La comisión bicameral que investigó durante 16 meses el hundimiento del submarino argentino ARA San Juan indicó en la presentación del informe final de este jueves que hubo “responsabilidades compartidas” en la cadena de mando de la Armada y cuestionó la actuación del ministro de Defensa, Oscar Aguad.
“Sabemos que a muchos este informe no les va a caer del todo bien. Muchos quieren que se indique un autor, que exista alguien a quien condenar, pero aquí hay varias responsabilidades compartidas. Vimos más preocupación por deslindar estas responsabilidades que por asumirlas en todos los estamentos”, dijo José Ojeda, uno de los 12 legisladores que lideraron la investigación.
En el resumen que realizaron sobre el informe, los legisladores concluyeron que, entre los días 16 y 17 de noviembre, durante las actividades de vigilancia que realizaba la nave, se produjo un incendio en la batería, que no puedo ser controlado hasta producirse una implosión al sobrepasar la profundidad que resistía el submarino.
La investigación concluyó que dos de las situaciones que potenciaron el siniestro fueron “la falta de determinación en los procedimientos y roles de emergencia en navegación” y “el inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas desde las bases operativas”.
Por ello, el equipo de legisladores propuso un “serio replanteo” del sistema de defensa, así como reconsiderar la inversión que se hace en el “adiestramiento y mantenimiento de los medios militares”.
Ojeda, senador de Tierra del Fuego por el bloque justicialista, definió este informe como “serio” y “transparente”, además de considerar que fue un trabajo “democrático” pese a las “discrepancias” que surgieron en el equipo, en particular las que versaron sobre la actuación del ministro Aguad.
El senador hizo hincapié en que el objetivo de la comisión fue “la búsqueda de la verdad y la justicia” y señaló que no actuaron bajo el interés de nadie.
El informe tiene unas 170 páginas, es público y se emitió después de 55 reuniones, donde se analizaron 76 medidas probatorias, 53 oficios, 22 requerimientos, 4 solicitudes de juzgados y 47 testimonios, explicó Ojeda.
Fueron “muchas dificultades” y de “diverso origen” con las que tuvo que lidiar la Comisión para poder llevar a cabo la investigación.
Entre ellas, destacó las limitaciones que tuvieron por parte del Poder Judicial para conseguir imágenes y medios con los que hacer un “análisis más riguroso”.
Asimismo, consideró que este trabajo es “inédito” en el Congreso argentino, ya que los familiares participaron y se expresaron “sin ningún tipo de filtro”.
“Ojalá nunca debamos formar comisiones investigadores nuevamente para este tipo de tragedias”, aseveró.
En la presentación no hubo ronda de preguntas ni se detallaron hechos específicos “para no generar un debate por respeto a los familiares”, clarificó Ojeda.