El TSJ catalán amnistía al exconseller Bernat Solé, condenado por impulsar el 1-O en su pueblo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado aplicar la ley de amnistía al exconseller Bernat Solé, condenado por impulsar el referéndum del 1-O en Agramunt (Lleida), el pueblo del que fue alcalde durante el procés.

Por otro lado, alto tribunal ha decidido desestimar el recurso presentado por Solé en que pedía que se revisara y anulara la multa de 16.800 euros y un año de inhabilitación por un delito de desobediencia. Los magistrados recuerdan que la ley de amnistía “en ningún caso” contempla la revisión de la sentencia ni la reversión de las multas.

Solé, que en 2020 asumió la cartera de Exteriores en el Govern, ha celebrado su amnistía, pero ha lamentado que no se entre “en el fondo de la cuestión, que es que tantas personas tuvieran que asumir penas de cárcel e inhabilitación”.

En su sentencia condenatoria, la Sala Civil y Penal del TSJC concluyó que Solé “tuvo una participación activa y decidida” en la celebración del referéndum pese a haber sido advertido por el Tribunal Constitucional (TC) de que debía impedir la votación.

El tribunal destacó que Solé, además de personarse en el colegio electoral “desde el primer momento”, asumió distintas “responsabilidades logísticas” durante la jornada. Por ejemplo, “esconder en lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación [las actas]”, así como “adelantar la hora de cierre de la votación” ante la posibilidad de que acudiera la Guardia Civil al municipio para intervenir en el colegio.

Al margen de los hechos del 1-O, el tribunal sentencia que la otra conducta delictiva de Solé fue participar el día 25 de septiembre en una charla sobre el referéndum en el 'casal' del pueblo. La intervención de Solé en la conferencia, abunda el tribunal, estuvo dirigida a “fomentar la participación en el referéndum prohibido por el TC”.

Solé fue el segundo alcalde que llegaba a juicio por las investigaciones que antes del 1-O abrió la Fiscalía a más de 700 ediles