Inmaculada Nieto Castro, portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, y el diputado José Manuel Jurado ha presentado este miércoles una denuncia que quiere reabrir la investigación por la adjudicación de una subvención por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Caminos de Andalucía S.L. En el escrito apuntan a José Manuel Soto (impulsor de la fundación), al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla y Elías Bendodo, secretario general del PP (y consejero de la Presidencia en el momento de los hechos), como ha adelantado la Cadena Ser. Desde la formación política aseguran que hay “indicios muy sólidos de la comisión de delitos muy graves”.
La denuncia se refiere en concreto a la subvención de 275.000 euros anuales que se adjudicó en 2023 y 2024 con el objetivo de financiar el proyecto “Senderos del Rocío”, con el que se plantea construir una red de caminos que conecte todas las provincias de Andalucía con la aldea del Rocío y que, según Por Andalucía, deja ver que “el simple hecho de ser amigo del presidente o de ser conocido del presidente, o de tener algún interés vinculado con el presidente Moreno Bonilla te pueda llevar a conseguir medio millón de euros más sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de papel”. De hecho, Nieto hace referencia a las palabras del presidente en febrero de 2023 cuando explicaba cómo le convenció Soto con “la mirada vehemente a los ojos y la explicación con inteligencia natural del empresario”.
Todo empezó con un contrato menor. Cuando el grupo de Por Andalucía “tuvo conocimiento de este contrato, presentó denuncia ante la Oficina Andaluza Antifraude”, que dictó una resolución con fecha del pasado 25 de enero de 2025, en la que advierte de una “falta de idoneidad y capacidad” técnica de la empresa adjudicataria suponía “un vicio que comporta la nulidad en la adjudicación del contrato”.
La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción observó un “vicio de nulidad” en la adjudicación de un contrato de marketing, de 14.000 euros, para el diseño de un proyecto. Este tipo de contrato, explica la resolución, excede las competencias de una empresa que, en el momento de la adjudicación, definía sus actividades como de “promoción, organización y realización de toda clase de actividades artístico musicales” y también “la promoción, fomento y gestión de servicios y estructuras relativas al fomento del patrimonio cultural”, entre otros.
“Aparentemente, la prestación va más allá de servicio de marketing, englobando también la realización de estudios orográficos, de situación y de redacción de proyectos, que se enmarcan en el ámbito de las ingenierías de montes (actual gestión forestal) o de caminos, canales y puertos, por el desarrollo de las competencias que ello conlleva y por el espacio protegido en el que se encuentran (Parque Nacional de Doñana y Pre-parque)”, añade la OAAF.
Sin embargo, la empresa no modificó “el artículo 2 de los estatutos de la misma, ampliando su objeto social” para poder realizar esta actividad hasta el 16 de diciembre de 2022, un año después de la ejecución del contrato.
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, declaró tras la reunión del Consejo de Gobierno y justo un día antes de la presentación de la denuncia en los juzgados, que “la Fundación Destino Rocío no va a recibir ninguna partida económica de la Junta en 2025”.
Además, explicó que “la causa contra las dos subvenciones (las de 275.000 euros anuales) está archivada” por la Oficina Antifraude. No obstante, no niega que la misma oficina “ha pedido una revisión del contrato menor”, el de 14.000 euros, cuya resolución es “lo único” que puede repercutir en el Gobierno andaluz. Aún así, Por Andalucía señaló la semana pasada que la Junta ha reclamado también un reintegro de 30.000 euros a Soto.
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