Historia de una involución: de la escuela para todos al mercado educativo

Es una realidad que ha habido grandes avances en la educación pública. Pero es igual de incuestionable el deterioro actual“. Aurora Ruiz ha estado analizando el mundo educativo durante décadas desde el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, lo que le ha permitido ver a la escuela pública crecer, abrazar la universalidad y la equidad, sufrir los recortes y, en los últimos tiempos, convertirse en un mercado, especialmente la universidad, cuenta. Todo en 50 años.

Hoy, en plena oleada privatizadora, España vuelve a debatir, si es que alguna vez dejó de hacerlo, sobre el papel de la escuela, dice Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. “No se ha conseguido un acuerdo sobre la función social de la escuela. Si la educación tiene la función de compensar desigualdades o si la meta es el esfuerzo y la excelencia. Aunque yo no creo que esto sea contrario a la equidad, se presenta así”. Para esta experta esa “tensión” es “un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. El individualismo, la derechización, lleva a la gente a considerar la educación como un elemento para su beneficio privado y a discutir la función social de la escuela como un medio de compensación de desigualdades”, la función que (teóricamente) se le asignó cuando se democratizó. Y esa dicotomía se ha ido trasladando a las sucesivas leyes y a las aulas.

La educación postfranquista empezó con Franco, coinciden los expertos. Cojo aún, inicial, pero el libro blanco de la Educación publicado en 1969 –tan crítico con el sistema que “sorprende que se pudiera editar y difundir”, en palabras de Álvaro Marchesi, alto cargo varios años en el Ministerio de Educación– modeló la Ley General de Educación (LGE), primer gran punto de inflexión del sistema educativo español.

Hasta entonces la escuela era segregadora –chicos por un lado, chicas por otro–, controlada por la Iglesia y para unos pocos. El propio libro blanco explica que de cada 100 alumnos que iniciaron la Primaria en 1951, 27 llegaron a la Enseñanza Media, 18 aprobaron la reválida de Bachillerato Elemental, diez el Bachillerato Superior, cinco el Preuniversitario y tres culminaron estudios universitarios en 1967. Ese año había medio millón de niños sin escolarizar.

La LGE rompió con aquello, o al menos sentó las bases para hacerlo. Estableció la obligatoriedad hasta los 14 y reconoció la etapa preescolar (Infantil hoy). Tras la muerte de Franco, los Pactos de La Moncloa impulsaron la educación como un bien común, universal, público y gratuito, como quedaría plasmado en el artículo 27 de la Constitución, incluidas las alusiones a la “libertad” y la “igualdad” que modelan las dos visiones de la escuela que chocan hoy, adelanta Ruiz.

Comenzó entonces la ingente tarea de llevar esos principios a la práctica. El cambio que se iba a llevar a cabo fue una de las mayores transformaciones sociales de la incipiente democracia, coinciden las personas consultadas, y comenzó la construcción masiva de institutos y centros de FP.

“Se ideó una escuela inclusiva, en la que están niños y niñas que no estaban y ahora sí –recuerda Martín–. Se hablaba de inclusión y a un concepto más amplio de inclusión, de la diversidad general del alumnado, de la importancia de incluir como parte de esta diversidad al alumnado con dificultades socioeconómicas. Era una tendencia a hacer un sistema más comprensivo, que el alumnado estuviese junto, que no se separasen en itinerarios”. Una escuela para todos.

Pero en 1985 hubo un hito que marcaría dónde estamos hoy: para apuntalar esta expansión a bajo coste, el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que estableció el sistema de conciertos para la financiación pública de centros privados. Se abría una puerta de par en par a la escuela concertada.

La gran expansión

Los siguientes años el sistema educativo estuvo recogiendo los frutos de esas grandes reformas. Se continúa ampliando la educación para todos. La LOGSE, de 1990, universalizó la educación obligatoria hasta los 16 años, y la década de los noventa consolidó una amplia red pública.

En paralelo, las universidades públicas vivieron un crecimiento sin precedentes: bajo la misma concepción de un sistema para todos que regía las etapas obligatorias, se llevó la educación superior a casi cada rincón del país abriendo nuevos campus en ciudades medianas (Palma, Cádiz, varias localidades castellanomanchegas, Jaén, Logroño, Almería, Huelva, etc.), y se democratizó el acceso. En 1975 había apenas medio millón de universitarios; en el año 2000, eran ya más de un millón y medio, la inmensa mayoría en instituciones públicas. Para cientos de miles de familias era la primera vez que alguno de sus miembros pisaba un campus.

Con matices, con desigualdad y mucho abandono, pero en apenas 25 años se había alfabetizado a todo un país. La evolución del gasto educativo muestra el esfuerzo: en 1976 el gasto en el sector fue de 912 millones, equivalentes al 1,9% del PIB. En el 87 se había multiplicado por nueve para alcanzar los 8.237 millones (el 3,13% del PIB) y en el 2000 alcanzaba los 27.407 millones de euros (un 4,35% del PIB).

En el cambio de siglo, el sistema público mostraba una madurez “inédita” en la historia de España: cobertura casi universal, profesorado cualificado y una estructura institucional sólida, aunque ya asomaban ciertos elementos (escuela concertada, las primeras universidades privadas) que anticipaban lo que vendría.

Y entonces llegó José María Aznar.

El giro neoliberal

En su segunda legislatura, ya con la mayoría absoluta en la mano, el expresidente empezó a sentar las bases de lo que vendría. Su Gobierno aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), que aunque nunca llegó a aplicarse plenamente ya adelantaba una concepción más competitiva del sistema educativo: rankings, autonomía de centros, y un discurso de “excelencia” que preparaba el terreno para la lógica del mercado.

También se consolidó e impulsó el sistema de conciertos educativos. Como hizo en 1985 Felipe González, muchas comunidades autónomas, ya titulares de las competencias educativas, eligieron esta vía, más barata que construir centros, para hacer frente al crecimiento demográfico e inmigratorio de la década de 2000. La red pública crecía de forma contenida; la concertada se expandía.

La ola ya era imparable y la última estocada la dio la crisis de 2008 y los recortes que vinieron detrás, que dieron paso a la llamada “década perdida” en educación. Al presupuesto educativo se le quitó un 13%, según datos del ministerio, y las familias tuvieron que empezar a poner el dinero que el Gobierno no invertía. “Está más que demostrado por la sociología de la Educación que existe una correlación inversa en cuanto que lo que no gasta el Estado lo hacen las familias”, explica Fernando Trujillo, profesor en la Universidad de Granada. El gasto particular en educación pasó de 7.318 millones de euros en 2004 a 11.417 millones en 2019.

La función social de la escuela

Los recortes, junto a las reformas del PP, marcaron un punto de inflexión y empujaron una nueva visión de la escuela, coinciden Ruiz y Martín. Empieza a coger fuerza la idea de “que mi hijo esté bien educado”, explica la catedrática, “que choca con la tendencia de inclusividad anterior”. “Es una idea que en el fondo remite a ¿qué función social se le da a la escuela? Y esta tendencia dice que ninguna a nivel social, que se le da para cada persona”.

Cuando se une este pensamiento con el hecho de que la diversidad social –el alumnado con necesidades de apoyo, extranjeros con problemas de idioma, niños con discapacidad que entorpecen el buen discurrir de las clases– está mayoritariamente en la pública, el resultado es casi inevitable: “En los últimos años se ha disparado la visión de que la escuela concertada es buena y la pública mala”, remata Martín.

Es la disputa entre “libertad de enseñanza” (libertad de que mi hijo no se mezcle con migrantes o alumnado desfavorecido en general, y eso pasa en la privada, sea subvencionada o no) y la “igualdad” (la escuela debe reflejar la composición social), ambos términos presentes en la Constitución pero que se interpretan de manera casi contraria, explica Ruiz. Esta dicotomía marca el debate público y la evolución de las leyes: la derecha, capitaneada por el Partido Popular, siempre ha apostado por la primera; la izquierda, PSOE mediante, por la segunda.  

“Cuando ir a la pública se convierte en un acto militante, es que la hemos perdido”, se lamenta la catedrática Martín. A ella, cuenta, las familias de su localidad (Tres Cantos, en Madrid) le solían preguntar si era mejor la escuela pública o la concertada. “Hoy lo que me preguntan es si es mejor una concertada u otra”.

¿Campus o mercado?

Pero hablar de privatización hoy es hablar sobre todo de universidad. De nuevo, los números cuentan la historia: en 1975 había 23 universidades en España, de las que solo cuatro eran privadas. Tras la mencionada expansión pública, el balance en 1996 era 47-15; hoy es 50-46 y el sorpasso es ya solo cuestión de tiempo. El alumnado que acude cada día a un campus privado se ha duplicado en apenas diez años, y con él los ingresos.

Esta deriva preocupa en la universidad. “La irrupción del sector privado en el sistema plantea dudas tanto de calidad como de igualdad de oportunidades, dados los elevados precios de sus estudios”, afirma María Fernández Mellizo-Soto, profesora en el departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. “Es un disparate”, dicen, menos diplomáticos, algunos rectores de centros públicos, como Manuel Torralba, de la Universidad de Córdoba.

El plan Bolonia, la armonización del espacio europeo de educación superior, puso a principios de los 2000 las bases que facilitaron la expansión privada estableciendo el sistema de grado-máster. Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también dejó “una gatera abierta”, según lo define una profesora universitaria, al permitir que el precio de los posgrados –cada vez más importantes para distinguirse en un mercado ultracompetitivo, obligatorios incluso para ciertas profesiones– sea sensiblemente más alto que el de los estudios básicos, una cuestión que no imponía Bolonia.

En cualquier caso, la situación no es homogénea en todo el Estado, y cuando se piensa en universidad privada se piensa sobre todo en Madrid, donde se ha aplicado el guion neoliberal hasta la última coma. La región, gobernada por el Partido Popular desde 1995, aprovechó la crisis de 2008 para pegarle un estocazo a los presupuestos de sus centros públicos del que aún no se han recuperado. Madrid no es la única región que realiza estas políticas, pero sí el epítome de las mismas. ¿El resultado? En los últimos cinco años los créditos para pagar estudios han subido un 60%. “El mercado está invadiendo la educación”, se lamenta Ruiz.