El Gobierno aprueba la nueva ley de cadena alimentaria y aumenta el presupuesto de los 'vigilantes' de prácticas abusivas

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de modificación de la ley de cadena alimentaria, que data de 2013. España transpondrá así la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales y se situará dentro del marco comunitario. El proyecto de modificación llega pocos meses después de las protestas que agricultores y ganaderos protagonizaron en enero. Tras estas, el Gobierno aprobó un decreto ley con medidas urgentes. Ahora, ha explicado el ministro de Agricultura Luis Planas, tocaba reformar “aspectos no cubiertos” y “menos urgentes”.

El proyecto tiene que pasar ahora el trámite parlamentario. El Gobierno espera que la ley entre en vigor antes del 1 de noviembre de 2021.

El punto más importante de aquel decreto era la obligatoriedad de firmar un contrato en el primer eslabón de la cadena (entre agricultor y primer comprador) para dejar constancia de que el precio es siempre igual o superior al coste de producción. La modificación de la ley, ha indicado Planas, ampliará la aplicación de los contratos escritos, obligará a incluir en ellos nuevos datos y establecerá un mínimo legal de 2.500 euros. Asimismo, se amplían las prácticas desleales incluidas en la “lista negra” y se modifica la normativa en materia de infracciones y sanciones.

Informa Analía Plaza.