La defesa de los derechos conquistados con tanto trabajo y luchas por ciudadanos y ciudadanas, en tantos momentos de la historia, está a punto de ser criminalizada por ley, con la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. De primeras, por su nombre, parecería el de una ley que salvaguarda nuestra seguridad, ¿pero a quién defiende esta nueva vuelta de tuerca a la 'ley Corcuera'? Pues a primera vista, defiende a los gobernantes de los ciudadanos, y nos preguntamos ¿la ciudadanía da tanto miedo?
El criticar las injusticias, el trabajar por mantener la igualdad de todas y todos, les da tanto miedo que tienen que criminalizarnos por ley, criminalizar nuestra defensa de los derechos fundamentales. ¿En qué sinrazón hemos entrado que lo que debería ser apoyado es pisoteado, lo que debería ser escuchado es silenciado y todo lo que va en contra del orden establecido es multado? Porque, al final, esta ley lo que hace es multarnos, es decir, crearnos la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero por defender nuestros derechos.
Y se ha establecido un canon a pagar por todo lo que represente pensar diferente, disentir y reaccionar ante las injusticias. La Ley de Seguridad Ciudadana nos quiere multar con una infracción grave de hasta 30.000 euros por intentar impedir desahucios, por desobedecer ante la injusticia, por manifestarnos y no querer disolvernos cuando el poder quiere que lo hagamos, por concentrarnos frente a las sedes donde los políticos deciden nuestro futuro -aunque ellos no estén allí-, por no obedecer las órdenes de los antidisturbios aunque éstas sean injustas y faltas de ética.
También se pretende criminalizar con hasta 30.000 euros a las personas que ejercen la prostitución cerca de vías públicas transitadas por vehículos o en zonas cercanas a lugares destinados a su uso por menores, aunque sea en un horario en el que éstos no se encuentren. Igual sanción se prevé para el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.
Nos quieren multar con hasta 1.000 euros por gritar a quienes nos agreden, en este caso las Fuerzas de Seguridad, por hacer visible la indignación en la calle, por salirnos del itinerario autorizado en un acto, reunión o manifestación, y cuando cualquier manifestante o persona que ejerce la prostitución exhiba partes de su cuerpo que no sean consideradas adecuadas. Es una lista casi interminable de derechos y libertades criminalizados por ley.
Deberíamos pararnos un instante y reflexionar sobre lo que está a punto de pasarle al ciudadano como sujeto activo en defensa de derechos propios y ajenos. Por el bien del normal funcionamiento de las instituciones, por la seguridad, por la protección de los bienes, por la normal utilización de los servicios, nos van a criminalizar. Porque va a ser más legal no salir a la calle a protestar, convertirnos en ciudadanos amordazados. Ése es su objetivo.
A las Fuerzas de Seguridad le han dado un enemigo: el ciudadano. El ciudadano que protesta, el ciudadano que ve la injusticia delante de él y quiere poner su gota de agua para apagar el gran incendio que está consumiendo, día a día y a pasos agigantados, nuestros derechos conquistados. Y el Gobierno ha creado esta Ley -se supone que en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados- pero que en esta ocasión va en contra de los gobernados y a favor de los gobernantes. A éstos les da la potestad para que preventivamente limiten los derechos de la ciudadanía por lo que ellos llaman seguridad.
La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana quiere implantar en nosotros el miedo, miedo a lo político, miedo a sublevarse, a defender las libertades y la dignidad, miedo a defender al que lo necesita. Y quieren que ese miedo se instale para no volver a desaparecer nunca, que se quede en nosotros impregnado para siempre. Son ellos los quien tienen miedo, pero eso no quiere decir que nosotros lo tengamos que tener.
Como ciudadanos que vivimos y sentimos, que habitamos un lugar y un espacio, que estamos sujetos a derechos y que intervenimos en su defensa por el bien común de todas y todos, seguiremos saliendo a la calle, gritando en la calle, defendiendo en el espacio público al que lo necesita, animando a los demás a trabajar por que este nuestro mundo sea un mundo para todas y todos, un espacio común de vida digna y respetuosa que nunca debió verse amenazado. Quieren confiscar nuestras ideas y lo pretenden conseguir confiscando nuestro dinero, pero nuestras ideas tienen mucha más fuerza que las medidas meramente económicas, son ideas justas y necesarias.
En estas fechas cercanas al aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada vez se hace más necesario mantenerla viva y defenderla en la calle, por una sociedad digna y unos derechos iguales e inalienables que debemos seguir reivindicando.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
Puedes seguir a la APDHA en redes sociales:
