María del Mar tiene 46 años. Desde 2002 reside en La Puebla del Río en una vivienda que le cedió en precario la Diócesis de Sevilla debido a su “delicada situación económica y escasez de recursos”, según constaba en aquel contrato. Nada ha mejorado desde entonces. Vive con su marido. Sus dos hijos ya se marcharon del hogar familiar. En febrero tiene fecha el lanzamiento, el desahucio por precario, ya que su casa, junto a una antigua capilla ya clausurada, está en estado de ruina.
La Diócesis les ha demandado para que desalojen y el Ayuntamiento reconoce que no tiene capacidad de ofrecerle alternativa habitacional, aunque vienen colaborando desde hace tiempo con ellos con ayudas sociales. Ella y su marido, Antonio, se ven ahora en la calle. Este jueves protestan a las puertas del Arzobispado después de haber ganado algo de tiempo al paralizar la demanda y haber solicitado un abogado de oficio.
El caso es que el Consistorio de este pueblo sevillano de unos 12.000 habitantes y el Arzobispado se pasan la pelota de quién les tendría que ofrecer una nueva casa a esta familia sin recurso alguno. La mujer indica que el inmuele donde vive “ha sido la manzana de la discordia por los muchos enfrentamientos que han tenido las hermandades y el cura, que la tenía cedida a otra familia y las hermandades la querían para ellos. Pero en 2006 llego otro párroco y con su llegada deshizo todo lo que hizo el otro”.
“Que no nos dejen en la calle”
“Han sido numerosos los burofax que hemos recibido así como el acoso y el maltrato psicologico al que nos han tenido sometidos. Hemos intentado por carta al arzobispo que nos escuhara y ayudara. Todo en vano. Ahora se basan en que la capilla anexa a la vivienda esta en ruina inminente. Siempre hemos estado dispuestos a dejar la vivienda siempre y cuando no nos dejen en la calle como pretenden, sino facilitarnos otra en la que tengamos que pagar una renta apropiada a los ingresos. Llevan mucho tiempo actuando de muy mala fe”, señala esta vecina.
Fuentes del Arzobispado indican a eldiario.es Andalucía que “ha sido el Ayuntamiento el que ha dicho que se tiene que desalojar porque es un riesgo para las personas que allí habitan”. “Lo último que sabemos es que esta familia está en conversaciones y trámites con el Ayuntamiento para ver qué solución se les da para que no se queden en la calle” aunque “se les podrá echar una mano desde la cáritas parroquial”. “Desgraciadamente esta familia está en la situacion que viven miles de familias en España. Nosotros en nivel de vivienda es más complicado”, dicen desde el Arzobispado.
Añaden estas fuentes que “la iglesia no le ha dicho en ningún momento que abandonen la casa porque la necesite un párroco o un vicario” pero, según ha comprobado este periódico, en una carta dirigida el pasado abril por el propio arzobispo, Juan José Asenjo, se decía expresamente que “la parroquia necesita la vivienda para restaurarla y que pueda vivir en ella el vicario parroquial, que en estos momentos está en una casa de alquiler que satisface la Archidiócesis”. La afectada corrobora esta versión y dice desde la parroquia se les indicó “que un vicario y un cura ayudante tenían que pagar una renta y esta casa les salía gratis”. “Ahora se han agarrado a que la capilla está en mal estado”, añade María del Mar.
“La Iglesia debe solucionar el problema”, dice el gobierno local
Elisabeth Donaire, concejala del PSOE de La Puebla, que gobierna en la localidad, señala a este periódico que el párroco anterior “fue a decir al Ayuntamiento que el inmueble no tenía las condiciones de habitabildad”. La arquitecta municipal hizo un informe que corroboraba que esta familia corría peligro, según relata la edil, y “el Arzobispado inició los trámites judiciales, ya que no querían ser los responsables si ocurriese una desgracia. Ahora hay una sentencia de desalojo”, apunta.
El Ayuntamiento “les ha aportado y les seguirá prestando” ayudas sociales a esta familia “como siempre ha hecho” pero con la vivienda “el tema está en el Arzobispado y el Ayuntamiento no puede hacer nada”. “No hay retén de viviendas sociales ni mucho menos”, dice Donaire, que confirma los encuentros entre el alcalde y la Iglesia, y del alcalde con los vecinos afectados.
“El alcalde nos dijo que no había movido nada ahí pero que tuvieron que hacer el peritaje” y ahora han declarado la ruina “para no pillarse los dedos”. “Nos ha dicho el alcalde que ese problema lo ha creado la Iglesia y la Iglesia os lo tiene que solucionar”. La oferta del Arzobispado fue abonar dos meses de renta de su 'nueva' vivienda. “¿Y qué hago cuando pasen ese dos meses?, le pregunté al cura?”, concluye María del Mar. “Eso no era una solución”. Aún la sigue esperando. En febrero está previsto el lanzamiento.