Los grandes propietarios —personas físicas o jurídicas con más de quince viviendas en propiedad— iniciaron el 45% de los procesos de desahucio que hubo en Barcelona en 2020. Los “pequeños propietarios” iniciaron el 47% de los casos, pero dentro de estos no solo hay particulares sino empresas con hasta quince viviendas (que, por sus características, pueden acogerse a un generoso régimen fiscal llamado EDAV). Los datos proceden del último informe de la unidad antidesahucios de Barcelona, que el consistorio ha enviado a la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para alertar sobre la emergencia y pedir nuevas medidas que atajen el problema.
“No hemos podido desgranar el dato de los pequeños propietarios porque es muy difícil. Nos hubiera gustado especificar cuántos de ellos son de verdad particulares”, señala Lucía Martín, concejala de vivienda. “La ley 24/2015 introdujo fuertes exigencias a los grandes propietarios, obligándoles a ofrecer un alquiler social si desahuciaban. Así que se han organizado y nos encontramos propiedades fraccionadas. Y ese es el parque que necesitamos y debe retornar: el que ellos compraron a entidades financieras quebradas”. Otro estudio reciente detectó que los grandes propietarios (más de diez viviendas) poseían una tercera parte del parque de alquiler de la ciudad.
Escribe Analía Plaza.