El Gobierno prevé declarar la emergencia climática este martes en el Consejo de Ministros. Esta declaración, según ha podido confirmar eldiario.es tras ser adelantada por la Cadena SER, estaba esperando a que hubiera un Ejecutivo con plenas facultades de acción tras la petición expresa que había realizado el Congreso de los diputados en septiembre pasado.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tenía bajo el brazo esta medida, en principio, preparada para salir a la palestra cuando el Gobierno pudiera poner en marcha acciones. La declaración va a llevar aparejada un paquete de medidas, algunas inmediatas y otras previstas para desarrollar durante la legislatura. Lo primero: tramitar en el Congreso la ley de cambio climático.
La idea es que arranque cuanto antes la senda para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para 2030 que lleven a la neutralidad en 2050. Esos objetivos están marcados en el Plan de Energía y Clima ahora en revisión por la Comisión Europea: rebajar esas emisiones en un 21% respecto a 1990 y que se llegue al 74% de fuentes renovables en la generación de electricidad.
[[ACTUALIZACIÓN: El Gobierno se compromete a poner en marcha en 100 días las medidas para eliminar las emisiones de CO2 en 2050]]
Sin embargo, una declaración de emergencia climática no puede limitarse al sector energético. Los planes deben incluir programas trasversales que también incorporen otras fuentes cruciales de emisiones de gases de efecto invernadero como el sector agrícola y el del de transporte -este último se colocó el primero en cuanto a emisiones en 2018 al llegar a suponer el 27% de todo el inventario español-. Y las medidas de acompañamiento para que las reconversiones de ciertos sectores económicos no “dejen a nadie atrás” como ha repetido y comprometido la vicepresidenta Ribera.
Este martes, el Gobierno de coalición también pretende aprobar por decreto la subida salarial prometida a los empleados públicos, de un mínimo del 2%. El alza salarial ya estaba pactada con los sindicatos, pero Sánchez aplazó su aprobación a la formación de Gobierno para que el Ejecutivo tuviera plenas funciones.
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