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La lucha contra la trata de seres humanos y la prostitución: historias de víctimas por partida doble

Procedente del África Subsahariana, de Nigeria, llegó a España con 21 años. Ejercía la prostitución y desarrollaba su trabajo en la calle, expuesta a los ojos de una sociedad que sólo es capaz de verla a través de sus miedos, sus prejuicios y sus intereses. Nos contaba que no fue fácil llegar a España, tampoco aguantar aquí. "Es un trabajo duro, además la policía me acosa constantemente, y tengo miedo todo el tiempo: miedo a las multas por la ordenanza, miedo a la policía, miedo a que me expulsen del país…". 

Pero aquel día estaba contenta, "después de todo, ya casi cumplo tres años en España y podré empezar a pedir mis papeles". Esto nos lo decía un poco antes de su expulsión, cuando aún le recomendábamos paciencia, "ten paciencia que los trámites llevan su tiempo"… Pero no se los dieron. De poco le valió su armadura de paciencia y esfuerzo cuando la policía fue a buscarla allí donde solía (ex)ponerse a trabajar. De poco valió la paciencia cuando la maquinaria se puso en marcha y se vio en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en cuestión de horas.

Tampoco allí hubo tiempo, dos semanas privada de libertad y, otra vez, el camino de vuelta a África. Su historia puede ser la historia de muchas de las personas que cada año en este país son ingresadas en un CIE y luego expulsadas, pero no por ello debemos pasarla por alto. Existe, además, algo que  duele especialmente, y es que, por ser mujer, inmigrante y trabajadora sexual, "tenía todas las papeletas". Un interesante informe aborda, no como hipótesis de trabajo sino como conclusión, la sobrerrepresentación de mujeres que ejercen la prostitución en los CIE. Cada historia personal es única e intransferible, pero ser extranjera, indocumentada y ejercer la prostitución en este país supone indefectiblemente el conllevar una serie de obstáculos que muchas otras comparten

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Con Lampedusa de fondo, Marruecos reprime la solidaridad

Ataúdes preparados para las víctimas del naufragio de Lampedusa / EFE.

La muerte de trescientas personas somalíes y eritreas en su intento por llegar a Lampedusa tiene responsable: una Europa insolidaria que dedica millones de euros para reforzar sus fronteras y a la que no le importan las víctimas colaterales que su lucha contra la inmigración produzca. El precio que se ha pagado es el de más 20.000 personas que han perdido su vida en el Mediterráneo desde mediados de los años noventa hasta hoy, 300 de ellas el pasado jueves 3 de octubre.

Es inconcebible que esta Europa-Fortaleza continúe con su guerra contra los migrantes utilizando como armas, entre otras, a Frontex (Agencia Europea de Fronteras) y Eurosur (Sistema Coordinado de Vigilancia), que tienen 3.520 millones de euros de presupuesto asignado para el periodo entre 2014 y 2020. Los gendarmes que realizan el trabajo sucio de Europa son los países limítrofes (Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania…) a los que la Unión Europea, premio Nobel de la Paz, "subcontrata" para detener el tránsito de los migrantes a cualquier precio, sin importarle si violan sus derechos, se les tortura o se les detiene ilegalmente.

Italia, al igual que España, tiene como prioridad que los migrantes no lleguen, a cualquier precio. Llegó a acuerdos con dictadores de países del norte de África, utiliza toda la tecnología militar que la Unión Europea pueda financiarles y refuerza un discurso xenófobo y racista de odio hacia el otro que, lamentablemente, va calando en la sociedad.

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La paz en Colombia. Memoria histórica y terrorismo de Estado

Un miembro de la guerrilla de las FARC vigila el camino que conduce a la zona rural de Miranda Cauca / EFE

La paz de los vivos requiere la paz de los muertos. La memoria histórica es uno de los ejes de la negociación que mantienen el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Mis amistades colombianas están cruzadas por la guerra de una u otra manera. El terror forma parte de sus emociones, naturalizado en privado, en silencio, sugerido o explícito, de la misma forma que su revelación pública se ha cercenado durante décadas.

Más de sesenta años de violencia extrema, aniquiladora de cuerpos y de la condición humana, han dejado un balance feroz. La atrocidad ha quebrado la población, el territorio y los recursos -legales o ilegales, como la cocaína- en diversas etapas, hasta hablarse del riesgo de balcanización de Colombia. Y de la banalización de su violencia. Pero este país, tan rico en fuentes energéticas y minerales, se resiste a la fragmentación del infierno. Ahora afronta un escenario colectivo, complejo y esperanzador. Apartar las armas y hacer memoria. Documentar la guerra y contar la verdad. Hacer justicia, reparar a las víctimas y pedir perdón. Algo que en España no hicimos y todavía lamentamos.

La guerra dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas entre 1958 y 2012. Son los datos recabados por el informe Basta Ya, del Grupo de Memoria Histórica (CNMH), creado al amparo de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz y publicado el pasado mes de julio. De esa cantidad, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil y unas 40.787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el CNMH entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4 %, a los grupos armados no identificados se le atribuyó el 27,7 %, a las guerrillas el 16,8 %, a la fuerza pública el 10,1 %, a desconocidos el 6,5 % y a la alianza entre la ultraderecha armada y a los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4 %.

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Migración y vivienda. Desigualdades en el acceso a un derecho básico

Si en un artículo anterior denunciábamos los graves problemas de vivienda a los que se enfrentan miles de personas en Andalucía, hoy dedicaremos este espacio a analizar la situación del colectivo migrante con respecto a un tema concreto: el acceso a la vivienda de alquiler. Aparte de verse afectada por los desahucios y la dificultad para mantener el pago de sus casas (ya sean en propiedad o rentadas), esta población afronta además trabas y discriminaciones que tienen que ver con el mercado de pisos en alquiler ofertado por las inmobiliarias. Un problema éste que, aún no estando necesariamente vinculado a la crisis, viene a complejizar más si cabe la precaria situación de este colectivo con respecto a la vivienda.

En 2012, el área de inmigración de APDHA llevó a cabo un estudio en la ciudad de Granada en el que se analizó esta cuestión, poniendo de manifiesto las dificultades de la población migrante extracomunitaria para encontrar pisos en alquiler a través de las agencias inmobiliarias. La intervención tuvo lugar en 15 inmobiliarias repartidas en 5 barrios de Granada (centro y periferia) y en ella participaron 20 personas, todas ellas en situación jurídica regular, originarias de Senegal, Marruecos, Argelia, Bolivia, Argentina, Francia y España. Durante el estudio pudimos observar que, aun no produciéndose casos flagrantes de discriminación, sí que se dieron tratos desiguales y discriminaciones solapadas y de difícil detección.

Así, aun partiendo de situaciones socio-económicas similares y preguntando por el mismo tipo de pisos, los migrantes extracomunitarios participantes en la acción recibieron una oferta menor de viviendas y de peor calidad que los participantes de origen español o los migrantes comunitarios. En barrios de mayor poder adquisitivo pudimos apreciar igualmente cómo se vetaba la entrada a ciertas nacionalidades ofreciéndoles pisos más caros de los demandados, dificultando así el alquiler en la zona.

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Detrás de la EPA está la gente. Buscarse la vida es un derecho, no un delito

El pasado 25 de julio se conocieron los datos de la EPA del segundo trimestre del 2013 en la que figura Andalucía, con 1.440.400 personas (35,79%), casi 10 puntos más que la media estatal (26,26%). Lo peor de estos datos es que no son una noticia nueva y bien lo saben las personas que lo sufren directamente. Pareciera, para las distintas Administraciones, que las cosas son así y no hay nada que se pueda hacer y que algún día llegará la mejoría.

La situación que está viviendo Andalucía con respecto a las personas que viven actualmente en exclusión es alarmante, y a éstas hay que sumarles las familias que permanecen en exclusión desde hace décadas, a las que no se les dio solución en época de bonanza económica. La Junta de Andalucía nunca ha aprobado la necesaria Ley de inclusión y renta básica, a pesar de las reiteradas peticiones que ha tenido de los colectivos y asociaciones que trabajan en contra de la exclusión en Andalucía, entre los que se encuentra la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Si algo está claro es que la gente quiere y necesita trabajar, lo que pasa es que nadie les da trabajo ni las condiciones mínimas para llevar una vida que se pueda considerar digna de ser vivida. Hay personas que se buscan la vida de distintas maneras: vendiendo pañuelos en los semáforos, vendiendo gafas de sol y relojes en los bares y a lo largo de las playas, aparcando coches en los escasos huecos que quedan en algunas ciudades… Todas ellas intentan subsistir de alguna manera a falta de otro trabajo que les ofrezca unas condiciones mínimas.

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¿Cuestión de opinión? Algunas reflexiones sobre el aborto

Concentración en defensa del aborto libre y gratuito / EFE

Hay temas que son muy relativos, que dependen mucho del punto de vista desde el que se miren, de las ideas y vivencias de quien los trate. En este sentido, resulta especialmente difícil abordar un debate sobre el aborto que se centre en definir cuándo empieza la vida, o en el que cada cual intente plantear su moral particular como criterio común. El respeto a esta diversidad, en una sociedad plural como la nuestra, debe ser garantizado, aunque no dejen de ser necesarias regulaciones para hacer frente a esos conflictos mediante acuerdos y consensos.

Hay otros temas, sin embargo, que son menos relativos, que son cuestión de coger los datos existentes y hacer un análisis veraz de la realidad. De este modo, si centramos el interés en ver qué estrategias se han de utilizar para reducir el número de abortos, y creo que mucha gente se uniría a este objetivo, parece que la cosa deja de ser tan relativa.

Se hace pertinente acudir a los datos estadísticos (Instituto Guttmacher) que evidencian que la tasa de aborto de un Estado no depende de la forma en que éste se regule, sino de las políticas de educación sexual que se pongan en práctica y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. Así, las tasas de aborto más bajas se encuentran en países de Europa (12 por 1000 mujeres), donde el acceso a esta prestación sanitaria no está restringido y las tasas más altas en países de África y América latina (29 y 32 por 1000 mujeres, respectivamente) donde el aborto es ilegal.

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¡Existe la tortura en Andalucía!

Un mercado de Rabat cualquiera, dos españolas, madre e hija, se encuentran realizando compras. Son retenidas y acusadas por un tendero de llevarse un objeto sin pagar. Acuden dos policías. Uno acerca su cara a cinco centímetros de la hija, pidiéndole de malas formas que le enseñe la documentación. La ciudadana española solicita que le hable con respeto, a lo que reacciona el policía: "pero tú quién te crees que eres para decirme lo que tengo que hacer ". Al decirle que no tenía encima el documento de identidad, el agente se pune más furioso llamándola "inmigrante de mierda" y cogiéndole por el brazo fuertemente. Cuando le pide que le suelte, que le está haciendo daño, el policía la coge del pelo y la golpea contra la pared. Su madre que estaba con el otro agente, al ver lo que hacían con ella, comienza a gritar pidiendo auxilio, y al intentar ir hacia su hija pidiendo que no le golpearan más, el agente la agarra del pelo tirándola al suelo. Ambas son detenidas y trasladadas a comisaría, donde el policía que golpeó a la hija le dice: "ahora sí te voy a joder".

¿Y si sustituyéramos Marruecos por España, y los turistas fueran inmigrantes, argentinos? Ocurrió el 8 de octubre de 2012 en Sevilla.

Hagamos algo de memoria: recordemos las numerosas imágenes que se han ido difundiendo por internet y televisión: mossos d’esquadra golpeando a detenidos; manifestaciones de distinta índole, Madrid, Plaza Catalunya, estudiantes en Valencia; pelotas de goma que determinaron el fallecimiento de una persona y la pérdida de ojo de otra,…   

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La vivienda es un derecho para todas las personas, para todas

Foto: EFE

Vivimos en un momento en el que la mayoría de la población ha podido ver cuáles son las leyes que tenemos y a quiénes defienden: un banquero pasa horas en la cárcel porque paga una fianza de 2'5 millones de euros, y otras personas, si es que le dan esta opción, no pueden pagar fianzas, por mínimas que sean, e ingresan en prisión a la primera de cambio; o familias que no pueden afrontar el alquiler o la hipoteca y son desahuciadas sin contemplaciones -con el apoyo de la legislación y de la policía- mientras que la banca es salvada los días pares y los impares.

Uno de los derechos humanos fundamentales, junto a la alimentación, la educación, la sanidad, etc. es la vivienda. Las personas, nos guste o no, somos animales que necesitamos un espacio en el que guarecernos de las inclemencias del tiempo, de otros animales, hacer nuestro nido… Sin vivienda estamos en la intemperie y bien sabemos cómo se vive a la intemperie. La Declaración de los Derechos Humanos reconoce este derecho en su artículo 25 y la Constitución Española y el Estatuto de Andalucía hacen lo propio. Hasta aquí todo normal, los problemas empiezan cuando este derecho no se cumple y no se cumple porque la lógica del mercado, no la lógica de los derechos humanos, impone sus leyes importándole bien poco lo que deja en su camino.

Las administraciones, sin distinción, han dejado a los bancos, las promotoras y las inmobiliarias al frente de las cuestiones de la vivienda y por si fuera poco, han creado leyes y políticas para favorecerles. Las personas, las que tienen que disfrutar el derecho a la vivienda, se han encontrado solas y en desamparo frente a quienes han actuado como alimañas, y esto lo dice el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo y mucho antes lo dijo el movimiento por el derecho a la vivienda (15M, PAH, STOP DESAHUCIOS…) y el sentido común.

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El derecho a la defensa en las prisiones

La prisión no es un entorno donde las personas pueden defenderse por sí mismas ni es un medio que garantice los derechos humanos. Andalucía es la única Comunidad Autónoma que entre sus recortes, y desde hace un año, prescinde de la asistencia letrada en materia penitenciaria para las personas presas, contribuyendo a la realidad de que la justicia y la tutela judicial efectiva están garantizadas para las personas poderosas y con recursos económicos y no para todas las personas. Un sistema democrático y social debe remover todos los obstáculos que ahonden en esa realidad y garantizar el derecho de defensa en igualdad de condiciones para todo el mundo, en especial para los más excluidos. 

Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de personas presas, unas 16.200 de un total de 76.000. Entre el 70 y el 80% tienen problemas de drogodependencias que les han llevado a  delinquir.  Alrededor del 70% están en prisión por delitos relacionados con la drogodependencia (pequeños robos y tráfico de drogas a pequeña escala). En torno al 40% padecen algún trastorno mental y de la personalidad y sobre un 8%, enfermedades mentales graves . Una inmensa mayoría de las personas presas son personas que previamente han padecido situaciones de exclusión social : escasos o nulos recursos económicos, infravivienda, procedencia de barrios o zonas marginales, analfabetismo (un 1% de analfabetos totales y un 10% de analfabetos funcionales) o escasa formación básica, ausencia de formación o experiencia laboral, otros miembros de su familia en prisión . Con este perfil socio-económico, son pocas las personas que se pueden costear asistencia letrada mientras están en prisión . Sin embargo, más de 16.000 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde hace un año, sin asistencia letrada para temas penitenciarios.

La suspensión de los servicios de orientación y asistencia jurídico penitenciaria (SOAJP) se ha debido a una decisión política de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, excusándose en cuestiones formales que nada tienen que ver con la realidad.  Esto mismo le ha indicado el propio Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora Estatal.

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Una empleada de hogar, inmigrante, ante el 1 de mayo

Liliana charlaba en unos jardines de Sevilla con otras inmigrantes colombianas mientras cuidaban de unos niños que no eran suyos. Hablaban de la costumbre catalana de regalar un libro y una rosa. Estaban admiradas de la sensibilidad cultural y estética. Comentaban con agrado la riqueza de sentimientos que tal costumbre entrañaba.

"Pues me he enterado de que la mayoría de esas rosas vienen de nuestra Colombia" -terció otra de las empleadas de hogar. La información conmovió a Liliana y la hizo estremecerse.

Cuando ya se repuso les explicó:

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