Uno de los condenados en el 'caso De Miguel' estudia derecho penal con el juez que le condenó como profesor

Jon Iñaki Echaburu, constructor afiliado al PNV y condenado a una pena mínima de prisión por haber abonado comisiones a la trama encabezada por su compañero de partido Alfredo de Miguel a cambio de contratos, es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Y se da la circunstancia de que su profesor de Penal es el magistrado que presidió el tribunal que le condenó en primera instancia, Jaime Tapia, que siempre ha compatibilizado la toga con las aulas y que ahora lo hace con su nuevo puesto como asesor de Prisiones en el Gobierno vasco, donde fue fichado por la única consejera que tiene el PNV de Álava, Beatriz Artolazabal, para diseñar el nuevo modelo penitenciario a raíz de la transferencia de la competencia a Euskadi.

Se da la circunstancia de que Echaburu y Tapia coincidieron este martes en la sede de la UNED en Vitoria pocas horas después de que se conociera que el alto tribunal enmendaba a la Audiencia Provincial de Álava en lo tocante a este acusado en dos cuestiones críticas. Se le anula una pena por su participación en la comisión de 100.000 euros que su exempresa iba a abonar a De Miguel por un adjudicación 'a dedo' en el parque tecnológico de Miñano. Se da por probado que el político se la exigió a su socia, Ainhoa Alberdi, y aunque ella asegura que era la letra pequeña de un arreglo entre Echaburu y el político, que eran amigos y que habían acordado este tipo de pagos en otros dos contratos al menos, el Supremo entiende que no está acreditada suficientemente su implicación. Igualmente, le anula la condena por asociación ilícita al entender que pagar comisiones no implica formar parte de una trama, solamente cooperar con ella externamente.

Echaburu no entrará en la cárcel. Sin antecedentes y con menos de dos años de pena, habrá una suspensión automática. No la decidirá ya Tapia, dadas sus nuevas funciones políticas, pero sí la Audiencia Provincial de Álava. El constructor corruptor, eso sí, también intentó en el Supremo anular toda la condena al entender que durante la investigación y el juicio se vulneraron sus derechos fundamentales. El alto tribunal, aquí sí, desestimó sus pretensiones y lo hizo con mucha rotundidad. “Es evidente que la formulación del motivo carece de una concreción que resulte mínimamente aceptable para que el recurrente aborde su exposición, plasmando de manera acrítica todo un recital de derechos fundamentales conculcados, sufriendo incluso la incontinencia de afirmar que se han vulnerado otros derechos constitucionales que ni siquiera se identifican”, se puede leer en la larga resolución judicial, de más de 300 páginas.

La nueva responsabilidad de Tapia en el Gobierno está siendo comentada en las partes afectadas por el 'caso De Miguel', ya que dependerá de su Departamento la ejecución de las penas que él mismo contribuyó a aplicar y que salvo las excepciones de Echaburu o Julián Sánchez Alegría y otros pequeños retoques “técnicos” ha avalado el Supremo. Su superior política, Beatriz Artolazabal, ya ha advertido de que no habrá “privilegios” para estos políticos presos en caso de que, como parece, entren a centros dependientes de la Administración vasca. Mismos “derechos” y mismas “obligaciones”, afirmó la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Artolazabal, en todo caso, apura sus días en ese cargo, ya que se prevé que en febrero dimita para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Vitoria por el PNV.