El Defensor del Pueblo investiga a doce municipios por prohibir que las personas con VIH sean taxistas
El Defensor del Pueblo ha anunciado este viernes a través de un comunicado una actuación contra doce municipios de la Región de Murcia, que prohibirían en sus ordenanzas municipales el acceso a licencias de taxis y a trabajar como taxistas a personas con VIH.
La institución ha solicitado a estos ayuntamientos, de los que no ha hecho público el nombre, información sobre esta prohibición expresa, tras una queja del sindicato UGT en Murcia.
El sindicato, señala el Defensor, considera que “esta limitación podría constituir una vulneración del principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación de 15/2022”, así como diversas resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.
La concesión de licencias de taxi son competencia municipal y algunas ordenanzas no se han adaptado a la evidencia científica, por lo que continúan excluyendo a las personas con VIH. Una situación que llevan tiempo denunciando desde entidades como la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), porque genera una “falta imagente”. “No existe ningún peligro porque una persona con VIH conduzca un autobús, un taxi o cualquier otro medio de movilidad”, indicaban en 2025.
Además, entidades como Cruz Roja recuerdan en sus páginas web que “las personas que conviven con el VIH tampoco están obligadas a comunicar su condición a nadie en su puesto de trabajo, siendo simplemente, una opción voluntaria. Aun cuando sea obligatoria en los exámenes de salud una prueba de VIH, la persona deberá ser informada previamente de todos los análisis que se le pidan. Y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales debe garantizarle la confidencialidad de la información, sin poder compartirla con ninguna otra persona o área de la empresa.”
En los últimos años, desde los colectivos han insistido en el mensaje de que una persona con VIH diagnosticada y en tratamiento puede reducir su carga viral hasta hacerla indetectable y, por lo tanto, no transmitir la infección en ningún caso.
El Defensor del Pueblo ha pedido ahora a estos doce ayuntamientos murcianos que informen sobre sus ordenanzas, las limitaciones impuestas a personas con VIH y las medidas que “pudieran adoptarse por esas corporaciones para garantizar los derechos de las personas afectadas por la exclusión referida y evitar, así, cualquier posible trato discriminatorio”.
Según el informe 'Experiencia de estigma de las personas con VIH en España', publicado por el Ministerio de Sanidad en el año 2024, más del 60% de las personas con VIH han experimentado alguna forma de discriminación desde el diagnóstico.