La Xunta pide ahora una reunión con el Gobierno sobre el traspaso de la AP-9 tras votar el PP en contra en el Congreso
Alfonso Rueda insiste en su rechazo a la ley que, aprobada en el Congreso con el voto de todos los partidos excepto los de PP y Vox, abre la puerta a una reclamación política de décadas en Galicia: el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Según la tesis del presidente de la Xunta, la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, diluye los compromisos económicos del Estado, algo que la izquierda niega. En todo caso, y tras apoyar el voto en contra de su partido, Rueda pide ahora una “comisión bilateral” con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”.
El presidente explicó su solicitud tras acordarla en la última reunión semanal de su gabinete antes del parón de agosto. “Es un paso previo a la reunión de la comisión mixta de transferencias”, aseguró. Es a esta a la que ha remitido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para concretar las condiciones del traspaso. Rueda volvió a repetir que el texto legislativo del Congreso hace desaparecer las garantías económicas que sí incluía el acuerdo unánime -PSdeG, BNG y PP- del Parlamento de Galicia.
Su artículo número 2 dice literalmente que “el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia deberá tener en cuenta la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios y la suscripción de los instrumentos jurídicos de desarrollo que prevea el citado Acuerdo”. La norma añade que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”, incluidas las derivadas de aplicar la concesión en vigor debido a modificaciones realizadas durante los largos años en los que el Estado mantuvo la titularidad.
La prórroga de la concesión que el gabinete de José María Aznar otorgó hasta 2048 fue declarada ilegal por la Comisión Europea. De confirmarlo el Tribunal de Justicia de la UE, el contrato sería nulo y habría que compensar a Audasa, la concesionaria. Este es uno de los puntos conflictivos del traspaso.
Permisos de trabajo
La Xunta de Galicia también negocia con el Gobierno central la transferencia de los permisos de trabajo. Rueda aseguró este lunes que confía en cerrar un acuerdo en septiembre. De hacerlo, sería la segunda competencia pedida transferida a Galicia desde que, en 2009, el PP de Feijóo asumió el poder autonómico.
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