La reforma del Gobierno para incluir el aborto en la Constitución salva los vetos del PP y Vox
El Gobierno ha salvado el primer trámite en el Congreso de la reforma con la que quiere blindar el aborto en la Constitución. El pleno ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, por lo que sigue su camino en la cámara. Lo hace, eso sí, entre las críticas de lo socios como PNV o ERC, que también han reprochado al Ejecutivo la vía elegida, aunque, a diferencia de las derechas, han reafirmado su compromiso con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril tras introducir los cambios propuestos por el Consejo de Estado, que aunque en términos generales avaló el proyecto de ley, cambió la redacción, que quedó así: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”. De esta forma, la iniciativa dejaba atrás el reconocimiento expreso del derecho que sí contemplaba el anteproyecto de ley al inicio.
La fórmula escogida es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Constitución, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica”. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de las Cortes y convocatoria de referéndum incluida. La vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil aunque, aún así, requiere mayorías amplias.
El debate en el pleno ha girado fundamentalmente en torno a ello. Porque, aunque por diferentes motivos, casi todos los grupos que han marcado posición difieren del criterio escogido por el Gobierno para reformar la Carta Magna. Eso dificulta todavía más un trámite que ya se preveía complicado –al menos, tal cual está el texto–: la reforma precisa de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que es imprescindible el voto a favor del Partido Popular, que se opone frontalmente al texto.
Las derechas apuntan al “fraude de ley”
Tanto la formación de Alberto Núñez Feijóo como Vox le han acusado de “fraude de ley” y de promover la reforma por “mero oportunismo político”. Así lo ha afirmado la diputada popular Silvia Franco, que ha atribuido al Ejecutivo una “estrategia partidista” que tiene la “única finalidad” de “ser un instrumento para la supervivencia de Pedro Sánchez”. Según Franco, el proyecto de ley trata de “evitar el procedimiento reforzado” de reforma agravado de la Constitución al no incluirlo como derecho fundamental, lo que implicaría la convocatoria de elecciones y un referéndum. Esto, ha apuntado la diputada, es “un trampantojo jurídico” que se hace “no por coherencia si no por conveniencia”.
Franco ha acusado al Gobierno de “traer” al Congreso una reforma “que es un brindis al sol” y que ha definido como “el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos”. Más allá y posicionándose firmemente contra el derecho al aborto se ha expresado Joaquín Robles, de Vox, para el que el texto “responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística” con el objetivo de “ocultar su infeficacia y su corrupción”. Según Robles, el Ejecutivo “no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida”.
El representante de la extrema derecha ha aprovechado también para desplegar su argumentario antiinmigración asegurando que un Gobierno que “permite la llegada masiva de individuos de culturas que consideran a la mujer inferior al varón y que luego regulariza con normalidad [...] no puede ser aliado de las mujeres”. Robles también se ha opuesto a la ley del aborto actual y ha defendido “una ley de plazos” como la de 1985, a la que Partido Popular intentó volver en 2014. “No vengan aquí hablando de progreso porque a veces es mejor regresar un poquito”, se ha dirigido al PSOE.
La diputada socialista Cristina Narbona ha respondido a las derechas asegurando que la reforma “no coloca el reconocimiento del derecho al aborto” en el artículo 43, sino que se trata del reconocimiento de “la ejecución efectiva del derecho” tal y como propuso el Consejo de Estado en su dictamen. De esta forma, justifican los socialistas no incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho fundamental.
Así lo ha defendido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado la reforma de paso “imprescindible” para “garantizar el acceso efectivo al derecho a la IVE en toda España y de forma equitativa” y, así, “blindar su dimensión prestacional”. Redondo ha explicado que el reconocimiento del derecho como tal “no está en riesgo”, pues está “plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico” y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero “sí lo está ”su ejercicio“ igualitario para todas las mujeres, independientemente de dónde residan.
Según los últimos datos, casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%. En otras, como La Rioja o Cantabria, el dato llega al 75%. La situación empuja, además, a que miles de mujeres sean obligadas a salir cada año de sus provincias para abortar. “Un Estado social y de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda”, ha añadido Redondo, que ha reclamado al PP y Vox que retiren sus enmiendas y permitan el diálogo porque “la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto”.
Las críticas de los socios
Los socios del Gobierno han votado en contra de PP y Vox, pero no tanto porque estén a favor de la propuesta de reforma. “Si esto se trata solo de un tema electoral, me bajo del estrado. Si hay una intención de impulsar el debate, lo han encarado mal y eso, con la derecha desbocada, es volvernos a condenar a las mujeres”, ha afirmado la diputada de ERC Pilar Valluguera.
Para los republicanos, “no es oportuno” incluir el aborto en el artículo 43 porque el Tribunal Constitucional ya lo ha garantizado como un derecho fundamental. Este contraste hace que, a su juicio, pueda llegar a degradarse su protección. “No deshagan lo que ya tenemos, no lo estropeen”, ha añadido la parlamentaria, que ha reclamado al Ejecutivo que “haga cumplir” la ley que “ya garantiza” que no puede haber desigualdad territorial en el acceso al derecho.
Es el mismo argumento que ha defendido Ione Belarra, de Podemos, y al que han apuntado algunas voces expertas, que temen que insertarlo en el 43 suponga una categoría inferior a la que ya le otorga, de facto, la jurisprudencia. “El aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no así”, ha afirmado la líder de la formación, que ha advertido de que “rebajar su nivel político y de protección es hacerlo más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y la extrema derecha”.
Más contundente se ha mostrado la parlamentaria del PNV Maribel Vaquero, que ha afeado al Gobierno lo que, a su juicio, es un intento de “utilizar los derechos de las mujeres para alimentar la confrontación ideológica”. La diputada ha calificado la reforma de “irresponsable” y ha dudado de su necesidad.
“Si se quiere blindar el derecho debería reformarse el artículo 15, donde debería instroducirse como derecho fundamental”, ha valorado Vaquero, que considera al igual que el PP y Vox que la vía es “un atajo para evitar el procedimiento agravado”. Aún así, y a pesar de las “reservas” que ha reconocido que le produce a su grupo “el oportunismo político” de la propuesta, “prevalece nuestro compromiso con las mujeres y su derecho a decidir libremente”, ha dicho para justificar su voto en contra a las enmiendas.