin embargo, la práctica hace que solamente se contemple algo semejante para condenas de menos de cinco años, que no es el caso de De Miguel, Tellería y Ochandiano. Esta medida de gracia la tiene que adoptar el Gobierno de España.

La Audiencia Provincial de Álava, en un auto notificado este martes, ha desestimado el recurso de súplica presentado por la nueva abogada de Alfredo de Miguel, Estefanía Rojo. De este modo, en las próximas horas el que fuera 'número dos' del PNV de Álava será citado para recibir un mandamiento de entrada en prisión en el plazo de diez días naturales, aproximadamente en torno a la festividad alavesa de San Prudencio. De Miguel, según ha quedado probado, era el líder de una trama de corrupción y ha recibido una pena de más de doce años de cárcel, nueve de cumplimiento efectivo.

El expolítico, en esta fase de ejecución de las penas firmes avaladas por el Tribunal Supremo de un caso iniciado en 2009, había intentado evitar la cárcel con un recurso 'in extremis'. En él, se alegaba que se había pedido un indulto parcial para el único de los delitos individuales de su pena global que supera los dos años, la barrera que habitualmente se emplea para conceder suspensiones. Se perseguía que en tanto en cuanto no se resuelva la medida de gracia, una decisión política en manos del Gobierno de España, quedara paralizada la entrada efectiva en la cárcel. La Fiscalía, como adelantó este periódico, ya se había opuesto a tal posibilidad con un informe firmado por el fiscal Josu Izaguirre.

Fuentes judiciales indican que éste era el último recurso posible. Ahora, sin embargo, podría solicitar algún tipo de suspensión extraordinaria por motivos de salud o por otras razones estipuladas en la normativa penitenciaria. En todo caso, estos intentos ya no detendrán la cuenta atrás para el ingreso efectivo en un centro penitenciario. “Una vez que la causa relativa a este condenado recurrente llegue a la oficina de ejecución, será nuevamente citado a efectos de entregarle el mandamiento de ingreso, como se recoge en el auto, y será en ese momento, cuando ya se abra la ejecución contra él con número concreto, cuando podrá hacer las peticiones oportunas relativas a la posible suspensión de la pena conforme a los artículos 80 y siguientes del CP, o bien la posible aplicación del artículo 4.2 del CP de suspensión mientras se tramita el indulto, o el posible levantamiento del embargo sobre determinados bienes como solicita en su escrito de recurso. Pero, lógicamente, todas estas cuestiones planteadas por vía de recurso no pueden ser resueltas ahora en este recurso de súplica porque son completamente 'ex novo' respecto al contenido del auto dictado el día 15 de marzo de 2023 por la sala decretando la firmeza de la sentencia”, alega el tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Ana Jesús Zulueta y Francisco Javier García Romo.

En el caso de otro de los condenados, el exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles, se ha accedido a que reciba el mandamiento de entrada en prisión no en Vitoria sino en un juzgado próximo a su residencia, en Bizkaia. De Miguel también reside allí, en concreto en una casa de Gorliz cuya reforma fue costeada por uno de los empresarios de la trama a cambio de buena entrada con un político influyente, según confesó en el juicio Prudencio Hierro. Por ello, podría no tener que regresar a la Audiencia de Álava a hacer el trámite.

La fase de ejecución de condenas en el 'caso De Miguel' avanza. El fiscal Josu Izaguirre ha emitido un criterio negativo a la petición de la nueva abogada de Alfredo de Miguel, Estefanía Rojo, para que le sea suspendida la pena de más de doce años de cárcel (nueve de cumplimiento máximo) por corrupción en la medida en que se está intentando lograr un indulto político que haría que cada una de las penas individuales no pasaran de dos años, el umbral que habitualmente se toma en consideración para eludir la entrada efectiva en la cárcel. En todo caso, después de los festivos de Semana Santa, será la Audiencia Provincial de Álava la que tenga que tomar la decisión definitiva y, si es la de no acceder a la súplica del ex 'número dos' del PNV de Álava, se activará una cuenta atrás de diez días hábiles para que se persone en un centro penitenciario.

Según indican fuentes de las defensas, se trata de un movimiento “esperable” de la Fiscalía. En 2019, con la condena en primera instancia, ya solicitó el ingreso en prisión de los condenados con penas más altas por la trascendencia y gravedad de los hechos. El tribunal, en cambio, se valió de la doctrina empleada en el caso de Iñaki Urdangarin y determinó que lo prudente era esperar a la sentencia firme, que es el paso que se ha producido en 2023 con el pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo (en enero) y una aclaración posterior (en marzo). Ahora, se encuentran en una situación similar a la de De Miguel sus excompañeros en el PNV de Álava Koldo Ochandiano y Aitor Tellería (igualmente pendientes de la vía del indulto y en el segundo caso de las alegaciones de salud) y el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles.

En cuanto al resto de condenados con penas de prisión, hay dos grupos. Por un lado, están todos los acumulan delitos castigados con menos de dos años. En medios judiciales se da por hecho que se acordará la suspensión de todas esas penas y que ello contará con informe favorable de la Fiscalía. Más dudosos son dos casos concretos, los de Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés). Ellos tienen castigos acumulados de más dos años pero ninguno de los hechos concretos por los que se les ha condenado pasa de esa barrera, por lo que se les podría aplicar una suspensión extraordinaria. De hecho, ambos lograron del Supremo con un recurso un sistema de cálculo pensado para ello ya que, en global, el ajuste incluso les aumentaba la pena haciendo que cada sumando fuese más pequeño. Se desconoce aquí cuál será el criterio de la Fiscalía.

Por otro lado, se ha confirmado ya que los alrededor de 145.000 euros en que se estimó el quebranto económico por las irregularidades en Juventud han sido consignados en las cuentas de la Administración de Justicia, de modo que en breve se realizará la transferencia al Gobierno vasco. Ésta es solamente una de las derivadas económicas de esta causa de corrupción y ni mucho menos representa el total de dinero que movió la trama.

La investigación y resolución del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', se ha prolongado durante más de una década. En concreto, de 2009 a 2023. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava se dio a conocer el 17 de diciembre de 2019 y ahora ha llegado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que dota de firmeza a las condenas si bien los acusados tienen derecho a seguir pleiteando ante el Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si insisten en su tesis de la vulneración de derechos fundamentales. Así ha evolucionado este caso desde su origen.

2 de diciembre de 2009.

La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denuncia la trama de corrupción en la Fiscalía de Álava. Asegura que Alfredo de Miguel le solicitó una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano. También que habían presionado a su padre por el mismo motivo y que De MIguel iba acompañado de otro dirigente del PNV de Álava, Aitor Tellería. Aportó unas grabaciones en las que se escuchaba a su socio, Jon Iñaki Echaburu, que además de empresario estaba afiliado al PNV, hablar de las mordidas como algo “dentro de lo normal”.

15 de marzo de 2010.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, denuncia ante el juzgado a ocho personas, incluidos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

17 de marzo de 2010.

La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos, arresta a Alfredo de Miguel, a Aitor Tellería, a Koldo Ochandiano, a sus tres esposas, a Alfonso Arriola -gerente de Miñano- y también a Echaburu. Se registran varias viviendas y los detenidos prestan declaración en el juzgado para quedar en libertad con diversos cargos de corrupción. Florece ya que el trío y sus esposas tenían una empresa sin apenas actividad y con sede social en un 'txoko', Kataia Consulting.

18 de marzo de 2010.

Alfredo de Miguel dimite como diputado alavés de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). El diputado general, Xabier Agirre (PNV), reclama “tolerancia cero” contra la corrupción.

28 de abril de 2010.

‘El Mundo’ publica que Kataia Consulting se benefició de contratos irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles.

14 de mayo de 2010.

El juez Roberto Ramos levanta el secreto sobre el sumario del ‘caso De Miguel’. A la nómina de imputados se han sumado ya Iñaki San Juan, Julián Sánchez Alegría o Gurutz Larrañaga, estos dos últimos altos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

30 de mayo de 2010.

‘El Correo’ revela detalles de la recalificación urbanística que Alfredo de Miguel impulsó en la localidad alavesa de Zambrana. Se trataba de un macroproyecto y las empresas del político habían cobrado de los promotores catalanes elevadas sumas de dinero.

6 de junio de 2010.

El juez Roberto Ramos imputa a Xabier Sánchez Robles por los contratos irregulares de Juventud, que además de a Kataia Consulting han beneficiado a otras dos firmas asociadas, Errexal y Ortzi Muga.

20 de junio de 2010.

‘El Mundo’ desvela la apertura de una investigación paralela secreta vinculada al registro del domicilio de Aitor Tellería. Se analizaba si conformó, junto con dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca, una trama de espionaje.

17 de septiembre de 2010.

‘El Mundo’ publica que el juez Roberto Ramos investiga operaciones en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Luego se conoció que la trama de Alfredo de Miguel había recaudado una comisión del 4% por contratos adjudicados en esos dos ayuntamientos del PNV.

26 de octubre de 2010.

Las Juntas Generales constituyen una comisión de investigación en torno a la operación de Zambrana. La presidirá Javier Ruiz de Arbulo (PP).

29 de octubre de 2010.

El Parlamento Vasco constituye una comisión de investigación en torno al ‘caso De Miguel’ conjunta con el ‘caso Tellería’ y con el ‘caso Zubiaurre’, que no guarda ninguna relación con estas dos causas. La presidirá Juanjo Agirrezabala. Es de EA, socio del PNV en Álava.

14 de enero de 2011.

Se levanta el secreto de sumario del ‘caso Tellería’.

22 de enero de 2011.

Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano pactan con el PNV entregar su carné de afiliados casi diez meses después de su detención por corrupción.

9 de abril de 2011.

‘El Mundo’ publica que el constructor Prudencio Hierro corrió a cargo de la reforma de una casa de Alfredo de Miguel en Gorliz (Bizkaia).

18 de abril de 2011.

Alfredo de Miguel comparece en la comisión de investigación del Parlamento Vasco. Lee un escrito y no admite preguntas de los partidos políticos. Concede una rueda de prensa sin preguntas y recibe el calor de varias decenas de militantes del PNV, que le jalean en la puerta. El portavoz del partido en la Cámara, Joseba Egibar, le recibe con un efusivo abrazo.

16 de julio de 2011.

‘El País’ y ‘El Mundo’ publican un informe de la Ertzaintza que concluye que Alfredo de Miguel dirigió una trama de cobro de comisiones.

17 de julio de 2011.

La causa suma tres nuevos imputados: la hermana de Alfredo de Miguel (Aintzane de Miguel, contable de las empresas del político), el constructor Hierro y el intermediario de Zambrana, Josu Arruti.

18 de octubre de 2011.

Segunda declaración judicial de Alfredo de Miguel, que se prolonga por espacio de ocho horas.

30 de octubre de 2011.

La hermana de Alfredo de Miguel solicita que se anulen pruebas clave del caso ya que antes de ser imputada compareció como testigo, con obligación de decir la verdad y sin posibilidad de comparecer con abogado.

28 de mayo de 2012.

El juez Roberto Ramos imputa a Josu Montés, de Ortzi Muga.

11 de marzo de 2013.

Arranca el juicio del ‘caso Tellería’. Alfredo de Miguel, testigo, sigue parte de la vista sentado en la bancada de los periodistas.

27 de marzo de 2013.

La Audiencia Provincial de Álava sobresee por falta de pruebas el ‘caso Tellería’. El PNV se felicita por la decisión y critica la campaña de acoso contra el partido.

22 de marzo de 2014.

El juez Roberto Ramos imputa al matrimonio de Estíbaliz Arruti y Gorka Errasti, vinculados a Sidepur y a Zambrana ya que son familia del muñidor de aquel plan, Arruti.

16 de mayo de 2014.

‘El Mundo’ publica que la operación de Zambrana estaba valorada en 65 millones de euros.

18 de junio de 2014.

Comparece como imputada en el juzgado la que fuera alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, que reconoce que Alfredo de Miguel impulsó la operación urbanística.

10 de marzo de 2015.

El juez Roberto Ramos da por cerrada la investigación del ‘caso De Miguel’ y constata graves delitos tras la trama de empresas controlada por el político.

2 de junio de 2015.

El juez Roberto Ramos abandona el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria tras haber completado el ‘caso De Miguel’.

11 de marzo de 2016.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, hace pública la petición de condenas para los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’. La solicitud para Alfredo de Miguel es ejemplarizante: 54 años de cárcel por 21 delitos de corrupción.

8 de enero de 2018.

Arranca el juicio del 'caso De Miguel' con unas primeras sesiones dedicadas a la resolución de cuestiones previas de índole procedimental y jurídica. 

19 de febrero de 2018.

Se inicia la fase de comparecencias del juicio con la intervención de 38 agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación. Los abogados de los acusados les acusan de “manipular” pruebas y de no haber preservado la cadena de custodia de las evidencias.

5 de marzo de 2018.

Ainhoa Alberdi comparece en el juicio sin posibilidad de que se difunda su imagen en los medios de comunicación. Ratifica punto por punto su denuncia y da nuevos detalles sobre el precio que ha pagado por sacar a la luz este caso de corrupción. Se enfrenta a los abogados de los acusados, que tratan de desacreditarla. La asociación Adi! contra la corrupción convoca una pequeña concentración ciudadana para arroparla.

7 de marzo de 2018.

El padre de la denunciante y su socia confirman la denuncia de Ainhoa Alberdi ante la Audiencia Provincial de Álava.

8 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica la posible falsificación de sellos oficiales del Departamento de Cultura por parte de la defensa de Xabier Sánchez Robles para justificar las contrataciones aparentemente irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco con las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

16 de abril de 2018.

La Fiscalía encarga un informe al Gobierno que constata que no hay constancia en los archivos del registro de la Administración de los documentos supuestamente sellados que se han presentado como pruebas en el juicio. El tribunal no acepta su incorporación al rollo penal a estas alturas del procedimiento.

25 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que no sólo hay sospechas de que los sellos de los informes presentados como prueba son falsos, sino que los propios textos están plagiados en al menos tres casos.

8 de mayo de 2018.

Un testigo confirma que el constructor y contratista Prudencio Hierro costeó la reforma de la vivienda particular de la esposa de Alfredo de Miguel en Górliz. Mientras, la defensa del político insiste en que la Ertzaintza manipuló pruebas para demostrarlo.

16 de mayo de 2018.

La Fiscalía señala que la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, tenía “interés económico directo” en la recalificación porque su familia era propietaria de algunas de las parcelas afectas.

22 de mayo de 2018.

Histórica huelga de jueces y fiscales en España. En Vitoria, el paro detiene el juicio del ‘caso De Miguel’.

30 de mayo de 2018.

Comparece en el juicio Nicolás Guerrero, empresario catalán, y denuncia que el proyecto de Zambrana estaba “manchado” y que se pagaron cantidades millonarias por servicios no prestados a las empresas de Josu Arruti y De Miguel.

10 de julio de 2018.

Comparece en el juicio Ignacio Ugartetxe, expresidente del Athletic y exconsejero delegado de Urazca. Quien fuera imputado en el ‘caso Bárcenas’ por supuestas ‘donaciones’ al PP a cambio de contratos, responde sobre una supuesta comisión de 800.000 euros que preveía recaudar la trama de De Miguel por la segunda fase del proyecto de Zambrana.

11 de julio de 2018.

Comparece Víctor Benedito, un experto económico contratado por la defensa de Alfredo de Miguel que asegura que la actividad de Kataia Consulting era absolutamente normal y que el político llevaba una vida sin lujos. “No tenía un Porsche”, manifiesta. Sin embargo, empleó el dinero pagado por los catalanes de Zambrana en comprarse un Saab.

14 de agosto de 2018.

EH Bildu denuncia la participación de un imputado en el ‘caso De Miguel’, Sergio Fernández Oleaga (Stoa), en el nuevo intento de ampliación del parque tecnológico de Miñano planteada en 2018.

14 de septiembre de 2018.

‘El Correo’ publica que la Fiscalía y los principales acusados negocian un acuerdo que supondría una confesión a cambio de una reducción de las condenas solicitadas por la acusación. 

17 de septiembre de 2018.

La Fiscalía y los abogados de los imputados coinciden en pactar una suspensión del juicio del ‘caso De Miguel’ para cerrar el acuerdo. Se fija como nueva fecha el 1 de octubre. Será el fiscal Manuel Pedreira el que lidere las conversaciones con los letrados.

1 de octubre de 2018.

La Fiscalía y las defensas vuelven a reclamar una suspensión del juicio. El tribunal acota los tiempos y fija como límite el 15 de octubre. Ese día tendrá que declarar sí o sí Alfredo de Miguel.

11 de octubre de 2018.

Tras haber avanzado en las negociaciones hasta el punto de estar dispuesto a declararse culpable, Alfredo de Miguel rompe a última hora las conversaciones con la Fiscalía. Con él, sus más cercanos también se echan para atrás. Otro grupo de imputados, ocho en total, sí se muestra dispuesto a confesar a cambio de una rebaja de condena.

15 de octubre de 2018.

El fiscal Josu Izaguirre confirma que habrá confesiones que probarán la corrupción. Entretanto, arrancan dos días declaración de Alfredo de Miguel, que retoma su estrategia de negarlo todo.

17 de octubre de 2018.

Continúan las declaraciones de los imputados. La mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imita a la infanta y asegura que ella ni conocía ni tenía ningún papel en la gestión de Kataia Consulting. Las esposas de Aitor Tellería y Koldo Ochandiano siguen la misma línea.

19 de octubre de 2018.

El constructor Prudencio Hierro y la hermana de Alfredo de Miguel, Aintzane, se suman al grupo de ocho y cierran acuerdos con la Fiscalía para mejorar su condena a cambio de confesar.

22 de octubre de 2018.

Hierro admite que se hizo cargo de la factura de las obras de la casa de De Miguel en Gorliz porque “siempre ayuda” haber hecho un favor a un cargo público. Aintzane de Miguel, en cambio, rompe a última hora el acuerdo, que le habría supuesto la absolución, y se niega a colaborar con la Fiscalía. 

23 de octubre de 2018.

El presidente del tribunal del ‘caso De Miguel’, Jaime Tapia, advierte a los acusados de que no responder a las preguntas de la Fiscalía es una estrategia de “riesgo”. Salvo Prudencio Hierro, todos se habían acogido a su derecho a no hacerlo.

24 de octubre de 2018.

Sin “nada que ocultar”, el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, es el primero en responder a preguntas de la Fiscalía. Asegura no haber tenido ninguna responsabilidad en los contratos irregulares de Juventud.

31 de octubre de 2018.

En una larga declaración en la que también contestó a la Fiscalía, Xabier Sánchez Robles acusa al Gobierno del PSE-EE de ocultar los contratos irregulares a las empresas de De Miguel para incriminarle.

5 de noviembre de 2018.

Llegan las confesiones. Josu Arruti, amigo de De Miguel, no sucumbe a las presiones y explica las comisiones pagadas por Construcciones Riera en torno a la operación de Zambrana.

6 de noviembre de 2018.

Los gestores de Riera, especialmente Francesc Fernández Joval, confirman el pago de comisiones en Zambrana.

7 de noviembre de 2018.

Tras las incriminaciones, la primera maniobra de la defensa de Alfredo de Miguel es volver a atacar a la denunciante, Ainhoa Alberdi.

14 de noviembre de 2018.

La Fiscalía presenta su escrito de conclusiones definitivas. De Miguel se enfrenta a casi 30 años de cárcel y a una sanción económica de 1,2 millones de euros. Arruti, Fernández Joval y todos los que habían colaborado y confesado o quedarán absueltos o evitarán la entrada en prisión.

16 de noviembre de 2018.

La familia Arruti, tras confesar y sin esperar a que acabe el juicio, devuelve 130.000 euros más intereses por los delitos fiscales en torno a los movimientos relacionados con Zambrana.

25 de noviembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que De Miguel utilizaba la sede del PNV para despachar asuntos de Kataia Consulting y que otros miembros del partido conocían de su existencia.

26 de noviembre de 2018.

El fiscal, Josu Izaguirre, inicia su alegato de conclusiones en el juicio denunciando la existencia de una trama con prácticas mafiosos más propias de Sicilia: “De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos, no tienes un contrato”.

28 de noviembre de 2018.

Los abogados del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia, instituciones del PNV, se suman a la Fiscalía y admiten la existencia de irregularidades en el ‘caso De Miguel’.

1 de diciembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel conseguía contratos en la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles en 16 minutos y 38 segundos.

3 de diciembre de 2018.

Arrancan tres días de conclusiones del abogado de Txitxo, Gonzalo Susaeta. Compara la investigación con Cuarto Milenio, denuncia graves anomalías y niega que haya pruebas de corrupción. Ataca también a Josu Arruti y asegura que, en estos años, De Miguel y su familia han recibido amenazas. Acaba el discurso entre lágrimas.

5 de diciembre de 2018.

La defensa de Koldo Ochandiano insiste en reclamar la nulidad del cuaderno con notas de comisiones y dinero negro, una de las pruebas fundamentales del sumario.

10 de diciembre de 2018.

El abogado de Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga, anuncia una querella contra el fiscal, Josu Izaguirre, por haber “humillado” a los acusados y haber sobrepasado los límites del Estado de Derecho.

18 de diciembre de 2018.

Javier Beramendi, letrado de Sánchez Robles, defiende la validez de las pruebas presentadas e insiste en que el Gobierno ha ocultado deliberadamente documentos que exonerarían a su cliente.

19 de diciembre de 2018.

Se acaba el juicio. El abogado de Tellería, Jesús Villegas, cuestiona por última vez a la denunciante, Ainhoa Alberdi. De Miguel, Tellería y Ochandiano, así como sus mujeres, cierran el proceso reiterando su inocencia pero, a la vez, pidiendo perdón. El 'caso De Miguel' queda visto para sentencia.

1 de marzo de 2019.

Alfredo de Miguel acude a la capilla ardiente de Xabier Arzalluz, histórico dirigente del PNV. Es su primera aparición pública tras el final del juicio.

17 de marzo de 2019.

Se publica 'El padrino: Anatomía del caso De Miguel', un libro sobre la investigación, en el noveno aniversario de que el caso se conociera públicamente.

19 de agosto de 2019.

elDiario.es/Euskadi publica que Koldo Ochandiano ha regresado a su puesto de contable del parque tecnológico de Miñano, el mismo que ocupaba cuando se originó este caso de corrupción.

2 de diciembre de 2019.

Se cumplen diez años de la denuncia de Ainhoa Alberdi que dio origen la investigación del caso. Ya se conoce que el 17 de diciembre se hará pública la esperada sentencia.

17 de diciembre de 2019.

El tribunal hace pública la sentencia. Alfredo de Miguel ha sido condenado a penas que suman más de 13 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. A ello se suman más de 200.000 euros en multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, asimismo, han sido condenados por delitos similares a altas penas que les supondrán un cumplimiento máximo de penas de alrededor de 6 años de cárcel.

20 de diciembre de 2019.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión de los condenados con penas más elevadas aunque la sentencia no sea firme y quepa recurso ante el Supremo. La sala desestima esa petición aunque sí impone medidas cautelares, como la imposibilidad de salir de España.

19 de febrero de 2020.

El director de la fundación Hazi, una sociedad pública del Gobierno Vasco, ocultó al Parlamento que Alfredo de Miguel, colocado allí, tenía un salario de 52.000 euros. Sí admitió que mientras estaba siendo investigado por corrupción había disfrutado de tres ascensos.

5 de marzo de 2020.

El Ayuntamiento de Vitoria da luz verde a dos contratos por valor de 150.000 euros a Stoa, la empresa de uno de los condenados, Fernández Oleaga.

15 de junio de 2020.

La Fiscalía del Supremo no acepta el criterio de los fiscales de Álava y pedirá la confirmación de la sentencia ante los recursos de los imputados pero no que se eleven las penas.

10 de marzo de 2021.

El PNV ficha para el Gobierno vasco al presidente del tribunal que condenó a De Miguel, el magistrado Jaime Tapia. Será asesor para la nueva competencia cedida por el Estado, Prisiones.

5 de junio de 2022.

elDiario.es/Euskadi informa de que el condenado Iñaki San Juan sigue manteniendo activa la empresa Errexal con otro nombre y que recibe contratos del Ayuntamiento en el que concejal, Leioa. Además, en algunos casos lo hace de manera indirecta, a través de terceros.

2 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel consta como “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea y que depende de la sociedad pública en la que trabaja, Hazi. Como tal, ha participado a pesar de su condena por corrupción como representante en viajes oficiales, foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso en recogidas de premios. El Gobierno niega que De Miguel ejerza labores de responsabilidad o representación a pesar de las fotografías que acreditan sus intervenciones.

10 de enero de 2023.

El Tribunal Supremo hace pública la sentencia definitiva y ratifica en gran medida las condenas por corrupción. En el caso de De Miguel, la pena queda en más de doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. “Prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, se puede leer en la resolución, de casi 400 folios. Queda absuelto Julián Sánchez Alegría.

11 de enero de 2023.

Se suceden las reacciones ante la sentencia y la noticia copa -con algunas excepciones- las portadas de la prensa vasca. El PNV recupera la denominación 'caso Miñano' y elude referirse a De Miguel. Insiste en que los hechos eran fruto de comportamientos individuales y no de partido. El Gobierno vasco habla ahora de la “impecable” investigación de la Ertzaintza. Aitor Tellería y Koldo Ochandiano presentan problemas de salud, lo que podría condicionar su ingreso en prisión.

23 de enero de 2023.

En un foro organizado por 'Deia', el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que la Fiscalía intentó investigar al PNV para vincularlo con la corrupción de De Miguel, cuando tal actuación no consta en el sumario de la causa. “Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, fueron las palabras de Urkullu.

24 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi adelanta que el “entorno” de De Miguel estudia la posibilidad de solicitar un indulto para el expolítico. Las fuentes consultadas indican que el movimiento no parte ni de la defensa ni de la familia y se quiere desvincular también de cualquier connotación política, pero busca librar al ex 'número dos' del PNV de nueve años de prisión efectiva.

27 de enero de 2023.

Seis excargos del PNV implicados en el 'caso De Miguel' abonan a partes iguales una cantidad próxima a los 145.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Gobierno vasco por el fraude en Juventud, lo que no agota el alcance de los hechos probados.

30 de enero de 2023.

La defensa de Iñaki San Juan ha presentado un incidente de aclaración ante el propio Tribunal Supremo para que se le aplique en el cálculo de sus penas la misma fórmula que su exsocio Josu Montés (que ahora ha cambiado su nombre a Josu Azkarraga). De ese modo, ninguno de los delitos individuales pasaría de los dos años y se podría solicitar la suspensión de la entrada en prisión. Este 'recurso' impide que la sentencia sea firme y que se ejecuten las penas.

5 de febrero de 2023.

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel', recibió una inspección fiscal tres días antes de que, en 2018, tuviera que ratificar su testimonio en el juicio que se celebraba en Vitoria.

7 de febrero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica la nómina de De Miguel en Itsas Garapen Elkartea (Hazi). Cobra 57.400 euros, una cantidad que ha ido subiendo mientras era investigado e incluso tras la primera condena. Además, ocupa un puesto de “coordinador” y tiene la máxima categoría entre los empleados de Hazi, la A. Los datos habían sido solicitados en el Parlamento Vasco por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

2 de marzo de 2023.

Por la mañana, la sociedad de aguas del Ayuntamiento de Vitoria, Amvisa, acuerda mantener los contratos con la empresa Stoa a pesar de la sentencia que acredita que su gestor, Sergio Fernández Oleaga, haya abonado comisiones a la trama de De Miguel. Fernández Oleaga ha cambiado el nombre de la firma y ha cedido la representación a otra persona. Por la tarde, el Tribunal Supremo resuelve el incidente de aclaración y aplica a Iñaki San Juan un cálculo más ventajoso de las penas para que le pueda ser suspendida la entrada en la cárcel. Su empresa Errexal, en todo caso, sí quedará disuelta en cuanto el fallo se haga firme.

7 de marzo de 2023.

La candidata del PNV en Vitoria, Beatriz Artolazabal, entiende que la sentencia no lastrará su campaña y cree “amortizada” esta causa. En el Parlamento, el partido presenta a De Miguel como “víctima” por la tardanza de la Justicia en completar el periplo judicial del macrosumario.

8 de marzo de 2023.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, asegura en las Juntas Generales que los inspectores forales actuaron con “mucha objetividad” cuando iniciaron una investigación a Ainhoa Alberdi, la denunciante del caso. No se dan detalles porque no se pueden discutir públicamente los términos concretos de un expediente tributario al ser confidenciales, alega Bizkaia.

15 de marzo de 2023.

El Tribunal Supremo notifica a la Audiencia Provincial de Álava la sentencia definitiva del 'caso De Miguel' tras haber resuelto el punto sobre Iñaki San Juan. El trámite se ha alargado durante 13 días.

16 de marzo de 2023.

La Audiencia Provincial de Álava decreta la “firmeza” de las condenas del 'caso De Miguel'. Da diez días a De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles para ingresar en prisión y el mismo plazo al resto de condenados, catorce en total, para pedir la suspensión. El Gobierno vasco da por “hecho” el despido de De Miguel de su puesto de Hazi, así como el de Ochandiano, que seguía en el parque tecnológico de Miñano.

17 de marzo de 2023.

Se cumplen trece años de la detención de Alfredo de Miguel. En el Parlamento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, indica que el PNV en el Gobierno ha adoptado “decisiones contundentes y de manera inmediata” en relación a los condenados.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este lunes en un foro organizado por 'Deia' que es “absolutamente mentira” que exista “corrupción estructural” en el PNV a la luz de los hechos 'caso De Miguel', confirmados recientemente por el Tribunal Supremo y que llevarán a la cárcel a exdirigentes y excargos de esta formación. Para confirmarlo, sin embargo, ha aludido a una supuesta investigación al partido solicitada por la Fiscalía que no existió -no consta en el sumario y así lo confirman a este periódico fuentes judiciales- y a una consecuente “exoneración” de la Audiencia Provincial de Álava que tampoco se produjo nunca.

“El PNV en modo alguno ha sido acusado y mucho menos condenado. Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, ha afirmado Urkullu sobre el 'caso De Miguel', que estalló cuando él era presidente del Euzkadi Buru Batzar y que afectaba a cuadros de un sector contrario al suyo dentro de las corrientes internas. En el pasado, el PNV ya señaló a la Fiscalía -el caso lo inició Josu Izaguirre y luego contó con el apoyo de Manuel Pedreira- y también se criticó la instrucción -capitaneada por el juez de Vitoria Roberto Ramos-.

Se da la circunstancia de que en diciembre, cuando se debatía en el Parlamento sobre otra investigación judicial, la de las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018 en Osakidetza, Urkullu ya afirmó que una “sentencia” había exonerado también a su exconsejero de Salud, Jon Darpón. En ese sumario, lo que ocurrió fue que una parte acusadora -en este caso el sindicato LAB- demandó la imputación del exconsejero por su supuesta responsabilidad política sobre los hechos y que esa petición no se autorizó mediante un auto. El caso sigue formalmente abierto y, desde luego, no se ha emitido ninguna sentencia.

En el encuentro de 'Deia', Urkullu ha arrancado su disertación sobre este expediente judicial lamentado que “por muchas veces que se repita una mentira” no se convierte en “verdad”, en relación a las críticas recibidas por su partido por esta trama. Y ha querido poner en valor las medidas adoptadas por él y por el entonces diputado general de Álava, Xabier Agirre, ya fallecido y que apartó a Alfredo de Miguel, principal condenado, de sus cargos en la Diputación. Ha aludido a la “complicidad” entre ambos sin citar en ningún momento a quien era presidente del partido en Álava, Iñaki Gerrebarrena, quien tenía en De Miguel y en otros dos condenados, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, a estrechos colaboradores. El ahora lehendakari ha asegurado que el partido actuó con toda la firmeza posible desde el respeto a la “presunción de inocencia” de los entonces imputados y que el caso permitió reforzar controles internos. Siente “orgullo” Urkullu por que su partido es una “referencia” de cómo reaccionar ante casos semejantes.

El lehendakari, asimismo, ha tenido un recuerdo para los “allegados y familiares” de los condenados y una mención especial para las personas que en su momento fueron procesadas y más tarde desimputadas o exoneradas en diferentes fases. No los ha citado por el nombre pero son Pablo Larrabide, Asier Arzalluz, Miren Bilbao o Julián Sánchez Alegría. Sin embargo, no ha tenido palabras para la denunciante de la trama, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi, cuya familia también es del partido.

El recorrido judicial del 'caso De Miguel' no ha acabado con la sentencia del Tribunal Supremo, aunque el pronunciamiento del alto tribunal sí convierte en firme las condenas por corrupción y, por lo tanto, abre la puerta ya al ingreso en prisión de los inculpados, entre ellos los exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería o el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles. Ahora bien, eso será decidido por la Audiencia Provincial de Álava y faltan “algunos días” para que se concrete, según fuentes del caso. Además, los acusados tienen la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional aunque no ya por los hechos, que se dan por probados, sino por la posible vulneración de derechos fundamentales. Aunque nadie se ha pronunciado aún, no sería un escenario descabellado ya que uno de los argumentos recurrentes de las defensas durante la instrucción, durante el juicio y ante el Supremo fue que la investigación se había propasado, incluso hasta el punto de acusar a la Ertzaintza de haber manipulado pruebas. Y, después del Constitucional, quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Cuando se conoció en diciembre de 2019 la sentencia de primera instancia, la de la Audiencia Provincial de Álava, la Fiscalía ya solicitó la ejecución “provisional” de las penas y se celebró una vista en la que el tribunal rechazó esa petición a expensas de que el Supremo dictara una segunda y definitiva resolución. Eso sí, desde entonces se han venido aplicando un conjunto de medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de acudir periódicamente a 'fichar' al juzgado. Ahora, de modo automático, la sentencia pasa ya a una fase de ejecución cuyo procedimiento y calendario no están claros.

Pero, antes de llegar a esa fase, la sentencia del Supremo ha de ser notificada formalmente a todas las partes y el expediente ha de ser remitido al tribunal responsable, la Audiencia Provincial de Álava. A partir de ahí, este órgano deberá declarar la “firmeza” de los autos y abrir una nueva fase. Entre los condenados hay tres grupos. Por un lado están, básicamente, De Miguel, Ochandiano, Tellería y Sánchez Robles. Tienen las penas más altas y deberían ser ejecutadas con carácter inmediato. Por otro lado están los que tienen sanciones de menos de dos años de prisión. Este grupo de Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Jon Iñaki Echaburu o Sergio Fernández Oleaga, salvo que tengan antecedentes o incurran en alguna otra anomalía, no ingresaría en un centro penitenciario en ningún caso. Y luego hay casos excepcionales de penados con una suma que sí supera los dos años pero en la que todos los delitos individuales no alcanzan ese límite, donde se podría solicitar una suspensión extraordinaria, o el de Alfonso Arriola o la exalcaldesa de Zambrana, condenados exclusivamente a inhabilitación y no a cárcel.

Para enredar más el escenario, la presentación del recurso de amparo podría frenar todavía unos cuantos años la entrada en prisión. En principio, la ley reguladora del Constitucional afirma que “la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados” pero, acto seguido, abre la puerta a que “cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad” bien el tribunal de oficio o bien a petición del recurrente “podrá disponer la suspensión, total o parcial” de una pena. Obviamente, también entran en juego factores de salud como los que han aflorado en el caso de los ERE de Andalucía con José Antonio Griñán. En principio, la reforma del delito de malversación no debería afectar a este caso, en el que también se han acreditado otros tipos penales como la prevaricación, la asociación ilícita, el cohecho o el tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial de Álava celebró en 2019 una vista con los condenados para dirimir su futuro. No está claro que ahora tenga que repetirse ese formato, aunque sí es seguro que las defensas dispondrán de un espacio para formular alegaciones. En todo caso, el tribunal que juzgó el caso no guarda ya ninguna relación con su composición actual. El presidente, Jaime Tapia, es ahora alto cargo en el área de Prisiones del Gobierno vasco. Es precisamente quien gestionará la estancia en la cárcel de los condenados de no mediar un traslado a otra comunidad autónoma. Y Raúl Aztiria dejó también la jurisdicción penal. Solamente Elena Cabero permanece desde el juicio. Fue ella la ponente del fallo de primera instancia. Los otros magistrados en activo ahora son Jesús Poncela, Ana Jesús Zulueta y Francisco García Romo. En el caso de la Fiscalía, los dos titulares del caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, continúan en ejercicio en Vitoria aunque el primero ya no es el fiscal-jefe provincial. La nueva responsable de la oficina, Carmen Cotelo, debería determinar quién gestiona estos flecos de un sumario que se inició precisamente cuando la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi presentó una denuncia ante Izaguirre.

El Tribunal Supremo ha confirmado las principales condenas del 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV de Álava y cargos públicos de esta formación. El alto tribunal, eso sí, ha realizado algunos ajustes. Necesariamente son a la baja, ya que todos los recursos iban en esa dirección. Esta sentencia es ya firme e implicará la entrada efectiva en prisión de los acusados con delitos por encima de los dos años. El fallo avala el trabajo investigador del instructor, Roberto Ramos, de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, de la Ertzaintza, y de la Audiencia Provincial de Álava, en el ojo del huracán durante años.

“Absolvemos a Alfredo De Miguel Aguirre del delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal por el que venía condenado por la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Zambrana, manteniendo el resto de pronunciamientos de condena que la sentencia de instancia contiene”, se puede leer en el fallo, largamente esperado desde que el alto tribunal iniciara en septiembre la deliberación por un caso denunciado en 2009.

Según el fallo, el ajuste a De Miguel se concreta en que de la la condena original de 13 años de prisión se pasa a 12 años, cuatro meses y 15 días de cárcel. Son nueve de cumplimiento efectivo. La resolución del Supremo implica también la absolución de Julián Sánchez Alegría, presidente de la red de parques tecnológicos, aunque su pena era exclusivamente de inhabilitación y no de cárcel. Es por los hechos de Miñano, que suponen también una rebaja para el gerente de Miñano, Alfonso Arriola, que se queda en cuatro años de inhabilitación. El constructor Jon Iñaki Echaburu, asimismo, no entrará en prisión al reducirse su pena de dos años y cinco meses a solamente los cinco meses. Iñaki San Juan ve ajustada su pena definitiva a cuatro años, cuatro meses y 15 días de cárcel. San Juan era socio de De Miguel en varios negocios. Otro de los principales acusados, Xabier Sánchez Robles, mantiene una pena de 7 años, 1 mes y 15 días. El exdirector de Juventud con Juan José Ibarretxe facilitó que las empresas de la trama accedieran a adjudicaciones irregulares y, durante el juicio, trató de justificarlos con pruebas que fueron consideradas falsas.

Los principales acusados eran tres dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. “Por todas estas actuaciones -dice el Supremo- , los integrantes de la ejecutiva alavesa han sido condenados por los delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales”. A Ochandiano “se le imponen, además de otras penas accesorias, 7 años y 6 meses de prisión, que quedan limitados a 6 años y 9 meses de cumplimiento efectivo”. Él era el contable de la trama. A Tellería -que fue absuelto de otro caso paralelo en 2013- “se le condena a un total de 5 años, 1 mes y 15 días de prisión”. 

“Los tres acusados, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, refleja el Supremo. Y se añade: “Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros”. 

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción conocido en Euskadi y cuya investigación se remonta a 2009 y que afecta a excargos públicos y orgánicos del PNV encabezados por Alfredo de Miguel, a quien todos conocían como Txitxo. Del fallo su ponente ha sido el magistrado Pablo Llarena. Este pronunciamiento es firme y obligará a la entrada en prisión de los afectados, aunque pueden recurrir por vulneración de derechos fundamentales primero ante el Constitucional y luego incluso a Estrasburgo.

Eran una docena los recursos de casación que tenía sobre la mesa el Supremo. Finalmente, la Fiscalía no recurrió para elevar las condenas, como querían los fiscales del caso en Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira. Asimismo, los condenados que habían pactado sus penas con el ministerio público durante el juicio dieron por bueno el fallo e incluso devolvieron el dinero que les correspondía por los delitos económicos cometidos.

De Miguel, el principal acusado, fue el influyente 'número dos' del PNV de Álava y también ocupó el cargo de diputado foral de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). Tenía menos de 40 años cuando esta investigación truncó su carrera política. En estos años, sin embargo, ha continuado con un cargo en una sociedad pública del Gobierno vasco, Hazi, hasta el punto de que ha tenido tres ascensos mientras era investigado.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia.

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido.

Políticamente, aunque costó meses, el PNV consiguió que De Miguel, Tellería y Ochandiano entregaran su carné. El presidente era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y los imputados eran del sector más próximo a Joseba Egibar, líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario aún hoy. Este caso forzó una modificación de los estatutos para automatizar este procedimiento en casos graves. Sin embargo, Egibar no tuvo reparos en abrazar delante de las cámaras a Txitxo cuando acudió a comparecer en la comisión de investigación que sobre este caso inició el Parlamento Vasco o en defender que no se había enriquecido en ningún caso. Tras la primera sentencia, Urkullu pidió disculpas, como también Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.

Sin embargo, recalcan que el partido no estaba implicado en los hechos. La financiación del partido nunca se ha investigado -“pues no lo sé, ellos lo van a establecer”, se escucha a Echaburu en las grabaciones cuando Alberdi le pregunta si la comisión es para el PNV- pero la Audiencia Provincial sí remarcó la importancia de la militancia compartida y la influencia política e institucional para explicar los hechos. En Zambrana, la alcaldesa María Justina Angulo dejó hacer a Txitxo y Arruti “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. “Accedió [...] por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, destacó el tribunal, que empleó argumentos similares en otras derivadas del caso. Consultado por este periódico, el PNV ha declinado hacer comentarios sobre este caso.

El 'caso De Miguel' es el mayor sumario de corrupción conocido hasta la fecha en Euskadi. Todavía hoy hay quienes lo rebajan a 'caso Miñano', como se le quiso llamar al principio, porque tuvo su origen en el parque tecnológico de Vitoria. Pero esa denominación omite que la trama extendió sus tentáculos a Zambrana, minúscula población al sur de Álava donde se pergeñó un pelotazo urbanístico valorado en 65 millones de euros, a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, de donde salieron contratos 'a dedo', o a los municipios alaveses de Zigoitia o Lapuebla de Labarca y que quien da nombre al caso, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ideó negocios desde la Costa del Sol andaluza hasta Argentina. Con De Miguel se sentaron en el banquillo otros dirigentes alaveses de la formación como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, cargos públicos nacionalistas como Xabier Sánchez Robles, María Justina Angulo o Alfonso Arriola y empresarios con carné como Josu Arruti, Iñaki San Juan o Jon Iñaki Echaburu. La denuncia de la corrupción llegó en 2009, la investigación arrancó en 2010 y finalizó en 2015, se celebró un macrojuicio en 2018 y, a finales de 2019, una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava recogió 300 folios de “hechos probados” que constataba no solamente las graves irregularidades sino la importancia que en el desarrollo de los hechos tuvo la vinculación común de todos los procesados a una misma organización. El PNV, por el contrario, siempre ha defendido su “intachable” trayectoria cuando se le ha interpelado por este caso y ha insistido en que los acusados actuaban 'motu proprio'.

La denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, de familia 'jeltzale', acompañó su alerta de que De Miguel quería cobrarle una comisión de 100.000 euros por ayudarle con un contrato con grabaciones. Una de ellas aborda esta cuestión con su entonces socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, contratista habitual de la Administración, amigo de De Miguel y quien aparentemente había pactado la mordida:

-¿[Es] Pa’l partido o así?

-Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.

-¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?

-No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.

El 'caso De Miguel' ha vuelto a primera línea ahora al conocerse que De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo, no solamente continúa trabajando para la Administración sino que ejerce de “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea -así aparece en documentos oficiales, aunque el Gobierno vasco lo niega- y que en este tiempo ha recogido premios, ha concedido entrevistas por “buenas prácticas” y realizado viajes oficiales representando a Euskadi. El PNV repite que la sentencia sobre este caso no es “firme”, ya que el Tribunal Supremo tiene pendientes de resolver 14 recursos de los condenados en primera instancia. También que los derechos laborales de De Miguel como empleado público no pueden ser vulnerados. La oposición se ha echado encima y los socios del PNV en el Gobierno vasco, el PSE-EE, han sugerido que siga trabajando pero al menos no con proyección pública. La entidad de De Miguel, entre sus funciones, reparte ayudas públicas y en su web publicita un buzón contra el fraude.

¿Cómo ha gestionado el PNV este caso? En el momento de su detención en marzo de 2010, De Miguel era diputado foral en Álava con competencias en materia de Urbanismo. El presidente de aquel Ejecutivo provincial era Xabier Agirre, ya fallecido, y aquélla era una coalición con dos partidos ahora integrados en EH Bildu, EA y Aralar. Agirre salió al instante reclamando “tolerancia cero” contra la corrupción y destituyó al arrestado, no sin tensión. También dejó de ser vicepresidente de la Caja Vital, politizada como tantas otras entidades en España. Pero el PNV es bicéfalo y el partido en Álava lo controlaba Iñaki Gerenabarrena, no Agirre. El presidente, que ahora trabaja en el Gobierno en la misma sociedad pública que De Miguel, fue quien impuso a Agirre el nombre de Txitxo para su equipo y su reacción primera fue amenazar a la prensa que informaba del caso con querellas. Todo un sector en torno a Gerenabarrena y Txitxo siguió esa misma estrategia. Una veintena de cargos firmaron una carta denunciando una “cacería infame” contra la organización. Muchos fueron los mismos que lo agasajaron en las puertas del Parlamento cuando le tocó comparecer en la comisión de investigación que, sobre este caso, celebró la Cámara. Ya dentro, el referente del sector interno de De Miguel y Gerenabarrena, Joseba Egibar, presidente en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, le dio un abrazo delante de fotógrafos y camarógrafos y permitió que un acusado por graves delitos ofreciera una rueda de prensa sin admitir preguntas en una institución pública. Entretanto, EA y Aralar dejaron solo al PNV y rompieron la coalición.

El presidente del PNV entonces era Iñigo Urkullu, ahora lehendakari. Él y su equipo, más próximos a Agirre, se las vieron y desearon para lograr que De Miguel y los otros imputados entregaran sus carnés de afiliados. Lo logró muchos meses después, a principios de 2011. A cambio, De Miguel, Tellería y Ochandiano le 'regalaron' este aviso: “Se equivoca la dirección del EBB del PNV si cree que la campaña política y mediática de acoso y derribo al Partido remitirá o desaparecerá por el hecho de un simple depósito de carnés. Los firmantes de esta carta queremos denunciar el juicio paralelo al que hemos sido sometidos y la actitud injusta de quienes han obviado el principio de presunción de inocencia y ya nos han condenado. Exigimos al EBB del PNV que defienda al Partido y a sus afiliados con mayor convencimiento y determinación de lo que ha defendido nuestra presunción de inocencia. Nosotros somos inocentes, el PNV también y, pese a quien pese, lo demostraremos”.

El sector de Agirre logró frenar la candidatura propuesta para las elecciones de 2011 en Vitoria por Gerenabarrena. Fue entonces cuando emergió la figura de Gorka Urtaran, que ahora abandonará el cargo, pero las instituciones pasaron a manos del PP. A nivel orgánico, Agirre decidió asumir la presidencia en Álava y los suyos se impusieron en la renovación de los cargos de Araba Buru Batzar... aunque tuvo que ser a la segunda. En el primer intento, con irregularidades, Agirre se vio con más de su nueva ejecutiva controlada por los afines a Gerenabarrena y De Miguel. En el sumario del caso constan auténticas campañas contra compañeros de partido orquestadas por el sector contrario. Un ejemplo: el actual presidente alavés y continuador de Agirre, José Antonio Suso, era vejado en algunos mensajes.

Urkullu se convirtió en lehendakari en 2012 y Andoni Ortuzar pasó a ser el líder del Euzkadi Buru Batzar. En estos años, ha asegurado que el fiscal del caso, Josu Izaguirre, ha actuado al “servicio” del PP. “Hay un deseo insano por demostrar que en Euskadi hay corrupción”, declaró. También manifestó en otra ocasión que el caso estaba inflado ya que no suponía más que 200.000 euros, en alusión a solamente una de las partes, la relativa a los contratos irregulares en Juventud. Eso sí, conocida la sentencia de la Audiencia de Álava, en 2019, Ortuzar “con sencillez y sinceridad” pidió disculpas aunque introdujo dos matices, que seguía operando la presunción de inocencia porque la condena no era firme y que los hechos constatados “nada tienen que ver con el PNV”. Urkullu, ya desde la Presidencia vasca, también se sumó a la petición de perdón. Egibar, finalmente, se avino a reconocer que “ha habido conductas delictivas” aunque hasta poco antes de conocerse el fallo recalcaba que nunca se lucraron los acusados, aunque en el juicio apareció cómo De Miguel usó las comisiones para comprar un coche, joyas o viajes, cómo las tarjetas de crédito eran usadas en bares de copas o cómo un constructor asumió el coste de la reforma de su segunda residencia, en Gorliz, en la costa vizcaína.

En estos años, De Miguel ha tenido varios ascensos en la sociedad pública del Gobierno vasco en la que trabaja, Hazi, de la que cuelga Itsas Garapen Elkartea. Su nómina se ha más que duplicado y ha asumido nuevas responsabilidades. Era conocida su cercanía el histórico líder del PNV, Xabier Arzalluz, pero poco antes de su fallecimiento sorprendió enviando a su entorno una fotografía de ambos comiendo. En el velatorio, Txitxo coincidió con el EBB. La denunciante ya manifestó que no ha recibido ni un sólo contrato público en este tiempo y que alguien del propio partido le instó a que ni siquiera se presentara a los concursos. El PNV no ha hecho nunca un pronunciamiento en torno a la figura de Alberdi.

Tampoco sobre la familia Arruti, muy vinculada al partido y también a la familia Arzalluz. Josu Arruti, amigo y socio de De Miguel en la trama, confesó durante el juicio la existencia de comisiones. Además de admitir los hechos, ya ha devuelto el dinero defraudado, al menos 130.000 euros. Se ha endeudado, ha abierto un pequeño negocio en Bilbao y se ha desvinculado de toda pelea en el Supremo. En realidad, De Miguel también iba a confesar, pero cambió de parecer a última hora. Iba a aceptar delitos que, juntos, sumaban cinco años y cuatro meses de cárcel. Su hermana Aintzane, a la que situó como contable de la trama, compartía abogado con Arruti y tenía ya un pacto para evitar la cárcel a ultimísima hora renunció a declarar en un giro nunca explicado.

Es reciente, de diciembre, un documento con conclusiones sobre el proceso de escucha activado por la formación de Ortuzar entre militantes, simpatizantes y externos. Una de las conclusiones de este trabajo llamado Entzunez Eraiki es que el PNV “no es un partido asociado a la corrupción” pero entiende que sí “debe contrarrestar cierta imagen de 'amiguismo' que ha podido calar tras tantos años de gestión pública”. Las novedades sobre De Miguel han hecho que la oposición haya rescatado este punto.

El PNV también ha fichado en los últimos años al juez que presidió el tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia. Desde 2021 es asesor para la puesta en marcha del nuevo modelo vasco de Prisiones una vez transferida esta competencia. Ocupa un puesto precisamente en el único departamento del Gobierno vasco controlado por el PNV de Álava de Suso. Suyas y de los magistrados Elena Cabero o Raúl Aztiria son frases como que el “único lazo verificado” entre todos los implicados en el 'caso De Miguel' era su pertenencia a un partido, al PNV. “Desgraciadamente en los últimos años se observa un vínculo entre la política y los empresarios, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y este caso no es una excepción”, afirmó el tribunal.

Sobre Alfredo de Miguel Aguirre pesa desde hace tres años y un mes una condena de la Audiencia Provincial de Álava de trece años de cárcel por graves delitos de corrupción de su etapa como 'número dos' del PNV de Álava. Ahora el Tribunal Supremo revisa su recurso para reducir la condena, pero el convenio colectivo vigente en 2019 en la sociedad pública dependiente del Gobierno vasco para la que trabaja, Hazi, contemplaba un posible despido en caso de penas de más de seis años de prisión por delitos económicos. A diferencia de otros textos similares, no se añadía la coletilla de que fuera precisa una resolución judicial “firme”, aunque el Ejecutivo siempre lo interpretó como tal. Sin embargo, desde diciembre de 2019 De Miguel no solamente ha continuado trabajando para la Administración con normalidad sino que ha ido adquiriendo nuevas responsabilidades. Ejerce como “gerente” del GALP (Grupo de Acción Local Pesquera) de la costa vasca, Itsas Garapen Elkartea en su denominación oficial. Este organismo cuelga de Hazi y en él participan también las cofradías de Bizkaia y de Gipuzkoa.

Aparece como “manager” en documentación de la Unión Europea. Ha ejercido como representante vasco en visitas oficiales a lugares como Galicia o en reuniones con el Ministerio, y hasta ha recogido premios por proyectos vinculados a la pesca. Entre sus competencias, se hallan las de gestionar ayudas públicas y la de recibir denuncias de posibles fraudes en el sector.

La investigación del 'caso De Miguel' se inició en diciembre de 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que el político del PNV la presionaba para cobrarle una comisión de 100.000 euros por un contrato que él había procurado a su empresa, Urbanorma Consulting, en una sociedad pública en la que no tenía ningún cargo visible, el parque tecnológico de Miñano. Finalmente, fue detenido en marzo de 2010 junto a otros dos exdirigentes del partido en Álava con los que compartía una empresa pantalla llamada Kataia Consulting y que estaba a nombre de las esposas de los tres. Fue entonces cuando fue apartado de su cargo público, diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), de su otro cargo, vicepresidente de la Caja Vital (ahora integrada en Kutxabank) y desprovisto de su carné en el partido. Formalmente, ya no tenía posición orgánica después de una década como secretario del Araba Buru Batzar y mano derecha del presidente, Iñaki Gerenabarrena, aunque mantenía intacta su influencia. Cinco años de instrucción desmadejaron una trama mucho más amplia y quien todos conocían como Txitxo se se sentó en el banquillo a lo largo de 2018. La Audiencia Provincial de Álava acreditó varios delitos de corrupción y, aunque redujo la pena por las dilaciones indebidas, De Miguel se llevó una pena en primera instancia de trece años. La Fiscalía quiso que entrara ya en prisión pero el tribunal optó por esperar al pronunciamiento del Supremo sobre los recursos, aunque fijó algunas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligatoriedad de firmar periódicamente en un juzgado.

Tras una baja laboral cuando estalló el caso que llegó a ser investigada por la Seguridad Social por su extensa duración, De Miguel disponía de dos plazas para trabajar para la Administración. La primera excedencia era en la sociedad pública Sprilur, en concreto en Industrialdeak. Trabajó ahí antes de dar el salto a la Diputación. La segunda excedencia era en una de las tres entidades precursoras que luego se fusionaron en Hazi, una entidad llamada IKT. Obtuvo la plaza cuando dejó de estar liberado en EGI, las juventudes del partido, y fue nombrado 'número dos' del partido en Álava. No solamente entró en Hazi, sino que cobró una indemnización de 22.000 euros públicos mientras era investigado por corrupción al liquidar su excedencia con Sprilur. Tras la sentencia, el entonces gerente de Hazi, Asier Arrese, reveló a preguntas de la oposición en el Parlamento Vasco que en estos años Txitxo había disfrutado de al menos un ascenso de categoría y tres subidas salariales. Más tarde se conoció que había omitido su remuneración real. De 24.000 euros anuales estipulados para su puesto en 2010 estaba ya en 52.500 en 2020, aunque se dio a entender que eran 37.000.

Desde entonces, De Miguel ha seguido ganando en responsabilidades. En documentos oficiales de la Unión Europea sobre los GALP de España, Txitxo aparece como el “manager” para la costa vasca. En marzo de 2022, por ejemplo, encabezó una delegación vasca de visita al sector pesquero de Galicia. “La comitiva vasca, conformada por el técnico de Hazi y gerente de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Alfredo de Miguel Aguirre, el coordinador general de la Cofradía Itsas Etxea, Martxel Arozena, y por el técnico de Hazi y de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Ekaitz Urtiaga Martínez visitó durante dos días diversos espacios y proyectos”, se podía leer en una nota oficial de la Administración gallega. Unos meses antes, en octubre de 2021, Txitxo recibió a una delegación de la Fundación Expomar de esa comunidad, que es la fotografía que acompaña a esta información.

Hay documentación de Hazi que muestra cómo De Miguel ha dirigido reuniones y también cómo ha sido el representante vasco en encuentros interterritoriales. Un boletín del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de diciembre de 2020 muestra cómo el exdirigente del PNV recogió dos premios a sendas iniciativas innovadoras en el sector pesquero vasco, Sopak y Ecofish. En la primavera del pasado año, De Miguel impartió una charla telemática a representantes de los GALP de toda España a instancias del Ministerio de Luis Planas para exponer el modelo vasco de gestión pesquera. “Soy Alfredo, de Itsas Garapen Elkartea”, se presentó. “Hacemos un poco de todo [...] para el Gobierno vasco”, ironizó. Cuando llegó la COVID-19, la Unión Europea destacó una iniciativa vasca para proteger a las embarcaciones y garantizar el suministro de pescado a la población. Lo hizo acompañar de unas declaraciones en inglés de De Miguel y lo calificó de “buenas prácticas” de gestión.

Arrese, en su última comparecencia parlamentaria sobre la materia, dejó una reflexión: “Creo que, evidentemente, cuando estamos tomando decisiones de índole laboral en referencia a Alfredo de Miguel, existe esa tensión entre la precaución de ser conscientes que estamos gestionando una persona que está imputada, pero también queriendo ser ecuánimes”. El entonces responsable de Hazi las funciones de Txitxo de manera muy genérica. “A día de hoy, efectivamente, está ocupando un puesto de técnico rural, bueno, más más que rural, de técnico litoral, un puesto al cual accede mediante un proceso de promoción interna”, informó. Quitó hierro a su posición ya que “estos últimos 13 años ha habido más de 50 promociones de cubrición de puestos vacantes y éste es sólo uno de ellos”. La oposición pidió más aclaraciones. Y esta fue la respuesta textual: “Está ocupando en estos momentos no una plaza en propiedad sino una vacante que está como técnico de dinamización litoral. Está como técnico de apoyo. Tenemos un convenio con el Grupo de Acción Local Pesquero y damos el soporte de secretaría técnica que, en colaboración con los técnicos, las cofradías, tanto la Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa como la de Bizkaia, dan el soporte técnico a las funciones de dinamización, vamos a decir, del ámbito litoral y las cofradías pesqueras. Y del Grupo de Acción Local Pesquero”.

Durante el macrojuicio por corrupción, Arrese fue uno de los testigos aportados por la defensa de De Miguel para hacer ver al tribunal que las irregularidades que se le imputaban eran irreales. El que fuera presidente del PNV alavés con Txitxo, Gerenabarrena, ocupa también un puesto de responsabilidad en Hazi.

Más noticias sobre el 'caso De Miguel':

Este miércoles se han cumplido tres meses desde que el Tribunal Supremo lleva oficialmente deliberando sobre los recursos contra la sentencia en primera instancia de la Audiencia Provincial de Álava sobre el 'caso De Miguel', que es el mayor sumario de corrupción que ha habido en Euskadi y que se saldó con importantes penas de hasta trece años de cárcel para el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. La sala de lo penal del alto tribunal, sumida en otras labores en este tiempo como el caso de los ERE de Andalucía o las revisiones de penas a agresores sexuales en el marco de los cambios por la ley del 'sólo sí es sí', guarda un mutismo absoluto sobre este expediente y va echando por tierra todos los plazos previstos. La única certeza es que hasta el 9 de enero se ha abierto un período inhábil por las festividades navideñas, así que será solamente a partir de entonces cuando el Supremo retome su labor ordinaria. “Hasta 2023”, sintetiza una fuente consultada. “No hay ninguna noticia. Novedades cero”, confirma otro letrado.

Ello hará que la sentencia firme -aunque cabría la posibilidad de elevar recursos al Constitucional o incluso a Estrasburgo- llegue 14 años después de que se iniciara la investigación y 18 después de que De Miguel y sus compañeros dirigentes del Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería crearan la empresa pantalla Kataia Consulting, el epicentro de una trama de cobro de comisiones, blanqueo de capitales y manipulación de contratos públicos. En concreto, la empresaria Ainhoa Alberdi acudió en diciembre de 2009 a la Fiscalía para alertar de que De Miguel la estaba presionando para cobrarle una mordida de 100.000 euros tras haberle facilitado a su empresa un contrato en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. En marzo de 2010 De Miguel, Ochandiano, Tellería, sus esposas, el socio de Alberdi -el constructor Jon Iñaki Echaburu- y el gerente de Miñano, el también peneuvista Alfonso Arriola, fueron arrestados por la Ertzaintza siguiendo instrucciones del juez Roberto Ramos. Fue entonces cuando De Miguel dejó la política. Cinco años después, en marzo de 2015, finalizó la fase de instrucción, que elevó por encima de la veintena los imputados después de que se destaparan otros negocios. Pero el macrojuicio no arrancó hasta enero de 2018. Acabó en diciembre de ese año y la primera sentencia condenatoria fue emitida en diciembre de 2019. Ahora se han cumplido tres años.

Ya aquel fallo rebajó las primeras penas por “dilaciones indebidas”. En concreto, se apuntaba a que en la “fase intermedia” entre el final de la investigación y el arranque del juicio, la magistrada María Eneida Arbaizar mantuvo dos años el expediente en 'stand by'. De hecho, incluso hubo que repetir un auto en el que simplemente se recogían las peticiones de pena contra los imputados por estar plagado de errores, 21 en total, como publicó este periódico en 2016. No es ni mucho menos el único gran caso relacionado con la corrupción que, en Euskadi, se ha visto condicionado por los retrasos de la Justicia. En el 'caso Margüello', en el que se investigaban externalizaciones irregulares de servicios sanitarios en la etapa del consejero Gabriel Inclán y que tenían como principal implicado al doctor José Carlos Margüello, las penas quedaron en mínimos. También en el 'caso Balenciaga', en el que se acreditaron las irregularidades económicas en la puesta en marcha del museo de Getaria dedicado al genio de la moda, ocurrió algo similar. En Gipuzkoa, en el caso de fraude fiscal en el que está imputado el exsenador y exdirector de Hacienda por el PNV Víctor Bravo son ya dos años sin noticias del recurso en segunda instancia, la Audiencia Provincial. En su caso, los hechos se remontan a 2007.

En el 'caso De Miguel', el Supremo tiene en sus manos una docena de recursos de quienes fueron condenados en primera instancia por un tribunal compuesto por los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria. La sala que analiza este voluminoso expediente la componen Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Ante la negativa de la Fiscalía del alto tribunal a atender el criterio de los fiscales alaveses que llevaron el juicio, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, no hubo recursos para elevar las penas y, por lo tanto, la segunda sentencia solamente podrá decidir entre mantener tal cual el criterio de la Audiencia Provincial o rebajar total o parcialmente las condenas. Aunque caben recursos por vulneración de derechos fundamentales en instancias superiores, este fallo del Supremo sí será ya firme y, por lo tanto, ejecutivo. Ahora no será optativo que quienes reciban penas de cárcel entren a prisión. En primera instancia, hace ya tres años, se acordaron unas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de firmar en un juzgado periódicamente pero se estimó que era prudente esperar a los recursos antes de ordenar la entrada en la cárcel.