La pandemia vuelve a irrumpir en las provincias de Madrid y Barcelona. La nueva normalidad ha provocado un aumento de los nuevos casos de COVID-19, con datos que preocupan a los gobiernos autonómicos, que están tratando de implementar medidas para que las cifras no se disparen. Ambas comunidades han optado por imponer la mascarilla aunque existiese distancia de seguridad, limitar el ocio nocturno y ampliar la plantilla de rastreadores cuando los contagios ya habían iniciado la escalada. La vida en las grandes ciudades, con millones de ciudadanos en movimiento, con dificultades para mantener la distancia de seguridad en lugares muy concurridos como el transporte público, requiere una vigilancia epidemiológica muy estricta.
Mirando de cerca lo que ocurre en Madrid y Barcelona, se comprueba que la segunda parece ir marcando el ritmo: en la semana del 30 de julio registró 759 casos por fecha de inicio de síntomas y en la del 6 de agosto 1.604. Los mismos que Madrid ha anotado exactamente dos semanas después. En la semana del 13 de julio, 726, y en la del 20, 1.634, según los últimos datos actualizados por provincias del Instituto de Salud Carlos III. En estas últimas semanas, en Barcelona, donde se ha reconocido que hay transmisión comunitaria, ya registraba más de 3.000 casos, y a día de hoy los datos apuntan a cierta estabilización. En ambos territorios, además, la epidemia ha golpeado con fuerza desde el principio, y según el estudio de seroprevalencia de Sanidad, presentan un nivel de población con anticuerpos por encima de la media: 11,4% en Madrid y 7,4% en Barcelona.
Ampliando un poco la lupa, en Catalunya, el 1 de julio, el indicador de contagios nuevos semanales se situaba en 590 casos; el 16 de julio registraba 2.720 nuevas infecciones y el 30 de julio anotaba 5.063. Esta dinámica certifica que en el último mes se han multiplicado casi por 10 los nuevos positivos localizados en los últimos siete días. En la Comunidad de Madrid, el crecimiento de esta tasa se ha multiplicado por seis en las dos últimas semanas, pasando de 285 el 15 de julio a 1.692 el 30 de julio.
Grandes poblaciones
Las 6,6 y los 5,6 millones de personas que viven en las provincias de Madrid y Barcelona, junto con la gran movilidad de ambas urbes, las convierten en focos explosivos para la expansión del virus. Es algo a lo que se ha referido Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, desde el inicio de la pandemia y, en parte, explica por qué Sanidad en el caso de Madrid, y la propia Generalitat en el caso de Barcelona, decidieron hacer permanecer a ambas regiones en fase 0 un tiempo más que el resto una vez iniciada la desescalada. Este lunes, el epidemiólogo ha vuelto a poner sobre la mesa la especial situación que atraviesan, con “condiciones y un riesgo potencial muy diferente al resto”.
Así lo apuntan también las voces expertas consultadas por elDiario.es, que aseguran que la densidad de población (Madrid tiene 7.271 habitantes por kilómetro cuadrado y Barcelona 9.476) unida al gran número de desplazamientos diarios y al uso del transporte público son un cóctel que obliga a “estar muy encima”, ilustra Fernando Rodríguez Artalejo, director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma: “Son sitios de muy alto riesgo, en el sentido de que un pequeño brote se puede descontrolar con relativa facilidad, por lo que ante la más mínima duda, hay que tomar medidas”.
A ello ha apuntado también Simón este lunes, que ha deslizado la importancia de que en ambos territorios las capacidades sanitarias y la vigilancia epidemiológica sean especialmente contundentes. Así, “es mejor excederse en las medidas que quedarse corto” y “cualquier cosa tiene que ser más rápido y con más contundencia que en otro lugar”, ha afirmado este lunes tras publicarse un balance diario de datos, que se ha hecho sin contar precisamente con las cifras de Madrid, Catalunya y Navarra debido a “problemas técnicos”.
Estas condiciones de Madrid y Barcelona implican que el rastreo de contactos “puede ser más complejo” que en otros lugares más fácilmente controlables, en palabras de Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. De ahí, que el refuerzo en rastreadores, encargados de los estudios de contactos tras los positivos para cortar las cadenas de transmisión, sean claves. Para el especialista, sin embargo, en Madrid “parece que no se ha rastreado lo suficiente” y ahora “estamos viendo una multiplicación de casos con riesgo de que se introduzca una dinámica de transmisión comunitaria importante como ha pasado en Barcelona”.
Precariedad en el rastreo
Tanto Madrid como Catalunya han recibido críticas por la precariedad de sus sistemas de rastreo en el momento en el que la emergencia sanitaria ha vuelto a irrumpir. El brote de Lleida evidenció las carencias y descoordinación en el seguimiento de contactos de positivos realizado en Catalunya. En los últimos quince días la Generalitat ha incorporado centenares de profesionales a la plantilla de Salud Pública hasta llegar este miércoles a contar con 928 rastreadores, aproximadamente uno por cada 10.000 catalanes.
La proporción en Madrid es bastante más reducida. El Gobierno de la Comunidad anunció hace una semana que pretendía duplicar el número de profesionales con los que contaban y pasar de 182 a 380 antes de que comenzase el mes de agosto. De esta forma, si finalmente se cumple el anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, habría aproximadamente un rastreador por cada 18.500 madrileños. Un anuncio que los expertos en salud pública consideran que llega tarde y es escaso: las sociedades que agrupan a médicos comunitarios y expertos en salud pública reclaman que en Madrid estos equipos estén formados, como mínimo, por entre 800 y 1200 personas.
Para el Gobierno de Díaz Ayuso, Catalunya se ha convertido en un espejo en el que observar cómo evoluciona de nuevo la emergencia sanitaria en una autonomía con siete millones de habitantes. Ante el aumento de los contagios, ambas comunidades han tomado decisiones políticas parecidas: optaron por imponer la mascarilla aunque existiese distancia de seguridad, limitar el ocio nocturno y ampliar la plantilla de rastreadores.
El 8 de julio, con 1.147 nuevos casos semanales, la Generalitat anunció que la mascarilla iba a ser de uso obligatorio, pero no fue hasta el 24 de julio —ya con 4.846 contagios en los últimos siete días— cuando tomó la decisión de restringir el horario del ocio nocturno hasta medianoche y solo en las localidades en las que se registrase un número elevado de contagios de contagios, como sucedía en Barcelona o en la comarca del Segrià (Lleida).
La mascarilla obligatoria y la limitación del horario de ocio nocturno, aunque con un marco más laxo, se anunciaron en Madrid el 28 de julio, fecha en la que se habían detectado 1.381 nuevas infecciones en la región durante los últimos siete días. Para José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, la reacción del Ejecutivo de Quim Torra se produjo cuando “tenía una incidencia más disparada que en el caso de Madrid”.